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Los incentivos contributivos a las empresas en Puerto Rico: ¿La próxima reforma?

En Puerto Rico se discute al presente cómo enfrentar la crisis fiscal del gobierno, el estancamiento de la economía y la eliminación del déficit de recaudos del Fondo General del presupuesto gubernamental. Se ha propuesto la aprobación de una nueva reforma contributiva que, entre otras medidas, estimule el desarrollo económico y permita allegar recursos al erario. Tradicionalmente, en los ejercicios de reforma contributiva se ha cultivado una mentalidad de exención contributiva a las empresas, particularmente la de origen externo, como medida de estimular la creación de empleos. Pero no se genera el nivel de empleos esperado, se promueve una cultura de exención de impuestos y se lesiona la justicia contributiva que debe prevalecer para todos los sectores de la sociedad. En este espacio exploramos someramente este tema para motivar la discusión del abanico de opciones de una posible reforma contributiva, con énfasis en los incentivos contributivos y su efectividad para promover el desarrollo económico.

 

Es importante señalar que, además de la exención contributiva sobre ingresos, Puerto Rico ofrece otra variedad de incentivos a las empresas, incluyendo, exención de pago de patentes y contribuciones a la propiedad, incentivos para adiestramiento y pago parcial de nómina, renta a bajo costo de edificios industriales y otros incentivos afines.

 

¿Llegarán las inversiones de nuevas empresas sin exención contributiva?

En Puerto Rico se piensa que si no se ofrece exención contributiva las inversiones de nuevas empresas no llegarán. Se firman decretos de exención contributivas por periodos que pueden alcanzar hasta 15 años. Se otorgan créditos contributivos, que son más onerosos que los decretos de exención contributiva, porque permiten acreditar cada dólar de crédito a futuras obligaciones contributivas. Se culpa la falta de desarrollo económico a la eliminación de políticas de exención contributiva, como es el caso de la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal que canceló el reconocimiento de exención contributiva al nivel federal a ciertas empresas estadounidenses radicadas en Puerto Rico.

 

¿Es igual la política pública en otras jurisdicciones?

Cuando se compara a Puerto Rico contra jurisdicciones en los Estados Unidos o países extranjeros, entre otras, los estados de Florida, y Hawaii, Irlanda y otros países, Puerto Rico ofrece mayores incentivos contributivos a las empresas y aun así muchas empresas se ubican en esas otras jurisdicciones y pagan las contribuciones que se fijan a tasas más altas. Esto demuestra que las empresas no necesariamente seleccionan un lugar para establecerse por el criterio de si pagarán o no impuestos, si no por otras consideraciones, fundamentalmente el clima favorable a la inversión, las regulaciones a los negocios, la burocracia, la seguridad, la estabilidad política, el acceso a sus mercados y otras consideraciones. Parece ser que sería mejor imponer impuestos y a cambio mejorar el ambiente de negocios y la cultura gubernamental hacia la nueva inversión.

 

En Puerto Rico no se evalúa adecuadamente los costos de las políticas de exención y créditos contributivos y los beneficios que la economía obtiene de dichas políticas, de manera que se pueda justificar si los incentivos contributivos rinden beneficios en sectores industriales específicos y si vale la pena concederlos o si, al contrario, es mejor recaudar impuestos de dichas operaciones y dedicar más recursos a mejorar el clima de inversión.

 

Los costos y beneficios de los incentivos contributivos

En el mes de septiembre de 2014, se completó un estudio, realizado bajo la coordinación del colega economista Ramón Cao, ex catedrático de economía de la Universidad de Puerto Rico, sometido a la Cámara de Representantes, bajo el título: Evaluación de beneficios y costos de créditos contributivos. [1] En ese estudio se presenta una síntesis de los resultados obtenidos, así como los estudios de Costo/Beneficio efectuados para los créditos contributivos e incentivos fiscales que se conceden a varios sectores industriales, entre estos: manufactura, proyectos fílmicos, vivienda, hospitales, hoteles, agricultura y construcción comercial e industrial, entre otros.

 

El estudio evaluó la efectividad socioeconómica de un conjunto de los principales incentivos y créditos contributivos que se conceden a empresas en Puerto Rico. El estudio indica que “esos incentivos representan un serio costo fiscal para el estado…, pues… excluyendo el costo fiscal de las exenciones y otras preferencias tributarias, de acuerdo al Departamento de Hacienda, en el año fiscal 2011 se concedieron $339.8 millones en créditos contributivos. En el año fiscal 2013 existían $620.7 millones en créditos contributivos no reclamados, que pueden ser reclamados en años subsiguientes. Ello resulta en serio costo fiscal, que es en realidad mayor si se incluyen las exenciones y otras preferencias tributarias concedidas a empresas. Además, la experiencia tiende a indicar que esos incentivos no tienen, en su conjunto un efecto positivo, que tenga significación estadística, sobre la inversión privada en la Isla. [2]

 

¿Los incentivos se deben limitar a la manufactura para exportación, industria fílmica y la agricultura?

El estudio llegó a las siguientes conclusiones:

  1. En lo concerniente a la manufactura la industria farmacéutica representa el 64.9% del ingreso interno neto generado por la manufactur La producción de este sector es fundamentalmente para la exportación, lo que genera beneficios importantes. Como resultado del análisis se recomendó limitar los incentivos a la manufactura a aquellas empresas que produzcan para exportación o que sustituyan importaciones.
  2. En el caso de la industria fílmica, la evaluación realizada de los beneficios y costos sociales de los incentivos a esta industria en Puerto Rico encontró que en los tres años para los cuales se realizó el análisis, los valores de beneficios a costos excedían a uno, por lo que se concluyó la estructura vigente de incentivos es socialmente conveniente.
  3. En el caso de la agricultura, los hallazgos demostraron que en todos los escenarios considerados la relación beneficio/costo es mayor de uno, por lo que se concluyó que los incentivos vigentes cumplen adecuadamente  su  propósito  de  promover  la  producción  y  el empleo en la agricultur
  4. En el caso de la vivienda, para los dos años estudiados, el beneficio social de los incentivos concedidos es menor que los costos sociales, por lo que se concluyó que no existe justificación económica para la concesión de estos incentiv
  5. En el caso de los hospitales, la ley que crea las exenciones contributivas a los hospitales conocida como la Ley de Unidades Hospitalarias, tiene dos propósitos sociales básicos: (1) promover el desarrollo de instalaciones hospitalarias en Puerto Rico, y (2) contribuir a reducir los costos de prestación de tales servicios, para abaratar el precio de los servicios a los paciente El estudio concluyó que, en las circunstancias actuales, los ingresos de los hospitales dependen de las tarifas que pagan las aseguradoras por los servicios, de suerte que esa estructura de tarifas, y la demanda de la población por sus servicios, son los determinantes para las decisiones de inversión, empleo y oferta de servicios de los hospitales. Ello plantea dudas acerca de la efectividad de incentivos fiscales para la industria, toda vez que los problemas que puedan existir en ella tienen otros orígenes. Se concluyó entonces que no existe una justificación social para estos incentivos contributivos a la industria de hospitales.
  6. De igual manera se concluyó que en el caso de los hoteles, la estructura vigente de incentivos contributivos a la industria hotelera no está socialmente justificada.
  7. Finalmente, en el caso de la construcción comercial, el hecho de que demanda por construcción no residencial es una demanda derivada de inversión por las empresas, lo cual plantea serias dudas acerca de que tales incentivos resulten en un beneficio social ne

 

En resumen, de los sectores industriales que actualmente se promueven en Puerto Rico, considerados en el estudio, se justifica mantener una política de créditos contributivos o incentivos contributivos solamente en los siguientes casos: manufactura para exportación, industria fílmica y la agricultura. En los demás sectores, incluyendo vivienda, hoteles y construcción comercial, no se justifica proveer incentivos. Los hallazgos de este estudio, aun con las limitaciones que puedan tener, a base de los datos disponibles y las consideraciones a las técnicas de análisis de costo-beneficio, justifican que se conteste el interrogante de si cumplen su objetivo una parte importante de los incentivos actuales contemplados en las políticas de exención contributiva a las empresas en Puerto Rico.

 

Por lo tanto, la reforma contributiva que se está contemplando debe otorgar una consideración importante a enmendar la política de incentivos industriales a las empresas, para dirigir dichos incentivos a aquellos que producen para la exportación y limitar los incentivos que no aportan un beneficio mayor al costo económico y social que conlleva su otorgación.


[1] Ramón J. Cao García. Evaluación de beneficios y costos de créditos contributivos. Informe a la Cámara de Representantes. 2014.

[2] Ramón J. Cao García, “Incentivos contributivos e inversión privada en Puerto Rico”, Revista Civilizar de Empresa y Economía,  Bogotá,  D.C.,  Colombia:  Universidad  Sergio  Arboleda,  Núm.  2, Año  2,  julio- diciembre 2010, págs. 54 a 73. http://190.85.246.40/civilizar/economia/civilizar-empresa-2.pdf

 

 

La Junta de Supervisión Fiscal: ¿Un mecanismo para viabilizar la descolonización de Puerto Rico?

Foto por ENDI.com / GFR Media

El sábado pasado tuve la oportunidad de asistir, por invitación, a la reunión de la Junta de Supervisión Fiscal en el Hotel El Conquistador en Fajardo. Me pareció interesante todo el dispositivo de seguridad, el orden, la puntualidad y formalidad de los invitados, que no es típica de Puerto Rico, incluyendo el comportamiento de la prensa. Llegué a las 7:00 am al hotel y pasé por tres puntos de cotejo, antes de acceder al salón de la reunión. Pensé por algún momento que el Presidente Trump estaría presente. A las 8:28 am entraron los siete miembros de la Junta en fila, escoltados por oficiales de seguridad, que luego se ubicaron estratégicamente en los puntos vulnerables del salón. Dos minutos después, a las 8:30 am, tal como se había anticipado en la invitación, el Presidente de la Junta abrió la sesión con un cronometraje del tiempo espectacular. No había manifestaciones en las inmediaciones del hotel por parte de los opositores a la Junta. ¿Será porque han entendido que la Junta es un mecanismo para la descolonización de Puerto Rico?

El cuadro espeluznante de las finanzas públicas

Consultores de la Junta y funcionarios del gobierno presentaron el cuadro espeluznante de las finanzas del gobierno de Puerto Rico y de las medidas que será necesario tomar para ordenar la Casa Financiera del pueblo de Puerto Rico.

