Categoría: Gobierno

Soberanía vs. Estadidad

Nota a nuestros lectores: 8vo de una serie de artículos, con motivo de la consulta plebiscitaria de junio de 2017.

 

La soberanía mediante un pacto de libre asociación o la república independiente con independencia total como nación soberana, además de la estadidad, son las alternativas reconocidas en el derecho internacional como opciones para la descolonización de un territorio. La libre asociación y la independencia permitirían mecanismos más eficientes para eliminar la dependencia sociológica de los individuos y ejercer un control mayor del comportamiento colectivo. Pero, el país tendrá un periodo largo de ajuste y de privación económica propio de este cambio que elimina de un plumazo o en un breve plazo la inmensa mayoría de los beneficios que garantiza la estadidad. En el proceso, hay variables que podemos cuantificar y otras cuyo valor resulta difícil estimar. En este espacio abordamos este tema.

 

El rechazo histórico a la independencia

Los electores de Puerto Rico han votado en contra de la independencia de manera consistente en los siete eventos electorales o plebiscitarios efectuados desde el primer plebiscito de 1967. En el plebiscito de status del 1967 la independencia obtuvo el 0.6% de los votos, aunque es necesario reconocer que el Partido Independentista Puertorriqueño, principal agrupación política que promueve la independencia se abstuvo de participar de aquella consulta. En el plebiscito de 1993 la independencia obtuvo el 4.5% de los votos. En la consulta de 1998, solamente 2.5% votaron por la independencia.  En el plebiscito de 2012, la independencia obtuvo el 5.5%. En esa última consulta, la estadidad, sin embargo,  obtuvo el 61.11% del voto.

 

# Consulta electoral % de votos por la independencia
1 Plebiscito de 1967 0.6%
2 Elecciones de 1992 4.2%
3 Plebiscito de 1993 4.5%
4 Elecciones de 1996 3.8%
5 Plebiscito de 1998 2.5%
6 Elecciones de 2000 5.2%
7 Plebiscito de 2012 5.5%

 

Algunos beneficios potenciales de la independencia

La independencia le daría a Puerto Rico el poder para crear sus propias políticas económicas para la industria, el comercio y la agricultura. Le daría también control sobre la inmigración y podría negociar tratados de comercio internacionales. Los defensores de esta opción política argumentan que solamente mediante la independencia Puerto Rico puede obtener los poderes necesarios para incrementar el desarrollo económico y su competitividad.

La independencia significa la terminación del status territorial. Como república independiente o una república con un tratado de libre asociación a los Estados Unidos, Puerto Rico rompería los lazos de integración con los Estados Unidos, no habría un gobernador ni un delegado al Congreso. Tampoco una delegación congresional con voz y voto en el Congreso como ocurriría con la estadidad. Habría un Presidente de la república, un embajador en las Naciones Unidas con un voto entre 193 naciones miembros. También podría ser miembro de la Organización de Estados Americanos con un voto entre los 35 países miembros.

La independencia terminaría con la incertidumbre del status final de Puerto Rico, pero aumentaría la incertidumbre sobre el futuro económico y político, en lo concerniente a democracia y gobernanza. Puerto Rico tendría su propia Constitución como una república y la Constitución de los Estados Unidos no sería de aplicación en Puerto Rico. Cesaría la jurisdicción del Tribunal Federal de Estados Unidos, las leyes, reglamentos, y los derechos constitucionales bajo el sistema judicial estadounidense. Las normas de Estados Unidos de protección a la inversión extranjera y la ventaja competitiva que ello ofrece a los inversionistas dejará de existir.

Se eliminará la aplicación de la Ley Jones de transporte marítimo que exige que el comercio entre los puertos de Estados Unidos y Puerto Rico se realice en barcos de matrícula americana. Algunos defensores de la eliminación de la aplicación de dicha ley argumentan que eso sería positivo para Puerto Rico que entonces podría seleccionar líneas de transportación marítima extranjeras de menor costo. Otros alegan, que se eliminaría la frecuencia y regularidad de transportación entre otros puertos y Puerto Rico, que actualmente aseguran las reglas de transportación bajo la Ley Jones. Ese nuevo escenario ocasionaría, por tanto, retrasos en transportación que representarían costos mayores en los bienes importados por la vía marítima que es la forma más económica de transportar carga pesada en una economía isleña.

 

La alternativa de una república socialista

Algunos grupos defensores de la independencia postulan el establecimiento de una república socialista para terminar con el colonialismo y los males del capitalismo. Estos grupos defienden la socialización (nacionalización) de las empresas, los monopolios y oligopolios, la banca y el sector financiero, con el propósito de canalizar más adecuadamente la inversión y la producción. Toda la deuda pública y privada en Puerto Rico seria consolidada en el banco central de la república.

Otros defensores de la independencia proponen el control social de los recursos de producción por los trabajadores de las empresas y grupos comunitarios incluyendo una política de corte social demócrata de estilo del norte de Europa, donde las cooperativas y las entidades comunitarias tengan el control. También proponen que los trabajadores adquieran control de las empresas requiriendo que se les otorgue acciones de capital en éstas.

 

El control del comercio y los medios de producción

La independencia le permitiría a Puerto Rico imponer tarifas de entrada a los productos de Estados Unidos y países extranjeros, aunque esa política económica choca con las políticas de los acuerdos de libre comercio a los que Puerto Rico tendría que acogerse en los nuevos escenarios de comercio internacional para poder competir en igualdad de condiciones por los recursos de capital. Algunos defensores de la independencia han propuesto imponer una moratoria en el desarrollo de centros comerciales para proteger a los pequeños comerciantes. Otros han propuesto que la nueva inversión externa sea aceptada mediante acuerdos de inversión externa con mayoría de inversión de participación local estatal, similar al modelo de capitalismo de estado de la república de Cuba.

También algunos defensores de esta opción han propuesto un programa de sustitución de importaciones para producir localmente los renglones que en la actualidad Puerto Rico importa, entre estos importaciones agrícolas, que aspiraría a producir localmente los renglones que se importan. Este esfuerzo, loable en teoría, tendría que enfrentar las limitaciones de las escalas de producción que imponen la poca disponibilidad de tierras agrícolas y la naturaleza escarpada de muchos terrenos disponibles. La independencia podría ofrecer unos incentivos mayores, por vía de imposición del gobierno de la república, para organizar cooperativas de producción para la sustitución de importaciones.

Otros defensores de la independencia han propuesto que las transferencias federales cuyo flujo continúe por vía de derechos adquiridos por los ciudadanos, sean otorgadas en una asignación en bloque al gobierno de la república, para otorgar beneficios a los que las necesiten realmente y eliminar el abuso y la dependencia en esos fondos. Pero la asignación en bloque podría ser utilizada también para otros propósitos a discreción del gobierno de la república.

 

La ciudadanía americana en la república

La ciudadanía americana para los nacidos y vivos al momento de otorgarse la independencia podría dejar de existir conforme decisiones de los tribuales de Estados Unidos y análisis realizados para comités congresionales, según el principio de derecho internacional que establece que la ciudadanía sigue a la nacionalidad. Entonces, aplicaría en la nueva nacionalidad la ciudadanía de la nueva nación. Los ciudadanos americanos que quieran conservar esa ciudadanía tendrían que abandonar el país y reubicarse en uno de los Estados de Estados Unidos. Tendrían que mantener pasaporte americano y pasaporte de Puerto Rico para poder viajar a la república a atender asuntos familiares y de negocios sujeto a las reglas de migración de la nueva república. Sería discreción del Congreso de Estados Unidos permitir que los residentes de Puerto Rico pudieran retener el pasaporte americano. Ese evento provocaría una mayor emigración masiva de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. La incertidumbre creada por la transición hacia la independencia podría crear una fuga masiva de capital local hacia Estados Unidos u otras jurisdicciones.

Puerto Rico podría suscribir un tratado de cooperación y amistad con los Estados unidos, pero los términos de dicho tratado serian inciertos al momento de tomar la decisión en favor de la independencia. Los tratados de cooperación con los territorios que han escogido la libre asociación, Micronesia, Palau y las Islas Marshall podrían dar un marco de referencia.

 

La presencia de las agencias federales en la isla tras la independencia

La independencia conllevará la eliminación de las agencias federales en Puerto Rico, la eliminación de su aportación en la prestación de servicios importantes que deberán ser absorbidos por el gobierno de la república y la eliminación de los empleados públicos que trabajan para dichas agencias. Dichos empleados tendrán que decidir si desean ser relocalizados en otros estados, de serles ofrecida esa alternativa por el gobierno federal. Entre estas agencias y servicios están las siguientes: el servicios postal, el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, la Administración Federal de Aviación, la Administración de Drogas y Alimentos, el Servicio Forestal, el Negociado del Censo, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, el Servicio de inmigración y Aduanas, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional y la Agencia de Protección Ambiental.

También se eliminarían los servicios provistos por las agencias federales de seguridad tales como la Guardia Costanera, el Negociado Federal de Investigaciones, el Servicio de alguaciles, el Negociado de Alcohol, Armas, Explosivos y Tabaco así como, el Tribunal Federal. El gobierno de la república tendría que absorber esos servicios, sin tener los recursos para ello. Sin la participación de las agencias de seguridad federales la republica estaría a merced de las bandas de criminales del narcotráfico y organizaciones terroristas que operan en otras jurisdicciones del Caribe y en Suramérica.

 

La oportunidad de desarrollar política monetaria

Con el advenimiento de la independencia, Puerto Rico puede desarrollar su propia moneda nacional, o utilizar el dólar estadounidense, condicionado a que el Congreso así lo apruebe como parte de un acuerdo, o puede utilizar ambas monedas. Podrá establecer su propia política monetaria, controlar la cantidad de moneda en circulación, establecer y modificar el valor de su moneda con relación a otras (apreciar o devaluar su moneda) y reglamentar la tasa de interés. En teoría económica ese mecanismo puede servir para estimular la economía y controlar la inflación. No obstante, esa no es la realidad en muchos países, donde imperan altas tasas de interés, alta inflación y fluctuaciones en la tasa de cambio de su moneda.

Las crisis financieras y económicas de Argentina hace algunos años y Venezuela al presente proveen un buen marco de referencia. Las altas tasas de interés dificultan el tomar dinero prestado para las operaciones de los negocios, la adquisición de viviendas y el consumo. La inflación hace desaparecer como espuma los ingresos al éste perder valor adquisitivo, como ocurre en Venezuela al presente. Las fluctuaciones en la tasa de cambio de la moneda, principalmente cuando es devaluada, hacen más caras las importaciones de bienes para el consumo y la inversión. Argumentar que tener su propia moneda va a ayudar al desarrollo económico de Puerto Rico resulta por tanto, incierto.

 

El acceso al crédito y ayuda financiera externa

La república tendría problemas de acceso al crédito financiero para tomar dinero a préstamo para el desarrollo de infraestructura y mantenimiento de obras públicas al igual que ocurre con el territorio al presente, pero con el agravante de que no tendría el cojín que provee el acceso a fondos federales asignados por el Congreso. Los costos de mantener los sistemas de electricidad, agua potable, disposición de basura, los puertos, carreteras y otra infraestructura vital para el desarrollo económico y social serian un enorme reto. Los fondos federales no estarían disponibles bajo la república luego de un periodo de transición, si el Congreso permite dicho periodo en un acuerdo. En todo caso, ese periodo de transición seria de un máximo de cinco a diez años. Es decir, que en el mejor de los escenarios, Puerto Rico perdería un promedio de 10% anual de los fondos federales que actualmente recibe durante ese periodo máximo de diez años, sin tener como sustituir ese influjo de dinero. El caso de los territorios de Estados Unidos que lograron acuerdos de libre asociación, Palau, Micronesia y las Islas Marshall, ilustran claramente este escenario.

La ayuda externa de entidades internacionales, Estados Unidos y países extranjeros podría ser un paliativo a la falta de recursos financieros, pero esa ayuda nunca se podría comparar con el influjo de ayuda que al presente Puerto Rico recibe del gobierno federal de Estados Unidos. Los países extranjeros que ofrecen ayuda financiera a otros países no pasan de 20, que distribuyen esa ayuda a alrededor de 180 países. Cada país recibe una pequeña proporción y Puerto Rico tendría que competir para esa pequeña proporción. De hecho, los Estados Unidos es el principal sostén de esa ayuda internacional y aporta alrededor del 20% al 25% del total de ayuda que fluye a los países en desarrollo.

