Veinte conclusiones sobre las consecuencias económicas de la estadidad vs la libre asociación o la independencia para Puerto Rico

La investigación y el análisis efectuado en los posts de este blog permiten llegar a varias conclusiones sobre el estatus territorial de Puerto Rico en comparación con la estadidad o la independencia. Las siguientes son las conclusiones principales:

 

  1. El estatus territorial permite la discriminación contra los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Se concluye que un territorio, bajo la Constitución y las leyes de Estados Unidos es simplemente un pedazo de tierra que pertenece a los Estados Unidos y sobre el que el Congreso puede disponer cuando y como quiera. No es un Estado ni es un país. Un territorio no tiene los derechos de un Estado, ni los poderes de una nación, ni tiene soberanía. Es solamente una posesión de Estados Unidos. Es una relación que no encaja en el modelo moderno de gobierno americano. No representa el patrón de democracia y libertad americana. El Departamento de Justicia Federal entiende que esa alternativa de organización política debe aparecer en un plebiscito, en un intento de perpetuar la situación colonial de Puerto Rico. Pero aun cuando los electores americanos residentes de Puerto Rico votaran a su favor como estatus territorial, su permanencia no representa un status válido, ni constitucionalmente, ni desde la perspectiva moral ni desde los principios democráticos bajo los cuales se fundó la nación americana.
  1. El costo económico de la estadidad nunca ha sido un criterio utilizado por el Congreso para otorgar la estadidad a un territorio; ni la admisión de un nuevo Estado ha significado la ruina económica de dicho Estado. Tampoco el nivel de desarrollo o subdesarrollo alcanzado como territorio, ni el nivel de pobreza o la cantidad de recursos naturales ha sido argumento para impedir la admisión de un nuevo Estado. Tampoco la distancia en millas del territorio continental de los Estados Unidos continentales ha sido un argumento válido. Para los padres fundadores de la Federación de Estados Unidos de América, la admisión de territorios como parte de la Unión era un asunto de moral, igualdad y postulados básicos de la Revolución Americana. Esos postulados continúan vigentes.
  1. El Plan Tennessee es el nombre que se ha dado a la estrategia seguida por ese Estado forzar su admisión a la Unión de los Estados Unidos de América. El Territorio de Tennessee fue el primero en usar dicho método, pero luego lo utilizaron otros, incluyendo a Michigan, Iowa, California, Oregón, Kansas, Alaska y Hawaii. El Plan consiste en varias etapas en un marco legal, lejos de mero proselitismo partidista. El proceso se desarrolla más o menos de la siguiente manera. 1) El territorio solicita la estadidad y el Congreso no actúa. 2) Los residentes del territorio eligen delegados para redactar una constitución bajo los parámetros de los requisitos de admisión, sin previa intervención ni autorización congresional y ratifican dicha nueva constitución. 3) Se realiza una elección u otro proceso alterno para elegir dos senadores y un número de representantes (en el caso de Puerto Rico se ha estimado en cinco). 4) Se envía la delegación a Washington a residir allá, cabildear por los pasillos del Congreso y votar simbólicamente fuera del hemiciclo para ilustrar como hubiese cambiado una votación si su voto fuera válido. 5) Finalmente, el Congreso se ve forzado, por fuerza moral, presión política y cabildeo a aprobar una ley habilitadora para la admisión, con cláusulas para la transición del nuevo Estado.
  1. Con la libre asociación o la independencia no hay ciudadanía americana. Con el estatus territorial dicha ciudadanía es estatutaria por ley del Congreso y puede ser revocada si el Congreso decidiera revocar dicha ley. En conclusión, solo bajo la estadidad estaría garantizada la ciudadanía.
  1. Puerto Rico es una economía de tipo insular, que requiere planificación y estrategias apropiadas de ese tipo de economía. Bajo la república de Puerto Rico esas vulnerabilidades típicas de las economías insulares representan un agravante mayor. La planificación económica local no toma en consideración, generalmente, esas características, que exhiben una alta vulnerabilidad, que se agrava con la opción de la independencia y afectaría la viabilidad exitosa de la economía de la república, al romper los lazos de integración a la economía continental de los Estados Unidos.

