Categoría: Política Pública

Hernández Colón la autonomía, la descentralización y el desarrollo económico municipal

El gobernador Rafael Hernández Colón, que pasó la semana pasada a la eternidad, fue un defensor consistente de la autonomía municipal. En el 2007 tuve la oportunidad de visitarle en su hogar en Ponce para una entrevista sobre este particular. Guardo una foto de aquella visita en la que el líder del sueño autonomista, con su tono pausado, reflexivo y flemático contestó preguntas por espacio de una hora. Participaba yo de un proyecto de investigación para el Instituto de Política Pública de la Universidad Ana G. Méndez.

Acompañé en aquella visita al presidente de dicha universidad Don Pepe Méndez, hoy retirado, para quien realizaba aquella investigación. Considero un privilegio haber participado de aquella agenda y hago de conocimiento público aquella reunión por primera vez en esta columna. Por espacio de aquella hora, escuché y tomé notas de las respuestas de aquel puertorriqueño que toda su vida como funcionario público había defendido el derecho de los municipios y los alcaldes a una autonomía verdadera en sus operaciones.

Actualmente, la autonomía municipal está de nuevo en discusión. Motiva este nuevo episodio la propuesta actual del 2019 para la creación de condados presentada por el Gobernador Ricardo Rosselló a la Legislatura recientemente así como la partida de Hernández Colón a la eternidad.

Aprovecho esta oportunidad para refrescar varios de los puntos principales del ensayo que presente ante el Instituto de Política Publica en aquel entonces y que recogen en parte lo discutido con Hernández Colón.

  1. Los municipios constituyen la unidad de servicios más cercana a la ciudadanía. Por lo tanto, es necesario apoderarles para viabilizar que las expectativas ciudadanas se satisfagan ágil y eficientemente. Dicho apoderamiento se logrará mediante garantías constitucionales que le den al municipio protección ante iniciativas de un gobierno central poderoso que le impida cumplir su responsabilidad eficientemente. Esta medida permitirá traspasar poderes a nivel local con potencial de allegar recursos económicos y competencias que se concentran hoy en el centro de poder estatal. Se hará menos costosa la operación gubernamental, se reducirá burocracia y se promoverá el desarrollo económico local.
  2. En el esquema actual el gobierno central estrangula los municipios al asignarles responsabilidades sin recursos fiscales. El fortalecimiento de la autonomía municipal frenará esa costumbre. Algunos ejemplos: La AEE alumbra las carreteras estatales y los municipios pagan el alumbrado. Se aprueban decretos de exención contributiva a empresas sin contar con las necesidades de patentes de los municipios. Se aprueba legislación para otorgar permanencia a empleados transitorios municipales sin proveer los fondos para honrar esos derechos. El gobierno central arrastra los pies para otorgar permisos a los proyectos de infraestructura municipales. Hay lentitud en completar las transferencias de fondos que les corresponden. Se les adjudica responsabilidad por el costo de mantenimiento de escuelas públicas y parques que pertenecen al Estado. Se estrangula su capacidad económica y financiera.
  3. Hay buenos ejemplos en Estados Unidos y otros países de reformas municipales con mecanismos para que los municipios alleguen recursos y logren una autonomía municipal verdadera.

La trayectoria histórica y el marco legal de la Ley de Municipios Autónomos, nos lleva a la premisa inequívoca de que ha habido falta de voluntad política para apoderar a los municipios con estrategias que conduzcan con eficiencia hacia la “municipalización” de los servicios a los ciudadanos.  Los gobiernos locales, conocidos comúnmente como municipios, constituyen la unidad de servicios más cercana a las necesidades y a los reclamos de la ciudadanía.  Por diversas razones, el Gobierno Central y la Asamblea Legislativa no reconocen la importancia de los municipios en los procesos de administración pública, relegándolos a un plano inferior que se traduce, lamentablemente, en “mandatos de responsabilidades sin asignación presupuestaria”.

El rol del gobierno municipal

El gobierno municipal debe aceptarse como la unidad básica de servicios al pueblo.  En ese contexto, el alcalde es la figura preponderante en la mente del ciudadano a la hora de reclamar servicios públicos del Estado. Es el municipio, a través de la figura del alcalde o la alcaldía, el primer lugar donde el ciudadano acude en búsqueda de empleo y de vivienda, el lugar para reclamar por el recogido de desperdicios, por la limpieza de caminos y del caño, por un mejor alumbrado, por las medicinas que no puede pagar, por la ambulancia para el familiar enfermo, por la silla de ruedas, por el camión de agua cuando no hay agua potable, por la transportación escolar y por la querella policíaca, por mencionar algunas de las solicitudes y de las expectativas que se tienen acerca de los servicios cotidianos de un pueblo.