  1. El desbalance fiscal del gobierno al 2017 es de 3,600 millones y alcanzaría $8 mil millones en el 2026, si no se toma acción correctiva ahora. Equivale a una aportación de cada familia puertorriqueña de $5,400 anuales por cada uno de los próximos 10 años.
  2. Presentaron a la Junta como una oportunidad para restaurar el crecimiento económico y nuevas oportunidades mediante la implantación de reformas estructurales en el gobierno; [1] lograr presupuestos balanceados; restructurar la deuda pública de Puerto Rico y reformar el sistema de pensiones de los empleados públicos.
  3. Discutieron las medidas necesarias para eliminar el déficit de $3,600 millones y balancear el presupuesto al año fiscal 2019.
    • De una parte, aumentando las recaudaciones en $1,500 millones, incluyendo, mejorar la fiscalización del cumplimiento con las medidas de recaudos para evitar la evasión de impuestos; ampliar la base tributaria reduciendo las exenciones sobre impuestos; mantener el impuesto a las compañías foráneas y expandir la base tributaria corporativa; mejorar la recaudación de impuestos a la propiedad incluyendo una retasación de las propiedades y la reducción de los subsidios a los municipios y realizar un ajuste a los aranceles o cuotas que cobra el gobierno por determinados servicios.
    • De la otra parte, eliminar gastos gubernamentales en $1,500 millones. [2]. Este ajuste incluye: reducir gastos no esenciales consolidando agencias y eliminando puestos en el gobierno; ajustar las políticas de compensación eliminando beneficios que no se proveen en el sector privado; eliminar subsidios directos a los municipios y a las empresas del sector privado y reducir los gastos de compras del gobierno en 10%, consolidando procedimientos de compras y compras no esenciales.
    • Reducir los gastos de la Reforma de Salud en 28%, mejorando la eficiencia en prestación de servicios y eliminando beneficios no indispensables.
    • Reducir en 27% los gastos del gobierno en la educación superior.
    • Reducir los gastos del sistema de pensiones en 10%.
  4. Aumentar el nivel de inversión en mejorar la infraestructura deteriorada que limita el crecimiento económico, mediante el estímulo de alianzas público privadas que liberen al gobierno de altos compromisos de inyección de fondos.
  5. Restructurar la deuda pública.

Las recomendaciones de la Junta van dirigidas a ayudar al gobierno a organizar nuestra casa financiera, mediante medidas no populistas, en diferencia a lo usual en Puerto Rico, que han costado al pueblo las lágrimas de sangre que ahora estamos pagando. Ningún gobierno local, sin la colaboración de la Junta, que puede imponer controles sobre el gobierno estatal, tomaría estas medidas, por lo impopulares que resultan, lo que representa pérdida de votos.  A nadie le gusta ser impopular con los electores. Mayor aun en un territorio sumido en la dependencia que ha producido el coloniaje de 119 años.

En una conferencia la semana pasada, no relacionada al evento de la reunión de la Junta, el ex juez Gerald Rosen mediador en el proceso de quiebra de la ciudad de Detroit, citado por El Nuevo Día, al comparar la crisis de Puerto Rico con la de Detroit en el 2013, señaló el paralelo entre ambas crisis y mencionó palabras de esperanza, que reproducimos a continuación: “En Puerto Rico, como en el caso de Detroit, el tiempo era un enemigo. [3] El ‘brain drain’ (fuga de talento) seguiría, la población continuaría bajando. Nada mejoraría con el paso del tiempo, mientras se perdía gente para irse a otro sitio. Tienes que crear un proceso que dé esperanza y si hay un ambiente de inversión y una economía estable los inversionistas vendrán, como en Detroit”. “Esto es un proceso que no es para el que tiene piel finita o el débil. Mi mensaje a ustedes es que esto se puede lograr. Los problemas de Puerto Rico, como en Detroit, fueron provocados por el hombre y pueden ser reparados”. “Cuando estás en el vórtice de una crisis puedes perder la visión del cuadro completo. El problema de Puerto Rico tiene más ceros que el de Detroit, pero no puedes hacerlo todo a la vez. Hay que tomar un paso a la vez”. [4]

¿Un mecanismo para viabilizar la descolonización de Puerto Rico?

Mientras abandonaba la reunión de la Junta y regresaba a San Juan, cruzando los campos de Golf del Hotel El Conquistador y las barricadas de la policía, me preguntaba, si la Junta, además del reflejo del coloniaje, por su imposición unilateral por parte del Congreso, es un mecanismo impuesto por el Congreso para terminar con el coloniaje. Las medidas de la Junta, en un plan de 10 años al 2026 habrán organizado las finanzas del gobierno de Puerto Rico y estabilizado los mecanismos para el desarrollo económico, preparando a Puerto Rico para la estadidad o la soberanía.

Los creyentes en la descolonización de Puerto Rico, no importa si ocurre mediante la estadidad o la soberanía, deberíamos apoyar las medidas de la Junta de Supervisión Fiscal como un mecanismo de descolonización de Puerto Rico. Tal vez, la izquierda lo ha entendido así y esa sea la explicación a la ausencia total de manifestantes el sábado en las inmediaciones del Hotel El Conquistador, cuyo nombre, irónicamente me recuerda la invasión de los americanos hace 119 años.


[1] Invitamos a nuestros lectores a leer nuestro libro Cómo Transformar el Gobierno. http://nicolasmunozpr.com/tienda/libro/como-transformar-el-gobierno/

 [2] Invitamos a nuestros lectores a repasar nuestra columna del 19 de noviembre de 2016: Por que la Junta de Supervisión fiscal no aprobó el plan fiscal del gobernador García Padilla. http://nicolasmunozpr.com/2016/11/19/por-que-la-junta-de-control-fiscal-rechazo-el-plan-fiscal-del-gobernador-garcia-padilla/

 [3] Invitamos a nuestros lectores a repasar nuestro breve ensayo, Detroit y Puerto Rico, en la página 71 de nuestro libro Crónicas de Esperanza: La mejor salida del laberinto económico. http://nicolasmunozpr.com/tienda/libro/cronicas-de-esperanza-la-mejor-salida-del-laberinto-economico/

 [4] El Nuevo Día. Domingo 29 de enero de 2017.

La agenda de descolonización del Presidente del Senado Tomás Rivera Schatz

La semana pasada se inició la discusión de una nueva medida legislativa de la autoría del Presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, para realizar una nueva consulta de status en Puerto Rico. Se trata del Proyecto del Senado 51 – Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico. Aunque parece un tema discutido diariamente en el país, una discusión seria amerita la consideración de varias premisas que permitan al electorado entender la compleja madeja de principios políticos que representa la toma de una decisión informada sobre este tema centenario de la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. En este espacio aspiramos a resumir la esencia de ese asunto y sus implicaciones económicas básicas.

El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz ha tomado la agenda de descolonización en su puño, creando una Comisión de Relaciones Federales y Económicas de Puerto Rico, que no debe haber duda alguna, su objetivo principal será adelantar la agenda de descolonización de Puerto Rico. Rivera Schatz se caracteriza por tomar las cosas muy en serio, juntar la gente y forzar la toma de decisiones, empujando con un guante de seda puesto sobre un puño de acero. Sabe negociar buscando la calle del medio, aunque a veces proyecte la impresión de querer imponer su criterio. Es un político centrado en metas y objetivos y debe poder lograr adelantar su agenda.

 

¿Qué propone el P del S 51?

El Proyecto del Senado 51 propone una consulta plebiscitaria este año 2017 en la que el elector seleccione entre dos alternativas: estadidad o soberanía. Si gana la opción de soberanía entonces habría una segunda consulta antes de terminar el año 2017, para seleccionar entre soberanía plena (independencia) o libre asociación (república asociada). Esta opción representa un Estado que libremente pacta una asociación con Estados Unidos por periodos de tiempo definido, que se renueva por periodos sucesivos a voluntad mutua de ambas partes, como todo pacto de asociación y que puede ser terminada o no renovada unilateralmente, según las cláusulas de un convenio de este tipo.

 

¿Cuáles son los principios base que debe conocer el elector?
Ha sido evidenciado que Puerto Rico es un territorio (colonia) de Estados Unidos sujeto a la voluntad del Congreso, sin poderes políticos ni representación desde 1898 cuando fue adquirido de España como producto de la Guerra Hispanoamericana. Eso ha sido validado históricamente por varias decisiones judiciales, del Congreso y ejecutivas del gobierno federal de Estados Unidos. La relación es de carácter colonial y el derecho internacional dispone que los territorios coloniales deben encaminarse a su autodeterminación política bajo las fórmulas que ha definido el derecho internacional, fuera de la cláusula territorial de la constitución de Estados Unidos.

 

¿Qué es la cláusula territorial?
La cláusula territorial de la Constitución, aprobada hace más de dos siglos, faculta al Gobierno federal para poseer territorios coloniales. Faculta al Congreso para ejercer poderes soberanos absolutos sobre esos territorios y las vidas de sus habitantes, incluyendo implantar de manera unilateral reglas y reglamentos en relación con el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos. Como indica el P del S 51, en su exposición de motivos, ser buen estadounidense es denunciar y combatir la injusticia, la desigualdad y el discrimen. El caso colonial de Puerto Rico, evidencia que el proyecto de igualdad y democracia dentro de los Estados Unidos de América es un asunto inconcluso faltando aun por honrar el Congreso el derecho a la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico.
Para el Congreso y el Presidente de Estados Unidos debería ser una vergüenza mantener la relación colonial de Puerto Rico. Es su responsabilidad encaminar a Puerto Rico hacia la descolonización, sea mediante la estadidad, la libre asociación o la independencia.

 

El Congreso no tiene las manos limpias en su trato al status político de Puerto Rico

El colonialismo promueve la injusticia, desigualdad y el discrimen. El Congreso de los Estados Unidos ha mantenido una política de coloniaje sobre Puerto Rico, de manera unilateral y evita actuar sobre el reclamo de los ciudadanos de Puerto Rico que en el 2012 votaron libremente por la descolonización mediante la igualdad política como un estado de la Unión. El P del S 51 argumenta correctamente que después de 119 años de coloniaje, el Congreso nunca se ha comprometido con una consulta vinculante que resuelva la condición colonial de desigualdad política de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Sus acciones mantienen en Puerto Rico un gobierno sin el consentimiento de los gobernados que, por mayoría manifestaron en un plebiscito que no favorecen el status territorial del llamado ELA.