 

  1. El análisis del impacto económico de la estadidad debe partir de la premisa de que serán necesarias ciertas medidas de ajuste económico y que el Congreso tradicionalmente ha concedido dichas medidas de ajuste y que estará en disposición de concederlas como parte del proceso de admisión de Puerto Rico como Estado. El Congreso no está obligado constitucionalmente, ni ha sido un patrón, que deba tratar a todos los territorios que solicitan la admisión, de la misma manera, sino que en cada caso ha tomado en consideración las particularidades de cada territorio en cuanto a sus necesidades de ajuste, considerando su situación geográfica, grado de desarrollo económico, sus problemas fiscales particulares y otras condiciones.

 

  1. Si Puerto Rico se hubiese convertido en un Estado en el pasado cuatrienio, comparado con otros de igual población, los fondos para el desarrollo económico hubiesen sido considerablemente mayores a lo recibido actualmente. Esos recursos, bien administrados, representarían un nivel de desarrollo económico sostenido, estabilidad, mejor distribución del ingreso y calidad de vida. El balance neto de nuevos ingresos representaría una significativa redistribución del ingreso en favor de las familias de menos ingresos con un gran impacto de justicia social para los más pobres. Como consecuencia de la admisión de Puerto Rico como Estado habrá un incremento de flujo de transferencias federales hacia las familias de ingresos más bajos. Mientras las familias de ingresos más altos, particularmente el 5% de contribuyentes en las escalas más altas o los denominados más ricos, y las corporaciones multinacionales operando en Puerto Rico tendrán un impacto en sus ingresos como resultado de la restructuración del sistema contributivo, incluyendo medidas de fiscalización de los recaudos más eficientes. Como resultado final se reflejará una redistribución del ingreso hacia las de ingresos más bajos.

 

  1. La estadidad representa un abanico de oportunidades para reducir la pobreza y mejorar el nivel de ingreso familiar. Un estudio del PEW Research Center del 2015 compara el nivel de ingresos de los puertorriqueños en Puerto Rico y puertorriqueños que viven en alguno de los Estados, pero que nacieron en Puerto Rico y luego emigraron. Las conclusiones del estudio reflejan que mientras la mediana de ingreso familiar para los puertorriqueños que residen en la isla es de $18,626, para los puertorriqueños que nacieron en la isla, pero viven en uno de los Estados, dicha mediana es de $47,000. Mientras el porciento de niños bajo el nivel de pobreza en la isla es de 58%, para los niños hijos de los que se mudaron a un estado es de 45%.

 

  1. Los residentes de Puerto Rico actualmente pagan impuestos federales por varios conceptos, incluyendo el impuesto al seguro social, medicare e impuestos por la nómina para seguro por desempleo. Los empleados federales en Puerto Rico también pagan contribuciones federales y aquellas personas que reciben ingresos pasivos por inversiones de fuentes de origen en Estados Unidos también. Si usted posee activos en fondos de inversión de Estados Unidos, que paguen dividendos y ganancias de capital, aunque sean reinvertidos en dicho fondo, usted tendrá que radicar una planilla de contribución sobre ingresos al gobierno federal y pagar impuestos por dichos ingresos. El señalamiento de que el estatus del ELA hace a los residentes de Puerto Rico inmunes al pago de impuestos federales es un mito.

 

