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Hernández Colón la autonomía, la descentralización y el desarrollo económico municipal

El gobernador Rafael Hernández Colón, que pasó la semana pasada a la eternidad, fue un defensor consistente de la autonomía municipal. En el 2007 tuve la oportunidad de visitarle en su hogar en Ponce para una entrevista sobre este particular. Guardo una foto de aquella visita en la que el líder del sueño autonomista, con su tono pausado, reflexivo y flemático contestó preguntas por espacio de una hora. Participaba yo de un proyecto de investigación para el Instituto de Política Pública de la Universidad Ana G. Méndez.

Acompañé en aquella visita al presidente de dicha universidad Don Pepe Méndez, hoy retirado, para quien realizaba aquella investigación. Considero un privilegio haber participado de aquella agenda y hago de conocimiento público aquella reunión por primera vez en esta columna. Por espacio de aquella hora, escuché y tomé notas de las respuestas de aquel puertorriqueño que toda su vida como funcionario público había defendido el derecho de los municipios y los alcaldes a una autonomía verdadera en sus operaciones.

Actualmente, la autonomía municipal está de nuevo en discusión. Motiva este nuevo episodio la propuesta actual del 2019 para la creación de condados presentada por el Gobernador Ricardo Rosselló a la Legislatura recientemente así como la partida de Hernández Colón a la eternidad.

Aprovecho esta oportunidad para refrescar varios de los puntos principales del ensayo que presente ante el Instituto de Política Publica en aquel entonces y que recogen en parte lo discutido con Hernández Colón.

  1. Los municipios constituyen la unidad de servicios más cercana a la ciudadanía. Por lo tanto, es necesario apoderarles para viabilizar que las expectativas ciudadanas se satisfagan ágil y eficientemente. Dicho apoderamiento se logrará mediante garantías constitucionales que le den al municipio protección ante iniciativas de un gobierno central poderoso que le impida cumplir su responsabilidad eficientemente. Esta medida permitirá traspasar poderes a nivel local con potencial de allegar recursos económicos y competencias que se concentran hoy en el centro de poder estatal. Se hará menos costosa la operación gubernamental, se reducirá burocracia y se promoverá el desarrollo económico local.
  2. En el esquema actual el gobierno central estrangula los municipios al asignarles responsabilidades sin recursos fiscales. El fortalecimiento de la autonomía municipal frenará esa costumbre. Algunos ejemplos: La AEE alumbra las carreteras estatales y los municipios pagan el alumbrado. Se aprueban decretos de exención contributiva a empresas sin contar con las necesidades de patentes de los municipios. Se aprueba legislación para otorgar permanencia a empleados transitorios municipales sin proveer los fondos para honrar esos derechos. El gobierno central arrastra los pies para otorgar permisos a los proyectos de infraestructura municipales. Hay lentitud en completar las transferencias de fondos que les corresponden. Se les adjudica responsabilidad por el costo de mantenimiento de escuelas públicas y parques que pertenecen al Estado. Se estrangula su capacidad económica y financiera.
  3. Hay buenos ejemplos en Estados Unidos y otros países de reformas municipales con mecanismos para que los municipios alleguen recursos y logren una autonomía municipal verdadera.

La trayectoria histórica y el marco legal de la Ley de Municipios Autónomos, nos lleva a la premisa inequívoca de que ha habido falta de voluntad política para apoderar a los municipios con estrategias que conduzcan con eficiencia hacia la “municipalización” de los servicios a los ciudadanos.  Los gobiernos locales, conocidos comúnmente como municipios, constituyen la unidad de servicios más cercana a las necesidades y a los reclamos de la ciudadanía.  Por diversas razones, el Gobierno Central y la Asamblea Legislativa no reconocen la importancia de los municipios en los procesos de administración pública, relegándolos a un plano inferior que se traduce, lamentablemente, en “mandatos de responsabilidades sin asignación presupuestaria”.

El rol del gobierno municipal

El gobierno municipal debe aceptarse como la unidad básica de servicios al pueblo.  En ese contexto, el alcalde es la figura preponderante en la mente del ciudadano a la hora de reclamar servicios públicos del Estado. Es el municipio, a través de la figura del alcalde o la alcaldía, el primer lugar donde el ciudadano acude en búsqueda de empleo y de vivienda, el lugar para reclamar por el recogido de desperdicios, por la limpieza de caminos y del caño, por un mejor alumbrado, por las medicinas que no puede pagar, por la ambulancia para el familiar enfermo, por la silla de ruedas, por el camión de agua cuando no hay agua potable, por la transportación escolar y por la querella policíaca, por mencionar algunas de las solicitudes y de las expectativas que se tienen acerca de los servicios cotidianos de un pueblo.

Los residentes de un municipio perciben que el alcalde es el responsable de solucionar todos los problemas que le aquejan en su vida.  Recuerdo una anécdota del alcalde de un pueblo de la región montañosa de Puerto Rico, quien me contó hace varios años, que en una ocasión mientras recorría la zona rural de su pueblo, su vehículo cayó en un hoyo con características de cráter lunático y su reacción seguida fue recordar el santo nombre de la madre del alcalde, para luego reaccionar arrepentido al darse cuenta de que había invocado en forma impropia el nombre de su propia madre.  Esta anécdota hace recordar la inmediatez con la figura del alcalde en la reacción de cualquier ciudadano ante amenazas y problemas en su pueblo.

Se argumenta que es necesario apoderar a los gobiernos locales para viabilizar que esas expectativas de los ciudadanos, que hemos descrito, puedan ser satisfechas de manera más ágil y eficiente. El argumento que se esgrime en torno a dicho apoderamiento es que el mismo se lograría mediante la descentralización, la regionalización y para otros, la municipalización. Hay quienes mencionan los tres términos como equivalentes.  Sin embargo, hay diferencias entre estos conceptos.

Qué es descentralización

 

La descentralización implica dispersar actividades previamente concentradas en un centro de poder para colocarlas en niveles más amplios de dicho centro o a un nivel más lejano del centro de poder, pero sin desatar el control de las actividades. El proceso descrito conlleva delegar funciones al nivel local pero reteniendo el poder sobre las decisiones.

Qué es regionalización

La regionalización, por su parte, es adoptar regiones de servicios bajo diversos criterios, que pueden ser de carácter geográfico, político, socioeconómico o cultural. La regionalización también puede adoptar la forma de iniciativas propias de consorcios municipales para aprovechar economías de escala.  Los economistas nos referimos a economías de escala cuando se logra reducir el costo promedio de un bien o servicio aumentando el volumen o la escala de producción. A medida que se producen más unidades de un bien determinado, se reduce el costo y resulta más eficiente la producción de dicho bien o servicio. Los bienes públicos generalmente requieren que se puedan aprovechar economías de escala.

En los municipios pequeños, este tipo de economía se logra al agrupar municipios para proveer servicios a menor costo, aprovechando compras por volumen o para viabilizar competencias que, para ser adquiridas, requieren de un volumen alto de transacciones. Por ejemplo, tres, cinco u ocho municipios contiguos y con características físicas y socioeconómicas similares o complementarias podrían asumir la estructura organizacional de un consorcio. El objetivo del consorcio es proveer servicios aprovechando el volumen de solicitud de los mismos. Este tipo de regionalización se ilustra también cuando se tiene una sola oficina de planificación y permisos, o de recursos humanos, o de disposición de desperdicios sólidos que atienda las necesidades de los municipios agrupados en el “consorcio”.

Qué es municipalización

La municipalización, por otro lado, es hacer un traspaso real de poderes a nivel local, acompañados éstos de ofrecer el potencial de allegar los recursos económicos y las competencias necesarias para la administración eficiente. En el caso de los municipios grandes y medianos, la municipalización se puede dar sin regionalización, porque éstos tienen los recursos, pero requiere descentralizar actividades concentradas en el centro de poder que representan las agencias del Estado. En el caso de los municipios pequeños, la municipalización requerirá, además de descentralización, de iniciativas de regionalización en la modalidad de consorcios de manera que pueda ser viable.

Los efectos de la centralización como antítesis de la municipalización[1]

Tanto la descentralización como la regionalización y la municipalización requieren de voluntad política del poder legislativo y del poder ejecutivo para apoderar a los gobiernos locales que es donde se pretende lograr la municipalización.  El planteamiento que sirve de tesis a este ensayo, en cuanto a la falta de voluntad política para apoderar a los municipios hacia la eficiencia en el desempeño de su “municipalización”, se demuestra con los siguientes ejemplos:

  • Operación de los negocios ambulantes. Se refiere a la transferencia de la responsabilidad de reglamentar la operación de los negocios ambulantes en las vías públicas dentro de la jurisdicción municipal. El Gobierno Central delegó esta responsabilidad a los municipios pero no asignó los recursos financieros o de otra índole para poder desempeñar la nueva encomienda.
  • Obligación de comprar productos de material reciclado. Si está disponible, el municipio está obligado a asignar hasta 5% del presupuesto, para la compra de bienes de material reciclado aunque cueste hasta 15% más que el producto regular (P del S 2319).  Este requisito le impone una carga adicional al maltrecho presupuesto municipal. Sin embargo, el Gobierno Central no cumple sus propias metas de reciclaje al no lograr desarrollar mercado para el material reciclado o listo para reciclaje.
  • El alumbrado público. La Autoridad de Carreteras alumbra las carreteras estatales como si Puerto Rico estuviera en unas eternas fiestas patronales. Y los municipios pagan, pues quizás no es de conocimiento popular que los municipios pagan a la Autoridad de Energía Eléctrica por el alumbrado de las carreteras de Puerto Rico. Por otro lado, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mantiene instalaciones propias en los municipios y éstos pagan la energía que le corresponde a la AEE por dichas instalaciones.
  • Las aportaciones de la AEE al presupuesto municipal por disposición de aportación en lugar de impuestos. Ley 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, sección 22(b)(1), dispone que la AEE debía disponer del 6% de los ingresos brutos derivados de la venta de energía eléctrica para distribuirla entre los municipios conforme la fórmula.
  • La exención de patentes. El nuevo P de la C 3941 enmienda la Sección 42 de la Ley Num. 113 de 10 de julio de 1974, Ley de Patentes, para autorizar al Director de Finanzas del municipio, previo Ordenanza de la Legislatura Municipal, a eximir del pago de patentes a personas naturales o jurídicas. Esta acción ejerce presión a los alcaldes y evoca la mentalidad de exención contributiva existente en Puerto Rico.
  • Decretos de exención contributiva. Se aprueban decretos de exención contributiva a empresas de manufactura, hoteles y otros sectores de servicios sin contar con los municipios. El alcalde puede haber presupuestado ingresos, producto de patentes o arbitrios de construcción para el año siguiente y se entera en el último momento que se ha aprobado una exención contributiva a la empresa para una expansión y para operaciones existentes.
  • Las aportaciones a los municipios de la Lotería Electrónica. La Ley que crea la Lotería Electrónica disponía que, de los ingresos netos de la lotería electrónica, se destinaría el 35% a los municipios. Pero se estableció un tope de $26 millones y se asignaron $16 millones a la Reforma de Salud. Ahora se enmendó la Ley para que en el futuro vuelvan esos fondos a los municipios.
  • Beneficios de retiro a los empleados municipales. Se ha extendido recientemente, mediante legislación, los beneficios a los empleados municipales, requiriendo aportación patronal, pero nadie se preocupa de dónde los municipios van a conseguir los recursos. Esa aportación en un municipio de 400 empleados, a un salario promedio de $15,000, puede representar $500 mil anuales.
  • Convertir empleados transitorios a permanentes. Se aprobó una ley para requerir a los municipios otorgar permanencia a empleados transitorios con los costos adicionales que conlleva en beneficios y la responsabilidad de comprometer recursos futuros para honrar esos derechos, sin considerar de dónde el municipio obtendrá los recursos para cumplir con los costos.

En resumen, se asignan responsabilidades a los municipios sin prever los recursos que éstos necesitan. En septiembre de 2004 se firmó una Ley con nuevas enmiendas a la Ley de Municipios Autónomos, P del S 2760.  Entre dichas enmiendas se establece que no se podrán asignar responsabilidades a los municipios sin realizar un análisis del impacto fiscal. Pero ya existía una ley con ese propósito y nadie la ha considerado. Nos referimos a la Ley 321 del 1999 que establece exactamente eso.

Resulta irrefutable el planteamiento con el que iniciamos este ensayo.  En efecto, todas las administraciones de gobierno en Puerto Rico no han logrado crear el ambiente ni la voluntad política para viabilizar una verdadera Reforma Municipal que incluya una descentralización con asignación de mecanismos reales que lleven a que los municipios alleguen los recursos necesarios para prestar servicios esenciales a la ciudadanía. Ni siquiera la perseverancia de Hernández Colón y su creación de la Ley de Municipios Autónomos logró cambiar la cultura de centralización y dominio del poder enraizada en las estructuras del Gobierno Territorial de Puerto Rico.


[1] Situación a la fecha del ensayo en el 2007.

La gobernadora Yulín Cruz y la república Asociada: Aprendamos del pacto de libre asociación de Micronesia e Islas Marshall y Palau

El contenido de este artículo es discutido por el autor, de manera más amplia, en su libro: Consecuencias económicas de la estadidad para Puerto Rico. El libro está disponible en la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas, Biblio Services en Hato Rey; Librería Norberto en Rio Piedras y Librería La Casita en Aguadilla Mall.