Es cierto el argumento del P del S 51, en el sentido de que el Congreso creó para Puerto Rico una ciudadanía americana de segunda clase, por legislación, que es discriminatoria. Lo es porque puede ser revocable a discreción del propio Congreso, y sujeta a su autoridad absoluta bajo la infame clausula territorial de la Constitución, que considera a los residentes del territorio una mera propiedad de dicho Congreso.

Los ciudadanos americanos de Puerto Rico no tienen todos los derechos garantizados por la Constitución de Estados Unidos, ni tienen el derecho a la igual protección de las leyes que aprueba el Congreso y que afectan sus vidas. En el año 1922, mediante un caso resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, (Balzac vs. Puerto Rico) se resolvió que los ciudadanos americanos de Puerto Rico, por ser residentes de un territorio sujeto a la voluntad del Congreso, no tienen todos los derechos garantizados por la Constitución federal a los ciudadanos residentes en los estados y tampoco derecho a la igual protección de las leyes que aprueba el Congreso.

En otro caso de 1980 (Harris vs. Rosario) el Tribunal Supremo federal dictaminó que es legal que el Congreso discrimine contra los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico al asignar fondos federales, debido a que los residentes, incluyendo las corporaciones americanas operando en el territorio no pagan impuestos federales. Pero no pagan impuestos federales por disposición del Congreso, para beneficio mayormente de dichas corporaciones, que si pagan impuestos en los estados. El Congreso impone la ley y luego impone la discriminación mediante trato desigual en las asignaciones de recursos para el desarrollo económico y social de los residentes.

En conclusión, las imposiciones unilaterales del Congreso mediante leyes sobre Puerto Rico y su indiferencia ante decisiones del Tribunal Supremo federal, mediante el coloniaje, que destruye empleos, empresas nativas, ahorros, la salud y la educación de los ciudadanos residentes de Puerto Rico lo ubican en una situación en la que no tiene las manos limpias en su trato a Puerto Rico.

Por tanto, los residentes de Puerto Rico, tenemos el derecho de exigir el fin del coloniaje, al amparo de la Resolución 5141 (XV) de 1960 de la Organización de las Naciones Unidas que reconoce la estadidad como una alternativa de descolonización afirmando que “un territorio no autónomo ha alcanzado la plenitud del gobierno propio cuando se integra a un estado independiente”.

Si el Congreso no reacciona, el pueblo de Puerto Rico tiene que ejercer su derecho mediante todo mecanismo de desobediencia civil pacífica que esté a su alcance para dejar de ser los nuevos “Condenados de la Tierra” de los que habló Frantz Fanon en su tesis sobre el coloniaje. El coloniaje es una acción violenta que genera violencia y la desobediencia civil es una respuesta no violenta de un pueblo civilizado y cristiano que reclama su derecho a la igualdad.

 

¿Puede el ELA ser parte de un referéndum de descolonización?
Las fórmulas de autodeterminación reconocidas en el derecho internacional son solo tres: integración política plena a la metrópolis responsable del territorio (estadidad), soberanía plena (independencia política) o libre asociación (república asociada).
El estado de derecho de la fórmula territorial, conocida en Puerto Rico como Estado Libre Asociado, no puede ser una opción bajo las normas internacionales, no es posible mejorarlo, redefinirlo o ajustarlo si no es encaminando al país a la independencia o la libre asociación. No puede existir bajo la constitución de Estados Unidos un ELA mejorado, si no es una fórmula de libre asociación. Por eso no puede aparecer en una consulta de status para la descolonización de Puerto Rico.
La única opción es que el pueblo quiera continuar esa relación de inferioridad política, con las consecuencias devastadoras que actualmente tiene para el desarrollo económico y social de Puerto Rico y que el Congreso lo acepte así, en violación de las normas del derecho internacional y sujeto a las críticas, penalidades y consecuencias que dichas violaciones conlleven, incluyendo presión internacional, violencia armada en el territorio, terrorismo o desobediencia civil.
Puerto Rico podría convertirse en los nuevos “Condenados de la Tierra”, según afirmó Frantz Fanon, en su tesis sobre el coloniaje, basado en el caso de Argelia ante Francia. ¿Está el Congreso de los Estados Unidos dispuesto a esas consecuencias? En nuestra opinión, la respuesta es no.

 

¿Está madura la situación en Puerto Rico para definir el status político?

La situación en Puerto Rico está madura para una decisión. Recientemente las ramas Ejecutiva, Legislativa y judicial de los Estados Unidos han tomado decisiones reafirmando la situación colonial de Puerto Rico. El Congreso, con el aval de la presidencia de Estados Unidos han impuesto a Puerto Rico una capa de gobierno clara sobre el gobierno territorial a través de la Junta de Control Fiscal y han enviado un mensaje subliminal mediante la excarcelación del Sr. Oscar López, líder de las Fuerzas armadas de Liberación Nacional (FALN) encarcelado por varios delitos de conspiración sediciosa asociados a la lucha armada y terrorismo en favor de la independencia de Puerto Rico.

 

¿Es posible el desarrollo económico sin resolver el status político colonial?

Para hablar del futuro económico de Puerto Rico tenemos que considerar el status, aunque algunos no quieren hablar del tema. Hay asuntos económicos que se pueden resolver bajo el status territorial actual, pero hay otros que van amarrados a la decisión que haga el pueblo de Puerto Rico y que negocie con el Congreso. En el próximo referéndum alrededor de 1.8 millones de electores en Puerto Rico serán los que decidan y al hacerlo, que tengan una calculadora a mano para que midan el impacto al bolsillo de su decisión. Porque su decisión debe basarse en datos económicos e información sólida y no en los mitos sobre idioma y cultura, que han sobrevivido más un siglo de coloniaje americano.

 

La opción de la estadidad y su impacto económico-social

En el referéndum del 6 de noviembre de 2012, el 54% de los votantes indicó que no estaban satisfechos con la actual relación política con los Estados Unidos. El 61.11% seleccionó la estadidad como opción para una solución permanente al status.
Como economista, estoy convencido que la mejor opción de status es la estadidad, para lograr la integración plena y estable a la economía de Estados Unidos. Aunque mi preferencia es la estadidad, no se debe descartar la soberanía como opción.
Si en el 2010 Puerto Rico se hubiese convertido en un Estado, comparado con otros de igual población, los fondos para el desarrollo económico considerablemente mayores a lo recibido actualmente. Eso reflejan datos de publicaciones recientes. Esos recursos, bien administrados, representarían un nivel de desarrollo económico sostenido, estabilidad, mayor distribución de la riqueza y calidad de vida.

Según un estudio del General Accounting Office (GAO. Puerto Rico. Information on How Statehood Would Potentially Affect Selected Federal Programs and Revenue Sources. 2014), si Puerto Rico se hubiese convertido en un Estado en el año 2010, en el 2011 probablemente hubiese recibido alrededor de $9 mil millones adicionales en aportaciones federales y sus ciudadanos hubiesen pagado alrededor de $2.2 billones en impuestos federales y las corporaciones $0.7 billones adicionales. El resultado neto podría haber sido $6 mil millones adicionales ese año e incrementos que correspondan en años subsiguientes. Esos recursos llegarían a familias de bajos recursos económicos para su desarrollo social y económico. Una parte importante sería para el desarrollo de nueva infraestructura y mejoramiento de la infraestructura ya existente.

Un análisis detallado de esta opción política y sus implicaciones económicas ha sido incluido en numerosos estudios que requieren un espacio de escrito más amplio, que este blog. El lector puede hacer referencia adicional a varios estudios sobre este tema, que han sido publicados por la General Accounting Office (GAO) del Congreso de los Estados Unidos y otras fuentes.

Puerto Rico no debe considerar la opción de la estadidad únicamente por una aspiración a mayor cantidad de fondos federales, sino por consideraciones más amplias, de índole moral, cultural y seguridad política y económica, particularmente acceso a mecanismos de desarrollo económico. Pero no hay duda que los fondos federales adicionales recibidos con dignidad, después de contribuir a la Nación con nuestra parte de impuestos federales, serían una gran fuente de recursos para estimular el desarrollo económico y social, tan necesario en el país.

 

La libre asociación y la república independiente

La libre asociación es también una opción válida. La república independiente es la otra opción. A largo plazo permitiría control sobre algunas variables macroeconómicas. La libre asociación y la independencia permitirían mecanismos más eficientes para eliminar la dependencia sociológica de los individuos y ejercer un control mayor del comportamiento colectivo.

Pero, el país tendrá un periodo largo de ajuste y de privación económica propio de este cambio que elimina de un plumazo o a plazos la inmensa mayoría de las ayudas federales actuales. En el proceso, hay variables que podemos cuantificar y otras cuyo valor resulta difícil estimar. Las asignaciones del gobierno federal para el desarrollo económico y social serán eliminadas por etapas en un periodo que puede ser inmediato o hasta de 10 años según la experiencia de otras jurisdicciones.

El seguro social federal también se eliminará. Los recipientes actuales lo seguirían recibiendo, pero el resto pasará a formar parte del nuevo sistema de la república, cuyo método y administración resulta incierto. No se puede ser una república y seguir aportando al seguro social de los estados Unidos. Las agencias federales dejarán de operar en Puerto Rico, llevando al desempleo a miles de puertorriqueños, como ocurrió en el caso de Roosevelt Roads. El sistema estadounidense de protección de derechos civiles, procesamiento criminal y protección ambiental dejara de funcionar. Se elimina el concepto de la Corte Federal, que la mayoría del pueblo favorece, por confiar más en la justicia de dicho instrumento federal que en la justicia local. Los fondos para programas de salud, educación, bienestar social e infraestructura, particularmente carreteras y transportación colectiva, entre otros, dejarán de ingresar a las arcas del gobierno.