  1. La carga impositiva del pago de impuestos en Puerto Rico no lo es los impuestos federales, sino los impuestos estatales. El gobierno estatal impone tasas contributivas altas y variedad de impuestos. Las tasas contributivas del impuesto sobre ingresos estatal son de las más altas de Estados Unidos. El impuesto a las ventas (“sales tax”) es el más alto de todos los estados. La mediana del impuesto a las ventas en los estados es de 4% a 6.9% que incluye a 42 estados. Hay 5 estados que no imponen un “sales tax”. En Puerto Rico la tasa de dicho impuesto al nivel estatal es de 11.5% incluyendo 1.5% para los municipios.
  2. Bajo el sistema de impuestos federales la mayoría de los puertorriqueños no pagará impuestos sobre ingresos personales. Una familia de 3 miembros, con ingresos de $30,000 anuales pagaría $530 de impuestos federales sobre ingresos. Las familias de ingresos más bajos (los denominados más vulnerables) en lugar de pagar impuestos federales recibirán un cheque en crédito por su nivel de ingresos bajos, conocido como el “income tax credit”, cuyo monto dependerá de varios criterios en su situación particular, definidos en el Código de Rentas Internas federal.
  1. Con el advenimiento de la estadidad, habrá nuevas aportaciones del gobierno federal para transferencias a las personas y para programas de infraestructura y desarrollo económico, así como el mejoramiento en la eficiencia en la prestación de servicios gubernamentales. Como resultado, las tasas contributivas de la contribución sobre ingresos de las personas al nivel estatal pueden ser reducidas, al contar el gobierno estatal con más recursos, así como la ampliación de servicios a la ciudadanía que absorberá el gobierno federal. La mejoría en la actividad económica que surgirá con la admisión de Puerto Rico como Estado, representará, a su vez, más recaudos al gobierno estatal, lo que brindará una oportunidad adicional para reducir las tasas de contribución sobre ingresos. Puerto Rico podrá restructurar todo su sistema de impuestos para armonizarlo con el de los demás estados.
  1. Conforme estudios realizados por la organización Tax Foundation de Estados Unidos, la mayoría de los Estados reciben más ingresos del gobierno federal que lo que aportan en contribución sobre ingresos. Un estudio relativamente reciente demostró que 34 estados recibían más en aportaciones federales que lo que contribuían en contribución sobre ingresos. Considerando que el ingreso familiar promedio en Puerto Rico es el menor de todos los estados, Puerto Rico resultaría, en términos porcentuales, probablemente el Estado más beneficiado de la repartición del fondo presupuestario federal. Parte de las aportaciones federales son como resultado de los contratos otorgados para proyectos de infraestructura y desarrollo económico, las cuales se ha demostrado, que son mayores en Estados que tienen una delegación congresional fuerte e influyente. Por razones demográficas de tamaño de la población, Puerto Rico tendría una delegación de cinco congresistas y dos senadores, con influencia para negociar en el Congreso. El empuje de esa delegación será otro factor de importancia para influenciar la participación de Puerto Rico en la repartición de asignaciones para los estados.
  1. El impacto mayor de las contribuciones sobre ingresos bajo la estadidad recaerá sobre las corporaciones multinacionales, radicadas en Puerto Rico que ahora pagan solamente 4% al nivel estatal y lo reclaman como un crédito en sus obligaciones contributivas al nivel federal. En Puerto Rico el estatus territorial denominado ELA, bajo el cual el gobierno estatal les ha otorgado privilegios contributivos a las grandes corporaciones, ha resultado en detrimento de los residentes de Puerto Rico y ha sido responsable de que Puerto Rico no se integre a la economía nacional estadounidense. Bajo la estadidad, sin embargo, la carga contributiva será redistribuida de una manera más racional.
  1. Tradicionalmente se ha utilizado el argumento de que la exención contributiva a las corporaciones multinacionales ha sido el factor predominante en el desarrollo económico de Puerto Rico. Sin embargo, estudios recientes demuestran que dicha exención contributiva no ha sido el criterio fundamental para la inversión de impacto en el crecimiento económico como se ha señalado. La política de exención de impuestos a las corporaciones le ha hecho un grave daño a Puerto Rico en su capacidad fiscal y ha sido un impedimento a la integración económica y política de Puerto Rico a la economía nacional de Estados Unidos. El impacto sobre la tributación de las corporaciones estaría concentrado en un grupo pequeño de grandes corporaciones multinacionales, para las cuales se necesitaría un plan de transición paulatino que facilite su integración al sistema contributivo federal, sin mayores ajustes inmediatos que pongan en riesgo su viabilidad.