Carmen Yulín Cruz Soto, alcaldesa de San Juan, anunció su aspiración a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular. La Sra. Yulín Cruz puede ganar la candidatura a la gobernación por ese partido y, de llegar a ser la gobernadora de Puerto Rico, lucharía por lograr con Estados Unidos un pacto de independencia o libre asociación (republica asociada) para Puerto Rico. La Sra. Yulín Cruz es firme creyente en la independencia. En este artículo abordamos la situación actual del pacto de libre asociación de tres antiguos territorios de Estados Unidos que tienen ese tipo de pacto de status: las islas de Micronesia, Islas Marshall y Palau.

Si el pueblo de Puerto Rico opta por la libre asociación, el pacto no tendrá carácter permanente, como concluye el Informe de Casa Blanca de 2011 [1]. El Congreso podrá cancelarlo unilateralmente, como disponen los pactos de 2003 con los Estados Federados de Micronesia y la República de las Islas Marshall así como la República de Palau.

Los pactos con estas nuevas naciones son por 20 años a partir del 2003, hasta el 2023. Estados Unidos aporta $3.5 billones combinados para los Estados Federados de Micronesia y la República de las Islas Marshall y $0.8 billones para Palau. A modo de comparación, a Puerto Rico, se estima que el gobierno federal aportará más de $45 billones en el 2018-2019, incluyendo fondos de recuperación. A partir del 2023 la ayuda directa a Micronesia, Islas Marshall y Palau cesará y entrará en vigor un fideicomiso creado por Estados Unidos y los Estados Asociados de cuyo rendimiento dependerá los ingresos de cada uno de los tres estados. Pero el Congreso de Estados Unidos no ha hecho las aportaciones al fideicomiso según acordado. Tras un acuerdo del 2008, no fue hasta 2018 que el Congreso autorizó fondos bajo la National Defense Authorization Act (NDAA). En el periodo de 2010 a 2018, las asignaciones anuales regulares del Congreso fueron menores a lo acordado y no se hicieron aportaciones al fideicomiso para la autosuficiencia después de 2023 tras la terminación del pacto. [2]

Conforme los pactos de libre asociación de los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y la República de Palau, los residentes de estas islas no participan del programa de Medicaid. La ayuda principal de Estados Unidos, además de la subvención económica antes mencionada, se limita a ayuda de respuesta para mitigación de desastres y asistencia del Servicio Meteorológico. Estados Unidos provee asistencia del Servicio Postal, la Administración Federal de Aviación y la Comisión Federal de Comunicaciones.

Fuera de estas agencias, las demás agencias federales de justicia y seguridad no tienen presencia en estas repúblicas bajo los pactos de libre asociación. La mayoría de los ciudadanos de los Estados asociados pueden vivir y trabajar en los Estados Unidos, pero no son ciudadanos americanos ni tienen los derechos que otorga la ciudadanía.

Estados Unidos asume exclusividad en la defensa militar de estas naciones asociadas. Los residentes no son ciudadanos americanos ni participan de los programas de asistencia federales, como el seguro social, bienestar social, programas de nutrición y alimentos como el Plan de Asistencia Nutricional ni ninguno de los otros programas de asistencia para el desarrollo económico, social y de infraestructura.

En el caso de los Estados Federados de Micronesia han ocurrido algunos eventos de restricción de los derechos civiles, que no han podido ser atendidos por las agencias estadounidenses de protección de dichos derechos.  Hace varios años se produjeron una serie de acusaciones contra el Gobierno por limitar la libertad de expresión, cuando al editor de uno de los principales diarios del país, “FSM News”, le fue retirado el visado para regresar a la Federación. El Gobierno había decidido deportar al editor (que era de nacionalidad canadiense) tras la publicación de un reportaje sobre el supuesto derroche presupuestario del Ejecutivo. El diario dejó de publicarse. [3] Ese ataque extremo a la prensa, ocurre en ciertas repúblicas, como el caso de Venezuela, pero no en los Estados Unidos.

 

En la cuerda floja el Pacto de Libre Asociación de Micronesia con Estados Unidos

En diciembre de 2015, el Congreso de los Estados Federados de Micronesia aprobó una resolución expresando su interés en terminar el Pacto de Libre Asociación con los Estados Unidos en el 2018, 5 años antes de su vencimiento.[4] Actualmente ambas partes discuten la renovación o terminación del acuerdo que vence en el 2023. La razón mencionada por Micronesia para terminar el pacto surge de la intensión del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Department) de Estados Unidos en el 2015, de establecer ciertos procedimientos de cotejo a los inmigrantes de Micronesia ante preocupaciones de seguridad nacional de que se esté utilizando la libertad de entrada a Estados Unidos por personas no autorizadas. También ha influenciado la actitud de las autoridades locales, la tardanza del Congreso de Estados Unidos en hacer las aportaciones monetarias acordadas para el fideicomiso dispuesto en el Tratado para la autosuficiencia de los antiguos territorios una vez termine el pacto en el 2023. [5] Estados Unidos se está preparando para salirse del pacto en el 2023, cuando termine el actual acuerdo y ordenó al GAO un estudio sobre el status del fideicomiso para la autosuficiencia de las islas. Al presente existe mucha tensión en las relaciones entre ambos países, pero es mayormente por discrepancias en la administración de la ayuda financiera que aporta Estados Unidos.

Un Comité Conjunto de Administración Económica (Joint Economic Management Committee – JEMCO) compuesto por representantes de ambas naciones establece las guías para que el gobierno de Micronesia utilice los fondos, pero Estados Unidos se queja de los pobres resultados de los programas de educación, salud, ambiente y otros sectores para los que ofrece ayuda. La oficina regional de Hawaii de la Oficina de Asuntos Insulares del Departamento del Interior hizo varias recomendaciones al Congreso sobre sus preocupaciones con la ayuda ofrecida y otras áreas del pacto.

La República de China, ha ido incrementando su influencia en el área del pacífico extendiendo su interés hasta las aguas territoriales de Micronesia, lo que implica que puede buscar algún tipo de acuerdo con Micronesia. En el 2015 China otorgó $10 millones en ayuda económica a Micronesia. Se estima que desde el 2003 China ha aportado $28 millones en ayuda a Micronesia. [6] Sin embargo, el periodo de 2007 al 2015, Estados Unidos otorgó a Micronesia ayuda promedio anual de $32 millones, equivalente a $284 millones. Esa suma no incluye la aportada desde 2003 al 2006.

La terminación del pacto, como propone el Congreso de Micronesia, afecta más a Micronesia que a los Estados Unidos. Los micronesios que actualmente residen en Estados Unidos perderían su status migratorio actual y podrían perder los beneficios de programas federales de los que disfrutan en Estados Unidos. Si Micronesia escoge a China como su padrino, difícilmente recibiría el nivel de ayuda actual que provee Estados Unidos y estaría en manos de una potencia económica menos amistosa y respetuosa de acuerdos y derechos que Estados Unidos.

Como resultado de la resolución de 2015 se ha iniciado un aumento en la emigración de los residentes de Micronesia hacia jurisdicciones de Estados Unidos, particularmente, Guam y Hawaii. [7] El 94% de los que emigran lo hacen a estos dos destinos. La población de Micronesia es de alrededor de 100 mil habitantes. En el 2008 se estimó por el Departamento de Comercio federal que había 12,215 migrantes de Micronesia en Hawaii y 18,305 en Guam (Territorio de Estados Unidos actualmente). El número de migrantes total en las dos jurisdicciones sumaban 30,520. [8] Esa suma representa el 31% de la población de Micronesia.

El gobierno de Guam se queja de que los inmigrantes ocasionan tensión en las operaciones gubernamentales y recursos fiscales porque llegan sin recursos, sin destrezas ocupacionales para el empleo y con problemas de salud. El gobierno de Hawaii tiene quejas similares.

La incertidumbre con el futuro del Pacto de Libre Asociación entre Micronesia y los Estados Unidos está provocando una emigración considerable de la población, que eventualmente, si se termina el pacto en el 2023, se verían forzados a retornar a su país si pierden su status migratorio.

La experiencia actual de incertidumbre del Pacto de Libre Asociación de Micronesia con los Estados Unidos y las consecuencias que está conllevando para los micronesios en su país y los que emigran a Estados Unidos es prueba fehaciente de que un pacto de libre asociación está sujeto a terminación unilateral por una de las dos partes y que su vida útil puede ser efímera. Las implicaciones para la población de cualquier decisión de sus gobernantes pueden cambiar sus vidas para siempre.

Ese sería el destino de los puertorriqueños residentes en Puerto Rico si el Partido Popular gana las elecciones del 2020 y se mueve a la izquierda y provoca una negociación con Estados Unidos para un pacto de libre asociación, con un presidente de Estados Unidos como Donald Trump. ¿Cuál seria entonces el futuro económico y social de Puerto Rico tras el pacto de libre asociación? El caso de Micronesia puede servir de marco de referencia.


[1] Casa Blanca. Oficina del Presidente. Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Status de Puerto Rico. 2011.

[2] David Gootnick, Government Accountability Office, Compact of Free Association: Proposed U.S. Assistance to Palau for Fiscal Years 2016 to 2024 (2016), https://www.gao.gov/assets/680/678243.pdf.

[3] Oficina de Información Administrativa (MAE). España. Los Estados Federados de Micronesia. Julio de 2003.

[4] Nineteenth Congress of the Federated States of Micronesia. Third Special Session, 2015 C.R. No. 19-155

[5] David Gootnick, Government Accountability Office, IBID.

[6]  The Diplomat. February 19, 2016

[7] Pacific Daily News. 4 de diciembre de 2015.

[8] US Department of Commerce. US Bureau of Census. 2008 estimates of Compact of Free Association Migrants.

La Sra. Yulin, el partido popular y la república asociada

El contenido de este artículo es discutido por el autor, de manera más amplia, en su libro: Consecuencias económicas de la estadidad para Puerto Rico. El libro publicado en mayo de 2017 está disponible en la librería Biblio Services en Hato Rey; Casa Norberto en Plaza Las Américas, Librería Norberto en Rio Piedras y Librería La Casita en Aguadilla Mall.

El fin de semana largo del 22 de marzo, la Sra. Carmen Yulín Cruz Soto, alcaldesa de San Juan, anunció su aspiración a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular. Lo anunció el viernes 22 de marzo, Dia de la Abolición de la Esclavitud. Escogió como lugar del anuncio el municipio de Caguas, “el nuevo país” del fenecido y respetado icónico alcalde Willy Miranda Marín. Nuestras felicitaciones a la Sra. Yulín. La Sra. Yulín puede traer un cambio al Partido Popular y ayudar a esta agrupación política a definirse hacia la independencia o la libre asociación.

La soberanía mediante un pacto de libre asociación (república asociada) o la república independiente con independencia total como nación soberana, además de la estadidad, son las únicas alternativas reconocidas en el derecho internacional como opciones para la descolonización de un territorio. Pero el Partido Popular, “con miedo”, en lugar de “sin miedo”, evita definirse hacia la independencia o la estadidad. La Sra. Yulín es firme creyente en la independencia y representa una oportunidad para el Partido Popular definirse, claro, hacia la republica asociada, al menos.

La libre asociación y la independencia permitirían mecanismos más eficientes para eliminar la dependencia sociológica de un sector de la población que prefiere la dependencia de las ayudas gubernamentales como norma de vida en lugar de una manera transitoria de lograr su ascenso económico y social. También permite ejercer un control mayor del comportamiento colectivo de un sector de la población con poca disciplina socio-cultural, al tener el gobierno de la nueva república nuevas opciones de una nueva constitución que defina los derechos civiles de manera diferente al sistema estadounidense. Pero, el país tendrá un periodo largo de ajuste y de privación económica propio de este cambio que elimina de un plumazo o en un breve plazo la inmensa mayoría de los beneficios y derechos humanos que garantiza la estadidad. En el proceso, hay variables que podemos cuantificar y otras cuyo valor resulta difícil estimar. En este artículo abordamos este tema.

El rechazo histórico a la independencia

Los electores de Puerto Rico han votado en contra de la independencia de manera consistente en los siete eventos electorales o plebiscitarios efectuados desde el primer plebiscito de 1967. En el plebiscito de status del 1967 la independencia obtuvo el 0.6% de los votos, aunque es necesario reconocer que el Partido Independentista Puertorriqueño, principal agrupación política que promueve la independencia, se abstuvo de participar de aquella consulta. En el plebiscito de 1993 la independencia obtuvo el 4.5% de los votos. En la consulta de 1998, solamente 2.5% votaron por la independencia.  En el plebiscito de 2012, la independencia obtuvo el 5.5%. En esa última consulta, la estadidad, sin embargo, obtuvo el 61.11% del voto.

# Consulta electoral % de votos por la independencia
1 Plebiscito de 1967 0.6%
2 Elecciones de 1992 4.2%
3 Plebiscito de 1993 4.5%
4 Elecciones de 1996 3.8%
5 Plebiscito de 1998 2.5%
6 Elecciones de 2000 5.2%
7 Plebiscito de 2012 5.5%

 

Beneficios potenciales de la independencia

La independencia le daría a Puerto Rico el poder para crear sus propias políticas económicas para la industria, el comercio, la agricultura y los servicios. Le daría también control sobre la inmigración y podría negociar tratados de comercio internacionales independientes de los que negocie Estados Unidos. Los defensores de esta opción política argumentan que solamente mediante la independencia Puerto Rico puede obtener los poderes necesarios para incrementar el desarrollo económico y su competitividad.