 

Los casos de Micronesia, Palau e Islas Marshall

Si el pueblo opta por la libre asociación, en lugar de la plena soberanía bajo la independencia, si acepta esa opción el Congreso, el pacto no tendrá carácter permanente, como concluye el Informe de Casa Blanca de 2011 [1]. El Congreso podrá cancelarlo unilateralmente, como dispone el pacto de 2003 con los Estados Federados de Micronesia, la República de Palau y la República de las Islas Marshall.

Los pactos con estas nuevas naciones son por 20 años a partir del 2003, hasta el 2023. Estados Unidos aporta $3.5 billones combinados para los Estados Federados de Micronesia y la República de las Islas Marshall y $18 millones para Palau. A partir del 2023 la ayuda directa cesará y entrará en vigor un fideicomiso creado por Estados Unidos y los Estados Asociados de cuyo rendimiento dependerá los ingresos de cada uno de los tres estados.

Conforme los pactos de libre asociación de los Estados Federados de Micronesia, la República de Palau y la República de las Islas Marshall, los residentes de estas islas no participan del programa de Medicaid. La ayuda principal de Estados Unidos, además de la subvención económica antes mencionada, se limita a ayuda de respuesta para mitigación de desastres y asistencia del Servicio Meteorológico. Estados Unidos provee asistencia del Servicio Postal, la Administración Federal de Aviación y la Comisión Federal de Comunicaciones.

Fuera de estas agencias, las demás agencias federales de justicia y seguridad no tienen presencia en estas repúblicas bajo los pactos de libre asociación. La mayoría de los ciudadanos de los Estados asociados pueden vivir y trabajar en los Estados Unidos, pero no son ciudadanos americanos ni tienen los derechos que otorga la ciudadanía.

Estados Unidos asume exclusividad en la defensa militar de estas naciones asociadas. Los residentes no son ciudadanos americanos ni participan de los programas de asistencia federales, como el seguro social, bienestar social, programas de nutrición y alimentos como el Plan de Asistencia Nutricional ni ninguno de los otros programas de asistencia para el desarrollo económico, social y de infraestructura.

En el caso de los Estados Federados de Micronesia han ocurrido algunos eventos de restricción de los derechos civiles, que no han podido ser atendidos por las agencias estadounidenses de protección de dichos derechos.  En junio de 1997 se produjeron una serie de acusaciones contra el Gobierno por limitar la libertad de expresión, cuando al editor de uno de los principales diarios del país, “FSM News”, le fue retirado el visado para regresar a la Federación. El Gobierno había decidido deportar al editor (que era de nacionalidad canadiense) tras la publicación de un reportaje sobre el supuesto derroche presupuestario del Ejecutivo. El diario dejó de publicarse a finales de 1997. [2]

 

Resumen

De Puerto Rico optar por la descolonización mediante la soberanía, sea una república independiente o mediante un tratado de libre asociación con Estados Unidos la población tendría que aceptar unos ajustes dramáticos que no comparan con los ajustes de una transición hacia la estadidad como alternativa de descolonización.

Las asignaciones del gobierno federal para el desarrollo económico y social serán eliminadas por etapas en un periodo que puede ser inmediato o hasta de 10 años según la experiencia de otras jurisdicciones. El seguro social federal también se eliminará. Los recipientes actuales lo seguirían recibiendo, pero el resto pasará a formar parte del nuevo sistema de la república, cuyo método y administración resulta incierto. No se puede ser una república y seguir aportando al seguro social de los Estados Unidos. Las agencias federales dejarán de operar en Puerto Rico, llevando al desempleo a otros miles de puertorriqueños, como ocurrió en el caso del cierre de Roosevelt Roads en Ceiba y anteriormente, Ramey Fields en Aguadilla.

El sistema estadounidense de protección de derechos civiles, procesamiento criminal y protección ambiental dejará de funcionar. Se elimina el concepto de la Corte Federal, que la mayoría del pueblo favorece, por confiar más en la justicia de dicho instrumento federal que en la justicia local. Los fondos para programas de salud, educación, bienestar social e infraestructura, particularmente carreteras y transportación colectiva, entre otros, dejarán de ingresar a las arcas del gobierno.

La república solo tendría a su favor el plan de eliminación a plazos de las ayudas actuales, que esté dispuesto a conceder el Congreso. El aumento en la falta de recursos del gobierno y la incertidumbre, provocarán una severa limitación adicional al crédito. La republica podría acudir al Fondo Monetario Internacional, pero difícilmente obtendría financiamiento bajo términos más liberales que lo concedido bajo la estadidad.

El Fondo Monetario Internacional es odiado por los países que les han tomado dinero prestado, por las condiciones onerosas que les ha impuesto para tomar prestado. La incapacidad de emitir nueva deuda será por un periodo incierto, mayor a la situación actual bajo el gobierno territorial y pondrá mayores restricciones al gobierno de la república. El capital extranjero no estará protegido por las leyes federales de Estados Unidos, generando incertidumbre adicional.  Por tanto, habrá mayor fuga de capital.

En Puerto Rico, bajo la independencia las fuerzas de orden público tendrán que asumir un control fuerte sobre la población por el proceso de ajuste económico. Las protestas del cierre del gobierno de mayo del 2006 será una gota de agua comparada con el diluvio que este ajuste provocaría. Es muy probable que el nuevo gobierno de la república asociada o independiente, tendrá que adoptar poderes y medidas dictatoriales y de ley marcial para imponer el orden. ¿Estamos dispuestos como pueblo a aguantar esa tempestad?


[1] Casa Blanca. Oficina del Presidente. Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Status de Puerto Rico. 2011.

[2] Oficina de Información Administrativa (MAE). España. Los Estados Federados de Micronesia. Julio de 2003.

Los incentivos económicos que otorga el Congreso a los nuevos estados al ser admitidos a la Unión

Nota a nuestros lectores: 2do de una serie de artículos, con motivo de la consulta plebiscitaria del 11 de junio de 2017. [1]

 

En este segundo escrito nos proponemos abordar los diferentes mecanismos de incentivos económicos que el Congreso ha utilizado en el pasado para ayudar a la economía un nuevo Estado en su transición hacia la estadidad. En reconocimiento a la situación de retraso o crisis económica de los territorios al ser admitidos como Estados, el Congreso ha otorgado incentivos como ayuda para su ajuste económico, tales como:

 

  1. La concesión de tierras bajo control del Gobierno Federal: En los casos de Texas y California, el Congreso les otorgó la mayoría de las tierras del territorio para ser administradas por el nuevo Estado. Los territorios de Utah, Oklahoma, New México y Arizona recibieron más de un millón de acres de tierras del Gobierno Federal. Alaska recibió más de 100 millones de acres de tierras que estaban bajo control del Gobierno Federal.
  1. Transferencia de recursos naturales bajo control federal: Alaska y Texas son dos ejemplos de transferencia de recursos naturales al nuevo Estado, en tierras que estaban bajo control del Gobierno Federal.
  1. Extensión de jurisdicción marítima: En los casos de Texas y Florida, a modo de ejemplo, el Congreso reconoció una jurisdicción marítima extendida, más allá de las tres millas usualmente reconocidas a los Estados. En el caso de Puerto Rico el Congreso puede reconocer las 200 millas que Puerto Rico ha reclamado en el pasado.
  1. Exención parcial e implantación gradual de impuestos federales: Esta concesión de ajuste y transición económica fue utilizada en los casos de Alaska y Hawaii y se implantó mediante una enmienda al Código de Rentas Internas Federal que permitió una exención parcial de ciertos impuestos federales sobre transportación aérea, en consideración a la distancia de ambos territorios del territorio continental.
  1. Ayuda monetaria especial y asignaciones en bloque para determinados programas de ajuste económico: Es un mecanismo de transición utilizado por el Congreso consistente de asignaciones especiales dirigidos a usos específicos (earmarked), para propósitos de atender ciertas necesidades particulares del nuevo Estado. A Alaska se le concedió el 90% de las ganancias de la operación de minas existentes en tierras controladas por el Gobierno Federal. A Oklahoma, en 1907, como parte del proceso de admisión, el Congreso le otorgó $5,000,000 para mejorar sus sistema de escuelas públicas. Esa suma, en el 2017, representaría $375 millones considerando una tasa de inflación histórica de 4%. En el caso de Alaska, en el 1960 el Congreso autorizó una asignación en bloque de $28.6 millones para prioridades del nuevo Estado, sin condicionar dicha asignación a algún propósito específico. Esa suma de dinero de 1960, a precios de 2017 representaría aproximadamente $257 millones. En el caso de Hawaii se le asignó $6 millones para desarrollar un colegio de agricultura y artes mecánicas. Esa suma a precios de 2017 representaría aproximadamente $54 millones.
  1. Trato especial en disposiciones estatutarias: El Congreso tiene la potestad de eximir al nuevo Estado de las disposiciones de ciertas leyes que aplican a todos los Estados. En caso de Alaska, el Congreso le eximió de las disposiciones de la Sección 883 de la Ley de Marina Mercante de 1920, conocida como la Ley Jones, que dispone que toda la transportación de bienes entre puertos de la Nación debe ser en barcos de matrícula Estadounidense. Mediante este trato preferencial la transportación de mercaderías entre los puertos de Alaska y el resto de la Nación puede ser realizada en barcos de matrícula extranjera, si así le conviene al Estado en condiciones de costo y rapidez de entrega y eficiencia del servicio, según lo considere apropiado el usuario. Puerto Rico no ha conseguido ese trato especial bajo el status territorial, pero lo podría conseguir como parte del Acta de Admisión como Estado.
  1. Relevar al territorio de parte de su deuda pública: Aunque no existe un precedente documentado de la utilización de este mecanismo como medida de transición, el Congreso tiene la potestad de conceder una suma de dinero para asumir parte de la deuda pública del territorio, como mecanismo para aliviar la carga de los compromisos fiscales del nuevo Estado.

 

Un periodo de transición

El análisis del impacto económico de la estadidad debe partir de la premisa de que serán necesarias ciertas medidas de ajuste económico y que el Congreso tradicionalmente ha concedido dichas medidas de ajuste y que estará en disposición de concederlas como parte del proceso de admisión de Puerto Rico como Estado. El Congreso no está obligado constitucionalmente, ni ha sido un patrón, que deba tratar a todos los territorios que solicitan la admisión, de la misma manera, sino que en cada caso ha tomado en consideración las particularidades de cada territorio en cuanto a sus necesidades de ajuste, considerando su situación geográfica, grado de desarrollo económico, sus problemas fiscales particulares y otras condiciones.

El reclamo de los estadistas sobre la necesidad de conceder un periodo de transición económica de 10 años para la admisión como Estado, es un proceso que se ha concedido a los territorios que han sido admitidos en el pasado. Esa transición también ha sido reclamada por los defensores de la independencia de Puerto Rico, como transición a dicho status político. También lo han reclamado los defensores del ELA en su Nueva Tesis para una república asociada. La próxima semana abordaremos otros mitos que han sido difundidos por los opositores a la estadidad.


[1] Gran parte del análisis realizado en este escrito está basado en una publicación del Grupo de Investigadores Puertorriqueños. Breakthrough from Colonialism: An Interdisciplinary Study of Statehood. Vol. II. Capitulo II. Editorial de la UPR. 1984

 

Los argumentos erróneos sobre las consecuencias económicas de la estadidad para Puerto Rico

Quiénes son los principales opositores y cuáles argumentos utilizan para difundir falacias económicas y financiar campañas de descrédito contra la estadidad para Puerto Rico

 

Nota a nuestros lectores: Con motivo de la consulta plebiscitaria del 11 de junio de 2017, en este espacio nos proponemos abordar el tema de los argumentos erróneos sobre las consecuencias económicas de la estadidad, en varias columnas sucesivas, de manera sencilla para el lector promedio que no tiene un amplio conocimiento del tema económico y que ha sido bombardeado por décadas con argumentos de fobia a la estadidad para Puerto Rico.[1]

 

Se ha argumentado tradicionalmente por los opositores a la estadidad que, de Puerto Rico convertirse en un Estado de los Estados Unidos, ocurrirá un cataclismo económico en nuestro país. El argumento que más se ha sido utilizado en Puerto Rico en contra de la estadidad es el supuesto de que no tiene la capacidad económica de asumir las responsabilidades de dicho status político. Se alega la falta de desarrollo económico, ausencia de recursos naturales y efectos negativos a la estructura económica local. En este espacio abordamos el tema de los mitos en contra de la estadidad.