La república solo tendría a su favor el plan de eliminación a plazos de las ayudas actuales, que esté dispuesto a conceder el Congreso. El aumento en la falta de recursos del gobierno y la incertidumbre, provocarán una severa limitación adicional al crédito. La republica podría acudir al Fondo Monetario Internacional, pero difícilmente obtendría financiamiento bajo términos más liberales que lo concedido bajo la estadidad. El Fondo Monetario Internacional es odiado por los países que les han tomado dinero prestado, por las condiciones onerosas que les ha impuesto para tomar prestado. La incapacidad de emitir nueva deuda será por un periodo incierto, mayor a la situación actual bajo el gobierno territorial y pondrá mayores restricciones al gobierno de la república. El capital extranjero no estará protegido por las leyes federales de Estados Unidos, generando incertidumbre adicional. Por tanto, habrá mayor fuga de capital.
Si el pueblo opta por la libre asociación, en lugar de la plena soberanía bajo la independencia, si acepta esa opción el Congreso, el pacto no tendrá carácter permanente, como concluye el Informe de Casa Blanca de 2011 . El Congreso podrá cancelarlo unilateralmente, como dispone el pacto de 2003 con Micronesia y las Islas Marshall.
Bajo la independencia las fuerzas de orden público tendrán que asumir un control fuerte sobre la población por el proceso de ajuste económico. Las protestas del cierre del gobierno de mayo del 2006 será una gota de agua comparada con el diluvio que este ajuste provocaría. El gobierno tendría que adoptar poderes y medidas dictatoriales y de ley marcial para imponer el orden. ¿Estamos dispuestos como pueblo a aguantar esa tempestad?

 

El rol del plan Tennessee como mecanismo de presión al Congreso

El Plan Tennessee es una estrategia adoptada por ese estado para presionar al Congreso cuando este ignoró consistentemente su pedido de igualdad política. Es el nombre que se ha dado a la estrategia seguida en el 1795 para lograr ser admitido a la unión de los Estados Unidos de América. Este territorio fue el primero en usar dicho método, pero luego lo utilizaron otros, incluyendo a Michigan, Iowa, California, Oregón, Kansas y Alaska. El Plan consiste de varias etapas en un marco legal, lejos de mero proselitismo partidista.

El proceso es como se describe a continuación. Veamos: 1) El territorio solicita la estadidad y el Congreso no actúa. 2) Los residentes del territorio eligen delegados para redactar una constitución, sin previa intervención congresional. 3) Se realiza una elección para elegir dos senadores y un número de representantes (en el caso de Puerto Rico se ha estimado en cinco representantes. 4) Se envía la delegación a Washington a residir allá, cabildear por los pasillos del Congreso y votar simbólicamente fuera del hemiciclo para ilustrar como hubiese cambiado una votación si su voto fuera válido. 5) Finalmente, el Congreso se ve forzado, por fuerza moral, presión interna de medios de comunicación y grupos de derechos civiles, desobediencia civil, presión de votantes hispanos en Estados Unidos y presión internacional a aprobar una ley habilitadora con cláusulas para la transición del nuevo estado. Usualmente se ha requerido que los legisladores vuelvan a ser re-elegidos y en ocasiones no se incorpora una delegación completa, sino parcial, hasta la siguiente redistribución electoral tras el censo de población siguiente, ya que la Cámara se elige en proporción a población.

El último estado en utilizar el Plan Tennessee fue Alaska. En el 1946 Alaska realizó un plebiscito en el que 58% de los electores favorecieron la estadidad, un porcentaje menor a lo ocurrido en Puerto Rico en el último referéndum. En 1955, seis años después, todavía el Congreso no había actuado. El territorio convocó una asamblea constitucional ese año y en 1956 aprobaron una nueva constitución endosando el uso del Plan Tennessee. En las elecciones generales siguientes eligieron su delegación al Congreso. Dos años después, en 1958, el Congreso aprobó la ley habilitadora para admitir el nuevo estado y los votantes ratificaron la ley. En 1959 Alaska fue admitido como el Estado número 49. El proceso tardó 4 años desde que convocaron la asamblea constitucional y 13 años después de haber votado por la estadidad.

 

Plan Tennessee y desobediencia civil

En conclusión, el Plan Tennessee es un tipo de desobediencia civil pacífica. Este método asume que el electorado haya votado mayoritariamente por la estadidad. Esta experiencia enseña que la estadidad no se logra de un plumazo. A Alaska le tomó 13 años desde que sus residentes votaron mayoritariamente por esa opción. Si en Puerto Rico el proceso siguiera el mismo curso, la estadidad advendría en el año 2025. ¿Será el Plan Tennessee el método para la descolonización de Puerto Rico? ¿Será útil la desobediencia civil pacífica? En el sistema constitucional estadounidense ha funcionado. El ejemplo más reciente es la lucha por los derechos civiles de los ciudadanos americanos afroamericanos dirigida por Martin Luther King.

 

Pelear por una estrella, luchar por ella

En el 2026, 9 años a partir de 2017 y 13 años a partir de la votación mayoritaria de 2012 a favor de la estadidad, si la solución al dilema colonial toma el tiempo que le tomó a Alaska, mi hija menor Nicole Marie habrá cumplido 13 años. No tengo duda que será defensora de la igualdad política, aunque aún no podrá ejercer el voto. Como en la Canción de Ricky Martin, “La Copa de la Vida”, querrá “pelear por una estrella, para sobrevivir y luchar por ella”. Imagino que le interesaría acudir a la ceremonia de izar la nueva bandera americana, con 51 estrellas, en Washington DC. Pero antes de eso, es posible que quisiera participar en las marchas pro estadidad en el Mall, frente al Capitolio Federal y quien sabe, si como joven impetuosa en su adolescencia, quiera amarrarse a las columnas del monumento a Jefferson en algún día memorable, como el día feriado del aniversario de Martin Luther King.

Quién sabe si querrá sentarse con la bandera prototipo con 51 estrellas, en los pasillos de los edificios del Capitolio en Washington, Cannon, Longworth o Rayburn de oficinas de congresistas, o Russell, Dirksen y Hart de oficinas de los senadores. Los jóvenes adolescentes son excelentes en las estrategias de desobediencia civil. Pienso que las técnicas de lucha pacífica, que se han sido utilizadas históricamente para luchar por la independencia también pueden ser buenas para luchar por la estadidad.

 

El rol de Tomás Rivera Schatz
No tengo duda que el Presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, autor del proyecto del Senado 51, será enfático en su agenda de descolonización y estaría dispuesto a luchar por la descolonización de Puerto Rico 9 años más, si fuera necesario, desde el foro legislativo o la gobernación, o como ciudadano individual, según el juego de dados de la política lo determine.

 


[1] El lector puede explorar las siguientes referencias, entre otras.

  1. Badillo, V. The Economic Implications of Puerto Rican Statehood. Thesis. Haverford College. 2005.
  2. Joint Committee on Taxation. Overview of the special tax rules related to Puerto Rico and an analysis of the tax and economic policy implications of recent legislative options. 2006.
  3. PR Fiscal Relations with the Federal government and economic trends during the phase-out of the possessions tax credit. 2006.
  4. Puerto Rico. Information on How Statehood Would Potentially Affect Selected Federal Programs and Revenue Sources. 2014.
  5. Hunter, L.A. Leave not State or Territory Behind. Formulating a pro-growth economic strategy for Puerto Rico. Institute for Policy Innovation. 2003.

[2] Casa Blanca. Oficina del Presidente. Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Status de Puerto Rico. 2011.

Hoy juramenta el nuevo gobernador Dr. Ricardo Rosselló. ¿Una nueva etapa para Puerto Rico?

Hoy, 2 de enero de 2017 el país está atento a la juramentación del nuevo gobernador Dr. Ricardo Rosselló. Le corresponde gobernar en las circunstancias más difíciles de los tiempos modernos. La economía en retroceso, el crédito del país degradado a nivel de chatarra con el impago de la deuda pública, el mercado de bonos cerrado para el país, el desempleo alto, la confianza de la ciudadanía en el gobierno y las instituciones sociales al nivel más bajo en muchos años, los servicios públicos en deterioro, la infraestructura de carreteras al nivel más alto de aspereza (pavimento destrozado) en Estados Unidos, energía, agua potable y alcantarillados altamente deteriorada y una Junta de Supervisión Fiscal con el ojo puesto en cada decisión que tome el gobernador. Parecería que toma la jefatura de un país destrozado por una guerra civil. Medidas dolorosas que requerirán de valentía y carácter le esperan:

1. Tendrá que achicar el gobierno, eliminar agencias y reubicar empleados públicos, para recortar el presupuesto de gastos en nómina en el gobierno central, tomar medidas dolorosas, e impulsar cambios significativos en la forma de gobernar.

2. Deberá reducir el gasto en la Tarjeta de la Reforma de Salud, mediante la reducción del número de participantes, eliminando todas aquellas personas que no son verdaderos indigentes; recortando algunos beneficios que se ofrecen, que en ciertos casos son mayores a los que ofrecen los planes privados que pagan los que no cualifican para la reforma; y desarrollando un plan enfático de prevención de fraude y procesamiento criminal a los que se determine que participan del fraude.

3. Tendrá que reducir el gasto en el Departamento de Educación, que recibe alrededor de $800 millones en aportaciones del Fondo General, sin incluir aportaciones de los juegos de azar y la lotería electrónica. Este departamento debe realizar ajustes en capas de burocracia, gastos no esenciales, compras y servicios ineficientes y grasa administrativa que generen ahorros de $200 millones. Sera necesario reformular toda la filosofía del sistema de educación pública para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes y prepararlos con énfasis en ciencias, matemáticas, tecnología y actitudes empresariales positivas.

4. Será necesario limitar la asignación a la Universidad de Puerto Rico, que recibe cerca del 10% de los recaudos del Fondo General, equivalente a $800 millones. La UPR puede recibir un recorte de fondos de $100 millones y recuperarlos mediante aumentos en las tarifas por concepto de matrícula y cuotas. El pago de matrícula en la UPR es menos de una tercera parte de lo que se paga en las universidades privadas locales y lo cubre la beca federal Pell, de la cual el estudiante promedio retiene parte en su bolsillo, como sobrante después del pago de matrícula. Además, la UPR debe cerrar algunos recintos y programas duplicados, consolidar servicios, así como generar más ingresos propios, como lo hacen las universidades privadas, que no reciben asignación presupuestaria del gobierno.

5. Será necesario realizar una reforma contributiva que contemple reducir o eliminar algunos de los impuestos actuales implantados bajo la administración del gobernador García Padilla, que afectan al consumidor directamente y, por otro lado, aumentar el impuesto actual de 4% a las corporaciones denominadas como “foráneas” – Ley 154-2010), independientemente de que se consiga o no un crédito contributivo a nivel federal para estas corporaciones.

6. Deberá reevaluar muchos de los incentivos económicos otorgados actualmente, de poco impacto y beneficio, y decidir cuales eliminar en el corto plazo para viabilizar un Sistema más eficiente de promoción de nuevas empresas.