La independencia significa la terminación del status territorial. Como república independiente o una república con un tratado de libre asociación, Puerto Rico rompería los lazos de integración con los Estados Unidos. No habría un gobernador ni un delegado al Congreso. Tampoco una delegación congresional con voz y voto en el Congreso como ocurriría con la estadidad. Habría un presidente de la república, un embajador en las Naciones Unidas con un voto entre 193 naciones miembros. También podría ser miembro de la Organización de Estados Americanos con un voto entre los 34 países miembros. [1]

La independencia terminaría con la incertidumbre del status final de Puerto Rico, pero aumentaría la incertidumbre sobre el futuro económico y político, en lo concerniente a estabilidad económica, democracia y gobernanza. Puerto Rico tendría su propia Constitución como una república y la Constitución de los Estados Unidos no sería de aplicación en Puerto Rico. Cesaría la jurisdicción del Tribunal Federal de Estados Unidos, las leyes, reglamentos, y los derechos constitucionales bajo el sistema judicial estadounidense. Las normas de Estados Unidos de protección a la inversión extranjera y la ventaja competitiva que ello ofrece a los inversionistas dejarán de existir.

Se eliminará la aplicación de la Ley Jones de transporte marítimo que exige que el comercio entre los puertos de Estados Unidos y Puerto Rico se realice en barcos de matrícula americana. Algunos defensores de la eliminación de la aplicación de dicha ley argumentan que eso sería positivo para Puerto Rico, que entonces podría seleccionar líneas de transportación marítima extranjeras de menor costo. Otros alegan, que se eliminaría la frecuencia y regularidad de transportación entre otros puertos y Puerto Rico, que actualmente aseguran las reglas de transportación bajo la Ley Jones. Ese nuevo escenario ocasionaría, por tanto, retrasos en transportación que representarían costos mayores en los bienes importados por la vía marítima que es la forma más económica de transportar carga pesada en una economía isleña.

La alternativa de una república socialista

Algunos grupos defensores de la independencia postulan el establecimiento de una república socialista para terminar con el colonialismo y los males del capitalismo. Estos grupos defienden la socialización (nacionalización) de las empresas, los monopolios y oligopolios, la banca y el sector financiero, con el propósito de canalizar más adecuadamente la inversión y la producción. Esta opción permitiría implantar la visión de una economía socialista o de capitalismo de estado como es el caso de la República Socialista de Cuba y la meta de la República Bolivariana de Venezuela, exponente del denominado socialismo del siglo 21. Esa parece ser la preferencia de la Sra. Yulín, conforme el record de sus expresiones de apoyo a los gobiernos de Cuba y Venezuela y a juzgar por algunos de los invitados al anuncio de su candidatura.

Otros defensores de la independencia proponen el control social de los recursos de producción por los trabajadores de las empresas y grupos comunitarios incluyendo una política de corte social demócrata, donde las cooperativas y las entidades comunitarias tengan el control. También proponen que los trabajadores adquieran control de las empresas requiriendo que se les otorgue acciones de capital en éstas.

El control del comercio y los medios de producción

La independencia le permitiría a Puerto Rico imponer tarifas de entrada a los productos de Estados Unidos y países extranjeros, aunque esa política económica choca con las políticas de los acuerdos de libre comercio a los que Puerto Rico tendría que acogerse en los nuevos escenarios de comercio internacional y globalización, para poder competir en igualdad de condiciones por los recursos de capital en una economía globalizada. Pero al ser el territorio continental de Estados Unidos nuestra principal fuente de abastos de importaciones, imponer aranceles de entrada al país de dichas importaciones tendría un efecto inflacionario devastador en nuestros consumidores.

Algunos defensores de la independencia han propuesto imponer una moratoria en el desarrollo de centros comerciales para proteger a los pequeños comerciantes. Otros han propuesto que la nueva inversión externa sea aceptada mediante acuerdos de inversión con mayoría de inversión de participación local estatal, similar al modelo de capitalismo de estado de la República Socialista de Cuba.

También algunos defensores de esta opción han propuesto un programa de sustitución de importaciones para producir localmente los renglones que en la actualidad Puerto Rico importa, entre estas, importaciones agrícolas. Este esfuerzo, loable en teoría, tendría que enfrentar las limitaciones de las escalas de producción que imponen la poca disponibilidad de tierras agrícolas en Puerto Rico y la naturaleza escarpada de muchos terrenos disponibles. La independencia podría ofrecer unos incentivos mayores, por vía de imposición del gobierno de la república, para organizar cooperativas de producción para la sustitución de importaciones.

Otros defensores de la independencia han propuesto que las transferencias federales cuyo flujo continúe por vía de derechos adquiridos por los ciudadanos, sean otorgadas en una asignación en bloque al gobierno de la república, para otorgar beneficios a los que las necesiten realmente y eliminar el abuso y la dependencia en esos fondos. Pero la asignación en bloque podría ser utilizada también para otros propósitos a discreción del gobierno de la república.

La ciudadanía americana en la república

La ciudadanía americana para los nacidos y vivos al momento de otorgarse la independencia o la república asociada podría dejar de existir conforme decisiones de los tribuales de Estados Unidos y análisis realizados para comités congresionales, según el principio de derecho internacional que establece que la ciudadanía sigue a la nacionalidad. Entonces, aplicaría en la nueva nacionalidad la ciudadanía de la nueva nación.

Los ciudadanos americanos que quieran conservar esa ciudadanía tendrían que abandonar a Puerto Rico y reubicarse en uno de los Estados de Estados Unidos. Tendrían que mantener pasaporte americano y pasaporte de Puerto Rico para poder viajar a la república a atender asuntos familiares y de negocios sujeto a las reglas de migración de la nueva república. Sería discreción del Congreso de Estados Unidos permitir que los residentes de Puerto Rico pudieran retener el pasaporte americano. Si el Congreso no lo permite, ese evento provocaría una mayor emigración masiva de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. La incertidumbre creada por la transición hacia la independencia podría crear una fuga masiva de capital local hacia Estados Unidos u otras jurisdicciones.

Puerto Rico podría suscribir un tratado de cooperación y amistad con los Estados Unidos, pero los términos de dicho tratado serian inciertos al momento de tomar la decisión en favor de la independencia. Los tratados de cooperación con los territorios que han escogido la libre asociación, Micronesia, Palau y las Islas Marshall podrían dar un marco de referencia. En el segundo artículo de esta serie abordaremos ese tema.

La presencia de las agencias federales en Puerto Rico tras la independencia

La independencia conllevará la eliminación de las agencias federales en Puerto Rico, la eliminación de su aportación en la prestación de servicios importantes que deberán ser absorbidos por el gobierno de la república y la eliminación de los empleados públicos que trabajan para dichas agencias. Dichos empleados tendrán que decidir si desean ser relocalizados en otros Estados, de serles ofrecida esa alternativa por el gobierno federal. Entre estas agencias y servicios están las siguientes: el Servicio Postal, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Administración Federal de Aviación, la Administración de Drogas y Alimentos, el Servicio Forestal, el Negociado del Censo, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, el Servicio de Inmigración y Aduanas, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional y la Agencia de Protección Ambiental.

También se eliminarían los servicios provistos por las agencias federales de seguridad tales como la Guardia Costanera, el Negociado Federal de Investigaciones, el Servicio de Alguaciles, el Negociado de Alcohol, Armas, Explosivos y Tabaco, así como el Tribunal Federal.

El gobierno de la república tendría que absorber esos servicios, sin tener los recursos para ello. Sin la participación de las agencias de seguridad federales la república estaría a merced de las bandas de criminales del narcotráfico y organizaciones terroristas que operan en otras jurisdicciones.

La oportunidad de desarrollar política monetaria

Con el advenimiento de la independencia, Puerto Rico puede desarrollar su propia moneda nacional y establecer el valor de paridad frente al dólar. También, utilizar el dólar estadounidense, condicionado a que el Congreso así lo apruebe como parte de un acuerdo, o puede utilizar ambas monedas. Podrá establecer su propia política monetaria, controlar la cantidad de moneda en circulación, establecer y modificar el valor de su moneda con relación a otras (apreciar o devaluar su moneda) y reglamentar la tasa de interés. En teoría económica ese mecanismo puede servir para estimular la economía y controlar la inflación. No obstante, esa no es la realidad en muchos países, donde imperan altas tasas de interés, alta inflación y fluctuaciones en la tasa de cambio de su moneda.

Las crisis financieras y económicas de Argentina hace algunos años y Venezuela al presente proveen un buen marco de referencia. Las altas tasas de interés dificultan el tomar dinero prestado para las operaciones de los negocios, la adquisición de viviendas y el consumo. La inflación hace desaparecer como espuma los ingresos al perder valor adquisitivo, como ocurre en Venezuela al presente. Las fluctuaciones en la tasa de cambio de la moneda, principalmente cuando es devaluada, hacen más caras las importaciones de bienes para el consumo y la inversión. Argumentar que tener su propia moneda va a ayudar al desarrollo económico de Puerto Rico resulta, por tanto, incierto.

El acceso al crédito y ayuda financiera externa

La república tendría problemas de acceso al crédito financiero para tomar dinero a préstamo para el desarrollo de infraestructura y mantenimiento de obras públicas al igual que ocurre con el territorio al presente, pero con el agravante de que no tendría el cojín que provee el acceso a fondos federales asignados por el Congreso. Los costos de mantener los sistemas de electricidad, agua potable, disposición de basura, los puertos, carreteras y otra infraestructura vital para el desarrollo económico y social serian un enorme reto.

Los fondos federales no estarían disponibles bajo la república luego de un periodo de transición, si el Congreso permite dicho periodo en un acuerdo. En todo caso, ese periodo de transición seria de un máximo de cinco a diez años. Es decir, en el mejor de los escenarios, Puerto Rico perdería un promedio de 10% anual de los fondos federales que actualmente recibe durante ese periodo máximo de diez años, sin tener como sustituir ese influjo de dinero. El caso de los territorios de Estados Unidos que lograron acuerdos de libre asociación, Palau, Micronesia y las Islas Marshal, ilustran claramente este escenario.

La ayuda externa de entidades internacionales, Estados Unidos y países extranjeros podría ser un paliativo a la falta de recursos financieros, pero esa ayuda nunca se podría comparar con el influjo de ayuda que al presente Puerto Rico recibe del gobierno federal de Estados Unidos. Los países extranjeros que ofrecen ayuda financiera a otros países no pasan de 20, que distribuyen esa ayuda a alrededor de 180 países.

En el 2016 la ayuda total a países en l mundo fue de $142.6 billones, de los que Estados Unidos aportó $33.6 billones, es decir, 24%. Para tener una idea de cómo comparar la posible ayuda internacional a la posible República de Puerto Rico, la ayuda anual de Estados Unidos a Puerto Rico en transferencias federales en el año fiscal 2010 alcanzó $23.5 billones. Esta suma es equivalente a dos terceras partes de la ayuda destinada por Estados Unidos al fondo de ayuda para los 180 países en desarrollo usualmente beneficiados. Cada país recibe una pequeña proporción de esa ayuda internacional y Puerto Rico tendría que competir para esa pequeña proporción. De hecho, los Estados Unidos es el principal sostén de esa ayuda internacional del total de ayuda que fluye a los países en desarrollo.

En comparación, en el 2018, se estimó que las transferencias de fondos federales de Estados Unidos a Puerto Rico podrían aumentar a $45 mil millones, si considera las ayudas para reconstrucción tras el paso del Huracán María. [2]

En el próximo artículo, segundo de esta serie abordaremos el pacto de libre asociación de las islas de Micronesia, Palau e Islas Marshall con Estados Unidos.


[1] A la fecha de publicación de este libro, tras la renuncia de Venezuela, son 34 países miembros.

[2] Periódico Metro Puerto Rico. Viernes 09 de febrero de 2018. Recuperado el 24 de marzo de 2019 de https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/02/09/estos-los-fondos-federales-los-puerto-rico-tendra-acceso.html

Grijalva, estadidad y desobediencia civil

El contenido de este artículo sobre el tema de la estadidad para Puerto Rico es discutido por el autor, de manera más amplia, en su libro: Consecuencias económicas de la estadidad para Puerto Rico. El libro publicado en mayo de 2017 está disponible en la librería Biblio Services en Hato Rey; Casa Norberto en Plaza Las Américas, Librería Norberto en Rio Piedras y  Librería La Casita en Aguadilla Mall.

Este fin de semana el Comité de Recursos Naturales del Congreso, que preside el Congresista Raúl Grijalva, demócrata por el 3er distrito congresional del estado de Arizona, de origen hispano, hijo de un bracero mexicano que ingresó a Estados Unidos en 1945, celebró vistas públicas en Puerto Rico. Grijalva, como presidente del Comité de Recursos Naturales, que tiene jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico, quería escuchar a los puertorriqueños sobre los problemas relacionados a la Ley Promesa y los proyectos de reconstrucción de Puerto Rico después del Huracán María. Pero no quería hablar sobre el status ni la estadidad para Puerto Rico. ¡Oh, DIOS, que error! Grijalva apoya la estadidad para Washington DC. Fue auspiciador de una resolución del Congressional Progressive Caucus el 4 de abril de 2018, hace un año. [1]

En las vistas públicas celebradas en el Coliseo Roberto Clemente, el movimiento estadista le hizo claro su sentir al congresista Grijalva. Lo hizo mediante la utilización de una variante suave y civilizada de desobediencia civil. El movimiento estadista de Puerto Rico tiene que ejercer su derecho a la igualdad mediante el uso de la desobediencia civil. Y la juventud estadista puede ser el principal exponente del ejercicio de ese método de lucha por la igualdad.

En la primavera de 2025, 7 años a partir de 2019 y 13 años a partir de la votación mayoritaria de 2012 a favor de la estadidad, si la solución al dilema colonial toma el tiempo que le tomó a Alaska, mi pequeña hija Nicole Marie, que en el mes de abril próximo cumple seis (6) años, habrá cumplido 13 años. No tengo duda que será defensora de la igualdad política, aunque a esa fecha aún no podrá ejercer el derecho al voto. Como en la Canción de Ricky Martin, “La Copa de la Vida”, querrá “pelear por una estrella, para sobrevivir y luchar por ella”. Imagino que le interesará acudir a la ceremonia de izar la nueva bandera americana, con 51 estrellas, en el Capitolio federal en Washington DC.