Los opositores a la estadidad argumentan, además, que Puerto Rico no llena los criterios o guías para su admisión como Estado en términos de su potencial de desarrollo; que la aportación al Tesoro Federal es un criterio tradicional para la admisión de un nuevo Estado; que la Unión es un club al que solo entran los territorios ricos; que Puerto Rico estará condenado a ser un territorio eternamente y se le negará la admisión como Estado, porque no tiene el nivel de riqueza que tienen los estados; que no habrá medidas de transición hacia la estadidad y que de ser admitido sería con plenas responsabilidades fiscales inmediatas; que la estadidad representaría la dependencia masiva de programas de bienestar social; que la estadidad encerraría a Puerto Rico en una camisa de fuerza a la que le sería imposible ajustarse; y que el Pueblo de Puerto Rico no podría mejorar su estándar de vida bajo la estadidad.

También han argumentado que la estadidad le quitaría a Puerto Rico la supuesta autonomía fiscal y exención de impuestos federales, provocando una fuga masiva de capital y recursos humanos; que provocaría aumentos en impuestos federales e impuestos a la propiedad provocando la eliminación de servicios esenciales por falta de recursos en el gobierno estatal;  que destruiría la capacidad de auto desarrollo de la economía y de la población creando un estado de desmoralización colectiva y que destruiría la clase media empresarial.

 

Esos argumentos son errados y reflejan desconocimiento o intención maliciosa sobre  del proceso de admisión de nuevos Estados a la Unión de Estados Unidos de América.

Los argumentos errados sobre el supuesto efecto económico negativo de la estadidad para Puerto Rico han sido esgrimido principalmente por un grupo poderoso de dueños de empresas de la elite empresarial afluente (rica) local, que son descendientes de los grandes intereses económicos que florecieron bajo el auspicio de la Operación Manos a la Obra de la década del 1950, impulsada por el gobernador Luis Muñoz Marín. Estos grupos se benefician de la prevalencia del status territorial del llamado Estado Libre Asociado (ELA). Son estos grupos, con el apoyo de otra elite intelectual universitaria criolla los que han levantado el argumento del  “Estado Guetto” haciendo alusión a que Puerto Rico sería un Estado totalmente dependiente de los fondos federales para subsistir.

Esos argumentos reflejan la calamidad del status territorial

Resulta una ironía que, bajo el status territorial, al presente, Puerto Rico está sufriendo todas esas calamidades que han sido utilizadas como argumento contra la estadidad. No es el propósito de este escrito repasar esas calamidades actuales, pero en los últimos diez (10) años, el país ha experimentado aumentos en impuestos sin precedentes. Se contempla actualmente imponer aumentos en las contribuciones a la propiedad y se impuso un impuesto a las ventas (sales tax) de los más altos en Estados Unidos. Ha quedado al descubierto que el territorio no tiene autonomía fiscal, tanto por decisiones recientes del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Departamento de Justicia Federal y el Congreso. Ha ocurrido una fuga de talento nunca antes sufrida en la historia del territorio de Puerto Rico. El gobierno estatal se ha quedado sin recursos para operar; se ha creado un estado general de desmoralización colectiva y se está destruyendo la clase empresarial local.

La respuesta a estos argumentos erróneos de los opositores a la estadidad [2]

La primera respuesta a los argumentos errados contra la estadidad es que hay dos hechos indisputables: Primero: ningún Estado ha caído en caos económico como consecuencia de su admisión a la Unión. Segundo: los habitantes de los 50 Estados han alcanzado uno de los niveles de vida más altos en el mundo.

Los siguientes datos históricos demuestran que los argumentos contra la estadidad son malintencionados con el propósito de crear temor a la estadidad en el pueblo puertorriqueño, particularmente, los votantes.

  1. Las Guías de Jefferson para la admisión de un territorio como Estado establecen solo dos criterios de índole económica: que el territorio tenga no menos de 60 mil habitantes y que tenga recursos suficientes para mantener un gobierno estatal, incluyendo recursos humanos, naturales, marítimos, educacionales y financieros. Estas guías sobre población y recursos nunca fueron dirigidas a establecer ningún nivel de riqueza o aportación monetaria al gobierno federal como condición para conceder la estadidad.  El criterio de riqueza como condición para la admisión fue rechazado por los padres de la Constitución, por ser considerados por éstos como antidemocráticos, elitistas y contrarios a los postulados de la Revolución Americana. La estadidad estaría abierta a territorios ricos, pobres, de clase media y a comunidades en privación económica sin importar su capacidad para aportar al Tesoro Federal. Los padres fundadores de la República veían la estadidad como un asunto de igualdad política y autodeterminación de los territorios que no podía ser medido únicamente en dólares y centavos.

 

  1. La experiencia de la admisión de Territorios como Estados ha demostrado que nunca ha habido un nivel igual de riqueza, desarrollo económico, población, recursos y contribución económica al Tesoro Federal. Ha habido gran diversidad. Pero como regla general sus economías eran subdesarrolladas con relación a los Estados ya admitidos y de mayor antigüedad y cuyas economías ahora eran más dinámicas y de mayor progreso. Ese subdesarrollo y economía frágil, siempre generó oposición de los Estados ya admitidos bajo la alegación de que por su fragilidad representarían un costo para dichos Estados. Pero ese argumento siempre fue superado al amparo de los fundamentos de la Constitución relativos a los criterios para admitir nuevos Estados y estos fueron admitidos a la Unión.

 

  1. En la discusión de la solicitud de admisión de un territorio que reclamaba la estadidad, los argumentos en contra de la admisión del nuevo Estado eran siempre los mismos, igual que ocurre en Puerto Rico actualmente, pero el Congreso finalmente voto a favor de la admisión de estos Estados. Se levantaban los siguientes argumentos:
    • El nuevo estado colapsaría por falta de recursos para mantener una operación de gobierno estatal. Este argumento fue levantado en el caso de Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, Iowa, Oregón, Nevada, Nebraska, Montana, Washington, North Dakota y South Dakota, New México, Alaska y Hawaii. Todos, sin embargo, fueron admitidos a la Unión. [3]
  • El territorio no cualificaba por su escasez de recursos naturales. Este argumento se esgrimió en el caso Maine, Florida, New México y Arizona. Los cuatro, sin embargo, fueron admitidos a la Unión .[4]
  • El territorio no cualificaba para ser admitido por el nivel de subdesarrollo en su economía. Este argumento fue utilizado en los casos de Arkansas, Michigan, Florida, New México, Arizona, Alabama y Alaska. Todos, sin embargo, fueron admitidos a la Unión. [5]
  • El territorio no cualificaba por el nivel de pobreza prevaleciente. Este argumento se utilizó en el caso de Florida y Michigan. Ambos fueron admitidos a la Unión [6]
  • La estadidad sería muy costosa para los contribuyentes americanos debido a que los costos prevalecientes de mantener el territorio eran sufragados mayormente por fondos federales. Este argumento fue utilizado en el caso de Alaska. Pero Alaska logró la estadidad, pese a esa argumentación. [7]

En el caso de Florida particularmente, se levantaron tres de los cinco argumentos principales contrarios a la estadidad, incluyendo el argumento de que territorio no cualificaba por su escasez de recursos naturales; el nivel de subdesarrollo en su economía; el nivel de pobreza prevaleciente. Sin embargo, Florida fue admitido a la Unión el lunes 3 de marzo de 1845 como el Estado número 47. Hoy es uno de los Estados más florecientes; de mayor extensión territorial, de mayor población de origen puertorriqueño y nuevo hogar para los boricuas de escapan de las calamidades del territorio colonial de Puerto Rico.

En el próximo artículo de esta serie abordaremos el tema de los incentivos económicos que otorga el Congreso a los nuevos Estados al ser admitidos a la Unión.


[1] Gran parte del análisis contenido en este escrito está basado en una publicación del Grupo de Investigadores Puertorriqueños. Breakthrough from Colonialism: An Interdisciplinary Study of Statehood. Vol. II. Capitulo II. Editorial de la UPR. 1984.

[2] Gran parte de los argumentos discutidos en este ensayo son discutidos en forma más extensa en el citado estudio interdisciplinario del Grupo de Investigadores Puertorriqueños. Este estudio comprensivo contiene el análisis más abarcador que se haya realizado sobre el tema.

[3] Grupo de Investigadores Puertorriqueños. IBID.

[4] IBID

[5] IBID.

[6] IBID.

[7] IBID.

Presupuesto base cero

Nota a nuestros lectores: Reproducimos en este espacio, por su pertinencia actual,  el texto de una columna nuestra publicada en el periódico El Nuevo Día el 23 de junio de 2008,  alertando sobre la necesidad de adoptar la técnica de presupuesto base cero en el gobierno de Puerto Rico, como una de las estrategias para enfrentar la crisis fiscal del gobierno. Este año el nuevo gobierno ha adoptado esa estrategia y se implantará por primera vez. Nos tomó 9 años entender que era necesario.

 

Le solicité a un estudiante que definiera el término “presupuesto base cero”. “Aprobar cero presupuesto” me contestó. Su respuesta es la razón de esta columna. Esta semana la legislatura aprobará el nuevo presupuesto de gastos del gobierno de Puerto Rico. Es muy probable que sea mayor al del año pasado, que a su vez, fue mayor al del año anterior. Todos los años el gobernador somete un presupuesto mayor al anterior y la legislatura lo aprueba, no importa si los servicios han sido adecuados, si se justifican o no.

 

Esa forma de presupuestar se conoce como presupuesto incremental. Se parte de la costumbre de dar por bueno el nivel de gastos del año anterior y limitar la discusión a cuánto más te daremos este año. No ofrece incentivos para reducir costos, ni para desarrollar nuevas ideas. Asume que las cosas continuarán como siempre y que no hay consecuencias por el mal uso de los fondos asignados. Estimula a gastar hasta el último centavo para justificar el incremento el año siguiente. El gobernador y sus agencias gastan lo asignado y vuelven a la legislatura con un sobregiro. Así se ha acumulado un déficit de casi $3 mil millones en los pasados 7 años y medio.

 

Una manera de corregir esa práctica es virar el asunto al revés, utilizando otra forma de hacer un presupuesto, conocida como presupuesto base cero. Este presupuesto no toma en consideración el nivel de gastos del año anterior al establecer las prioridades. Cada año se parte de cero. Cada jefe de agencia debe justificar por qué determinado programa no debe ser eliminado o reducido a favor de un programa nuevo para un servicio no atendido previamente.

 

El presupuesto base cero permite controlar del nivel de gastos porque se parte de justificar lo necesario en lugar del incremento sobre el nivel del año pasado. Hay que demostrar las necesidades y los beneficios a obtener. Se puede detectar los presupuestos inflados. Identifica y elimina el desperdicio y los programas obsoletos.

 

Tiene la desventaja de que conlleva mucho esfuerzo y requiere adiestramiento intenso al personal gerencial. Sin embargo, el esfuerzo vale la pena y es necesario intentarlo. De lo contrario, el presupuesto llevará al gobierno a la quiebra y entonces, como contestó el estudiante… ¿cero presupuesto?

El rol del gobierno electrónico en la transformación gubernamental

El término gobierno electrónico se refiere a la utilización de las tecnologías de información y comunicación, particularmente la Internet, para proveer información y servicios a la ciudadanía. Los gobiernos a través del mundo están envueltos en iniciativas para realizar reformas a sus respectivos gobiernos mediante iniciativas de gobierno electrónico. No se logra convertir en gobierno electrónico todas las funciones de una agencia, pero si servicios particulares de impacto a la ciudadanía. Japón, por ejemplo, ha convertido todas las transacciones relacionadas al servicio de impuestos en servicios en línea. Esta iniciativa le ha permitido transformar sustancialmente la agencia equivalente al Departamento de Hacienda en Puerto Rico. En este espacio discutimos varios aspectos de este tema.