7. Será necesario reducir los requerimientos del proceso de permisos de construcción y operación de negocios en Puerto Rico, que actualmente limita el establecimiento de nuevas empresas en el país. Eliminar obstáculos a los procesos para hacer negocios en Puerto Rico y agilizar la burocracia que afecta a las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes empresas.

8. Será necesario promover la utilización de las herramientas modernas de gobierno electrónico para reducir costos.

9. Tendrá que buscar una salida el déficit actuarial de los sistemas de pensiones, incluyendo varias medidas dolorosas, tal vez, aumentando la edad de retiro, reduciendo el monto de las pensiones, aumentando las aportaciones de los empleados y la del patrono.

10. Tendrá que privatizar operaciones gubernamentales que han resultado ser ineficientes en manos del gobierno y que sangran el presupuesto, principalmente en corporaciones públicas que se supone que sean autosuficientes y que nunca lo han sido.

11. Tendrá que reinventar los programas sociales de ayudas a las familias en mayor desventaja para estimular el aumento en la fuerza laborar y la tasa de participación laboral y el empleo por cuenta propia y reducir la mentalidad de dependencia que arropa a un amplio sector de la población.

12. Deberá poder lograr las bases de la recuperación económica en tres años, a tiempo para rendir cuentas de logros importantes al electorado en las elecciones generales próximas del año 2020, si quiere ser reelecto, pues necesitará al menos dos términos, ocho (8) años, para enderezar sustancialmente el país y lograr que la Junta de Control fiscal cese operaciones en 10 años.

Si el Dr. Ricardo Rosselló logra provocar estos cambios, el país retornará al progreso sostenido y habrá sentado las bases para ser el primer gobernador del Estado 51 de la Unión de Estados Unidos de América o el primer Presidente de la República Asociada de Puerto Rico.

El nuevo Capitán de la Agricultura: Carlos Flores

El nombramiento del nuevo Secretario de Agricultura, el agrónomo Carlos Flores, es un nombramiento acertado. Flores, además de ser agrónomo, es científico de la Estación Experimental Agrícola, especialista en el cultivo del café y pequeño agricultor de la región de la montaña. Es un profesional organizado y disciplinado, capitán de la Guardia Nacional. Es humilde, tiene los pies en la tierra y conoce los problemas de los agricultores.

Tiene grandes retos por delante, pues el sector agrícola ha sufrido una reducción continua en el número de fincas y su importancia relativa en la producción y el producto bruto de la economía de Puerto Rico. Conforme el último censo de agricultura de 2012, las fincas agrícolas, se redujeron entre 2007 y 2012, en 2,586, una reducción de 16.4% con relación al 2007. El próximo censo de 2017 seguramente reflejará una reducción adicional en el número de fincas. Ya casi nadie quiere trabajar en la agricultura, ni siquiera de subsistencia para consumo familiar.

A principios de década de 1960, cuando era niño, mi madre nos levantaba temprano al amanecer, a mí y mis hermanos, para ordeñar la cabra y la vaca, alimentar los cerdos, mudar la vaca y el caballo y asperjar la siembra en una pequeña parcela de una cuerda. Luego íbamos a la escuela. Nos alimentábamos de la finca, se vendía parte de la cosecha, animales de corral y semillas. Así nos pagamos los estudios 8 hermanos y nos hicimos profesionales. No había beca Pell ni cheque del PAN. Vivíamos de la agricultura de subsistencia, la pequeña finquita. Hoy, 57 años después, la agricultura es el sector económico más rezagado, olvidado y subestimado como sector de producción.

Si siquiera como reserva para casos de desastres o conflictos bélicos, que afecten las fuentes de importaciones de productos agrícolas, podemos decir que tenemos suficiente producción agrícola como estrategia de supervivencia. Nos moriríamos de hambre. La agricultura es importante porque además de su aportación a la producción, protege el hábitat, el paisaje, la conservación del suelo, la ordenación de las cuencas hidrográficas y la conservación de la biodiversidad.

En su valor económico, la agricultura de Puerto Rico tiene potencial para desarrollar agro-empresas tipo autoempleo y generar miles de empleos en ciertos renglones de producción agrícola no tradicional. Esta alternativa de actividad económica aumentaría la generación de ingresos, disminuiría la dependencia de importaciones de alimentos y le generaría algunos recaudos al gobierno. Puerto Rico ha logrado altos niveles de desarrollo económico gracias a la promoción de la manufactura y el turismo, entre otros sectores de producción, pero a expensas de la promoción de renglones agrícolas en los que hay potencial de demanda y empleo.

El nuevo secretario, Carlos Flores, tiene el reto de re-evaluar la política pública hacia la agricultura, incluyendo los incentivos y las tierras agrícolas baldías, con un enfoque menos paternalista hacia los agricultores tradicionales que siempre se quejan de las ganancias de la finca, pero viven en residencias suntuosas y conducen automóviles de lujo; no pagan contribuciones y reciben subsidios salariales y de insumos para la finca de parte del gobierno. Esos agricultores tienen mollero político, presionan a los alcaldes y éstos, presionan al Secretario. Carlos Flores tendrá que caminar sobre el filo de la dependencia creada en los agricultores y las presiones políticas.

La pregunta es: ¿Podrá el nuevo Secretario impulsar este sector como fuente vigorosa de autoempleo para personas desempleadas en estos tiempos de crisis económica y cambiar la cultura de dependencia de los agricultores tradicionales?

Por qué los estudiantes de Puerto Rico están en las últimas posiciones de aprendizaje a nivel mundial

En estos días la prensa ha reseñado los resultados de las pruebas PISA 2015 de aprovechamiento en lectura, ciencias y matemáticas de los estudiantes de 15 años, un estudio que se hace cada tres años a nivel mundial en 72 países auspiciado por la OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Singapur, Japón, Estonia, China y Finlandia ocupan las primeras cinco (5) posiciones y Puerto Rico está entre los últimos 10 lugares entre los países incluidos en el estudio. ¡Caramba! ¿Por qué?

Los resultados de PISA (Progress for International Student Assessment), administradas por la OECD indican que, por encima de un determinado nivel de gasto por estudiante, la excelencia en la educación exige que a la forma en que se asignan los recursos se le otorgue tanta importancia como a la cantidad de recursos disponibles. Los sistemas escolares con alto rendimiento tienden a asignar recursos más equitativamente entre las escuelas privilegiadas y las desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómico. Las escuelas con más autonomía en materia de planes de estudios y evaluaciones tienden a rendir mejor que las escuelas con menos autonomía cuando forman parte de sistemas escolares con más disposiciones de rendición de cuentas y/o mayor colaboración entre el maestro y el principal en la gestión de la escuela.

Que hacen diferente Singapur y China

Singapur y China están entre los países con las puntuaciones más altas en la evaluación de las destrezas de mayor importancia de los estudiantes. Entre sus estrategias se destacan las siguientes:

  1. La creación de pares de escuelas de alto nivel de ejecución con escuelas de bajo nivel de ejecución.
  2. A las escuelas de excelencia se les otorga contrato para mejorar las de menor excelencia y bajo nivel de aprovechamiento.
  1. Los principales de las escuelas de excelencia sirven de mentores a los de baja excelencia y los maestros de alto nivel de ejecución a los de menor nivel.
  2. El establecimiento de lazos estrechos entre la educación y la economía.
  3. El desarrollo sobresaliente en las destrezas de los maestros y los líderes escolares.
  4. Un servicio civil honesto y efectivo con experiencia en la educación y trabajando de manera cercana con la educación al maestro.
  5. Inversión en facilidades de primera para las escuelas.
  6. Fuertes enlaces entre la educación técnica y las industrias creando programas de adiestramiento a la medida para las necesidades industriales.
  7. Envolvimiento hands-on / minds on entre padres y estudiantes.

El problema en Puerto Rico no es el presupuesto

Es meritorio señalar algunas características del sistema educativo de Puerto Rico en cuanto a la inversión que se hace en el país, para lograr unos resultados tan desastrosos. A continuación, algunas cifras:

  1. El presupuesto del Departamento de Educación (DE) para el año 2014 (el más reciente que tuvimos acceso) fue $3, 609 millones (OGP, 2014). Este presupuesto representa 12.4% del presupuesto consolidado del gobierno de Puerto Rico, de $29,030 millones ese año. El Fondo General aporta $2,363 millones, equivalente a 65.5%. El gobierno federal aporta $1,192 millones, equivalente a 33%, lo que representa uno de cada tres dólares invertidos en la educación.
  2. El DE de Puerto Rico es el tercer distrito escolar más grande de EUA. Sirve al 57% de los estudiantes de K-12 de PR. 6 de cada 10 estudiantes.
  3. El número de escuelas de alto aprovechamiento, (2013-2014) fue de 11%. Las de bajo aprovechamiento representaron 89%. El número de maestros (2013-2014) era de 38,000. Los no docentes 38,000. Un no docente por cada docente.
  4. El número de estudiantes (2013-2014), 412,000. 11 estudiantes por maestro. El 85% de los estudiantes provienen de familias pobres. El 90% utilizan servicios de comedor escolar.
  5. La inversión por estudiante es de $7,000. Anuales.

El reto del nuevo Secretario de Educación

Se puede concluir, a juzgar por varias investigaciones y los resultados de las pruebas PISA, que hay varios elementos esenciales de un sistema educativo de alto nivel de ejecución para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de destrezas para competir de manera exitosa. Entre estas se destacan los siguientes: visión de largo plazo, liderato sostenido, estándares ambiciosos, maestros de alta calidad y liderato en las escuelas; alineamiento y coherencia entre currículo y estándares; uso efectivo de los recursos; motivación y compromiso de los estudiantes y orientación global y de pensamiento hacia el futuro.

La preparación de nuestros estudiantes para el siglo 21 requiere enfatizar la enseñanza de ciertas destrezas asociadas a la globalización, entre éstas, las siguientes:

  1. Las maneras de pensar – creatividad, innovación, pensamiento crítico, resolución de problemas, aprender como aprender.
  2. Maneras de trabajar – comunicación y colaboración, trabajo en equipo.
  3. Herramientas para el trabajo – familiaridad con las tecnologías de información y comunicación.
  4. Como vivir en el mundo – principios de ciudadanía, responsabilidades profesionales y sociales, incluyendo la toma de conciencia global y cros-cultural.
  5. Dominio de varios idiomas.
  6. Empresarismo – innovación, crear, producir.
  7. Altos valores y principios éticos.
  8. Aprendices de por vida.
  9. Incorporación de la tecnología.
  10. Cursos virtuales en el mayor número posible de materias, según sea apropiado.
  11. Expandir el aprendizaje más allá del día escolar.
  12. Crear y compartir experiencias de salones globales y colaboración con escuelas de otras jurisdicciones.
  13. Experimentos de laboratorios on line.
  14. Uso de bibliotecas on line para desarrollo de materiales de currículo.
  15. Adaptación del ritmo de instrucción con las necesidades individuales.
  16. Utilizar los juegos on line y aplicaciones para los dispositivos móviles.