Pero antes de eso, es posible que quiera participar en las marchas pro estadidad, en el Mall, frente al Capitolio Federal y quien sabe, si como joven impetuosa en su adolescencia, como un acto de desobediencia civil, quiera amarrarse a las columnas del monumento a Jefferson en algún día memorable, como el día feriado de Martin Luther King el 20 de enero de 2025.

Quién sabe, si convocando a sus pares a través de las redes sociales, querrá sentarse con la bandera prototipo de 51 estrellas, en los pasillos de los edificios del Capitolio Federal Cannon, Longworth o Rayburn de oficinas de congresistas, tal vez frente a la oficina del sucesor de Grijalva, o en los edificios Russell, Dirksen y Hart de oficinas de los senadores.

Los jóvenes son excelentes en las estrategias de desobediencia civil. Pienso que las técnicas de lucha pacífica, que han sido utilizadas históricamente para luchar por los derechos civiles y la independencia, también pueden ser buenas para luchar por la estadidad.

El infame status territorial permite la discriminación contra los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Un territorio, bajo la Constitución y las leyes de Estados Unidos es simplemente un pedazo de tierra que pertenece a los Estados Unidos y sobre el que el Congreso puede disponer cuando y como quiera. No es un Estado ni es un país. Un territorio no tiene los derechos de un Estado, ni los poderes de una nación, ni tiene soberanía. Es solamente una posesión de Estados Unidos.

Es una relación que no encaja en el modelo moderno de gobierno americano. No representa el patrón de democracia y libertad americana. Aun cuando los electores americanos residentes de Puerto Rico votaran a su favor como status territorial, su permanencia no representa un status válido, ni constitucionalmente, ni desde la perspectiva moral ni desde los principios democráticos bajo los cuales se fundó la nación americana.

La situación en Puerto Rico está madura para una decisión. La decisión del pueblo puertorriqueño debe basarse en datos económicos e información sólida, principios políticos y morales de igualdad y no en los mitos sobre el costo económico de la estadidad, que han sobrevivido más un siglo de coloniaje americano. La otra opción es que el pueblo quiera continuar la relación actual del status territorial, de inferioridad política, con las consecuencias devastadoras que actualmente tiene para el desarrollo económico y social de Puerto Rico y que el Congreso lo acepte así, en violación de las normas del derecho internacional.

Parafraseando a Martin Luther King, los defensores de la estadidad deben amarrarse a una verdad:  que todos los hombres y mujeres son creados iguales. Que los vientos de tormenta de la revuelta estadista deben continuar hasta sacudir los cimientos de nuestra nación, hasta que emerja el día brillante de la justicia. Los estadistas deben marchar y hacer un juramento de luchar hacia adelante, sin virar atrás, porque, como Martin Luther King, “rehusamos creer que el banco de la justicia esté en quiebra”.

Ninguna lucha por los derechos civiles ha logrado ser exitosa sin un ataque agresivo, determinación, perseverancia y desobediencia civil. Conlleva un ataque agresivo en pelear la lucha en el corazón de la Nación Americana, el Congreso, mediante un cabildeo y desobediencia civil intenso. Conlleva determinación en fijar la meta de conseguir la estadidad, establecerlo como prioridad, fijar un calendario de acción y ejecutarlo. Conlleva perseverancia para ser insistente, no cejar ni perder la fuerza de voluntad ni amilanarse ante las derrotas temporales que el proceso pueda sufrir. Conlleva desobediencia civil en retar al Congreso. Sentarse en las escalinatas del capitolio federal, los pasillos y las oficinas de los congresistas y senadores para demostrar el compromiso con la aspiración de ser iguales.

Citando a Don Luis Muñoz Marín, … “No somos pro americanos… somos americanos. No nos cobija la ciudadanía americana, la llevamos dentro. Creo que nuestra función es enriquecer la Unión Americana con nuestra presencia…. y no meramente agregarle un pedazo más de similitud a la Unión Americana”. Luis Muñoz Marín – Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente.

Los estadistas podrán ser acusados de anarquistas, como ha ocurrido con casos anteriores en otros territorios que lograron la estadidad ejerciendo desobediencia civil; podrán ser acusados de querer conseguir su objetivo de manera irregular; podrán ser acusados de rufianes y aventureros como se les acusó en el caso de California cuando luchaba por la estadidad, pero al final del camino la igualdad política triunfará y la nueva bandera de 51 estrellas será izada en todos los edificios públicos de la Nación un 4 de julio, de un año futuro que no debería estar muy lejos.


[1] https://cpc-grijalva.house.gov/press-releases/congressional-progressive-caucus-members-unanimously-cosponsor-dc-statehood-bill/. “It’s an embarrassing shortcoming of our democracy that the 700,000 residents of the District of Columbia who serve in the military, pay taxes, and vote for their local leaders, have no voting representation in the U.S. Congress,” said Rep. Grijalva. “Like every other place in the nation, D.C. residents deserve the opportunity to control their budget and laws and have a vote in Congress to represent the voices of their community. I’m proud to stand up for democracy, remedy this injustice, and support statehood for the people of the District of Columbia.”. Fuente: Congressional Progressive Caucus. 4 de abril de 2018

¿Es un mal acuerdo la negociación de la deuda de COFINA?

Este miércoles 30 de enero continuó el proceso de vistas iniciado dos semanas atrás en el Tribunal Federal sobre la aprobación del acuerdo negociado entre el Gobierno de Puerto Rico y los acreedores para el pago de la deuda pública de Puerto Rico, proceso que se ventila ante la juez de quiebras para el caso de la quiebra gubernamental. El acuerdo no cubre toda la deuda, sino una parte emitida por el Fondo de Interés Apremiante, conocido por COFINA. En este espacio abordamos el tema en lenguaje para no economistas, es decir, para el pueblo, considerando los puntos a favor y en contra del acuerdo.

¿Un acuerdo imperfecto?

Tener un acuerdo imperfecto, no ideal, es mejor que no tener acuerdo alguno, aunque el acuerdo logrado no sea el mejor que se pudo haber negociado. Sin un acuerdo, la capacidad de Puerto Rico para impulsar la recuperación y el desarrollo económico se quedaría en un limbo. Cada año que pase sin un acuerdo empeora la situación de incertidumbre fiscal y la capacidad de atraer nueva inversión al país. Por otro lado, aquel al que se le debe quiere que le paguen. Nadie quiere hacer negocios con entidades y personas que no honran su crédito y por tanto, en quienes no se puede creer o confiar. Si el banco ejecuta mi hipoteca y alguien la compra a descuento, por la mitad, eso no quiere decir que me va a cobrar la mitad de la deuda. Va a tratar de cobrarla toda.

¿Cómo surgió Cofina?

En el 2006, tras el cierre del gobierno por el gobernador Aníbal Acevedo Vila, cuando se designó un comité de economistas, del cual fui partícipe, para resolver el tranque, Puerto Rico sufría de un déficit fiscal acumulado que no había cómo pagarlo. El arbitrio del 6.6% prevaleciente en aquel momento, que era altamente inflacionario, no era suficiente para cubrir los gastos recurrentes y pagar el déficit acumulado, que era contra las disposiciones de nuestra Constitución, que requiere un presupuesto balanceado. Como parte de los acuerdos logrados para terminar con el cierre del gobierno, se estableció el impuesto de 7% (que eventualmente aumentó al 11.5%  y se creó la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) a la que se asignaría alrededor de la mitad de los recaudos del nuevo impuesto, para que emitiera deuda con cargo al impuesto, para poder financiar el desarrollo de infraestructura necesaria al desarrollo económico.

Cofina se convirtió entonces en la vaca lechera para emitir deuda. La combinación de la emisión de deuda de Cofina junto a la fiesta de gasto excesivo del gobierno en nómina y otros conceptos, nos llevaron a la falta de capacidad para pagar la deuda pública. La política del “me vale” y la amenaza a los bonistas de que “si querían gobernar corrieran en campaña para gobernador”, desató la desconfianza de los inversionistas, la degradación del crédito y el empeoramiento del estancamiento económico, que no permitió obtener recaudos suficientes para pagar la deuda y evitar la quiebra del gobierno.

El lado positivo del acuerdo

En el lado positivo, el acuerdo representa varios logros para Puerto Rico. El recorte de la deuda negociada es de un 32%. Ese es un buen comienzo, pues es un ahorro significativo, de lo que se tendría que pagar sin el acuerdo. También se detiene el gasto millonario en litigios en los tribunales y en honorarios de una negociación por un periodo de tiempo indefinido. El acuerdo representa ahorros de unos $17,500 millones durante el término de repago de 40 años. Son $430 millones por año que ahorramos basado en la deuda original. Habrá que pagar intereses por esos 40 años, pero el pago de intereses es el costo de no tener el dinero cash ahora para pagar la deuda. Pero el acuerdo permite restaurar la confianza de los inversionistas y del mercado de capital, que Puerto Rico necesita para levantar fondos de inversión en la infraestructura del Territorio de Puerto Rico.

El plan de ajuste de Cofina fue avalado mayoritariamente por todas las clases de acreedores con derecho a votar sobre el acuerdo, incluyendo unos 8,000 bonistas de Cofina residentes de Puerto Rico. Puerto Rico se libra de lo que podría ser un largo y costoso litigio para definir si los recaudos del IVU pertenecen a Cofina o al gobierno central. La ley de Cofina está muy bien redactada y la impugnación de su constitucionalidad es cuesta arriba, razón por la que ninguna de las partes se ha atrevido a impugnarla.

El lado negativo

Podría haberse insistido en el  logro de un acuerdo que pagara menos porción de la deuda

Podría haberse insistido en el  logro de un acuerdo que pagara menos porción de la deuda, particularmente en los bonos de preferencia, conocidos como bonos “seniors”, ($8 mil millones) a los que se les pagará el 93% del valor nominal o inicial de dichos bonos, mientras a los bonistas no preferentes, conocidos como subordinados ($10 mil millones) se les pagará el 54% del valor de sus bonos. Esa discriminación en favor de unos bonistas, molesta. Aun falta la negociación de los bonos de obligación general, que ahora reclamarán el mismo trato otorgado a los bonos “seniors” de Cofina. No debemos olvidar que los bonos de obligación general tienen un respaldo constitucional, que establece que primero se paga la deuda y si queda algún dinero, se paga todo lo demás en los gastos del gobierno central.

El servicio a la deuda pagadera con el IVU aumentará anualmente

El servicio a la deuda pagadera con el IVU aumentará, según reportajes de prensa, 4% todos los años, una proyección que supera por mucho los estimados de crecimiento económico que ha provisto la propia Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Por lo tanto, bajo un escenario de reducción del crecimiento económico, que reduce el consumo, y por tanto los recaudos del IVU, será necesario reservar más recaudos de dicha fuente para pagar la deuda.

Hay investigadores que postulan que una vez termine el efecto positivo de los fondos federales de reconstrucción de los efectos del huracán María, en ausencia de un cambio radical en la estructura de la economía y los planes de desarrollo económico, la economía volverá a una etapa de estancamiento alrededor del año 2033, es decir, dentro de 14 años. Si hay una reducción importante en las asignaciones federales para ese propósito como parte de las políticas del presidente Trump, ese escenario podría ocurrir en menos de 10 años. Si bajan los recaudos y el servicio anual de la deuda aumenta, estaremos en problemas.

El gobierno estará obligado a cubrir del Fondo general el servicio a la deuda de Cofina si los recaudos del IVU no son suficientes

El acuerdo entre las partes establece que el gobierno central estará obligado a cubrir el servicio a la deuda de Cofina si los recaudos del IVU no son suficientes. Lo tendría que cubrir con los recaudos del Fondo General. Ese es el Fondo que actualmente está asumiendo el pago de las pensiones cuya fuente de pago se extinguió. El servicio de la deuda o pago de intereses en 40 años será de $32 mil millones.

El acuerdo puede ser un mal precedente para negociar la deuda de los bonos GO

El acuerdo representa solo el 24% de la deuda total de PR. Falta aún los GO (general obligation bonds), que tienen un respaldo constitucional en Puerto Rico. No olvidemos que la Constitución de Puerto Rico dice que deberá existir un presupuesto balanceado y que al recibir los recaudos la primera prioridad será el pago de la deuda y luego lo demás, incluyendo las jeringuillas de los hospitales, para ilustrar un ejemplo. Bajo esa premisa, los bonistas de los GO querrán el mismo trato que se les otorgó a los bonistas de Cofina con bonos senior, porque argumentarán que los GO también tienen seniority.

La proyección y plan de pago a 40 años basado en el IVU es muy incierta.

La proyección y plan de pago a 40 años basado en el IVU es muy incierta. No es posible proyectar con un nivel razonable de certeza a un periodo tan largo. Decía el famoso economista John Maynard Keynes que a largo plazo todos estamos muertos. En una economía estancada, aun cuando se asoman algunos signos de recuperación, perdiendo población, sin un horizonte claro de nueva inversión, en un escenario de cambios bruscos a nivel global… ¿a quién se le puede ocurrir proyectar a 40 años? La incertidumbre actual es de tal magnitud, que las empresas, que 10 años atrás preparaban planes estratégicos a cinco (5 años), ahora están preparando planes a dos (2) años.