La tecnología de información y comunicación es una de las características más importantes de la era actual e impacta la vida diaria de la ciudadanía. Ha impactado dramáticamente la forma como el ciudadano interactúa con su gobierno y aumentado las expectativas de éstos. Después del desarrollo del comercio electrónico en el sector privado, la nueva generación de la tecnología de sistemas de información ha sido el desarrollo del gobierno electrónico. Cada vez más gobiernos están introduciendo el gobierno electrónico en sus operaciones de servicios como una manera de reducir costos, mejorar los servicios a la ciudadanía, la eficiencia y efectividad al nivel estatal, regional y local de sus operaciones.

La prestación de servicios en línea comenzó a expandirse a partir del año 2000 y tras 16 años de éxitos y fracasos, ha contribuido de manera significativa al acceso de los ciudadanos a los servicios del gobierno, los siete días de la semana. Ha ayudado a reducir los costos de los servicios y los costos de las transacciones para los ciudadanos en su interacción con las autoridades gubernamentales. Además, ha estimulado el aumento de proveedores privados como intermediarios en la operación y mantenimiento de los servicios en línea que prestan las agencias, creando un ambiente positivo para la subcontratación de servicios, con menos empleados en las agencias.

 

La definición de E-gov

El gobierno electrónico (E-gov) se conoce con varios términos para describir el concepto, tales como, gobierno electrónico, gobernanza electrónica, gobierno digital, gobierno en línea, E-gov, entre otras. (Grönlund, 2004).  Para Fang (2002), citado por Alshehri (2010), en un excelente recuento de los fundamentos del E-gov. El E-gov es un instrumento para los gobiernos utilizar las tecnologías más innovadoras de sistemas de información y comunicación, particularmente, aplicaciones web de internet, para proveer a los ciudadanos y las empresas un acceso más conveniente a información y servicios del gobierno, mejorar la calidad de dichos servicios y proveer mayores oportunidades de participar de las instituciones y procesos democráticos. Asume la utilización de los sistemas de sistemas de información (“information tecnology” – IT) para transformar las estructuras, operaciones y la cultura gubernamental.

Por lo tanto, el E-gov es fundamental en la transformación del gobierno. Es un elemento vital en las agendas de reforma gubernamental. Para el Banco Mundial, E-gov son los sistemas de tecnología de información y comunicaciones operados por el gobierno que transforman las relaciones con los ciudadanos, la empresa privada y otras agencias de gobierno para promover el apoderamiento de los ciudadanos, mejorar la prestación de servicios, fortalecer la rendición de cuentas, aumentar la transparencia y mejorar la eficiencia del gobierno. (World Bank, 2001).

 

La utilidad del E-gov

El E-gov puede ser utilizado para mejorar el acceso de los ciudadanos al gobierno, así como el acceso del gobierno a los ciudadanos. Las iniciativas del E-gov constituyen un vehículo para mejorar la eficiencia interna y proveer mejores servicios a los ciudadanos. También sirve para introducir los principios de administración de empresas del sector privado en la relación gobierno-ciudadano. (Seifert, 2009).

La fuerza principal que mueve el E-gov es la eficiencia y efectividad de las funciones del gobierno. El potencial de la tecnología de sistemas de información para almacenar, procesar, reproducir y diseminar cantidades enormes de información promete mayor transparencia en las operaciones del gobierno. De paso, hace que las operaciones gubernamentales sean más transparentes, lo cual, a su vez, ayuda a minimizar la corrupción. También, ayuda a que el sector público sea más fino (lean), sin grasa, costo-efectivo y responsable en la prestación de servicios. El “E-gov” puede transformar las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos.

 

Tipos de E-gov

El E-gov ofrece servicios a ciudadanos y empresas para realizar transacciones electrónicas con el gobierno y los tipos de servicios difieren conforme las necesidades de los usuarios, lo que ha producido distintos tipos de E-gov, clasificados generalmente en cuatro categorías principales.

La primera categoría de E-gov es la de gobierno-ciudadano. Los ciudadanos y el gobierno interactúan por este medio continuamente para realizar transacciones rutinarias. Se sirve al ciudadano y se facilita su interacción con el gobierno haciendo accesible y disponible en sitios web variada información y reduciendo el tiempo y costo al ciudadano para realizar las transacciones. El ciudadano tiene acceso en todo momento y desde cualquier lugar para realizar las transacciones.

El ciudadano ahorra costos de transportación a oficinas gubernamentales y tiempo y horas de su salario de trabajo al no tener que ausentarse para cumplir con requisitos o necesidades de transacciones gubernamentales. Puede obtener certificaciones, pagar cuotas por servicios, pagar impuestos, solicitar beneficios gubernamentales, vencer barreras geográficas de transportación y, por tanto, recibir servicios que, de otra manera le resultaría difícil obtener.

La segunda categoría es la de gobierno-empresas. Esta incluye varios servicios e interacciones que surgen de la relación gobierno empresas, entre estas, la distribución de políticas gubernamentales y reglamentos. Del lado de las empresas, incluye información de negocios, bajar formularios, pagar impuestos, renovación de licencias, registrar negocios y obtener permisos, requisitos para subastas y compras del gobierno, entre otras transacciones.

La tercera categoría es la de gobierno a gobierno, que incluye las comunicaciones en línea entre agencias, unidades de gobiernos estatales con gobiernos locales y relaciones y transacciones entre gobiernos nacionales e internacionales. Incluye intercambios de bases de datos entre gobiernos, oportunidades de compartir las mejores prácticas gerenciales y operacionales, compartir recursos de adiestramiento y aprendizaje para los recursos humanos de los gobiernos y mejorar y simplificar la cooperación y coordinación de esfuerzos. (Gregory, 2007).

La cuarta y última categoría es la de gobierno-empleado. Se refiere a la relación entre el gobierno y sus empleados exclusivamente. El propósito es ofrecer a los empleados servicios en línea tales como llenar solicitudes de vacaciones, estudio y adiestramientos (E-Learning), revisión de sus expedientes de personal, planes médicos y de beneficios de retiro, entre otros.  (Seifert, 2003). Sirve de instrumento para implantar metas y objetivos, estrategias y tácticas para lograr la implantación de sus planes, y la gerencia de recursos humanos y el presupuesto.

 

Los beneficios del E-gov

La adopción de una estrategia de E-gov puede representar beneficios significativos para las agencias de gobierno en la prestación de servicios. Puede ser útil para mejorar los servicios y reducir los costos y limitaciones presupuestarias. Entre estos beneficios se destacan los siguientes: mejorar la eficiencia en procesar grandes cantidades de datos; mejorar los servicios al tomar conocimiento más adecuado de los requisitos de sus usuarios, permitir a la clientela compartir información e ideas. Esto le permite mejorar sus políticas, obtener ganancias en productividad, contribuir a la reforma del gobierno, mediante mejoras a la transparencia, facilitar compartir información y mejorar la confianza entre el gobierno y la ciudadanía. Permite mejorar la recaudación de cuotas, multas e impuestos. Permite, además, consolidar e integrar sistemas gubernamentales y permite fortalecer los principios democráticos.

Un estudio de Deloitte Research (2003) concluyó que la utilización estratégica del E-gov tiene el potencial de reducir significativamente la cantidad de tiempo, dinero y esfuerzos que las empresas y los ciudadanos tienen que gastar en cumplir con las regulaciones y los reglamentos gubernamentales. También, mejora la interacción entre las unidades de gobierno y de estas con las empresas; simplifica y reduce los requisitos de informes (reporting) y reduce el número de formularios. Por otro lado, facilita obtener información y servicios del gobierno, facilita realizar pagos por servicios, cuotas o multas del gobierno.

 

Las barreras al E-gov

Existen varias barreras y retos que pueden retrasar las iniciativas para transformar el gobierno mediante el E-gov. La primera de estas barreras es la disponibilidad de la infraestructura de telecomunicaciones necesaria, tanto el “backbone” o infraestructura externa a la agencia como la interna. De igual forma, la existencia de infraestructura compatible entre agencias. La interconectividad es un requisito importante y un reto para el E-gov. Para la transición al E-gov es necesaria una arquitectura de tecnología de sistemas de información que provea un conjunto uniforme de principios, modelos, estándares, banda ancha de transmisión de data y otros requisitos de sistemas de información, cuya adquisición, de no estar disponibles, conllevan una inversión importante para la agencia.

Otro reto importante es el asunto de la privacidad y la seguridad. La privacidad se refiere a la garantía de un nivel de protección adecuado para la información personal del individuo que realiza las transacciones por servicios ante el gobierno. El gobierno tiene la obligación de asegurar los derechos de privacidad de los ciudadanos, comprometiéndose a compilar data exclusivamente para los propósitos legítimos de las transacciones de servicios. El mal uso de dicha información tiende a ser frecuente en los gobiernos. Seifert (2003). Este mal uso mina la confianza de los ciudadanos en el E-gov. Deben existir políticas de privacidad escritas que especifiquen los derechos de los ciudadanos a la privacidad y el compromiso de que la data recopilada del individuo se utilizará exclusivamente para fines legítimos. (Teeter & Hart, 2003).

La seguridad de la información es otro asunto de vital importancia. Conlleva la protección de la información y los sistemas que la almacenan y transmiten contra distribución inadecuada accidental o intencional, modificaciones no autorizadas o destrucción. Conlleva la seguridad y protección de la arquitectura, hardware y aplicaciones, contra crímenes cibernéticos y acceso no autorizado a la información. Es esencial la protección de la tecnología para la seguridad de firmas digitales, “encription”, protección de las contraseñas, identificación de usuario, números de tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias y cualquier otra información relacionada transmitida a través de las redes. Las agencias deben mantener un cuerpo de profesionales de seguridad en redes para responder a violaciones a la privacidad.

Otro reto son las políticas y reglamentos que conlleva el E-gov. La implementación del E-gov conlleva el desarrollo de políticas, leyes, reglamentos y cambios en las operaciones gubernamentales para lidiar con las actividades electrónicas. Estas incluyen el archivo electrónico, firmas electrónicas, transmisión de información, protección de data, crímenes de computación, derechos de propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros asuntos. Operar bajo el E-gov conlleva la firma de acuerdos digitales mediante el amparo de legislación. Requiere de reformas legales y directrices de política pública para que los servicios en línea sean implantados adecuadamente.

Otro reto importante es la disponibilidad de personal calificado y el adiestramiento a los que operan el sistema, así como a los usuarios o clientela. El E-gov requiere de capacidad técnica, recursos humanos adecuados, así como capacidad gerencial para administrar operaciones comerciales. Requiere conocimiento para administrar el sistema, dar mantenimiento, realizar ajustes en las aplicaciones y manejar procesos en línea y acceso a adiestramiento en línea.

Finalmente se requiere colaboración y cooperación al nivel local regional y estatal o nacional, entre las organizaciones públicas y privadas para superar la resistencia a los cambios a medida que las unidades gubernamentales exhiben resistencia a la transparencia y tratan de mantener su jerarquía y autoridad en sistemas, debido a que han estado acostumbrados a controlar el uso de la información.

 

La brecha digital

La habilidad para utilizar las computadoras y la internet es crucial para el éxito de la implantación del gobierno electrónico y la ausencia de estas habilidades puede conducir a la marginación de parte de la ciudadanía.  La brecha digital se refiere a la brecha de oportunidades entre los que tienen internet y los que no lo tienen, incluso, los que saben utilizar esta tecnología y los que le tienen miedo a su utilización. Los que no tienen acceso a computadoras y la internet no podrán beneficiarse de los beneficios de los servicios en línea. No todos los ciudadanos tienen este acceso por varias razones, ya sea por falta de recursos financieros, no tener las destrezas necesarias o falta de literacia en computadoras.

Como parte de la implantación del E-gov las agencias tendrán que dedicar recursos a adiestrar a los usuarios en el uso de las aplicaciones. A algunas personas les parecerá inaudito, pero todavía hay personas en Puerto Rico que no saben utilizar una computadora ni tienen internet, ni conocen como operan los servicios en línea.