Los residentes de un municipio perciben que el alcalde es el responsable de solucionar todos los problemas que le aquejan en su vida.  Recuerdo una anécdota del alcalde de un pueblo de la región montañosa de Puerto Rico, quien me contó hace varios años, que en una ocasión mientras recorría la zona rural de su pueblo, su vehículo cayó en un hoyo con características de cráter lunático y su reacción seguida fue recordar el santo nombre de la madre del alcalde, para luego reaccionar arrepentido al darse cuenta de que había invocado en forma impropia el nombre de su propia madre.  Esta anécdota hace recordar la inmediatez con la figura del alcalde en la reacción de cualquier ciudadano ante amenazas y problemas en su pueblo.

Se argumenta que es necesario apoderar a los gobiernos locales para viabilizar que esas expectativas de los ciudadanos, que hemos descrito, puedan ser satisfechas de manera más ágil y eficiente. El argumento que se esgrime en torno a dicho apoderamiento es que el mismo se lograría mediante la descentralización, la regionalización y para otros, la municipalización. Hay quienes mencionan los tres términos como equivalentes.  Sin embargo, hay diferencias entre estos conceptos.

Qué es descentralización

 

La descentralización implica dispersar actividades previamente concentradas en un centro de poder para colocarlas en niveles más amplios de dicho centro o a un nivel más lejano del centro de poder, pero sin desatar el control de las actividades. El proceso descrito conlleva delegar funciones al nivel local pero reteniendo el poder sobre las decisiones.

Qué es regionalización

La regionalización, por su parte, es adoptar regiones de servicios bajo diversos criterios, que pueden ser de carácter geográfico, político, socioeconómico o cultural. La regionalización también puede adoptar la forma de iniciativas propias de consorcios municipales para aprovechar economías de escala.  Los economistas nos referimos a economías de escala cuando se logra reducir el costo promedio de un bien o servicio aumentando el volumen o la escala de producción. A medida que se producen más unidades de un bien determinado, se reduce el costo y resulta más eficiente la producción de dicho bien o servicio. Los bienes públicos generalmente requieren que se puedan aprovechar economías de escala.

En los municipios pequeños, este tipo de economía se logra al agrupar municipios para proveer servicios a menor costo, aprovechando compras por volumen o para viabilizar competencias que, para ser adquiridas, requieren de un volumen alto de transacciones. Por ejemplo, tres, cinco u ocho municipios contiguos y con características físicas y socioeconómicas similares o complementarias podrían asumir la estructura organizacional de un consorcio. El objetivo del consorcio es proveer servicios aprovechando el volumen de solicitud de los mismos. Este tipo de regionalización se ilustra también cuando se tiene una sola oficina de planificación y permisos, o de recursos humanos, o de disposición de desperdicios sólidos que atienda las necesidades de los municipios agrupados en el “consorcio”.

Qué es municipalización

La municipalización, por otro lado, es hacer un traspaso real de poderes a nivel local, acompañados éstos de ofrecer el potencial de allegar los recursos económicos y las competencias necesarias para la administración eficiente. En el caso de los municipios grandes y medianos, la municipalización se puede dar sin regionalización, porque éstos tienen los recursos, pero requiere descentralizar actividades concentradas en el centro de poder que representan las agencias del Estado. En el caso de los municipios pequeños, la municipalización requerirá, además de descentralización, de iniciativas de regionalización en la modalidad de consorcios de manera que pueda ser viable.