¿Qué hacer con el Departamento de Educación?

El sistema educativo de Puerto Rico, carece de la mayoría de los elementos que tienen los sistemas exitosos de otros países, conforme los resultados de las pruebas PISA. Las experiencias de otros países, reflejadas en las investigaciones realizadas por la OECD pueden ser de gran utilidad.

  1. Dichas investigaciones sugieren que, como primer paso, se necesita descentralizar el sistema educativo, de manera que quien responda a los votantes por la escuela pública del barrio no sea el gobernador, sino una junta escolar electa. El Departamento de Educación debe proveer los lineamientos de currículos y estándares que sirvan de guía y dejar la ejecución al nivel local. Puerto Rico es uno de los pocos sistemas, dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, con un sistema centralizado. En la mayoría de las jurisdicciones al nivel nacional, la educación pública se maneja al nivel de los condados. Puerto Rico sería el equivalente, tal vez, a ocho condados, como ejemplo, uno por cada distrito senatorial.
  2. El reclutamiento de los maestros debe ser de primera; hay que reclutar los mejores. Singapur selecciona, de los graduados de universidad, entre los que reflejan el 30% más alto de ejecución académica; Finlandia del 10% y Corea del 5% más alto. Se debe realizar campañas innovadoras de reclutamiento; exigir niveles de ejecución académica altos en los solicitantes, que puedan demostrar alta motivación y buenas destrezas de comunicación. Es necesario igualar salarios con otras ocupaciones de alta demanda para los mejores graduados; crear programas de mejoramiento profesional, sistemas de evaluación de maestros; programas de mentoria y desarrollo profesional on line para los maestros.
  3. El proceso educativo se ha convertido en un ejercicio de educación para la vida, que nunca termina, desarrollando destrezas y conocimiento transferible que puede ser aplicado a diferentes mercados y circunstancias. La introducción de la tecnología en el salón de clases, ayuda notablemente a ese proceso, cambiando la manera como se imparte educación a los estudiantes. Gradualmente, está brindando una nueva forma de educación electrónica, nuevos materiales y programas y formas electrónicas para los estudiantes crear sus trabajos académicos. Los maestros preparan sus clases de manera electrónica y asignan tareas, administran pruebas y las evalúan de manera electrónica. Las pantallas interactivas han reemplazado las viejas blackboards. Estas nuevas formas de aprendizaje han contribuido a la globalización de la educación. Hay que digitalizar el proceso de enseñanza, pero para hacerlo hay que buscar maestros que sean lo más cercano posible a “digital native”.
  4. En lo relativo a los salarios, Puerto Rico mantiene un rezago considerable. El salario promedio de un maestro de escuela elemental en el sistema de educación pública en Puerto Rico, con 15 años de experiencia en el magisterio es de aproximadamente $25,100. Luxenburgo les paga, $99,900; Alemania, $65,800; Canada, $63,500; Australia, $56,300 y Estados Unidos, $53,700. (OECD-2015). El Estado de Texas, les paga un salario promedio de $51,400. Es por tal razón que ha ocurrido un éxodo considerable de maestros a ese y otros estados de Estados Unidos. Es necesario re-diseñar las escalas de salarios y los requerimientos de destrezas de los nuevos maestros. Hay que crear nuevas escalas salariales para maestros de ciencias, matemáticas y comprensión de lectura.
  5. Es necesario crear una nueva mística hacia las ciencias y las matemáticas. Se debe promover estas materias como algo “cool”. En los países que tienen éxito en la enseñanza de estas materias, se reconoce a los estudiantes de estas materias en competencias y en la otorgación de premios e incentivos. En Puerto Rico se ha desarrollado a lo largo de décadas una mala imagen hacia las ciencias y las matemáticas. Esas asignaturas, son el “cuco” de la enseñanza. Se considera como un estudiante raro a aquel que le gustan las ciencias y las matemáticas. En mis años de universidad, los estudiantes de ciencias naturales, eran mirados con desdén. Yo odiaba la clase de cálculo y nunca me pudieron explicar la utilidad de las ecuaciones diferenciales y el uso de la primera y la segunda derivada en cálculo. Luego aprendí su utilidad en el cálculo de la razón de cambio en las funciones de consumo y producción y los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
  6. Se debe volver a considerar el concepto de los vales educativos (vouchers) que ya una vez se intentó probar en el sistema educativo en Puerto Rico. Milton Friedman, economista laureado con el premio Nobel, también de la Universidad de Chicago fue el primero en abogar por el uso de vouchers” para otorgar a los estudiantes la libertad de elegir la escuela de su preferencia. En un artículo en el Washington Post, en 1995 escribió … “un sistema educativo mejorado significativamente puede hacer más que cualquier otra cosa para limitar el daño a nuestra estabilidad social…” En otro artículo en el Wall Street Journal, en el 2000 describió su creencia en los vouchers educativos … “el objetivo principal de los vouchers educativos es mucho más ambicioso; es arrastrar la educación desde el siglo 19 hasta el siglo 21 introduciendo la competencia a una escala mayor…”  
  7. Es necesario reducir el número de escuelas, consolidando los centros de enseñanza, para reducir parte de los gastos operacionales. Los planteles sobrantes pueden ser modificados para alquiler a otras operaciones de la economía y utilizar la renta devengada para fortalecer las finanzas del sistema educativo de la región donde está ubicada la escuela.
  8. Los países que tienen éxito, promueven el envolvimiento de los padres en la enseñanza de los hijos. Exigen responsabilidad a los padres y no permiten la actitud de manos afuera de éstos, dejando la responsabilidad a la escuela. La actitud hacia el aprendizaje – predisposición para aprender- es mayor en los estudiantes cuyos padres tienen grandes expectativas para ellos, que esperan que obtengan un grado universitario y trabajen en una ocupación profesional en el futuro. Estos estudiantes tienden a tener más perseverancia, mayor motivación para aprender matemáticas y más confianza en su propia capacidad para resolver problemas matemáticos, que otros estudiantes con un status socioeconómico y rendimiento académico similar, pero con padres que tienen expectativas menos ambiciosas para ellos. La falta de puntualidad y el ausentismo escolar están asociadas de manera negativa con el rendimiento del estudiante.
  9. El apoyo de la comunidad al maestro en la disciplina en la escuela es parte de la cultura de los países que tienen éxito en el aprendizaje de los estudiantes. En Puerto Rico, la legislación y la actitud del entorno de profesionales de la conducta le quitan el respaldo al maestro y fomentan una cultura en la que el estudiante es el que manda en el salón de clases y puede, inclusive castigar y agredir al maestro sin consecuencias mayores.
  10. Finalmente, es necesario profesionalizar la gerencia de escuelas. No se puede mantener una gerencia adecuada asignando esa responsabilidad a personas que reclaman un crédito y un puesto por su aportación política al partido gobernante. Es uso y costumbre en Puerto Rico, nombrar como directores regionales del Departamento de Educación a personas cuya mayor experiencia en gerencia de proyectos y presupuesto es haberse fajado en una campaña política.

El nuevo Secretario de Educación que inicia operaciones en enero de 2017 debe romper la estructura y filosofía del Departamento. Friedrich Hayek, economista austriaco y premio Nobel de economía, profesor del London School of Economics y la Universidad de Chicago, en su libro, The Road to Serfdom, publicado por primera vez en el 1944, (University of Chicago Press), critica las burocracias en la educación. Señala que el mercado libre, en lugar del gobierno, era la mejor manera de determinar el precio de los bienes y servicios incluyendo la educación en las escuelas. Puerto Rico se puede beneficiar del pensamiento de este economista.

Manuel Laboy: El nuevo capitán del desarrollo económico

El nombramiento del nuevo Secretario de Desarrollo Económico (DEC), el Ing. Manuel Laboy, por el gobernador Ricardo Rosselló, es un nombramiento excelente. Laboy es ingeniero químico y gerente de proyectos que tiene casi 20 años de experiencia como ingeniero en el sector privado. Se ha desarrollado mayormente como gerente de proyectos. Esa profesión que no muchos entienden, cuyo rol es lograr que los proyectos se completen, que se terminen en el tiempo estipulado, con el costo estimado y la calidad esperada.

Laboy es estructurado, organizado, tiene los pies en la tierra, tiene la juventud que permite soñar y tiene hambre de lograr un cambio hacia la modernización de las estructuras que pueden permitir impulsar en desarrollo económico.

En sus manos esta transformar el Departamento de Desarrollo Económico y las políticas para el desarrollo. Tendrá el reto de impulsar las iniciativas para el desarrollo de la tecnología y la innovación, incluyendo los parques tecnológicos, las incubadoras de empresas y las reglas para atraer negocios a Puerto Rico. Podrá transformar y realizar una re-ingeniería de los incentivos económicos que puedan producir empleos y las políticas de adiestramiento para los desempleados ajustadas a las necesidades de las empresas. Tendrá la oportunidad de empujar el avance en los indicadores de competitividad de nuestra economía.

Podrá capitanear el proceso de ajuste que es necesario para que las empresas modifiquen su organización para competir con ventajas en la globalización de los mercados y para aumentar las exportaciones de Puerto Rico, que ayudarán enormemente a aumentar el número de empleos. Para ello se requiere de un esfuerzo conjunto con las organizaciones empresariales como la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio, el Centro Unido de Detallistas y otras instituciones privadas en conjunto con el gobierno. El rol del Departamento de Desarrollo Económico será fundamental en este proceso.

Tendrá, además, la oportunidad de re-diseñar el Departamento de Desarrollo Económico. Le será útil indagar en los modelos del Estado de Florida e Indiana, e inclusive en modelos como Nueva Zelanda e Irlanda. No será necesario que invente la rueda, solo que mire más allá del insularismo local. Necesitará el apoyo de las agencias de reglamentación de permisos, de la Junta de Planificación, de las universidades y las asociaciones de empresas.