 

La cultura social

Además, de las barreras técnicas de la brecha digital, existen barreras culturales que pueden dificultar el éxito del gobierno electrónico. Hay características personales y aspectos subjetivos, que pueden limitar el acceso y la difusión de nuevas tecnologías. Muchas personas resisten el cambio y adoptan las nuevas tecnologías lentamente y con gran dificultad. La adopción del gobierno electrónico como herramienta para la transformación del gobierno conlleva también un cambio cultural.

Sin el liderato y apoyo gerencial al más alto nivel de las agencias y el liderato firme de la gerencia para la tecnología y la innovación es difícil el éxito del gobierno electrónico, e incluso la trasformación del gobierno. Se requiere liderato y firmeza con líneas claras de supervisión y rendición de cuentas, para la adopción e implementación del E-gov. (Akbulut, 2003); incluyendo los esfuerzos que conlleva en planificación, adquisición de recursos, motivación del equipo de oficiales de la agencia, la coordinación con socios externos, y la clientela.

 

El E-gov en Puerto Rico

En Puerto Rico, varias agencias gubernamentales han incorporado servicios importantes para los ciudadanos a las transacciones en línea. Por ejemplo, el Departamento de Hacienda inició en el año 2016, el servicio de radicación electrónica de las planillas de contribución sobre ingresos de los individuos en Puerto Rico, en una primera fase de un programa más amplio de servicios en línea. Varias agencias proveen servicios en línea para solicitar, pagar y obtener certificaciones de cumplimiento con requisitos gubernamentales y para contratación con el gobierno.

A la fecha de publicación de esta columna, el gobierno de Puerto Rico mantiene en su portal oficial de Internet sobre 100 servicios en línea, de 31 agencias gubernamentales. Plantea un reto en la transformación del gobierno aumentar significativamente los servicios en línea para mover paulatinamente las operaciones gubernamentales hacia un modelo de gobierno electrónico.

 

Los incentivos contributivos a las empresas en Puerto Rico: ¿La próxima reforma?

En Puerto Rico se discute al presente cómo enfrentar la crisis fiscal del gobierno, el estancamiento de la economía y la eliminación del déficit de recaudos del Fondo General del presupuesto gubernamental. Se ha propuesto la aprobación de una nueva reforma contributiva que, entre otras medidas, estimule el desarrollo económico y permita allegar recursos al erario. Tradicionalmente, en los ejercicios de reforma contributiva se ha cultivado una mentalidad de exención contributiva a las empresas, particularmente la de origen externo, como medida de estimular la creación de empleos. Pero no se genera el nivel de empleos esperado, se promueve una cultura de exención de impuestos y se lesiona la justicia contributiva que debe prevalecer para todos los sectores de la sociedad. En este espacio exploramos someramente este tema para motivar la discusión del abanico de opciones de una posible reforma contributiva, con énfasis en los incentivos contributivos y su efectividad para promover el desarrollo económico.

 

Es importante señalar que, además de la exención contributiva sobre ingresos, Puerto Rico ofrece otra variedad de incentivos a las empresas, incluyendo, exención de pago de patentes y contribuciones a la propiedad, incentivos para adiestramiento y pago parcial de nómina, renta a bajo costo de edificios industriales y otros incentivos afines.

 

¿Llegarán las inversiones de nuevas empresas sin exención contributiva?

En Puerto Rico se piensa que si no se ofrece exención contributiva las inversiones de nuevas empresas no llegarán. Se firman decretos de exención contributivas por periodos que pueden alcanzar hasta 15 años. Se otorgan créditos contributivos, que son más onerosos que los decretos de exención contributiva, porque permiten acreditar cada dólar de crédito a futuras obligaciones contributivas. Se culpa la falta de desarrollo económico a la eliminación de políticas de exención contributiva, como es el caso de la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal que canceló el reconocimiento de exención contributiva al nivel federal a ciertas empresas estadounidenses radicadas en Puerto Rico.

 

¿Es igual la política pública en otras jurisdicciones?

Cuando se compara a Puerto Rico contra jurisdicciones en los Estados Unidos o países extranjeros, entre otras, los estados de Florida, y Hawaii, Irlanda y otros países, Puerto Rico ofrece mayores incentivos contributivos a las empresas y aun así muchas empresas se ubican en esas otras jurisdicciones y pagan las contribuciones que se fijan a tasas más altas. Esto demuestra que las empresas no necesariamente seleccionan un lugar para establecerse por el criterio de si pagarán o no impuestos, si no por otras consideraciones, fundamentalmente el clima favorable a la inversión, las regulaciones a los negocios, la burocracia, la seguridad, la estabilidad política, el acceso a sus mercados y otras consideraciones. Parece ser que sería mejor imponer impuestos y a cambio mejorar el ambiente de negocios y la cultura gubernamental hacia la nueva inversión.

 

En Puerto Rico no se evalúa adecuadamente los costos de las políticas de exención y créditos contributivos y los beneficios que la economía obtiene de dichas políticas, de manera que se pueda justificar si los incentivos contributivos rinden beneficios en sectores industriales específicos y si vale la pena concederlos o si, al contrario, es mejor recaudar impuestos de dichas operaciones y dedicar más recursos a mejorar el clima de inversión.

 

Los costos y beneficios de los incentivos contributivos

En el mes de septiembre de 2014, se completó un estudio, realizado bajo la coordinación del colega economista Ramón Cao, ex catedrático de economía de la Universidad de Puerto Rico, sometido a la Cámara de Representantes, bajo el título: Evaluación de beneficios y costos de créditos contributivos. [1] En ese estudio se presenta una síntesis de los resultados obtenidos, así como los estudios de Costo/Beneficio efectuados para los créditos contributivos e incentivos fiscales que se conceden a varios sectores industriales, entre estos: manufactura, proyectos fílmicos, vivienda, hospitales, hoteles, agricultura y construcción comercial e industrial, entre otros.

 

El estudio evaluó la efectividad socioeconómica de un conjunto de los principales incentivos y créditos contributivos que se conceden a empresas en Puerto Rico. El estudio indica que “esos incentivos representan un serio costo fiscal para el estado…, pues… excluyendo el costo fiscal de las exenciones y otras preferencias tributarias, de acuerdo al Departamento de Hacienda, en el año fiscal 2011 se concedieron $339.8 millones en créditos contributivos. En el año fiscal 2013 existían $620.7 millones en créditos contributivos no reclamados, que pueden ser reclamados en años subsiguientes. Ello resulta en serio costo fiscal, que es en realidad mayor si se incluyen las exenciones y otras preferencias tributarias concedidas a empresas. Además, la experiencia tiende a indicar que esos incentivos no tienen, en su conjunto un efecto positivo, que tenga significación estadística, sobre la inversión privada en la Isla. [2]

 

¿Los incentivos se deben limitar a la manufactura para exportación, industria fílmica y la agricultura?

El estudio llegó a las siguientes conclusiones:

  1. En lo concerniente a la manufactura la industria farmacéutica representa el 64.9% del ingreso interno neto generado por la manufactur La producción de este sector es fundamentalmente para la exportación, lo que genera beneficios importantes. Como resultado del análisis se recomendó limitar los incentivos a la manufactura a aquellas empresas que produzcan para exportación o que sustituyan importaciones.
  2. En el caso de la industria fílmica, la evaluación realizada de los beneficios y costos sociales de los incentivos a esta industria en Puerto Rico encontró que en los tres años para los cuales se realizó el análisis, los valores de beneficios a costos excedían a uno, por lo que se concluyó la estructura vigente de incentivos es socialmente conveniente.
  3. En el caso de la agricultura, los hallazgos demostraron que en todos los escenarios considerados la relación beneficio/costo es mayor de uno, por lo que se concluyó que los incentivos vigentes cumplen adecuadamente  su  propósito  de  promover  la  producción  y  el empleo en la agricultur
  4. En el caso de la vivienda, para los dos años estudiados, el beneficio social de los incentivos concedidos es menor que los costos sociales, por lo que se concluyó que no existe justificación económica para la concesión de estos incentiv
  5. En el caso de los hospitales, la ley que crea las exenciones contributivas a los hospitales conocida como la Ley de Unidades Hospitalarias, tiene dos propósitos sociales básicos: (1) promover el desarrollo de instalaciones hospitalarias en Puerto Rico, y (2) contribuir a reducir los costos de prestación de tales servicios, para abaratar el precio de los servicios a los paciente El estudio concluyó que, en las circunstancias actuales, los ingresos de los hospitales dependen de las tarifas que pagan las aseguradoras por los servicios, de suerte que esa estructura de tarifas, y la demanda de la población por sus servicios, son los determinantes para las decisiones de inversión, empleo y oferta de servicios de los hospitales. Ello plantea dudas acerca de la efectividad de incentivos fiscales para la industria, toda vez que los problemas que puedan existir en ella tienen otros orígenes. Se concluyó entonces que no existe una justificación social para estos incentivos contributivos a la industria de hospitales.
  6. De igual manera se concluyó que en el caso de los hoteles, la estructura vigente de incentivos contributivos a la industria hotelera no está socialmente justificada.
  7. Finalmente, en el caso de la construcción comercial, el hecho de que demanda por construcción no residencial es una demanda derivada de inversión por las empresas, lo cual plantea serias dudas acerca de que tales incentivos resulten en un beneficio social ne

 

En resumen, de los sectores industriales que actualmente se promueven en Puerto Rico, considerados en el estudio, se justifica mantener una política de créditos contributivos o incentivos contributivos solamente en los siguientes casos: manufactura para exportación, industria fílmica y la agricultura. En los demás sectores, incluyendo vivienda, hoteles y construcción comercial, no se justifica proveer incentivos. Los hallazgos de este estudio, aun con las limitaciones que puedan tener, a base de los datos disponibles y las consideraciones a las técnicas de análisis de costo-beneficio, justifican que se conteste el interrogante de si cumplen su objetivo una parte importante de los incentivos actuales contemplados en las políticas de exención contributiva a las empresas en Puerto Rico.

 

Por lo tanto, la reforma contributiva que se está contemplando debe otorgar una consideración importante a enmendar la política de incentivos industriales a las empresas, para dirigir dichos incentivos a aquellos que producen para la exportación y limitar los incentivos que no aportan un beneficio mayor al costo económico y social que conlleva su otorgación.


[1] Ramón J. Cao García. Evaluación de beneficios y costos de créditos contributivos. Informe a la Cámara de Representantes. 2014.

[2] Ramón J. Cao García, “Incentivos contributivos e inversión privada en Puerto Rico”, Revista Civilizar de Empresa y Economía,  Bogotá,  D.C.,  Colombia:  Universidad  Sergio  Arboleda,  Núm.  2, Año  2,  julio- diciembre 2010, págs. 54 a 73. http://190.85.246.40/civilizar/economia/civilizar-empresa-2.pdf

 

 

La Junta de Supervisión Fiscal: ¿Un mecanismo para viabilizar la descolonización de Puerto Rico?

Foto por ENDI.com / GFR Media

El sábado pasado tuve la oportunidad de asistir, por invitación, a la reunión de la Junta de Supervisión Fiscal en el Hotel El Conquistador en Fajardo. Me pareció interesante todo el dispositivo de seguridad, el orden, la puntualidad y formalidad de los invitados, que no es típica de Puerto Rico, incluyendo el comportamiento de la prensa. Llegué a las 7:00 am al hotel y pasé por tres puntos de cotejo, antes de acceder al salón de la reunión. Pensé por algún momento que el Presidente Trump estaría presente. A las 8:28 am entraron los siete miembros de la Junta en fila, escoltados por oficiales de seguridad, que luego se ubicaron estratégicamente en los puntos vulnerables del salón. Dos minutos después, a las 8:30 am, tal como se había anticipado en la invitación, el Presidente de la Junta abrió la sesión con un cronometraje del tiempo espectacular. No había manifestaciones en las inmediaciones del hotel por parte de los opositores a la Junta. ¿Será porque han entendido que la Junta es un mecanismo para la descolonización de Puerto Rico?

El cuadro espeluznante de las finanzas públicas

Consultores de la Junta y funcionarios del gobierno presentaron el cuadro espeluznante de las finanzas del gobierno de Puerto Rico y de las medidas que será necesario tomar para ordenar la Casa Financiera del pueblo de Puerto Rico.