Los efectos de la centralización como antítesis de la municipalización[1]

Tanto la descentralización como la regionalización y la municipalización requieren de voluntad política del poder legislativo y del poder ejecutivo para apoderar a los gobiernos locales que es donde se pretende lograr la municipalización.  El planteamiento que sirve de tesis a este ensayo, en cuanto a la falta de voluntad política para apoderar a los municipios hacia la eficiencia en el desempeño de su “municipalización”, se demuestra con los siguientes ejemplos:

  • Operación de los negocios ambulantes. Se refiere a la transferencia de la responsabilidad de reglamentar la operación de los negocios ambulantes en las vías públicas dentro de la jurisdicción municipal. El Gobierno Central delegó esta responsabilidad a los municipios pero no asignó los recursos financieros o de otra índole para poder desempeñar la nueva encomienda.
  • Obligación de comprar productos de material reciclado. Si está disponible, el municipio está obligado a asignar hasta 5% del presupuesto, para la compra de bienes de material reciclado aunque cueste hasta 15% más que el producto regular (P del S 2319).  Este requisito le impone una carga adicional al maltrecho presupuesto municipal. Sin embargo, el Gobierno Central no cumple sus propias metas de reciclaje al no lograr desarrollar mercado para el material reciclado o listo para reciclaje.
  • El alumbrado público. La Autoridad de Carreteras alumbra las carreteras estatales como si Puerto Rico estuviera en unas eternas fiestas patronales. Y los municipios pagan, pues quizás no es de conocimiento popular que los municipios pagan a la Autoridad de Energía Eléctrica por el alumbrado de las carreteras de Puerto Rico. Por otro lado, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mantiene instalaciones propias en los municipios y éstos pagan la energía que le corresponde a la AEE por dichas instalaciones.
  • Las aportaciones de la AEE al presupuesto municipal por disposición de aportación en lugar de impuestos. Ley 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, sección 22(b)(1), dispone que la AEE debía disponer del 6% de los ingresos brutos derivados de la venta de energía eléctrica para distribuirla entre los municipios conforme la fórmula.
  • La exención de patentes. El nuevo P de la C 3941 enmienda la Sección 42 de la Ley Num. 113 de 10 de julio de 1974, Ley de Patentes, para autorizar al Director de Finanzas del municipio, previo Ordenanza de la Legislatura Municipal, a eximir del pago de patentes a personas naturales o jurídicas. Esta acción ejerce presión a los alcaldes y evoca la mentalidad de exención contributiva existente en Puerto Rico.
  • Decretos de exención contributiva. Se aprueban decretos de exención contributiva a empresas de manufactura, hoteles y otros sectores de servicios sin contar con los municipios. El alcalde puede haber presupuestado ingresos, producto de patentes o arbitrios de construcción para el año siguiente y se entera en el último momento que se ha aprobado una exención contributiva a la empresa para una expansión y para operaciones existentes.
  • Las aportaciones a los municipios de la Lotería Electrónica. La Ley que crea la Lotería Electrónica disponía que, de los ingresos netos de la lotería electrónica, se destinaría el 35% a los municipios. Pero se estableció un tope de $26 millones y se asignaron $16 millones a la Reforma de Salud. Ahora se enmendó la Ley para que en el futuro vuelvan esos fondos a los municipios.
  • Beneficios de retiro a los empleados municipales. Se ha extendido recientemente, mediante legislación, los beneficios a los empleados municipales, requiriendo aportación patronal, pero nadie se preocupa de dónde los municipios van a conseguir los recursos. Esa aportación en un municipio de 400 empleados, a un salario promedio de $15,000, puede representar $500 mil anuales.
  • Convertir empleados transitorios a permanentes. Se aprobó una ley para requerir a los municipios otorgar permanencia a empleados transitorios con los costos adicionales que conlleva en beneficios y la responsabilidad de comprometer recursos futuros para honrar esos derechos, sin considerar de dónde el municipio obtendrá los recursos para cumplir con los costos.

En resumen, se asignan responsabilidades a los municipios sin prever los recursos que éstos necesitan. En septiembre de 2004 se firmó una Ley con nuevas enmiendas a la Ley de Municipios Autónomos, P del S 2760.  Entre dichas enmiendas se establece que no se podrán asignar responsabilidades a los municipios sin realizar un análisis del impacto fiscal. Pero ya existía una ley con ese propósito y nadie la ha considerado. Nos referimos a la Ley 321 del 1999 que establece exactamente eso.

Resulta irrefutable el planteamiento con el que iniciamos este ensayo.  En efecto, todas las administraciones de gobierno en Puerto Rico no han logrado crear el ambiente ni la voluntad política para viabilizar una verdadera Reforma Municipal que incluya una descentralización con asignación de mecanismos reales que lleven a que los municipios alleguen los recursos necesarios para prestar servicios esenciales a la ciudadanía. Ni siquiera la perseverancia de Hernández Colón y su creación de la Ley de Municipios Autónomos logró cambiar la cultura de centralización y dominio del poder enraizada en las estructuras del Gobierno Territorial de Puerto Rico.