Todos los economistas, empresarios, forjadores de política pública y personas interesadas en que Puerto Rico salga del laberinto en que se encuentra la economía debemos apoyar este nombramiento y desearle éxito en sus gestiones. El resume de Manuel Laboy es una crónica de esperanza para una economía agobiada por la incertidumbre y las políticas erradas. Laboy es el nuevo capitán que puede llevar el barco del desarrollo económico a un puerto de progreso y seguridad económica.

Las fuerzas armadas que hereda el Presidente Trump

El Presidente Trump, una vez juramentado como Presidente número 45 de los Estados Unidos de América tendrá entre sus prioridades, determinar qué nivel de modernización y cuanta inversión deberá hacer la nación en sus fuerzas armadas para mantener un panorama de seguridad que detenga a enemigos y evite cualquier amenaza mayor a la seguridad e intereses de Estados Unidos. Trump hereda varios conflictos a nivel mundial, en los que Estados Unidos está envuelto, directa o indirectamente, según un reportaje de esta semana de The Daily Signal.

Siria e Irak: Como respuesta a la rápida expansión de ISIS a mitad de 2014 en la conquista de territorios de Siria e Irak, EU, junto a otros aliados inició una campaña militar contra este grupo terrorista. Al 2 de noviembre EU y su coalición habían realizado alrededor de 16,000 ataques aéreos contra ISIS. Al 31 de agosto el costo de la operación para EU se estimó en informes del Departamento de Defensa en $9,300 millones, con un costo diario promedio de $12.3 millones. A fines de septiembre el Presidente Obama envió 600 tropas a Irak para asistir a las fuerzas iraquíes y se estima que al presente hay alrededor de 5,000 soldados americanos en Iraq, siete años después de haber retirado las tropas americanas de ese país. En Siria, alrededor de 300 tropas americanas apoyan a las fuerzas locales en su lucha contra ISIS.

Afganistán: En una Guerra que lleva 15 años, Estados Unidos mantiene todavía sobre 8,400 tropas en este país, base de operaciones de Al-Qaeda y el Talibán, país que fue utilizado para planificar los ataques del 9/11 en NY.

La guerra de Ucrania-Rusia: Este conflicto que comenzó en el 2013 y que escaló con la anexión de Crimea por parte de Rusia, con la oposición de EU, mantiene a la nación en la expectativa. El presidente Obama ha mantenido presión sobre Rusia, a través de Alemania y Francia y ha brindado a Ucrania varias decenas de millones de dólares en ayuda militar.

Saudí Arabia-Yemen: Desde marzo del 2015 EU ha estado brindando apoyo a la Arabia Saudita en bombardeos contra rebeldes Houthi en Yemen, el más pobre de los países árabes, que forzaron a abandonar el país a un Presidente apoyado por los EU. Este grupo rebelde es apoyado por IRAN, rival de Arabia Saudita en el Oriente Medio.

La campaña antiterrorista en África: EU continúa una campaña antiterrorista contra Al Qaeda que se ha extendido a África, particularmente Libia y Somalia. En Libia, EU ha realizado más de 360 ataques aéreos en apoyo a fuerzas del gobierno libio, para expulsar a ISIS de las costas de este país, mayormente en la ciudad de Sirte. En Somalia, EU ha estado envuelto en una campaña de ataques aéreos contra Al Shabab, una filial de Al Qaeda, grupo que también fue responsable de un ataque mortal en 2013 en un centro comercial en Nairobi, Kenia. EU también ha realizado campañas militares contra Al Qaeda en Nigeria, Cameron, y Chad. Según el NY Times, la administración Obama ha indicado que entre 2009 y 2015 ha matado 2,436 terroristas en 473 ataques antiterroristas en Pakistán, Yemen, Somalia y Libia.

Mientras, un análisis sobre la fortaleza militar de Estados Unidos, realizado por la Fundación Heritage, (Index of US Military Strength) refleja lo siguiente:

  1. Solamente el 43% de las aeronaves de los cuerpos de Marines se consideran como aptas para volar
  2. La Fuerza Aérea adquiere alrededor de 25 nuevos aviones anualmente, al presente, comparado con 200 aviones en el 1992.
  3. La Fuerza Aérea mantiene un déficit de 700 pilotos y 4,000 técnicos de mantenimiento.
  4. En el 2017 a base de los niveles de asignaciones para gastos militares, el NAVY podrá alcanzar solamente el 56% de su demanda por portaaviones.
  5. El nivel de riesgo de que los enemigos de EU sean una amenaza real a los intereses de EU ha sido elevado por las fuerzas militares de “elevado” a “alto”.

¿Qué hará el Presidente Trump para atender los riesgos de que las fuerzas armadas no estén listas para una amenaza real contra EU en los próximos cuatro años? Si aumenta el gasto militar, ¿Cómo afectará esa prioridad las otras prioridades de su programa de gobierno como, por ejemplo, fortalecer la producción doméstica, bajar los impuestos y proteger la frontera sur mediante la construcción de una muralla?

La situación actual de la fortaleza de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, y el dilema que enfrentará el nuevo presidente nos lleva a la pregunta de aquel texto de economía básica del laureado premio nobel de economía, Paul Samuelson: ¿cañones o mantequilla?. Así se explicaba el concepto de la frontera de posibilidades de producción. Ahora la pregunta es: ¿fortalecer las fuerzas armadas y la seguridad nacional o ampliar las ayudas sociales, bajar los impuestos y proteger la frontera al sur del Río Grande? Usted… ¿Qué haría?

Por qué la Junta de Control Fiscal rechazó el plan fiscal del gobernador García Padilla

El viernes pasado, 18 de noviembre, la Junta de Control Fiscal, reunida en el pueblo de los cariduros, Fajardo, Puerto Rico, rechazó el plan fiscal sometido por el gobernador García Padilla. Lo rechazó porque no cumple con los requerimientos esbozados en la Ley PROMESA. Vamos a analizar por qué no cumple y que iniciativas, en nuestra opinión, deben ser tomadas en consideración por el gobernador electo, Dr. Ricardo Rosselló, en la elaboración y presentación de un nuevo plan. Un plan fiscal que cumpla con las disposiciones de la Ley PROMESA, requiere que el gobierno de Puerto Rico tome acciones en tres áreas importantes, a saber:

  1. Debe incluir reformas estructurales que ayuden a mejorar el potencial de crecimiento económico de Puerto Rico en el largo plazo.
  2. Tiene que incluir importantes ajustes fiscales que permitan lograr un presupuesto en armonía entre los recaudos y los gastos gubernamentales en el corto plazo.
  3. Debe incluir un plan de reestructuración de la deuda pública que permita un alivio en la carga que el servicio o pago de dicha deuda impone sobre el presupuesto gubernamental en el corto plazo.

Todas las acciones anteriores son igualmente importantes, pero si tuviéramos que asignarle un orden de importancia, los ajustes fiscales para igualar los gastos a los recaudos del gobierno deben tener la importancia mayor, es decir, prioridad número 1, seguidos por las reformas en los sistemas de educación, salud y las pensiones, prioridad número 2 y por último las reformas para mejorar el potencial de desarrollo económico, prioridad número 3.

Puntos positivos del plan fiscal del gobernador García Padilla

El plan fiscal sometido tiene puntos positivos, como, por ejemplo: el reconocimiento de que es necesario implantar medidas de austeridad, aunque no incluye medidas específicas de recortes presupuestarios. Reconoce la necesidad de realizar reformas en la estructura del gobierno, aunque no detalla reformas significativas, pero incluye una reducción de 12,800 empleados en el gobierno para el año 2020 mediante la eliminación de plazas que queden vacantes.

Lo que no incluye el plan

El plan no incluye ningún ajuste estructural en la composición y organización de prestación de servicios de los municipios, los cuales reciben aportación financiera del gobierno central. No incluye medidas específicas para una reforma en la “Tarjeta de Salud” del gobierno, tales como reducir el número de participantes, eliminando los de dudosa cualificación, limitar los beneficios, que actualmente son mayores que los de la mayoría de los planes privados y atacar el fraude en su uso, que es generalizado.

El plan asume que se va a mantener el nivel de asignaciones de fondos actual para la reforma de salud por parte del gobierno federal, sin considerar que lo que se propone en la esfera federal es la eliminación sustancial de dichas aportaciones. No incluye medidas específicas para restructurar el sistema de educación pública, incluyendo el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico, agencias que juntas, consumen cerca del 20% de los recaudos del Fondo General.

Los supuestos del plan no son realistas y se limita a una compilación general de medidas para atender la crisis fiscal manteniendo los niveles actuales de gastos, asumiendo los niveles actuales de aportaciones de fondos federales y solicitando ayuda adicional de fondos federales para impulsar un programa de revitalización económica por parte del gobierno federal.

El plan no incluye un modelo de restructuración de la deuda pública, al menos para negociación, ni medidas específicas para reducir gastos en los departamentos de educación, salud y la Universidad de Puerto Rico. Tampoco incluye un plan para reformas en los sistemas de pensiones, incluyendo ajustes en los beneficios; al menos aquellos que se han otorgado por legislación, posterior a su creación, sin criterios actuariales y sin asignación de fondos para cubrirlos, como son las aportaciones a planes médicos y bonos a pensionados. No se incluyen en el plan, medidas para reformar la estructura para fomentar el desarrollo económico, incluyendo la estructura del Departamento de Desarrollo Económico y sus agencias adscritas.

El plan, por tanto, no contiene los mecanismos para estabilizar la situación económica actual, ni para rescatar las finanzas públicas e impulsar el crecimiento económico.