  1. El desbalance fiscal del gobierno al 2017 es de 3,600 millones y alcanzaría $8 mil millones en el 2026, si no se toma acción correctiva ahora. Equivale a una aportación de cada familia puertorriqueña de $5,400 anuales por cada uno de los próximos 10 años.
  2. Presentaron a la Junta como una oportunidad para restaurar el crecimiento económico y nuevas oportunidades mediante la implantación de reformas estructurales en el gobierno; [1] lograr presupuestos balanceados; restructurar la deuda pública de Puerto Rico y reformar el sistema de pensiones de los empleados públicos.
  3. Discutieron las medidas necesarias para eliminar el déficit de $3,600 millones y balancear el presupuesto al año fiscal 2019.
    • De una parte, aumentando las recaudaciones en $1,500 millones, incluyendo, mejorar la fiscalización del cumplimiento con las medidas de recaudos para evitar la evasión de impuestos; ampliar la base tributaria reduciendo las exenciones sobre impuestos; mantener el impuesto a las compañías foráneas y expandir la base tributaria corporativa; mejorar la recaudación de impuestos a la propiedad incluyendo una retasación de las propiedades y la reducción de los subsidios a los municipios y realizar un ajuste a los aranceles o cuotas que cobra el gobierno por determinados servicios.
    • De la otra parte, eliminar gastos gubernamentales en $1,500 millones. [2]. Este ajuste incluye: reducir gastos no esenciales consolidando agencias y eliminando puestos en el gobierno; ajustar las políticas de compensación eliminando beneficios que no se proveen en el sector privado; eliminar subsidios directos a los municipios y a las empresas del sector privado y reducir los gastos de compras del gobierno en 10%, consolidando procedimientos de compras y compras no esenciales.
    • Reducir los gastos de la Reforma de Salud en 28%, mejorando la eficiencia en prestación de servicios y eliminando beneficios no indispensables.
    • Reducir en 27% los gastos del gobierno en la educación superior.
    • Reducir los gastos del sistema de pensiones en 10%.
  4. Aumentar el nivel de inversión en mejorar la infraestructura deteriorada que limita el crecimiento económico, mediante el estímulo de alianzas público privadas que liberen al gobierno de altos compromisos de inyección de fondos.
  5. Restructurar la deuda pública.

Las recomendaciones de la Junta van dirigidas a ayudar al gobierno a organizar nuestra casa financiera, mediante medidas no populistas, en diferencia a lo usual en Puerto Rico, que han costado al pueblo las lágrimas de sangre que ahora estamos pagando. Ningún gobierno local, sin la colaboración de la Junta, que puede imponer controles sobre el gobierno estatal, tomaría estas medidas, por lo impopulares que resultan, lo que representa pérdida de votos.  A nadie le gusta ser impopular con los electores. Mayor aun en un territorio sumido en la dependencia que ha producido el coloniaje de 119 años.

En una conferencia la semana pasada, no relacionada al evento de la reunión de la Junta, el ex juez Gerald Rosen mediador en el proceso de quiebra de la ciudad de Detroit, citado por El Nuevo Día, al comparar la crisis de Puerto Rico con la de Detroit en el 2013, señaló el paralelo entre ambas crisis y mencionó palabras de esperanza, que reproducimos a continuación: “En Puerto Rico, como en el caso de Detroit, el tiempo era un enemigo. [3] El ‘brain drain’ (fuga de talento) seguiría, la población continuaría bajando. Nada mejoraría con el paso del tiempo, mientras se perdía gente para irse a otro sitio. Tienes que crear un proceso que dé esperanza y si hay un ambiente de inversión y una economía estable los inversionistas vendrán, como en Detroit”. “Esto es un proceso que no es para el que tiene piel finita o el débil. Mi mensaje a ustedes es que esto se puede lograr. Los problemas de Puerto Rico, como en Detroit, fueron provocados por el hombre y pueden ser reparados”. “Cuando estás en el vórtice de una crisis puedes perder la visión del cuadro completo. El problema de Puerto Rico tiene más ceros que el de Detroit, pero no puedes hacerlo todo a la vez. Hay que tomar un paso a la vez”. [4]

¿Un mecanismo para viabilizar la descolonización de Puerto Rico?

Mientras abandonaba la reunión de la Junta y regresaba a San Juan, cruzando los campos de Golf del Hotel El Conquistador y las barricadas de la policía, me preguntaba, si la Junta, además del reflejo del coloniaje, por su imposición unilateral por parte del Congreso, es un mecanismo impuesto por el Congreso para terminar con el coloniaje. Las medidas de la Junta, en un plan de 10 años al 2026 habrán organizado las finanzas del gobierno de Puerto Rico y estabilizado los mecanismos para el desarrollo económico, preparando a Puerto Rico para la estadidad o la soberanía.

Los creyentes en la descolonización de Puerto Rico, no importa si ocurre mediante la estadidad o la soberanía, deberíamos apoyar las medidas de la Junta de Supervisión Fiscal como un mecanismo de descolonización de Puerto Rico. Tal vez, la izquierda lo ha entendido así y esa sea la explicación a la ausencia total de manifestantes el sábado en las inmediaciones del Hotel El Conquistador, cuyo nombre, irónicamente me recuerda la invasión de los americanos hace 119 años.


[1] Invitamos a nuestros lectores a leer nuestro libro Cómo Transformar el Gobierno. http://nicolasmunozpr.com/tienda/libro/como-transformar-el-gobierno/

 [2] Invitamos a nuestros lectores a repasar nuestra columna del 19 de noviembre de 2016: Por que la Junta de Supervisión fiscal no aprobó el plan fiscal del gobernador García Padilla. http://nicolasmunozpr.com/2016/11/19/por-que-la-junta-de-control-fiscal-rechazo-el-plan-fiscal-del-gobernador-garcia-padilla/

 [3] Invitamos a nuestros lectores a repasar nuestro breve ensayo, Detroit y Puerto Rico, en la página 71 de nuestro libro Crónicas de Esperanza: La mejor salida del laberinto económico. http://nicolasmunozpr.com/tienda/libro/cronicas-de-esperanza-la-mejor-salida-del-laberinto-economico/

 [4] El Nuevo Día. Domingo 29 de enero de 2017.

La agenda de descolonización del Presidente del Senado Tomás Rivera Schatz

La semana pasada se inició la discusión de una nueva medida legislativa de la autoría del Presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, para realizar una nueva consulta de status en Puerto Rico. Se trata del Proyecto del Senado 51 – Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico. Aunque parece un tema discutido diariamente en el país, una discusión seria amerita la consideración de varias premisas que permitan al electorado entender la compleja madeja de principios políticos que representa la toma de una decisión informada sobre este tema centenario de la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. En este espacio aspiramos a resumir la esencia de ese asunto y sus implicaciones económicas básicas.

El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz ha tomado la agenda de descolonización en su puño, creando una Comisión de Relaciones Federales y Económicas de Puerto Rico, que no debe haber duda alguna, su objetivo principal será adelantar la agenda de descolonización de Puerto Rico. Rivera Schatz se caracteriza por tomar las cosas muy en serio, juntar la gente y forzar la toma de decisiones, empujando con un guante de seda puesto sobre un puño de acero. Sabe negociar buscando la calle del medio, aunque a veces proyecte la impresión de querer imponer su criterio. Es un político centrado en metas y objetivos y debe poder lograr adelantar su agenda.

 

¿Qué propone el P del S 51?

El Proyecto del Senado 51 propone una consulta plebiscitaria este año 2017 en la que el elector seleccione entre dos alternativas: estadidad o soberanía. Si gana la opción de soberanía entonces habría una segunda consulta antes de terminar el año 2017, para seleccionar entre soberanía plena (independencia) o libre asociación (república asociada). Esta opción representa un Estado que libremente pacta una asociación con Estados Unidos por periodos de tiempo definido, que se renueva por periodos sucesivos a voluntad mutua de ambas partes, como todo pacto de asociación y que puede ser terminada o no renovada unilateralmente, según las cláusulas de un convenio de este tipo.

 

¿Cuáles son los principios base que debe conocer el elector?
Ha sido evidenciado que Puerto Rico es un territorio (colonia) de Estados Unidos sujeto a la voluntad del Congreso, sin poderes políticos ni representación desde 1898 cuando fue adquirido de España como producto de la Guerra Hispanoamericana. Eso ha sido validado históricamente por varias decisiones judiciales, del Congreso y ejecutivas del gobierno federal de Estados Unidos. La relación es de carácter colonial y el derecho internacional dispone que los territorios coloniales deben encaminarse a su autodeterminación política bajo las fórmulas que ha definido el derecho internacional, fuera de la cláusula territorial de la constitución de Estados Unidos.

 

¿Qué es la cláusula territorial?
La cláusula territorial de la Constitución, aprobada hace más de dos siglos, faculta al Gobierno federal para poseer territorios coloniales. Faculta al Congreso para ejercer poderes soberanos absolutos sobre esos territorios y las vidas de sus habitantes, incluyendo implantar de manera unilateral reglas y reglamentos en relación con el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos. Como indica el P del S 51, en su exposición de motivos, ser buen estadounidense es denunciar y combatir la injusticia, la desigualdad y el discrimen. El caso colonial de Puerto Rico, evidencia que el proyecto de igualdad y democracia dentro de los Estados Unidos de América es un asunto inconcluso faltando aun por honrar el Congreso el derecho a la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico.
Para el Congreso y el Presidente de Estados Unidos debería ser una vergüenza mantener la relación colonial de Puerto Rico. Es su responsabilidad encaminar a Puerto Rico hacia la descolonización, sea mediante la estadidad, la libre asociación o la independencia.

 

El Congreso no tiene las manos limpias en su trato al status político de Puerto Rico

El colonialismo promueve la injusticia, desigualdad y el discrimen. El Congreso de los Estados Unidos ha mantenido una política de coloniaje sobre Puerto Rico, de manera unilateral y evita actuar sobre el reclamo de los ciudadanos de Puerto Rico que en el 2012 votaron libremente por la descolonización mediante la igualdad política como un estado de la Unión. El P del S 51 argumenta correctamente que después de 119 años de coloniaje, el Congreso nunca se ha comprometido con una consulta vinculante que resuelva la condición colonial de desigualdad política de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Sus acciones mantienen en Puerto Rico un gobierno sin el consentimiento de los gobernados que, por mayoría manifestaron en un plebiscito que no favorecen el status territorial del llamado ELA.

Es cierto el argumento del P del S 51, en el sentido de que el Congreso creó para Puerto Rico una ciudadanía americana de segunda clase, por legislación, que es discriminatoria. Lo es porque puede ser revocable a discreción del propio Congreso, y sujeta a su autoridad absoluta bajo la infame clausula territorial de la Constitución, que considera a los residentes del territorio una mera propiedad de dicho Congreso.

Los ciudadanos americanos de Puerto Rico no tienen todos los derechos garantizados por la Constitución de Estados Unidos, ni tienen el derecho a la igual protección de las leyes que aprueba el Congreso y que afectan sus vidas. En el año 1922, mediante un caso resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, (Balzac vs. Puerto Rico) se resolvió que los ciudadanos americanos de Puerto Rico, por ser residentes de un territorio sujeto a la voluntad del Congreso, no tienen todos los derechos garantizados por la Constitución federal a los ciudadanos residentes en los estados y tampoco derecho a la igual protección de las leyes que aprueba el Congreso.

En otro caso de 1980 (Harris vs. Rosario) el Tribunal Supremo federal dictaminó que es legal que el Congreso discrimine contra los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico al asignar fondos federales, debido a que los residentes, incluyendo las corporaciones americanas operando en el territorio no pagan impuestos federales. Pero no pagan impuestos federales por disposición del Congreso, para beneficio mayormente de dichas corporaciones, que si pagan impuestos en los estados. El Congreso impone la ley y luego impone la discriminación mediante trato desigual en las asignaciones de recursos para el desarrollo económico y social de los residentes.