La proyección del IVU para el acuerdo fue realizada basada en el producto bruto, es decir, el volumen y precios de la producción en Puerto Rico. No se hizo sobre proyecciones de consumo. Esto constituye una deficiencia en los supuestos de recaudos, pues el consumo puede bajar aun cuando pueda subir el producto bruto, y si baja el consumo, baja el IVU y bajan los ingresos del Fondo General. Ciertamente se puede argumentar que la función de consumo de Puerto Rico para efectos del IVU tiene una alta inelasticidad, es decir, es muy estable y no cambia significativamente, por ser impuesto sobre bienes básicos, lo que asegura cierto nivel de recaudos y que la propensión marginal al consumo en Puerto Rico es muy alta, pero en un escenario de pérdida de población, no hay manera de proyectar un consumo estable.

Si bajan los ingresos del Fondo General, habrá menos recursos para las necesidades esenciales de la ciudadanía, pues el pago de la deuda, según el acuerdo, tiene preferencia y lo que no se pague con recursos del IVU deberá pagarse con recursos del Fondo General.

Se debió establecer una lista de servicios esenciales que se cubrirían primero

El acuerdo entre las partes, ni el plan fiscal del gobierno certificado por la Junta de Control Fiscal definen cuales son los servicios esenciales para la ciudadanía y su costo, para asegurar el bienestar mínimo necesario, de supervivencia, si se quiere definir así. Los servicios esenciales definidos con criterios usuales deberían incluir: salud, protección policiaca, control de incendios, agua potable, servicios de recogido de basura, infraestructura de comunicaciones y electricidad, mantenimiento y reparación de carreteras, entre los más esenciales. Ese proceso es un criterio de la Ley Promesa. Ese principio pretende asegurar que la población recibe un trato humanitario, protegida de un posible capitalismo insensible de la banca de inversiones bautizada con el ícono de “fondos buitre”. De haberse completado ese ejercicio, el gobierno estaría, tal vez, en mejor posición para orientar a la juez del proceso de quiebra en el Tribunal Federal, sobre cuánto dinero de los recaudos serían necesarios para servicios esenciales y el sobrante para pagar la deuda.

Cuál pudo haber sido un mejor acuerdo

Es muy fácil soñar con un mejor acuerdo cuando se observa desde las gradas. Se puede argumentar que desde afuera, opinar es un mamey. Pero me atrevo a intentar revolcar el avispero, aunque a mi ni las avispas me pican.

  1. Un acuerdo basado en un por ciento de los ingresos del IVU, sin garantías adicionales de pago del Fondo General hubiese sido mejor. Así se acuerdan los pagos en los procesos de quiebra regulares. Se determina los ingresos del deudor, el costo de sus necesidades básicas y se distribuye el remanente entre los acreedores por un periodo de varios años, hasta que su situación financiera se estabilice. Los acreedores están, en cierta medida, en una posición de tómalo o déjalo, por lo cual la situación le lleva a tener que aceptar un trato no preferente. Aunque podría alargarse el proceso de un lograr un acuerdo, la juez podría forzar el acuerdo porque ese es parte de su rol de juez de quiebras. No obstante, hay que aceptar que los bonistas quieren asegurarse de que ningún gobierno local populista que se vuelva loco y gaste sin control, afecte la capacidad de pago de los bonos. Si así lo hiciera, conforme el acuerdo tendría que responder por el gasto excesivo, eliminando otros gastos. Y créanme, el terreno en Puerto Rico, donde se honra la dependencia, es muy fértil para el populismo.
  2. Un acuerdo que reconociera 54% de la deuda para todos los bonos para que sirviera de base para negociar trato igual a los bonos GO cuando le toque su turno. Así el pueblo de Puerto Rico se ahorraría una suma mayor en el pago de la deuda, y el gobierno tendría más certeza de los pagos que debería hacer, pues pagaría a base de un porciento de los recaudos del IVU hasta donde lo permitiera el dinero a lo largo de los 40 años del acuerdo. Ese acuerdo podría estar garantizado por disposiciones que aseguraran el control de gastos del gobierno mediante la supervisión de un comité de bonistas durante los 40 años del acuerdo.

¡Ojalá que alguien cercano a la juez leyera esta columna y le transmitiera este mensaje, la iluminara y la motivara a forzar una reconsideración del acuerdo; y que también iluminara a los representantes del gobierno y la Junta de Control Fiscal! Pero decía un conocido economista liberal, Alan Blinder, Asesor del presidente Clinton, que la relación entre los economistas y los políticos es como la relación entre una persona ebria y el poste del alumbrado público. El ebrio no se acerca al poste buscando iluminarse sino para apoyarse.

Soberanía vs. Estadidad

Nota a nuestros lectores: 8vo de una serie de artículos, con motivo de la consulta plebiscitaria de junio de 2017.

 

La soberanía mediante un pacto de libre asociación o la república independiente con independencia total como nación soberana, además de la estadidad, son las alternativas reconocidas en el derecho internacional como opciones para la descolonización de un territorio. La libre asociación y la independencia permitirían mecanismos más eficientes para eliminar la dependencia sociológica de los individuos y ejercer un control mayor del comportamiento colectivo. Pero, el país tendrá un periodo largo de ajuste y de privación económica propio de este cambio que elimina de un plumazo o en un breve plazo la inmensa mayoría de los beneficios que garantiza la estadidad. En el proceso, hay variables que podemos cuantificar y otras cuyo valor resulta difícil estimar. En este espacio abordamos este tema.

 

El rechazo histórico a la independencia

Los electores de Puerto Rico han votado en contra de la independencia de manera consistente en los siete eventos electorales o plebiscitarios efectuados desde el primer plebiscito de 1967. En el plebiscito de status del 1967 la independencia obtuvo el 0.6% de los votos, aunque es necesario reconocer que el Partido Independentista Puertorriqueño, principal agrupación política que promueve la independencia se abstuvo de participar de aquella consulta. En el plebiscito de 1993 la independencia obtuvo el 4.5% de los votos. En la consulta de 1998, solamente 2.5% votaron por la independencia.  En el plebiscito de 2012, la independencia obtuvo el 5.5%. En esa última consulta, la estadidad, sin embargo,  obtuvo el 61.11% del voto.

 

# Consulta electoral % de votos por la independencia
1 Plebiscito de 1967 0.6%
2 Elecciones de 1992 4.2%
3 Plebiscito de 1993 4.5%
4 Elecciones de 1996 3.8%
5 Plebiscito de 1998 2.5%
6 Elecciones de 2000 5.2%
7 Plebiscito de 2012 5.5%

 

Algunos beneficios potenciales de la independencia

La independencia le daría a Puerto Rico el poder para crear sus propias políticas económicas para la industria, el comercio y la agricultura. Le daría también control sobre la inmigración y podría negociar tratados de comercio internacionales. Los defensores de esta opción política argumentan que solamente mediante la independencia Puerto Rico puede obtener los poderes necesarios para incrementar el desarrollo económico y su competitividad.

La independencia significa la terminación del status territorial. Como república independiente o una república con un tratado de libre asociación a los Estados Unidos, Puerto Rico rompería los lazos de integración con los Estados Unidos, no habría un gobernador ni un delegado al Congreso. Tampoco una delegación congresional con voz y voto en el Congreso como ocurriría con la estadidad. Habría un Presidente de la república, un embajador en las Naciones Unidas con un voto entre 193 naciones miembros. También podría ser miembro de la Organización de Estados Americanos con un voto entre los 35 países miembros.

La independencia terminaría con la incertidumbre del status final de Puerto Rico, pero aumentaría la incertidumbre sobre el futuro económico y político, en lo concerniente a democracia y gobernanza. Puerto Rico tendría su propia Constitución como una república y la Constitución de los Estados Unidos no sería de aplicación en Puerto Rico. Cesaría la jurisdicción del Tribunal Federal de Estados Unidos, las leyes, reglamentos, y los derechos constitucionales bajo el sistema judicial estadounidense. Las normas de Estados Unidos de protección a la inversión extranjera y la ventaja competitiva que ello ofrece a los inversionistas dejará de existir.

Se eliminará la aplicación de la Ley Jones de transporte marítimo que exige que el comercio entre los puertos de Estados Unidos y Puerto Rico se realice en barcos de matrícula americana. Algunos defensores de la eliminación de la aplicación de dicha ley argumentan que eso sería positivo para Puerto Rico que entonces podría seleccionar líneas de transportación marítima extranjeras de menor costo. Otros alegan, que se eliminaría la frecuencia y regularidad de transportación entre otros puertos y Puerto Rico, que actualmente aseguran las reglas de transportación bajo la Ley Jones. Ese nuevo escenario ocasionaría, por tanto, retrasos en transportación que representarían costos mayores en los bienes importados por la vía marítima que es la forma más económica de transportar carga pesada en una economía isleña.

 

La alternativa de una república socialista

Algunos grupos defensores de la independencia postulan el establecimiento de una república socialista para terminar con el colonialismo y los males del capitalismo. Estos grupos defienden la socialización (nacionalización) de las empresas, los monopolios y oligopolios, la banca y el sector financiero, con el propósito de canalizar más adecuadamente la inversión y la producción. Toda la deuda pública y privada en Puerto Rico seria consolidada en el banco central de la república.

Otros defensores de la independencia proponen el control social de los recursos de producción por los trabajadores de las empresas y grupos comunitarios incluyendo una política de corte social demócrata de estilo del norte de Europa, donde las cooperativas y las entidades comunitarias tengan el control. También proponen que los trabajadores adquieran control de las empresas requiriendo que se les otorgue acciones de capital en éstas.

 

El control del comercio y los medios de producción

La independencia le permitiría a Puerto Rico imponer tarifas de entrada a los productos de Estados Unidos y países extranjeros, aunque esa política económica choca con las políticas de los acuerdos de libre comercio a los que Puerto Rico tendría que acogerse en los nuevos escenarios de comercio internacional para poder competir en igualdad de condiciones por los recursos de capital. Algunos defensores de la independencia han propuesto imponer una moratoria en el desarrollo de centros comerciales para proteger a los pequeños comerciantes. Otros han propuesto que la nueva inversión externa sea aceptada mediante acuerdos de inversión externa con mayoría de inversión de participación local estatal, similar al modelo de capitalismo de estado de la república de Cuba.

También algunos defensores de esta opción han propuesto un programa de sustitución de importaciones para producir localmente los renglones que en la actualidad Puerto Rico importa, entre estos importaciones agrícolas, que aspiraría a producir localmente los renglones que se importan. Este esfuerzo, loable en teoría, tendría que enfrentar las limitaciones de las escalas de producción que imponen la poca disponibilidad de tierras agrícolas y la naturaleza escarpada de muchos terrenos disponibles. La independencia podría ofrecer unos incentivos mayores, por vía de imposición del gobierno de la república, para organizar cooperativas de producción para la sustitución de importaciones.

Otros defensores de la independencia han propuesto que las transferencias federales cuyo flujo continúe por vía de derechos adquiridos por los ciudadanos, sean otorgadas en una asignación en bloque al gobierno de la república, para otorgar beneficios a los que las necesiten realmente y eliminar el abuso y la dependencia en esos fondos. Pero la asignación en bloque podría ser utilizada también para otros propósitos a discreción del gobierno de la república.

 

La ciudadanía americana en la república

La ciudadanía americana para los nacidos y vivos al momento de otorgarse la independencia podría dejar de existir conforme decisiones de los tribuales de Estados Unidos y análisis realizados para comités congresionales, según el principio de derecho internacional que establece que la ciudadanía sigue a la nacionalidad. Entonces, aplicaría en la nueva nacionalidad la ciudadanía de la nueva nación. Los ciudadanos americanos que quieran conservar esa ciudadanía tendrían que abandonar el país y reubicarse en uno de los Estados de Estados Unidos. Tendrían que mantener pasaporte americano y pasaporte de Puerto Rico para poder viajar a la república a atender asuntos familiares y de negocios sujeto a las reglas de migración de la nueva república. Sería discreción del Congreso de Estados Unidos permitir que los residentes de Puerto Rico pudieran retener el pasaporte americano. Ese evento provocaría una mayor emigración masiva de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. La incertidumbre creada por la transición hacia la independencia podría crear una fuga masiva de capital local hacia Estados Unidos u otras jurisdicciones.

Puerto Rico podría suscribir un tratado de cooperación y amistad con los Estados unidos, pero los términos de dicho tratado serian inciertos al momento de tomar la decisión en favor de la independencia. Los tratados de cooperación con los territorios que han escogido la libre asociación, Micronesia, Palau y las Islas Marshall podrían dar un marco de referencia.

 

La presencia de las agencias federales en la isla tras la independencia

La independencia conllevará la eliminación de las agencias federales en Puerto Rico, la eliminación de su aportación en la prestación de servicios importantes que deberán ser absorbidos por el gobierno de la república y la eliminación de los empleados públicos que trabajan para dichas agencias. Dichos empleados tendrán que decidir si desean ser relocalizados en otros estados, de serles ofrecida esa alternativa por el gobierno federal. Entre estas agencias y servicios están las siguientes: el servicios postal, el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, la Administración Federal de Aviación, la Administración de Drogas y Alimentos, el Servicio Forestal, el Negociado del Censo, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, el Servicio de inmigración y Aduanas, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional y la Agencia de Protección Ambiental.

También se eliminarían los servicios provistos por las agencias federales de seguridad tales como la Guardia Costanera, el Negociado Federal de Investigaciones, el Servicio de alguaciles, el Negociado de Alcohol, Armas, Explosivos y Tabaco así como, el Tribunal Federal. El gobierno de la república tendría que absorber esos servicios, sin tener los recursos para ello. Sin la participación de las agencias de seguridad federales la republica estaría a merced de las bandas de criminales del narcotráfico y organizaciones terroristas que operan en otras jurisdicciones del Caribe y en Suramérica.