 

  1. El argumento de que la separación geográfica de Puerto Rico, del continente (mainland) de los Estados Unidos, al no ser un territorio contiguo, es una dificultad para la estadidad es incorrecto. La admisión de Alaska y Hawaii como estados en el 1959 destruyó ese mito. Además, la revolución tecnológica de internet y las demás comunicaciones ocurrida en las últimas dos décadas han demostrado que el argumento de la separación geográfica es errado. El desarrollo de las redes sociales reduce significativamente la separación geográfica desde la perspectiva de la comunicación personal, familiar, de negocios y entre gobiernos regionales, estatales y el propio gobierno federal, tanto en la economía doméstica como internacional.

 

  1. Si Puerto Rico elige ser una república independiente, la ciudadanía americana para los nacidos y vivos al momento de otorgarse la independencia dejará de existir conforme decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos y análisis realizados para comités congresionales, según el principio de derecho internacional que establece que la ciudadanía sigue a la nacionalidad. Entonces, aplicaría la ciudadanía de la nueva nación. Los ciudadanos americanos que quieran conservar esa ciudadanía tendrían que abandonar el país y reubicarse en uno de los Estados de Estados Unidos. Tendrían que mantener pasaporte americano y pasaporte de Puerto Rico para poder viajar a la república a atender asuntos familiares y de negocios sujeto a las reglas de migración de la nueva república. Sería discreción del Congreso de Estados Unidos permitir que los residentes de Puerto Rico pudieran retener el pasaporte americano. Si el Congreso no lo permite, ese evento provocaría una mayor emigración masiva de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. Además, la incertidumbre creada por la transición hacia la independencia generaría una fuga masiva de capital local hacia Estados Unidos u otras jurisdicciones.

 

  1. La independencia conllevará la eliminación de las agencias federales en Puerto Rico, la eliminación de su aportación en la prestación de servicios importantes que deberán ser absorbidos por el gobierno de la república y la eliminación de los empleados públicos que trabajan para dichas agencias. Dichos empleados tendrán que decidir si desean ser relocalizados en otros estados, de serles ofrecida esa alternativa por el gobierno federal. El gobierno de la república tendría que absorber esos servicios, sin tener los recursos para ello. Bajo la república independiente el sistema estadounidense de protección de derechos civiles, procesamiento criminal y protección ambiental dejará de funcionar. Se elimina el concepto de la Corte Federal, que la mayoría del pueblo favorece, por confiar más en la justicia de dicho instrumento federal que en la justicia local. Los fondos para programas de salud, educación, bienestar social e infraestructura, particularmente carreteras y transportación colectiva, entre otros, dejarán de ingresar a las arcas del gobierno.
  1. En la opción de la república asociada o independiente la falta de recursos del gobierno y la incertidumbre, provocarán una severa limitación adicional al crédito. La república podría acudir al Fondo Monetario Internacional, pero difícilmente obtendría financiamiento bajo términos más liberales que lo concedido bajo la estadidad. La incapacidad de emitir nueva deuda será por un periodo incierto, mayor a la situación actual bajo el gobierno territorial y pondrá mayores restricciones al gobierno de la república. El capital extranjero no estará protegido por las leyes federales de Estados Unidos, generando incertidumbre adicional. Por tanto, habrá mayor fuga de capital.

 

  1. La situación en Puerto Rico está madura para una decisión. La decisión de los electores debe basarse en datos económicos e información sólida, principios políticos y morales de igualdad y no en los mitos sobre el costo económico de la estadidad, que han sobrevivido más un siglo de coloniaje americano. La otra opción es que el pueblo quiera continuar la relación actual del status territorial, de inferioridad política, con las consecuencias devastadoras que actualmente tiene para el desarrollo económico y social de Puerto Rico y que el Congreso lo acepte así, en violación de las normas del derecho internacional.

Parafraseando a Martin Luther King, los defensores de la estadidad deben amarrarse a una verdad: Que todos los hombres y mujeres son creados iguales; que los vientos de tormenta de la revuelta estadista deben continuar hasta sacudir los cimientos de nuestra nación, hasta que emerja el día brillante de la justicia. Los estadistas deben marchar y hacer un juramento de luchar hacia adelante, sin virar atrás, porque, como Martin Luther King, “rehusamos creer que el banco de la justicia esté en quiebra…”

 

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