En conclusión, las imposiciones unilaterales del Congreso mediante leyes sobre Puerto Rico y su indiferencia ante decisiones del Tribunal Supremo federal, mediante el coloniaje, que destruye empleos, empresas nativas, ahorros, la salud y la educación de los ciudadanos residentes de Puerto Rico lo ubican en una situación en la que no tiene las manos limpias en su trato a Puerto Rico.

Por tanto, los residentes de Puerto Rico, tenemos el derecho de exigir el fin del coloniaje, al amparo de la Resolución 5141 (XV) de 1960 de la Organización de las Naciones Unidas que reconoce la estadidad como una alternativa de descolonización afirmando que “un territorio no autónomo ha alcanzado la plenitud del gobierno propio cuando se integra a un estado independiente”.

Si el Congreso no reacciona, el pueblo de Puerto Rico tiene que ejercer su derecho mediante todo mecanismo de desobediencia civil pacífica que esté a su alcance para dejar de ser los nuevos “Condenados de la Tierra” de los que habló Frantz Fanon en su tesis sobre el coloniaje. El coloniaje es una acción violenta que genera violencia y la desobediencia civil es una respuesta no violenta de un pueblo civilizado y cristiano que reclama su derecho a la igualdad.

 

¿Puede el ELA ser parte de un referéndum de descolonización?
Las fórmulas de autodeterminación reconocidas en el derecho internacional son solo tres: integración política plena a la metrópolis responsable del territorio (estadidad), soberanía plena (independencia política) o libre asociación (república asociada).
El estado de derecho de la fórmula territorial, conocida en Puerto Rico como Estado Libre Asociado, no puede ser una opción bajo las normas internacionales, no es posible mejorarlo, redefinirlo o ajustarlo si no es encaminando al país a la independencia o la libre asociación. No puede existir bajo la constitución de Estados Unidos un ELA mejorado, si no es una fórmula de libre asociación. Por eso no puede aparecer en una consulta de status para la descolonización de Puerto Rico.
La única opción es que el pueblo quiera continuar esa relación de inferioridad política, con las consecuencias devastadoras que actualmente tiene para el desarrollo económico y social de Puerto Rico y que el Congreso lo acepte así, en violación de las normas del derecho internacional y sujeto a las críticas, penalidades y consecuencias que dichas violaciones conlleven, incluyendo presión internacional, violencia armada en el territorio, terrorismo o desobediencia civil.
Puerto Rico podría convertirse en los nuevos “Condenados de la Tierra”, según afirmó Frantz Fanon, en su tesis sobre el coloniaje, basado en el caso de Argelia ante Francia. ¿Está el Congreso de los Estados Unidos dispuesto a esas consecuencias? En nuestra opinión, la respuesta es no.

 

¿Está madura la situación en Puerto Rico para definir el status político?

La situación en Puerto Rico está madura para una decisión. Recientemente las ramas Ejecutiva, Legislativa y judicial de los Estados Unidos han tomado decisiones reafirmando la situación colonial de Puerto Rico. El Congreso, con el aval de la presidencia de Estados Unidos han impuesto a Puerto Rico una capa de gobierno clara sobre el gobierno territorial a través de la Junta de Control Fiscal y han enviado un mensaje subliminal mediante la excarcelación del Sr. Oscar López, líder de las Fuerzas armadas de Liberación Nacional (FALN) encarcelado por varios delitos de conspiración sediciosa asociados a la lucha armada y terrorismo en favor de la independencia de Puerto Rico.

 

¿Es posible el desarrollo económico sin resolver el status político colonial?

Para hablar del futuro económico de Puerto Rico tenemos que considerar el status, aunque algunos no quieren hablar del tema. Hay asuntos económicos que se pueden resolver bajo el status territorial actual, pero hay otros que van amarrados a la decisión que haga el pueblo de Puerto Rico y que negocie con el Congreso. En el próximo referéndum alrededor de 1.8 millones de electores en Puerto Rico serán los que decidan y al hacerlo, que tengan una calculadora a mano para que midan el impacto al bolsillo de su decisión. Porque su decisión debe basarse en datos económicos e información sólida y no en los mitos sobre idioma y cultura, que han sobrevivido más un siglo de coloniaje americano.

 

La opción de la estadidad y su impacto económico-social

En el referéndum del 6 de noviembre de 2012, el 54% de los votantes indicó que no estaban satisfechos con la actual relación política con los Estados Unidos. El 61.11% seleccionó la estadidad como opción para una solución permanente al status.
Como economista, estoy convencido que la mejor opción de status es la estadidad, para lograr la integración plena y estable a la economía de Estados Unidos. Aunque mi preferencia es la estadidad, no se debe descartar la soberanía como opción.
Si en el 2010 Puerto Rico se hubiese convertido en un Estado, comparado con otros de igual población, los fondos para el desarrollo económico considerablemente mayores a lo recibido actualmente. Eso reflejan datos de publicaciones recientes. Esos recursos, bien administrados, representarían un nivel de desarrollo económico sostenido, estabilidad, mayor distribución de la riqueza y calidad de vida.

Según un estudio del General Accounting Office (GAO. Puerto Rico. Information on How Statehood Would Potentially Affect Selected Federal Programs and Revenue Sources. 2014), si Puerto Rico se hubiese convertido en un Estado en el año 2010, en el 2011 probablemente hubiese recibido alrededor de $9 mil millones adicionales en aportaciones federales y sus ciudadanos hubiesen pagado alrededor de $2.2 billones en impuestos federales y las corporaciones $0.7 billones adicionales. El resultado neto podría haber sido $6 mil millones adicionales ese año e incrementos que correspondan en años subsiguientes. Esos recursos llegarían a familias de bajos recursos económicos para su desarrollo social y económico. Una parte importante sería para el desarrollo de nueva infraestructura y mejoramiento de la infraestructura ya existente.

Un análisis detallado de esta opción política y sus implicaciones económicas ha sido incluido en numerosos estudios que requieren un espacio de escrito más amplio, que este blog. El lector puede hacer referencia adicional a varios estudios sobre este tema, que han sido publicados por la General Accounting Office (GAO) del Congreso de los Estados Unidos y otras fuentes.

Puerto Rico no debe considerar la opción de la estadidad únicamente por una aspiración a mayor cantidad de fondos federales, sino por consideraciones más amplias, de índole moral, cultural y seguridad política y económica, particularmente acceso a mecanismos de desarrollo económico. Pero no hay duda que los fondos federales adicionales recibidos con dignidad, después de contribuir a la Nación con nuestra parte de impuestos federales, serían una gran fuente de recursos para estimular el desarrollo económico y social, tan necesario en el país.

 

La libre asociación y la república independiente

La libre asociación es también una opción válida. La república independiente es la otra opción. A largo plazo permitiría control sobre algunas variables macroeconómicas. La libre asociación y la independencia permitirían mecanismos más eficientes para eliminar la dependencia sociológica de los individuos y ejercer un control mayor del comportamiento colectivo.

Pero, el país tendrá un periodo largo de ajuste y de privación económica propio de este cambio que elimina de un plumazo o a plazos la inmensa mayoría de las ayudas federales actuales. En el proceso, hay variables que podemos cuantificar y otras cuyo valor resulta difícil estimar. Las asignaciones del gobierno federal para el desarrollo económico y social serán eliminadas por etapas en un periodo que puede ser inmediato o hasta de 10 años según la experiencia de otras jurisdicciones.

El seguro social federal también se eliminará. Los recipientes actuales lo seguirían recibiendo, pero el resto pasará a formar parte del nuevo sistema de la república, cuyo método y administración resulta incierto. No se puede ser una república y seguir aportando al seguro social de los estados Unidos. Las agencias federales dejarán de operar en Puerto Rico, llevando al desempleo a miles de puertorriqueños, como ocurrió en el caso de Roosevelt Roads. El sistema estadounidense de protección de derechos civiles, procesamiento criminal y protección ambiental dejara de funcionar. Se elimina el concepto de la Corte Federal, que la mayoría del pueblo favorece, por confiar más en la justicia de dicho instrumento federal que en la justicia local. Los fondos para programas de salud, educación, bienestar social e infraestructura, particularmente carreteras y transportación colectiva, entre otros, dejarán de ingresar a las arcas del gobierno.

La república solo tendría a su favor el plan de eliminación a plazos de las ayudas actuales, que esté dispuesto a conceder el Congreso. El aumento en la falta de recursos del gobierno y la incertidumbre, provocarán una severa limitación adicional al crédito. La republica podría acudir al Fondo Monetario Internacional, pero difícilmente obtendría financiamiento bajo términos más liberales que lo concedido bajo la estadidad. El Fondo Monetario Internacional es odiado por los países que les han tomado dinero prestado, por las condiciones onerosas que les ha impuesto para tomar prestado. La incapacidad de emitir nueva deuda será por un periodo incierto, mayor a la situación actual bajo el gobierno territorial y pondrá mayores restricciones al gobierno de la república. El capital extranjero no estará protegido por las leyes federales de Estados Unidos, generando incertidumbre adicional. Por tanto, habrá mayor fuga de capital.
Si el pueblo opta por la libre asociación, en lugar de la plena soberanía bajo la independencia, si acepta esa opción el Congreso, el pacto no tendrá carácter permanente, como concluye el Informe de Casa Blanca de 2011 . El Congreso podrá cancelarlo unilateralmente, como dispone el pacto de 2003 con Micronesia y las Islas Marshall.
Bajo la independencia las fuerzas de orden público tendrán que asumir un control fuerte sobre la población por el proceso de ajuste económico. Las protestas del cierre del gobierno de mayo del 2006 será una gota de agua comparada con el diluvio que este ajuste provocaría. El gobierno tendría que adoptar poderes y medidas dictatoriales y de ley marcial para imponer el orden. ¿Estamos dispuestos como pueblo a aguantar esa tempestad?

 

El rol del plan Tennessee como mecanismo de presión al Congreso

El Plan Tennessee es una estrategia adoptada por ese estado para presionar al Congreso cuando este ignoró consistentemente su pedido de igualdad política. Es el nombre que se ha dado a la estrategia seguida en el 1795 para lograr ser admitido a la unión de los Estados Unidos de América. Este territorio fue el primero en usar dicho método, pero luego lo utilizaron otros, incluyendo a Michigan, Iowa, California, Oregón, Kansas y Alaska. El Plan consiste de varias etapas en un marco legal, lejos de mero proselitismo partidista.

El proceso es como se describe a continuación. Veamos: 1) El territorio solicita la estadidad y el Congreso no actúa. 2) Los residentes del territorio eligen delegados para redactar una constitución, sin previa intervención congresional. 3) Se realiza una elección para elegir dos senadores y un número de representantes (en el caso de Puerto Rico se ha estimado en cinco representantes. 4) Se envía la delegación a Washington a residir allá, cabildear por los pasillos del Congreso y votar simbólicamente fuera del hemiciclo para ilustrar como hubiese cambiado una votación si su voto fuera válido. 5) Finalmente, el Congreso se ve forzado, por fuerza moral, presión interna de medios de comunicación y grupos de derechos civiles, desobediencia civil, presión de votantes hispanos en Estados Unidos y presión internacional a aprobar una ley habilitadora con cláusulas para la transición del nuevo estado. Usualmente se ha requerido que los legisladores vuelvan a ser re-elegidos y en ocasiones no se incorpora una delegación completa, sino parcial, hasta la siguiente redistribución electoral tras el censo de población siguiente, ya que la Cámara se elige en proporción a población.

El último estado en utilizar el Plan Tennessee fue Alaska. En el 1946 Alaska realizó un plebiscito en el que 58% de los electores favorecieron la estadidad, un porcentaje menor a lo ocurrido en Puerto Rico en el último referéndum. En 1955, seis años después, todavía el Congreso no había actuado. El territorio convocó una asamblea constitucional ese año y en 1956 aprobaron una nueva constitución endosando el uso del Plan Tennessee. En las elecciones generales siguientes eligieron su delegación al Congreso. Dos años después, en 1958, el Congreso aprobó la ley habilitadora para admitir el nuevo estado y los votantes ratificaron la ley. En 1959 Alaska fue admitido como el Estado número 49. El proceso tardó 4 años desde que convocaron la asamblea constitucional y 13 años después de haber votado por la estadidad.