 

La oportunidad de desarrollar política monetaria

Con el advenimiento de la independencia, Puerto Rico puede desarrollar su propia moneda nacional, o utilizar el dólar estadounidense, condicionado a que el Congreso así lo apruebe como parte de un acuerdo, o puede utilizar ambas monedas. Podrá establecer su propia política monetaria, controlar la cantidad de moneda en circulación, establecer y modificar el valor de su moneda con relación a otras (apreciar o devaluar su moneda) y reglamentar la tasa de interés. En teoría económica ese mecanismo puede servir para estimular la economía y controlar la inflación. No obstante, esa no es la realidad en muchos países, donde imperan altas tasas de interés, alta inflación y fluctuaciones en la tasa de cambio de su moneda.

Las crisis financieras y económicas de Argentina hace algunos años y Venezuela al presente proveen un buen marco de referencia. Las altas tasas de interés dificultan el tomar dinero prestado para las operaciones de los negocios, la adquisición de viviendas y el consumo. La inflación hace desaparecer como espuma los ingresos al éste perder valor adquisitivo, como ocurre en Venezuela al presente. Las fluctuaciones en la tasa de cambio de la moneda, principalmente cuando es devaluada, hacen más caras las importaciones de bienes para el consumo y la inversión. Argumentar que tener su propia moneda va a ayudar al desarrollo económico de Puerto Rico resulta por tanto, incierto.

 

El acceso al crédito y ayuda financiera externa

La república tendría problemas de acceso al crédito financiero para tomar dinero a préstamo para el desarrollo de infraestructura y mantenimiento de obras públicas al igual que ocurre con el territorio al presente, pero con el agravante de que no tendría el cojín que provee el acceso a fondos federales asignados por el Congreso. Los costos de mantener los sistemas de electricidad, agua potable, disposición de basura, los puertos, carreteras y otra infraestructura vital para el desarrollo económico y social serian un enorme reto. Los fondos federales no estarían disponibles bajo la república luego de un periodo de transición, si el Congreso permite dicho periodo en un acuerdo. En todo caso, ese periodo de transición seria de un máximo de cinco a diez años. Es decir, que en el mejor de los escenarios, Puerto Rico perdería un promedio de 10% anual de los fondos federales que actualmente recibe durante ese periodo máximo de diez años, sin tener como sustituir ese influjo de dinero. El caso de los territorios de Estados Unidos que lograron acuerdos de libre asociación, Palau, Micronesia y las Islas Marshall, ilustran claramente este escenario.

La ayuda externa de entidades internacionales, Estados Unidos y países extranjeros podría ser un paliativo a la falta de recursos financieros, pero esa ayuda nunca se podría comparar con el influjo de ayuda que al presente Puerto Rico recibe del gobierno federal de Estados Unidos. Los países extranjeros que ofrecen ayuda financiera a otros países no pasan de 20, que distribuyen esa ayuda a alrededor de 180 países. Cada país recibe una pequeña proporción y Puerto Rico tendría que competir para esa pequeña proporción. De hecho, los Estados Unidos es el principal sostén de esa ayuda internacional y aporta alrededor del 20% al 25% del total de ayuda que fluye a los países en desarrollo.

 

Los casos de Micronesia, Palau e Islas Marshall

Si el pueblo opta por la libre asociación, en lugar de la plena soberanía bajo la independencia, si acepta esa opción el Congreso, el pacto no tendrá carácter permanente, como concluye el Informe de Casa Blanca de 2011 [1]. El Congreso podrá cancelarlo unilateralmente, como dispone el pacto de 2003 con los Estados Federados de Micronesia, la República de Palau y la República de las Islas Marshall.

Los pactos con estas nuevas naciones son por 20 años a partir del 2003, hasta el 2023. Estados Unidos aporta $3.5 billones combinados para los Estados Federados de Micronesia y la República de las Islas Marshall y $18 millones para Palau. A partir del 2023 la ayuda directa cesará y entrará en vigor un fideicomiso creado por Estados Unidos y los Estados Asociados de cuyo rendimiento dependerá los ingresos de cada uno de los tres estados.

Conforme los pactos de libre asociación de los Estados Federados de Micronesia, la República de Palau y la República de las Islas Marshall, los residentes de estas islas no participan del programa de Medicaid. La ayuda principal de Estados Unidos, además de la subvención económica antes mencionada, se limita a ayuda de respuesta para mitigación de desastres y asistencia del Servicio Meteorológico. Estados Unidos provee asistencia del Servicio Postal, la Administración Federal de Aviación y la Comisión Federal de Comunicaciones.

Fuera de estas agencias, las demás agencias federales de justicia y seguridad no tienen presencia en estas repúblicas bajo los pactos de libre asociación. La mayoría de los ciudadanos de los Estados asociados pueden vivir y trabajar en los Estados Unidos, pero no son ciudadanos americanos ni tienen los derechos que otorga la ciudadanía.

Estados Unidos asume exclusividad en la defensa militar de estas naciones asociadas. Los residentes no son ciudadanos americanos ni participan de los programas de asistencia federales, como el seguro social, bienestar social, programas de nutrición y alimentos como el Plan de Asistencia Nutricional ni ninguno de los otros programas de asistencia para el desarrollo económico, social y de infraestructura.

En el caso de los Estados Federados de Micronesia han ocurrido algunos eventos de restricción de los derechos civiles, que no han podido ser atendidos por las agencias estadounidenses de protección de dichos derechos.  En junio de 1997 se produjeron una serie de acusaciones contra el Gobierno por limitar la libertad de expresión, cuando al editor de uno de los principales diarios del país, “FSM News”, le fue retirado el visado para regresar a la Federación. El Gobierno había decidido deportar al editor (que era de nacionalidad canadiense) tras la publicación de un reportaje sobre el supuesto derroche presupuestario del Ejecutivo. El diario dejó de publicarse a finales de 1997. [2]

 

Resumen

De Puerto Rico optar por la descolonización mediante la soberanía, sea una república independiente o mediante un tratado de libre asociación con Estados Unidos la población tendría que aceptar unos ajustes dramáticos que no comparan con los ajustes de una transición hacia la estadidad como alternativa de descolonización.

Las asignaciones del gobierno federal para el desarrollo económico y social serán eliminadas por etapas en un periodo que puede ser inmediato o hasta de 10 años según la experiencia de otras jurisdicciones. El seguro social federal también se eliminará. Los recipientes actuales lo seguirían recibiendo, pero el resto pasará a formar parte del nuevo sistema de la república, cuyo método y administración resulta incierto. No se puede ser una república y seguir aportando al seguro social de los Estados Unidos. Las agencias federales dejarán de operar en Puerto Rico, llevando al desempleo a otros miles de puertorriqueños, como ocurrió en el caso del cierre de Roosevelt Roads en Ceiba y anteriormente, Ramey Fields en Aguadilla.

El sistema estadounidense de protección de derechos civiles, procesamiento criminal y protección ambiental dejará de funcionar. Se elimina el concepto de la Corte Federal, que la mayoría del pueblo favorece, por confiar más en la justicia de dicho instrumento federal que en la justicia local. Los fondos para programas de salud, educación, bienestar social e infraestructura, particularmente carreteras y transportación colectiva, entre otros, dejarán de ingresar a las arcas del gobierno.

La república solo tendría a su favor el plan de eliminación a plazos de las ayudas actuales, que esté dispuesto a conceder el Congreso. El aumento en la falta de recursos del gobierno y la incertidumbre, provocarán una severa limitación adicional al crédito. La republica podría acudir al Fondo Monetario Internacional, pero difícilmente obtendría financiamiento bajo términos más liberales que lo concedido bajo la estadidad.

El Fondo Monetario Internacional es odiado por los países que les han tomado dinero prestado, por las condiciones onerosas que les ha impuesto para tomar prestado. La incapacidad de emitir nueva deuda será por un periodo incierto, mayor a la situación actual bajo el gobierno territorial y pondrá mayores restricciones al gobierno de la república. El capital extranjero no estará protegido por las leyes federales de Estados Unidos, generando incertidumbre adicional.  Por tanto, habrá mayor fuga de capital.

En Puerto Rico, bajo la independencia las fuerzas de orden público tendrán que asumir un control fuerte sobre la población por el proceso de ajuste económico. Las protestas del cierre del gobierno de mayo del 2006 será una gota de agua comparada con el diluvio que este ajuste provocaría. Es muy probable que el nuevo gobierno de la república asociada o independiente, tendrá que adoptar poderes y medidas dictatoriales y de ley marcial para imponer el orden. ¿Estamos dispuestos como pueblo a aguantar esa tempestad?


[1] Casa Blanca. Oficina del Presidente. Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Status de Puerto Rico. 2011.

[2] Oficina de Información Administrativa (MAE). España. Los Estados Federados de Micronesia. Julio de 2003.

Los incentivos económicos que otorga el Congreso a los nuevos estados al ser admitidos a la Unión

Nota a nuestros lectores: 2do de una serie de artículos, con motivo de la consulta plebiscitaria del 11 de junio de 2017. [1]

 

En este segundo escrito nos proponemos abordar los diferentes mecanismos de incentivos económicos que el Congreso ha utilizado en el pasado para ayudar a la economía un nuevo Estado en su transición hacia la estadidad. En reconocimiento a la situación de retraso o crisis económica de los territorios al ser admitidos como Estados, el Congreso ha otorgado incentivos como ayuda para su ajuste económico, tales como:

 

  1. La concesión de tierras bajo control del Gobierno Federal: En los casos de Texas y California, el Congreso les otorgó la mayoría de las tierras del territorio para ser administradas por el nuevo Estado. Los territorios de Utah, Oklahoma, New México y Arizona recibieron más de un millón de acres de tierras del Gobierno Federal. Alaska recibió más de 100 millones de acres de tierras que estaban bajo control del Gobierno Federal.
  1. Transferencia de recursos naturales bajo control federal: Alaska y Texas son dos ejemplos de transferencia de recursos naturales al nuevo Estado, en tierras que estaban bajo control del Gobierno Federal.
  1. Extensión de jurisdicción marítima: En los casos de Texas y Florida, a modo de ejemplo, el Congreso reconoció una jurisdicción marítima extendida, más allá de las tres millas usualmente reconocidas a los Estados. En el caso de Puerto Rico el Congreso puede reconocer las 200 millas que Puerto Rico ha reclamado en el pasado.
  1. Exención parcial e implantación gradual de impuestos federales: Esta concesión de ajuste y transición económica fue utilizada en los casos de Alaska y Hawaii y se implantó mediante una enmienda al Código de Rentas Internas Federal que permitió una exención parcial de ciertos impuestos federales sobre transportación aérea, en consideración a la distancia de ambos territorios del territorio continental.
  1. Ayuda monetaria especial y asignaciones en bloque para determinados programas de ajuste económico: Es un mecanismo de transición utilizado por el Congreso consistente de asignaciones especiales dirigidos a usos específicos (earmarked), para propósitos de atender ciertas necesidades particulares del nuevo Estado. A Alaska se le concedió el 90% de las ganancias de la operación de minas existentes en tierras controladas por el Gobierno Federal. A Oklahoma, en 1907, como parte del proceso de admisión, el Congreso le otorgó $5,000,000 para mejorar sus sistema de escuelas públicas. Esa suma, en el 2017, representaría $375 millones considerando una tasa de inflación histórica de 4%. En el caso de Alaska, en el 1960 el Congreso autorizó una asignación en bloque de $28.6 millones para prioridades del nuevo Estado, sin condicionar dicha asignación a algún propósito específico. Esa suma de dinero de 1960, a precios de 2017 representaría aproximadamente $257 millones. En el caso de Hawaii se le asignó $6 millones para desarrollar un colegio de agricultura y artes mecánicas. Esa suma a precios de 2017 representaría aproximadamente $54 millones.
  1. Trato especial en disposiciones estatutarias: El Congreso tiene la potestad de eximir al nuevo Estado de las disposiciones de ciertas leyes que aplican a todos los Estados. En caso de Alaska, el Congreso le eximió de las disposiciones de la Sección 883 de la Ley de Marina Mercante de 1920, conocida como la Ley Jones, que dispone que toda la transportación de bienes entre puertos de la Nación debe ser en barcos de matrícula Estadounidense. Mediante este trato preferencial la transportación de mercaderías entre los puertos de Alaska y el resto de la Nación puede ser realizada en barcos de matrícula extranjera, si así le conviene al Estado en condiciones de costo y rapidez de entrega y eficiencia del servicio, según lo considere apropiado el usuario. Puerto Rico no ha conseguido ese trato especial bajo el status territorial, pero lo podría conseguir como parte del Acta de Admisión como Estado.
  1. Relevar al territorio de parte de su deuda pública: Aunque no existe un precedente documentado de la utilización de este mecanismo como medida de transición, el Congreso tiene la potestad de conceder una suma de dinero para asumir parte de la deuda pública del territorio, como mecanismo para aliviar la carga de los compromisos fiscales del nuevo Estado.

 

Un periodo de transición

El análisis del impacto económico de la estadidad debe partir de la premisa de que serán necesarias ciertas medidas de ajuste económico y que el Congreso tradicionalmente ha concedido dichas medidas de ajuste y que estará en disposición de concederlas como parte del proceso de admisión de Puerto Rico como Estado. El Congreso no está obligado constitucionalmente, ni ha sido un patrón, que deba tratar a todos los territorios que solicitan la admisión, de la misma manera, sino que en cada caso ha tomado en consideración las particularidades de cada territorio en cuanto a sus necesidades de ajuste, considerando su situación geográfica, grado de desarrollo económico, sus problemas fiscales particulares y otras condiciones.