Lo que debe incluir un nuevo plan del gobernador electo Ricardo Rosselló

El plan tiene que volver a la mesa de diseño. Tiene que incluir medidas específicas para atender el problema fiscal de exceso de gastos sobre los recaudos del gobierno. Entre las medidas específicas que puede considerar el nuevo plan que deberá someter el gobernador electo Ricardo Rosselló están las siguientes:

  1. Desarrollar una proyección realista de recaudos y gastos a cinco y diez años, que incorpore un análisis independiente del gobierno, adicional a las proyecciones de crecimiento en el producto bruto de la Junta de Planificación.
  1. Reducir el gasto en la Tarjeta de la Reforma de Salud, al menos en $200 millones, mediante la reducción del número de participantes, eliminando todas aquellas personas que no son verdaderos indigentes; recortando algunos beneficios que se ofrecen, que en ciertos casos son mayores a los que ofrecen los planes privados que pagan los que no cualifican para la reforma; y desarrollando un plan enfático de prevención de fraude y procesamiento criminal a los que se determine que participan del fraude.
  1. Reducir el gasto en el Departamento de Educación, que recibe cerca del 12% del presupuesto consolidado del gobierno, equivalente a alrededor de $2,000 millones en aportaciones del Fondo General. Este departamento debe realizar ajustes en capas de burocracia, gastos no esenciales, compras y servicios ineficientes y grasa administrativa que generen ahorros de $200 millones.
  1. Limitar la asignación a la Universidad de Puerto Rico, que recibe cerca del 10% de los recaudos del Fondo General, equivalente a $800 millones. La UPR puede recibir un recorte de fondos de $100 millones y recuperarlos mediante aumentos en las tarifas por concepto de matrícula y cuotas. El pago de matrícula en la UPR es menos de una tercera parte de lo que se paga en las universidades privadas locales y lo cubre la beca federal Pell, de la cual el estudiante promedio retiene parte en su bolsillo, como sobrante después del pago de matrícula. Además, la UPR debe cerrar algunos recintos y programas duplicados, consolidar servicios, así como generar más ingresos propios, como lo hacen las universidades privadas, que no reciben asignación presupuestaria del gobierno. ¿Se justifica un recinto de la UPR en Bayamón y otro en Carolina, a menos de 20 minutos en auto o tren urbano del recinto de Río Piedras? ¿Se justifica un recinto en Utuado y otro en Arecibo, a menos de 20 minutos de distancia uno del otro? ¿Se justifica un recinto en Aguadilla y otro en Mayagüez a menos de 20 minutos de distancia en auto?
  1. El plan fiscal debe incluir una reforma contributiva que contemple reducir o eliminar algunos de los impuestos actuales implantados bajo la administración del gobernador García Padilla, que afectan al consumidor directamente y por otro lado, aumentar el impuesto actual de 4% a las corporaciones denominadas como “foráneas” (qualified foreign controlled corporations – Ley 154-2010), independientemente de que se consiga o no un crédito contributivo a nivel federal para estas corporaciones. Si se aumenta a 6% dicho impuesto, el Fondo General puede recaudar alrededor de $1,000 millones adicionales. Estas corporaciones van a amenazar con abandonar su operación en Puerto Rico, pero, ¿a dónde van a ir, con mejor trato que en Puerto Rico, si en las jurisdicciones que compiten con nosotros, como Irlanda, por ejemplo, la tasa contributiva alcanza 10%. Por otro lado, es justo que asuman también un poco de la carga adicional que todos los grupos estarán aportando. También van a reclamar violaciones a los decretos de exención contributiva, pero, ¿no está el gobierno territorial violando el pago de la deuda pública y el pago a suplidores del gobierno? Esos también son contratos como lo son los decretos de exención. Esos decretos no están escritos en piedra, sobre todo en el escenario actual de crisis fiscal y económica. Lo que paguen en impuestos adicionales se debe mitigar con reformas gubernamentales a corto plazo en los procesos y costos de hacer negocios en Puerto Rico, que son necesarias y que deben ser parte del plan fiscal.
  1. Es necesario una reforma de las tasas contributivas y la base del impuesto a la propiedad inmueble. Las tasas actuales son extraordinariamente bajas comparadas con las que se pagan en gran parte de las jurisdicciones de Estados Unidos continentales. A modo de ejemplo, una propiedad residencial básica promedio en Florida, paga $2,500 anuales en contribuciones sobre la propiedad. La tasa actual en Puerto Rico es de 4% sobre el valor tasado, en una base de tasación que no refleja la realidad del mercado y permite una exoneración contributiva a la mayoría de las propiedades residenciales. Dicha contribución produce $183 millones anuales. Si se aumenta a 6% y se actualiza la tasa de impuestos sobre una base más justa y razonable, ampliando la base tributaria, puede producir $200 millones adicionales.
  1. Es viable también una reducción de la asignación presupuestaria al resto de las agencias de gobierno, no detalladas anteriormente, excepto el área de policía y seguridad pública, en un 5%. Asumiendo, que consumen $5,000 millones en conjunto, del presupuesto del Fondo General, dicha reducción puede representar ahorros adicionales de $250 millones.

Otras reformas adicionales necesarias

Además, el Plan Fiscal debe incluir un programa de reforma económica que incluya, entre otras las siguientes:

  1. Reevaluar algunos de los incentivos económicos otorgados actualmente, de poco impacto y beneficio.
  1. Reducir el proceso de permisos.
  1. Eliminar obstáculos a los procesos para hacer negocios en Puerto Rico y agilizar la burocracia que afecta a las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes empresas.
  1. Reestructurar los incentivos federales para desarrollo de la fuerza trabajadora de la ley Workforce Innovation opportunity ACT (WIOA) que provee incentivos a las empresas y representa una asignación de $73.6 millones, bajo el Departamento de Desarrollo Económico. Actualmente mantiene sobrantes de alrededor de $12 millones del año anterior, es decir, $85.6 millones en dinero en efectivo para estimulo de empleos en el sector privado.
  1. La utilización de las herramientas modernas de gobierno electrónico para reducir costos.
  1. Promover la innovación y el desarrollo tecnológico e invertir en el desarrollo de parques tecnológicos y el desarrollo del empresarismo.
  1. Reformular toda la filosofía del sistema de educación pública para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes y prepararlos con énfasis en ciencias, matemáticas, tecnología y actitudes empresariales positivas.

En resumen

Estas reformas, recortes en gastos y ajustes en impuestos, aquí enumerados, pueden representar, en conjunto, un ahorro en gastos equivalente a $750 millones y recaudos adicionales en impuestos a corporaciones y propiedad inmueble de $1,200 millones.  En total $1,950 millones.

  • Reducción presupuestaria a la Tarjeta de Salud – $200 millones.
  • Reducción presupuestaria a Departamento de Educación – $200 millones.
  • Reducción presupuestaria a UPR – $100 millones.
  • Reducción presupuestaria al resto de las agencias de gobierno, excepto seguridad pública – $250 millones.
  • Impuesto adicional de 2% a Corporaciones foráneas – $1,000 millones.
  • Aumento de la contribución sobre la propiedad inmueble – $200 millones.

En conclusión

Esos recursos pueden ser suficientes para, tras un plan de restructuración de la deuda pública, bajo el supuesto de un pago de $900 millones anuales de principal e intereses, impulsar con la suma restante un plan criollo de revitalización económica mediante mejoras a la infraestructura que ayude a Puerto Rico a salir del laberinto económico. Si el gobierno federal recorta los fondos al programa “Obama Care” significativamente, parte de esos recursos sobrantes podrían ser utilizados para fortalecer el plan de salud criollo ajustado en participantes cualificados y beneficios otorgados y mediante la reducción del plan de revitalización económica.

Las consecuencias de no presentar un plan fiscal realista

Si el equipo del gobernador Ricardo Rosselló, con el apoyo de la Asamblea Legislativa, no presenta un plan fiscal realista con el compromiso de implantarlo, la Junta de Control Fiscal lo va a imponer. Pero ya sea por iniciativa del gobierno electo por el pueblo o bajo la imposición del Congreso, soberano del territorio sin poder político, las reformas son necesarias para preparar a Puerto Rico para la independencia, la república de libre asociación o la estadidad. ¡Que nos ayude DIOS!

A la salida del laberinto: Los primeros 90 días del gobernador Ricardo Rosselló

El gobernador Ricardo Rosselló, que tomará posesión del cargo el 2 de enero de 2017 y su gabinete tendrán ante sí un reto enorme para lograr las bases de la recuperación económica en tres años, a tiempo para rendir cuentas de algunos logros iniciales al electorado en las elecciones generales próximas del año 2020. Pero tienen un reto más inmediato de planificación táctica: sus primeros 90 días. A los gobernadores les evalúan sus primeros 100 días. El gabinete tiene entonces tan solo 90 días. En mi libro Crónicas de Esperanza. (2015), presento varias estrategias para los nuevos gerentes designados a posiciones de liderato en sus primeros 90 días en el puesto, basadas en ideas del profesor de Harvard, Michael Watkins.

En primer lugar, deben comenzar promoviendo en sí mismos un cambio de su esquema mental con su rol anterior no importa de donde vengan, pues están en un juego distinto, con reglas nuevas y lo que funcionó en su posición anterior no es esquema para el nuevo juego.

Segundo, tienen que acelerar su curva de aprendizaje de la gestión pública, pues no tienen mucho tiempo para aprender. Tienen que entender rápido el funcionamiento del gobierno, su estructura y la cultura política de la gestión pública. El liderato político de base no perdona errores y hay errores que resultan fatales.

En tercer lugar, tienen que hacer un pareo adecuado de cuales estrategias son las mejores para situaciones específicas. Están ante una transición política y una crisis fiscal y gerencial que requiere transformar el gobierno y no hay reglas universales de éxito en tiempos de transición. Tienen que hacer un diagnóstico claro de su agencia antes de determinar su plan de acción.

Cuarto, tienen que lograr alguna pequeña victoria en esos primeros 90 días. Las pequeñas victorias no cambian el mundo, pero te dan credibilidad. Te permite posicionarte ante los medios de comunicación y los críticos de tu gestión.

En quinto lugar, tienen que aprender a conocer al gobernador, a leer su estilo y establecer una relación de trabajo efectiva con él, así como sus expectativas y sus prioridades.

Sexto, tienen que diseñar la idea básica sobre cómo alinear la estructura de su agencia con las prioridades programáticas de la administración.

Séptimo, tienen que estructurar un equipo de trabajo, evaluar aquellos que puede retener en sus funciones y hacer que el equipo que seleccione logre química gerencial entre ellos.

Octavo, tiene que lograr crear coaliciones de apoyo. Influenciar personas dentro y fuera de la agencia, lograr alianzas y portavoces de sus ideas para sembrar la semilla del éxito.

Noveno, tiene que mantener el balance y no perder el equilibrio de mantener un buen juicio en sus decisiones. Si pierde perspectiva, se convierte en una carga para el gobernador. Sobre todo, tiene que mantener el apoyo de los legisladores y los alcaldes que pueden pedir su cabeza.

Finalmente, tiene que ponerle patines a toda la gerencia de la organización para que corra a su ritmo y pueda impulsar la transformación del gobierno.