 

Plan Tennessee y desobediencia civil

En conclusión, el Plan Tennessee es un tipo de desobediencia civil pacífica. Este método asume que el electorado haya votado mayoritariamente por la estadidad. Esta experiencia enseña que la estadidad no se logra de un plumazo. A Alaska le tomó 13 años desde que sus residentes votaron mayoritariamente por esa opción. Si en Puerto Rico el proceso siguiera el mismo curso, la estadidad advendría en el año 2025. ¿Será el Plan Tennessee el método para la descolonización de Puerto Rico? ¿Será útil la desobediencia civil pacífica? En el sistema constitucional estadounidense ha funcionado. El ejemplo más reciente es la lucha por los derechos civiles de los ciudadanos americanos afroamericanos dirigida por Martin Luther King.

 

Pelear por una estrella, luchar por ella

En el 2026, 9 años a partir de 2017 y 13 años a partir de la votación mayoritaria de 2012 a favor de la estadidad, si la solución al dilema colonial toma el tiempo que le tomó a Alaska, mi hija menor Nicole Marie habrá cumplido 13 años. No tengo duda que será defensora de la igualdad política, aunque aún no podrá ejercer el voto. Como en la Canción de Ricky Martin, “La Copa de la Vida”, querrá “pelear por una estrella, para sobrevivir y luchar por ella”. Imagino que le interesaría acudir a la ceremonia de izar la nueva bandera americana, con 51 estrellas, en Washington DC. Pero antes de eso, es posible que quisiera participar en las marchas pro estadidad en el Mall, frente al Capitolio Federal y quien sabe, si como joven impetuosa en su adolescencia, quiera amarrarse a las columnas del monumento a Jefferson en algún día memorable, como el día feriado del aniversario de Martin Luther King.

Quién sabe si querrá sentarse con la bandera prototipo con 51 estrellas, en los pasillos de los edificios del Capitolio en Washington, Cannon, Longworth o Rayburn de oficinas de congresistas, o Russell, Dirksen y Hart de oficinas de los senadores. Los jóvenes adolescentes son excelentes en las estrategias de desobediencia civil. Pienso que las técnicas de lucha pacífica, que se han sido utilizadas históricamente para luchar por la independencia también pueden ser buenas para luchar por la estadidad.

 

El rol de Tomás Rivera Schatz
No tengo duda que el Presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, autor del proyecto del Senado 51, será enfático en su agenda de descolonización y estaría dispuesto a luchar por la descolonización de Puerto Rico 9 años más, si fuera necesario, desde el foro legislativo o la gobernación, o como ciudadano individual, según el juego de dados de la política lo determine.

 


[1] El lector puede explorar las siguientes referencias, entre otras.

  1. Badillo, V. The Economic Implications of Puerto Rican Statehood. Thesis. Haverford College. 2005.
  2. Joint Committee on Taxation. Overview of the special tax rules related to Puerto Rico and an analysis of the tax and economic policy implications of recent legislative options. 2006.
  3. PR Fiscal Relations with the Federal government and economic trends during the phase-out of the possessions tax credit. 2006.
  4. Puerto Rico. Information on How Statehood Would Potentially Affect Selected Federal Programs and Revenue Sources. 2014.
  5. Hunter, L.A. Leave not State or Territory Behind. Formulating a pro-growth economic strategy for Puerto Rico. Institute for Policy Innovation. 2003.

[2] Casa Blanca. Oficina del Presidente. Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Status de Puerto Rico. 2011.

Hoy juramenta el nuevo gobernador Dr. Ricardo Rosselló. ¿Una nueva etapa para Puerto Rico?

Hoy, 2 de enero de 2017 el país está atento a la juramentación del nuevo gobernador Dr. Ricardo Rosselló. Le corresponde gobernar en las circunstancias más difíciles de los tiempos modernos. La economía en retroceso, el crédito del país degradado a nivel de chatarra con el impago de la deuda pública, el mercado de bonos cerrado para el país, el desempleo alto, la confianza de la ciudadanía en el gobierno y las instituciones sociales al nivel más bajo en muchos años, los servicios públicos en deterioro, la infraestructura de carreteras al nivel más alto de aspereza (pavimento destrozado) en Estados Unidos, energía, agua potable y alcantarillados altamente deteriorada y una Junta de Supervisión Fiscal con el ojo puesto en cada decisión que tome el gobernador. Parecería que toma la jefatura de un país destrozado por una guerra civil. Medidas dolorosas que requerirán de valentía y carácter le esperan:

1. Tendrá que achicar el gobierno, eliminar agencias y reubicar empleados públicos, para recortar el presupuesto de gastos en nómina en el gobierno central, tomar medidas dolorosas, e impulsar cambios significativos en la forma de gobernar.

2. Deberá reducir el gasto en la Tarjeta de la Reforma de Salud, mediante la reducción del número de participantes, eliminando todas aquellas personas que no son verdaderos indigentes; recortando algunos beneficios que se ofrecen, que en ciertos casos son mayores a los que ofrecen los planes privados que pagan los que no cualifican para la reforma; y desarrollando un plan enfático de prevención de fraude y procesamiento criminal a los que se determine que participan del fraude.

3. Tendrá que reducir el gasto en el Departamento de Educación, que recibe alrededor de $800 millones en aportaciones del Fondo General, sin incluir aportaciones de los juegos de azar y la lotería electrónica. Este departamento debe realizar ajustes en capas de burocracia, gastos no esenciales, compras y servicios ineficientes y grasa administrativa que generen ahorros de $200 millones. Sera necesario reformular toda la filosofía del sistema de educación pública para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes y prepararlos con énfasis en ciencias, matemáticas, tecnología y actitudes empresariales positivas.

4. Será necesario limitar la asignación a la Universidad de Puerto Rico, que recibe cerca del 10% de los recaudos del Fondo General, equivalente a $800 millones. La UPR puede recibir un recorte de fondos de $100 millones y recuperarlos mediante aumentos en las tarifas por concepto de matrícula y cuotas. El pago de matrícula en la UPR es menos de una tercera parte de lo que se paga en las universidades privadas locales y lo cubre la beca federal Pell, de la cual el estudiante promedio retiene parte en su bolsillo, como sobrante después del pago de matrícula. Además, la UPR debe cerrar algunos recintos y programas duplicados, consolidar servicios, así como generar más ingresos propios, como lo hacen las universidades privadas, que no reciben asignación presupuestaria del gobierno.

5. Será necesario realizar una reforma contributiva que contemple reducir o eliminar algunos de los impuestos actuales implantados bajo la administración del gobernador García Padilla, que afectan al consumidor directamente y, por otro lado, aumentar el impuesto actual de 4% a las corporaciones denominadas como “foráneas” – Ley 154-2010), independientemente de que se consiga o no un crédito contributivo a nivel federal para estas corporaciones.

6. Deberá reevaluar muchos de los incentivos económicos otorgados actualmente, de poco impacto y beneficio, y decidir cuales eliminar en el corto plazo para viabilizar un Sistema más eficiente de promoción de nuevas empresas.

7. Será necesario reducir los requerimientos del proceso de permisos de construcción y operación de negocios en Puerto Rico, que actualmente limita el establecimiento de nuevas empresas en el país. Eliminar obstáculos a los procesos para hacer negocios en Puerto Rico y agilizar la burocracia que afecta a las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes empresas.

8. Será necesario promover la utilización de las herramientas modernas de gobierno electrónico para reducir costos.

9. Tendrá que buscar una salida el déficit actuarial de los sistemas de pensiones, incluyendo varias medidas dolorosas, tal vez, aumentando la edad de retiro, reduciendo el monto de las pensiones, aumentando las aportaciones de los empleados y la del patrono.

10. Tendrá que privatizar operaciones gubernamentales que han resultado ser ineficientes en manos del gobierno y que sangran el presupuesto, principalmente en corporaciones públicas que se supone que sean autosuficientes y que nunca lo han sido.

11. Tendrá que reinventar los programas sociales de ayudas a las familias en mayor desventaja para estimular el aumento en la fuerza laborar y la tasa de participación laboral y el empleo por cuenta propia y reducir la mentalidad de dependencia que arropa a un amplio sector de la población.

12. Deberá poder lograr las bases de la recuperación económica en tres años, a tiempo para rendir cuentas de logros importantes al electorado en las elecciones generales próximas del año 2020, si quiere ser reelecto, pues necesitará al menos dos términos, ocho (8) años, para enderezar sustancialmente el país y lograr que la Junta de Control fiscal cese operaciones en 10 años.

Si el Dr. Ricardo Rosselló logra provocar estos cambios, el país retornará al progreso sostenido y habrá sentado las bases para ser el primer gobernador del Estado 51 de la Unión de Estados Unidos de América o el primer Presidente de la República Asociada de Puerto Rico.

El nuevo Capitán de la Agricultura: Carlos Flores

El nombramiento del nuevo Secretario de Agricultura, el agrónomo Carlos Flores, es un nombramiento acertado. Flores, además de ser agrónomo, es científico de la Estación Experimental Agrícola, especialista en el cultivo del café y pequeño agricultor de la región de la montaña. Es un profesional organizado y disciplinado, capitán de la Guardia Nacional. Es humilde, tiene los pies en la tierra y conoce los problemas de los agricultores.

Tiene grandes retos por delante, pues el sector agrícola ha sufrido una reducción continua en el número de fincas y su importancia relativa en la producción y el producto bruto de la economía de Puerto Rico. Conforme el último censo de agricultura de 2012, las fincas agrícolas, se redujeron entre 2007 y 2012, en 2,586, una reducción de 16.4% con relación al 2007. El próximo censo de 2017 seguramente reflejará una reducción adicional en el número de fincas. Ya casi nadie quiere trabajar en la agricultura, ni siquiera de subsistencia para consumo familiar.

A principios de década de 1960, cuando era niño, mi madre nos levantaba temprano al amanecer, a mí y mis hermanos, para ordeñar la cabra y la vaca, alimentar los cerdos, mudar la vaca y el caballo y asperjar la siembra en una pequeña parcela de una cuerda. Luego íbamos a la escuela. Nos alimentábamos de la finca, se vendía parte de la cosecha, animales de corral y semillas. Así nos pagamos los estudios 8 hermanos y nos hicimos profesionales. No había beca Pell ni cheque del PAN. Vivíamos de la agricultura de subsistencia, la pequeña finquita. Hoy, 57 años después, la agricultura es el sector económico más rezagado, olvidado y subestimado como sector de producción.

Si siquiera como reserva para casos de desastres o conflictos bélicos, que afecten las fuentes de importaciones de productos agrícolas, podemos decir que tenemos suficiente producción agrícola como estrategia de supervivencia. Nos moriríamos de hambre. La agricultura es importante porque además de su aportación a la producción, protege el hábitat, el paisaje, la conservación del suelo, la ordenación de las cuencas hidrográficas y la conservación de la biodiversidad.

En su valor económico, la agricultura de Puerto Rico tiene potencial para desarrollar agro-empresas tipo autoempleo y generar miles de empleos en ciertos renglones de producción agrícola no tradicional. Esta alternativa de actividad económica aumentaría la generación de ingresos, disminuiría la dependencia de importaciones de alimentos y le generaría algunos recaudos al gobierno. Puerto Rico ha logrado altos niveles de desarrollo económico gracias a la promoción de la manufactura y el turismo, entre otros sectores de producción, pero a expensas de la promoción de renglones agrícolas en los que hay potencial de demanda y empleo.

El nuevo secretario, Carlos Flores, tiene el reto de re-evaluar la política pública hacia la agricultura, incluyendo los incentivos y las tierras agrícolas baldías, con un enfoque menos paternalista hacia los agricultores tradicionales que siempre se quejan de las ganancias de la finca, pero viven en residencias suntuosas y conducen automóviles de lujo; no pagan contribuciones y reciben subsidios salariales y de insumos para la finca de parte del gobierno. Esos agricultores tienen mollero político, presionan a los alcaldes y éstos, presionan al Secretario. Carlos Flores tendrá que caminar sobre el filo de la dependencia creada en los agricultores y las presiones políticas.

La pregunta es: ¿Podrá el nuevo Secretario impulsar este sector como fuente vigorosa de autoempleo para personas desempleadas en estos tiempos de crisis económica y cambiar la cultura de dependencia de los agricultores tradicionales?