El reclamo de los estadistas sobre la necesidad de conceder un periodo de transición económica de 10 años para la admisión como Estado, es un proceso que se ha concedido a los territorios que han sido admitidos en el pasado. Esa transición también ha sido reclamada por los defensores de la independencia de Puerto Rico, como transición a dicho status político. También lo han reclamado los defensores del ELA en su Nueva Tesis para una república asociada. La próxima semana abordaremos otros mitos que han sido difundidos por los opositores a la estadidad.


[1] Gran parte del análisis realizado en este escrito está basado en una publicación del Grupo de Investigadores Puertorriqueños. Breakthrough from Colonialism: An Interdisciplinary Study of Statehood. Vol. II. Capitulo II. Editorial de la UPR. 1984

 

Los argumentos erróneos sobre las consecuencias económicas de la estadidad para Puerto Rico

Quiénes son los principales opositores y cuáles argumentos utilizan para difundir falacias económicas y financiar campañas de descrédito contra la estadidad para Puerto Rico

 

Nota a nuestros lectores: Con motivo de la consulta plebiscitaria del 11 de junio de 2017, en este espacio nos proponemos abordar el tema de los argumentos erróneos sobre las consecuencias económicas de la estadidad, en varias columnas sucesivas, de manera sencilla para el lector promedio que no tiene un amplio conocimiento del tema económico y que ha sido bombardeado por décadas con argumentos de fobia a la estadidad para Puerto Rico.[1]

 

Se ha argumentado tradicionalmente por los opositores a la estadidad que, de Puerto Rico convertirse en un Estado de los Estados Unidos, ocurrirá un cataclismo económico en nuestro país. El argumento que más se ha sido utilizado en Puerto Rico en contra de la estadidad es el supuesto de que no tiene la capacidad económica de asumir las responsabilidades de dicho status político. Se alega la falta de desarrollo económico, ausencia de recursos naturales y efectos negativos a la estructura económica local. En este espacio abordamos el tema de los mitos en contra de la estadidad.

Los opositores a la estadidad argumentan, además, que Puerto Rico no llena los criterios o guías para su admisión como Estado en términos de su potencial de desarrollo; que la aportación al Tesoro Federal es un criterio tradicional para la admisión de un nuevo Estado; que la Unión es un club al que solo entran los territorios ricos; que Puerto Rico estará condenado a ser un territorio eternamente y se le negará la admisión como Estado, porque no tiene el nivel de riqueza que tienen los estados; que no habrá medidas de transición hacia la estadidad y que de ser admitido sería con plenas responsabilidades fiscales inmediatas; que la estadidad representaría la dependencia masiva de programas de bienestar social; que la estadidad encerraría a Puerto Rico en una camisa de fuerza a la que le sería imposible ajustarse; y que el Pueblo de Puerto Rico no podría mejorar su estándar de vida bajo la estadidad.

También han argumentado que la estadidad le quitaría a Puerto Rico la supuesta autonomía fiscal y exención de impuestos federales, provocando una fuga masiva de capital y recursos humanos; que provocaría aumentos en impuestos federales e impuestos a la propiedad provocando la eliminación de servicios esenciales por falta de recursos en el gobierno estatal;  que destruiría la capacidad de auto desarrollo de la economía y de la población creando un estado de desmoralización colectiva y que destruiría la clase media empresarial.

 

Esos argumentos son errados y reflejan desconocimiento o intención maliciosa sobre  del proceso de admisión de nuevos Estados a la Unión de Estados Unidos de América.

Los argumentos errados sobre el supuesto efecto económico negativo de la estadidad para Puerto Rico han sido esgrimido principalmente por un grupo poderoso de dueños de empresas de la elite empresarial afluente (rica) local, que son descendientes de los grandes intereses económicos que florecieron bajo el auspicio de la Operación Manos a la Obra de la década del 1950, impulsada por el gobernador Luis Muñoz Marín. Estos grupos se benefician de la prevalencia del status territorial del llamado Estado Libre Asociado (ELA). Son estos grupos, con el apoyo de otra elite intelectual universitaria criolla los que han levantado el argumento del  “Estado Guetto” haciendo alusión a que Puerto Rico sería un Estado totalmente dependiente de los fondos federales para subsistir.

Esos argumentos reflejan la calamidad del status territorial

Resulta una ironía que, bajo el status territorial, al presente, Puerto Rico está sufriendo todas esas calamidades que han sido utilizadas como argumento contra la estadidad. No es el propósito de este escrito repasar esas calamidades actuales, pero en los últimos diez (10) años, el país ha experimentado aumentos en impuestos sin precedentes. Se contempla actualmente imponer aumentos en las contribuciones a la propiedad y se impuso un impuesto a las ventas (sales tax) de los más altos en Estados Unidos. Ha quedado al descubierto que el territorio no tiene autonomía fiscal, tanto por decisiones recientes del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Departamento de Justicia Federal y el Congreso. Ha ocurrido una fuga de talento nunca antes sufrida en la historia del territorio de Puerto Rico. El gobierno estatal se ha quedado sin recursos para operar; se ha creado un estado general de desmoralización colectiva y se está destruyendo la clase empresarial local.

La respuesta a estos argumentos erróneos de los opositores a la estadidad [2]

La primera respuesta a los argumentos errados contra la estadidad es que hay dos hechos indisputables: Primero: ningún Estado ha caído en caos económico como consecuencia de su admisión a la Unión. Segundo: los habitantes de los 50 Estados han alcanzado uno de los niveles de vida más altos en el mundo.

Los siguientes datos históricos demuestran que los argumentos contra la estadidad son malintencionados con el propósito de crear temor a la estadidad en el pueblo puertorriqueño, particularmente, los votantes.

  1. Las Guías de Jefferson para la admisión de un territorio como Estado establecen solo dos criterios de índole económica: que el territorio tenga no menos de 60 mil habitantes y que tenga recursos suficientes para mantener un gobierno estatal, incluyendo recursos humanos, naturales, marítimos, educacionales y financieros. Estas guías sobre población y recursos nunca fueron dirigidas a establecer ningún nivel de riqueza o aportación monetaria al gobierno federal como condición para conceder la estadidad.  El criterio de riqueza como condición para la admisión fue rechazado por los padres de la Constitución, por ser considerados por éstos como antidemocráticos, elitistas y contrarios a los postulados de la Revolución Americana. La estadidad estaría abierta a territorios ricos, pobres, de clase media y a comunidades en privación económica sin importar su capacidad para aportar al Tesoro Federal. Los padres fundadores de la República veían la estadidad como un asunto de igualdad política y autodeterminación de los territorios que no podía ser medido únicamente en dólares y centavos.

 

  1. La experiencia de la admisión de Territorios como Estados ha demostrado que nunca ha habido un nivel igual de riqueza, desarrollo económico, población, recursos y contribución económica al Tesoro Federal. Ha habido gran diversidad. Pero como regla general sus economías eran subdesarrolladas con relación a los Estados ya admitidos y de mayor antigüedad y cuyas economías ahora eran más dinámicas y de mayor progreso. Ese subdesarrollo y economía frágil, siempre generó oposición de los Estados ya admitidos bajo la alegación de que por su fragilidad representarían un costo para dichos Estados. Pero ese argumento siempre fue superado al amparo de los fundamentos de la Constitución relativos a los criterios para admitir nuevos Estados y estos fueron admitidos a la Unión.

 

  1. En la discusión de la solicitud de admisión de un territorio que reclamaba la estadidad, los argumentos en contra de la admisión del nuevo Estado eran siempre los mismos, igual que ocurre en Puerto Rico actualmente, pero el Congreso finalmente voto a favor de la admisión de estos Estados. Se levantaban los siguientes argumentos:
    • El nuevo estado colapsaría por falta de recursos para mantener una operación de gobierno estatal. Este argumento fue levantado en el caso de Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, Iowa, Oregón, Nevada, Nebraska, Montana, Washington, North Dakota y South Dakota, New México, Alaska y Hawaii. Todos, sin embargo, fueron admitidos a la Unión. [3]
  • El territorio no cualificaba por su escasez de recursos naturales. Este argumento se esgrimió en el caso Maine, Florida, New México y Arizona. Los cuatro, sin embargo, fueron admitidos a la Unión .[4]
  • El territorio no cualificaba para ser admitido por el nivel de subdesarrollo en su economía. Este argumento fue utilizado en los casos de Arkansas, Michigan, Florida, New México, Arizona, Alabama y Alaska. Todos, sin embargo, fueron admitidos a la Unión. [5]
  • El territorio no cualificaba por el nivel de pobreza prevaleciente. Este argumento se utilizó en el caso de Florida y Michigan. Ambos fueron admitidos a la Unión [6]
  • La estadidad sería muy costosa para los contribuyentes americanos debido a que los costos prevalecientes de mantener el territorio eran sufragados mayormente por fondos federales. Este argumento fue utilizado en el caso de Alaska. Pero Alaska logró la estadidad, pese a esa argumentación. [7]

En el caso de Florida particularmente, se levantaron tres de los cinco argumentos principales contrarios a la estadidad, incluyendo el argumento de que territorio no cualificaba por su escasez de recursos naturales; el nivel de subdesarrollo en su economía; el nivel de pobreza prevaleciente. Sin embargo, Florida fue admitido a la Unión el lunes 3 de marzo de 1845 como el Estado número 47. Hoy es uno de los Estados más florecientes; de mayor extensión territorial, de mayor población de origen puertorriqueño y nuevo hogar para los boricuas de escapan de las calamidades del territorio colonial de Puerto Rico.

En el próximo artículo de esta serie abordaremos el tema de los incentivos económicos que otorga el Congreso a los nuevos Estados al ser admitidos a la Unión.


[1] Gran parte del análisis contenido en este escrito está basado en una publicación del Grupo de Investigadores Puertorriqueños. Breakthrough from Colonialism: An Interdisciplinary Study of Statehood. Vol. II. Capitulo II. Editorial de la UPR. 1984.

[2] Gran parte de los argumentos discutidos en este ensayo son discutidos en forma más extensa en el citado estudio interdisciplinario del Grupo de Investigadores Puertorriqueños. Este estudio comprensivo contiene el análisis más abarcador que se haya realizado sobre el tema.

[3] Grupo de Investigadores Puertorriqueños. IBID.

[4] IBID

[5] IBID.

[6] IBID.

[7] IBID.

Presupuesto base cero

Nota a nuestros lectores: Reproducimos en este espacio, por su pertinencia actual,  el texto de una columna nuestra publicada en el periódico El Nuevo Día el 23 de junio de 2008,  alertando sobre la necesidad de adoptar la técnica de presupuesto base cero en el gobierno de Puerto Rico, como una de las estrategias para enfrentar la crisis fiscal del gobierno. Este año el nuevo gobierno ha adoptado esa estrategia y se implantará por primera vez. Nos tomó 9 años entender que era necesario.

 

Le solicité a un estudiante que definiera el término “presupuesto base cero”. “Aprobar cero presupuesto” me contestó. Su respuesta es la razón de esta columna. Esta semana la legislatura aprobará el nuevo presupuesto de gastos del gobierno de Puerto Rico. Es muy probable que sea mayor al del año pasado, que a su vez, fue mayor al del año anterior. Todos los años el gobernador somete un presupuesto mayor al anterior y la legislatura lo aprueba, no importa si los servicios han sido adecuados, si se justifican o no.

 

Esa forma de presupuestar se conoce como presupuesto incremental. Se parte de la costumbre de dar por bueno el nivel de gastos del año anterior y limitar la discusión a cuánto más te daremos este año. No ofrece incentivos para reducir costos, ni para desarrollar nuevas ideas. Asume que las cosas continuarán como siempre y que no hay consecuencias por el mal uso de los fondos asignados. Estimula a gastar hasta el último centavo para justificar el incremento el año siguiente. El gobernador y sus agencias gastan lo asignado y vuelven a la legislatura con un sobregiro. Así se ha acumulado un déficit de casi $3 mil millones en los pasados 7 años y medio.

 

Una manera de corregir esa práctica es virar el asunto al revés, utilizando otra forma de hacer un presupuesto, conocida como presupuesto base cero. Este presupuesto no toma en consideración el nivel de gastos del año anterior al establecer las prioridades. Cada año se parte de cero. Cada jefe de agencia debe justificar por qué determinado programa no debe ser eliminado o reducido a favor de un programa nuevo para un servicio no atendido previamente.

 

El presupuesto base cero permite controlar del nivel de gastos porque se parte de justificar lo necesario en lugar del incremento sobre el nivel del año pasado. Hay que demostrar las necesidades y los beneficios a obtener. Se puede detectar los presupuestos inflados. Identifica y elimina el desperdicio y los programas obsoletos.

 

Tiene la desventaja de que conlleva mucho esfuerzo y requiere adiestramiento intenso al personal gerencial. Sin embargo, el esfuerzo vale la pena y es necesario intentarlo. De lo contrario, el presupuesto llevará al gobierno a la quiebra y entonces, como contestó el estudiante… ¿cero presupuesto?

El rol del gobierno electrónico en la transformación gubernamental

El término gobierno electrónico se refiere a la utilización de las tecnologías de información y comunicación, particularmente la Internet, para proveer información y servicios a la ciudadanía. Los gobiernos a través del mundo están envueltos en iniciativas para realizar reformas a sus respectivos gobiernos mediante iniciativas de gobierno electrónico. No se logra convertir en gobierno electrónico todas las funciones de una agencia, pero si servicios particulares de impacto a la ciudadanía. Japón, por ejemplo, ha convertido todas las transacciones relacionadas al servicio de impuestos en servicios en línea. Esta iniciativa le ha permitido transformar sustancialmente la agencia equivalente al Departamento de Hacienda en Puerto Rico. En este espacio discutimos varios aspectos de este tema.

La tecnología de información y comunicación es una de las características más importantes de la era actual e impacta la vida diaria de la ciudadanía. Ha impactado dramáticamente la forma como el ciudadano interactúa con su gobierno y aumentado las expectativas de éstos. Después del desarrollo del comercio electrónico en el sector privado, la nueva generación de la tecnología de sistemas de información ha sido el desarrollo del gobierno electrónico. Cada vez más gobiernos están introduciendo el gobierno electrónico en sus operaciones de servicios como una manera de reducir costos, mejorar los servicios a la ciudadanía, la eficiencia y efectividad al nivel estatal, regional y local de sus operaciones.

La prestación de servicios en línea comenzó a expandirse a partir del año 2000 y tras 16 años de éxitos y fracasos, ha contribuido de manera significativa al acceso de los ciudadanos a los servicios del gobierno, los siete días de la semana. Ha ayudado a reducir los costos de los servicios y los costos de las transacciones para los ciudadanos en su interacción con las autoridades gubernamentales. Además, ha estimulado el aumento de proveedores privados como intermediarios en la operación y mantenimiento de los servicios en línea que prestan las agencias, creando un ambiente positivo para la subcontratación de servicios, con menos empleados en las agencias.

 

La definición de E-gov

El gobierno electrónico (E-gov) se conoce con varios términos para describir el concepto, tales como, gobierno electrónico, gobernanza electrónica, gobierno digital, gobierno en línea, E-gov, entre otras. (Grönlund, 2004).  Para Fang (2002), citado por Alshehri (2010), en un excelente recuento de los fundamentos del E-gov. El E-gov es un instrumento para los gobiernos utilizar las tecnologías más innovadoras de sistemas de información y comunicación, particularmente, aplicaciones web de internet, para proveer a los ciudadanos y las empresas un acceso más conveniente a información y servicios del gobierno, mejorar la calidad de dichos servicios y proveer mayores oportunidades de participar de las instituciones y procesos democráticos. Asume la utilización de los sistemas de sistemas de información (“information tecnology” – IT) para transformar las estructuras, operaciones y la cultura gubernamental.

Por lo tanto, el E-gov es fundamental en la transformación del gobierno. Es un elemento vital en las agendas de reforma gubernamental. Para el Banco Mundial, E-gov son los sistemas de tecnología de información y comunicaciones operados por el gobierno que transforman las relaciones con los ciudadanos, la empresa privada y otras agencias de gobierno para promover el apoderamiento de los ciudadanos, mejorar la prestación de servicios, fortalecer la rendición de cuentas, aumentar la transparencia y mejorar la eficiencia del gobierno. (World Bank, 2001).

 

La utilidad del E-gov

El E-gov puede ser utilizado para mejorar el acceso de los ciudadanos al gobierno, así como el acceso del gobierno a los ciudadanos. Las iniciativas del E-gov constituyen un vehículo para mejorar la eficiencia interna y proveer mejores servicios a los ciudadanos. También sirve para introducir los principios de administración de empresas del sector privado en la relación gobierno-ciudadano. (Seifert, 2009).

La fuerza principal que mueve el E-gov es la eficiencia y efectividad de las funciones del gobierno. El potencial de la tecnología de sistemas de información para almacenar, procesar, reproducir y diseminar cantidades enormes de información promete mayor transparencia en las operaciones del gobierno. De paso, hace que las operaciones gubernamentales sean más transparentes, lo cual, a su vez, ayuda a minimizar la corrupción. También, ayuda a que el sector público sea más fino (lean), sin grasa, costo-efectivo y responsable en la prestación de servicios. El “E-gov” puede transformar las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos.

 

Tipos de E-gov

El E-gov ofrece servicios a ciudadanos y empresas para realizar transacciones electrónicas con el gobierno y los tipos de servicios difieren conforme las necesidades de los usuarios, lo que ha producido distintos tipos de E-gov, clasificados generalmente en cuatro categorías principales.

La primera categoría de E-gov es la de gobierno-ciudadano. Los ciudadanos y el gobierno interactúan por este medio continuamente para realizar transacciones rutinarias. Se sirve al ciudadano y se facilita su interacción con el gobierno haciendo accesible y disponible en sitios web variada información y reduciendo el tiempo y costo al ciudadano para realizar las transacciones. El ciudadano tiene acceso en todo momento y desde cualquier lugar para realizar las transacciones.

El ciudadano ahorra costos de transportación a oficinas gubernamentales y tiempo y horas de su salario de trabajo al no tener que ausentarse para cumplir con requisitos o necesidades de transacciones gubernamentales. Puede obtener certificaciones, pagar cuotas por servicios, pagar impuestos, solicitar beneficios gubernamentales, vencer barreras geográficas de transportación y, por tanto, recibir servicios que, de otra manera le resultaría difícil obtener.

La segunda categoría es la de gobierno-empresas. Esta incluye varios servicios e interacciones que surgen de la relación gobierno empresas, entre estas, la distribución de políticas gubernamentales y reglamentos. Del lado de las empresas, incluye información de negocios, bajar formularios, pagar impuestos, renovación de licencias, registrar negocios y obtener permisos, requisitos para subastas y compras del gobierno, entre otras transacciones.

La tercera categoría es la de gobierno a gobierno, que incluye las comunicaciones en línea entre agencias, unidades de gobiernos estatales con gobiernos locales y relaciones y transacciones entre gobiernos nacionales e internacionales. Incluye intercambios de bases de datos entre gobiernos, oportunidades de compartir las mejores prácticas gerenciales y operacionales, compartir recursos de adiestramiento y aprendizaje para los recursos humanos de los gobiernos y mejorar y simplificar la cooperación y coordinación de esfuerzos. (Gregory, 2007).

La cuarta y última categoría es la de gobierno-empleado. Se refiere a la relación entre el gobierno y sus empleados exclusivamente. El propósito es ofrecer a los empleados servicios en línea tales como llenar solicitudes de vacaciones, estudio y adiestramientos (E-Learning), revisión de sus expedientes de personal, planes médicos y de beneficios de retiro, entre otros.  (Seifert, 2003). Sirve de instrumento para implantar metas y objetivos, estrategias y tácticas para lograr la implantación de sus planes, y la gerencia de recursos humanos y el presupuesto.

 

Los beneficios del E-gov

La adopción de una estrategia de E-gov puede representar beneficios significativos para las agencias de gobierno en la prestación de servicios. Puede ser útil para mejorar los servicios y reducir los costos y limitaciones presupuestarias. Entre estos beneficios se destacan los siguientes: mejorar la eficiencia en procesar grandes cantidades de datos; mejorar los servicios al tomar conocimiento más adecuado de los requisitos de sus usuarios, permitir a la clientela compartir información e ideas. Esto le permite mejorar sus políticas, obtener ganancias en productividad, contribuir a la reforma del gobierno, mediante mejoras a la transparencia, facilitar compartir información y mejorar la confianza entre el gobierno y la ciudadanía. Permite mejorar la recaudación de cuotas, multas e impuestos. Permite, además, consolidar e integrar sistemas gubernamentales y permite fortalecer los principios democráticos.

Un estudio de Deloitte Research (2003) concluyó que la utilización estratégica del E-gov tiene el potencial de reducir significativamente la cantidad de tiempo, dinero y esfuerzos que las empresas y los ciudadanos tienen que gastar en cumplir con las regulaciones y los reglamentos gubernamentales. También, mejora la interacción entre las unidades de gobierno y de estas con las empresas; simplifica y reduce los requisitos de informes (reporting) y reduce el número de formularios. Por otro lado, facilita obtener información y servicios del gobierno, facilita realizar pagos por servicios, cuotas o multas del gobierno.

 

Las barreras al E-gov

Existen varias barreras y retos que pueden retrasar las iniciativas para transformar el gobierno mediante el E-gov. La primera de estas barreras es la disponibilidad de la infraestructura de telecomunicaciones necesaria, tanto el “backbone” o infraestructura externa a la agencia como la interna. De igual forma, la existencia de infraestructura compatible entre agencias. La interconectividad es un requisito importante y un reto para el E-gov. Para la transición al E-gov es necesaria una arquitectura de tecnología de sistemas de información que provea un conjunto uniforme de principios, modelos, estándares, banda ancha de transmisión de data y otros requisitos de sistemas de información, cuya adquisición, de no estar disponibles, conllevan una inversión importante para la agencia.

Otro reto importante es el asunto de la privacidad y la seguridad. La privacidad se refiere a la garantía de un nivel de protección adecuado para la información personal del individuo que realiza las transacciones por servicios ante el gobierno. El gobierno tiene la obligación de asegurar los derechos de privacidad de los ciudadanos, comprometiéndose a compilar data exclusivamente para los propósitos legítimos de las transacciones de servicios. El mal uso de dicha información tiende a ser frecuente en los gobiernos. Seifert (2003). Este mal uso mina la confianza de los ciudadanos en el E-gov. Deben existir políticas de privacidad escritas que especifiquen los derechos de los ciudadanos a la privacidad y el compromiso de que la data recopilada del individuo se utilizará exclusivamente para fines legítimos. (Teeter & Hart, 2003).

La seguridad de la información es otro asunto de vital importancia. Conlleva la protección de la información y los sistemas que la almacenan y transmiten contra distribución inadecuada accidental o intencional, modificaciones no autorizadas o destrucción. Conlleva la seguridad y protección de la arquitectura, hardware y aplicaciones, contra crímenes cibernéticos y acceso no autorizado a la información. Es esencial la protección de la tecnología para la seguridad de firmas digitales, “encription”, protección de las contraseñas, identificación de usuario, números de tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias y cualquier otra información relacionada transmitida a través de las redes. Las agencias deben mantener un cuerpo de profesionales de seguridad en redes para responder a violaciones a la privacidad.

Otro reto son las políticas y reglamentos que conlleva el E-gov. La implementación del E-gov conlleva el desarrollo de políticas, leyes, reglamentos y cambios en las operaciones gubernamentales para lidiar con las actividades electrónicas. Estas incluyen el archivo electrónico, firmas electrónicas, transmisión de información, protección de data, crímenes de computación, derechos de propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros asuntos. Operar bajo el E-gov conlleva la firma de acuerdos digitales mediante el amparo de legislación. Requiere de reformas legales y directrices de política pública para que los servicios en línea sean implantados adecuadamente.

Otro reto importante es la disponibilidad de personal calificado y el adiestramiento a los que operan el sistema, así como a los usuarios o clientela. El E-gov requiere de capacidad técnica, recursos humanos adecuados, así como capacidad gerencial para administrar operaciones comerciales. Requiere conocimiento para administrar el sistema, dar mantenimiento, realizar ajustes en las aplicaciones y manejar procesos en línea y acceso a adiestramiento en línea.

Finalmente se requiere colaboración y cooperación al nivel local regional y estatal o nacional, entre las organizaciones públicas y privadas para superar la resistencia a los cambios a medida que las unidades gubernamentales exhiben resistencia a la transparencia y tratan de mantener su jerarquía y autoridad en sistemas, debido a que han estado acostumbrados a controlar el uso de la información.

 

La brecha digital

La habilidad para utilizar las computadoras y la internet es crucial para el éxito de la implantación del gobierno electrónico y la ausencia de estas habilidades puede conducir a la marginación de parte de la ciudadanía.  La brecha digital se refiere a la brecha de oportunidades entre los que tienen internet y los que no lo tienen, incluso, los que saben utilizar esta tecnología y los que le tienen miedo a su utilización. Los que no tienen acceso a computadoras y la internet no podrán beneficiarse de los beneficios de los servicios en línea. No todos los ciudadanos tienen este acceso por varias razones, ya sea por falta de recursos financieros, no tener las destrezas necesarias o falta de literacia en computadoras.

Como parte de la implantación del E-gov las agencias tendrán que dedicar recursos a adiestrar a los usuarios en el uso de las aplicaciones. A algunas personas les parecerá inaudito, pero todavía hay personas en Puerto Rico que no saben utilizar una computadora ni tienen internet, ni conocen como operan los servicios en línea.

 

La cultura social

Además, de las barreras técnicas de la brecha digital, existen barreras culturales que pueden dificultar el éxito del gobierno electrónico. Hay características personales y aspectos subjetivos, que pueden limitar el acceso y la difusión de nuevas tecnologías. Muchas personas resisten el cambio y adoptan las nuevas tecnologías lentamente y con gran dificultad. La adopción del gobierno electrónico como herramienta para la transformación del gobierno conlleva también un cambio cultural.

Sin el liderato y apoyo gerencial al más alto nivel de las agencias y el liderato firme de la gerencia para la tecnología y la innovación es difícil el éxito del gobierno electrónico, e incluso la trasformación del gobierno. Se requiere liderato y firmeza con líneas claras de supervisión y rendición de cuentas, para la adopción e implementación del E-gov. (Akbulut, 2003); incluyendo los esfuerzos que conlleva en planificación, adquisición de recursos, motivación del equipo de oficiales de la agencia, la coordinación con socios externos, y la clientela.

 

El E-gov en Puerto Rico

En Puerto Rico, varias agencias gubernamentales han incorporado servicios importantes para los ciudadanos a las transacciones en línea. Por ejemplo, el Departamento de Hacienda inició en el año 2016, el servicio de radicación electrónica de las planillas de contribución sobre ingresos de los individuos en Puerto Rico, en una primera fase de un programa más amplio de servicios en línea. Varias agencias proveen servicios en línea para solicitar, pagar y obtener certificaciones de cumplimiento con requisitos gubernamentales y para contratación con el gobierno.

A la fecha de publicación de esta columna, el gobierno de Puerto Rico mantiene en su portal oficial de Internet sobre 100 servicios en línea, de 31 agencias gubernamentales. Plantea un reto en la transformación del gobierno aumentar significativamente los servicios en línea para mover paulatinamente las operaciones gubernamentales hacia un modelo de gobierno electrónico.