[1] Situación a la fecha del ensayo en el 2007.

La gobernadora Yulín Cruz y la república Asociada: Aprendamos del pacto de libre asociación de Micronesia e Islas Marshall y Palau

El contenido de este artículo es discutido por el autor, de manera más amplia, en su libro: Consecuencias económicas de la estadidad para Puerto Rico. El libro está disponible en la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas, Biblio Services en Hato Rey; Librería Norberto en Rio Piedras y Librería La Casita en Aguadilla Mall.

Carmen Yulín Cruz Soto, alcaldesa de San Juan, anunció su aspiración a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular. La Sra. Yulín Cruz puede ganar la candidatura a la gobernación por ese partido y, de llegar a ser la gobernadora de Puerto Rico, lucharía por lograr con Estados Unidos un pacto de independencia o libre asociación (republica asociada) para Puerto Rico. La Sra. Yulín Cruz es firme creyente en la independencia. En este artículo abordamos la situación actual del pacto de libre asociación de tres antiguos territorios de Estados Unidos que tienen ese tipo de pacto de status: las islas de Micronesia, Islas Marshall y Palau.

Si el pueblo de Puerto Rico opta por la libre asociación, el pacto no tendrá carácter permanente, como concluye el Informe de Casa Blanca de 2011 [1]. El Congreso podrá cancelarlo unilateralmente, como disponen los pactos de 2003 con los Estados Federados de Micronesia y la República de las Islas Marshall así como la República de Palau.

Los pactos con estas nuevas naciones son por 20 años a partir del 2003, hasta el 2023. Estados Unidos aporta $3.5 billones combinados para los Estados Federados de Micronesia y la República de las Islas Marshall y $0.8 billones para Palau. A modo de comparación, a Puerto Rico, se estima que el gobierno federal aportará más de $45 billones en el 2018-2019, incluyendo fondos de recuperación. A partir del 2023 la ayuda directa a Micronesia, Islas Marshall y Palau cesará y entrará en vigor un fideicomiso creado por Estados Unidos y los Estados Asociados de cuyo rendimiento dependerá los ingresos de cada uno de los tres estados. Pero el Congreso de Estados Unidos no ha hecho las aportaciones al fideicomiso según acordado. Tras un acuerdo del 2008, no fue hasta 2018 que el Congreso autorizó fondos bajo la National Defense Authorization Act (NDAA). En el periodo de 2010 a 2018, las asignaciones anuales regulares del Congreso fueron menores a lo acordado y no se hicieron aportaciones al fideicomiso para la autosuficiencia después de 2023 tras la terminación del pacto. [2]

Conforme los pactos de libre asociación de los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y la República de Palau, los residentes de estas islas no participan del programa de Medicaid. La ayuda principal de Estados Unidos, además de la subvención económica antes mencionada, se limita a ayuda de respuesta para mitigación de desastres y asistencia del Servicio Meteorológico. Estados Unidos provee asistencia del Servicio Postal, la Administración Federal de Aviación y la Comisión Federal de Comunicaciones.

Fuera de estas agencias, las demás agencias federales de justicia y seguridad no tienen presencia en estas repúblicas bajo los pactos de libre asociación. La mayoría de los ciudadanos de los Estados asociados pueden vivir y trabajar en los Estados Unidos, pero no son ciudadanos americanos ni tienen los derechos que otorga la ciudadanía.

Estados Unidos asume exclusividad en la defensa militar de estas naciones asociadas. Los residentes no son ciudadanos americanos ni participan de los programas de asistencia federales, como el seguro social, bienestar social, programas de nutrición y alimentos como el Plan de Asistencia Nutricional ni ninguno de los otros programas de asistencia para el desarrollo económico, social y de infraestructura.

En el caso de los Estados Federados de Micronesia han ocurrido algunos eventos de restricción de los derechos civiles, que no han podido ser atendidos por las agencias estadounidenses de protección de dichos derechos.  Hace varios años se produjeron una serie de acusaciones contra el Gobierno por limitar la libertad de expresión, cuando al editor de uno de los principales diarios del país, “FSM News”, le fue retirado el visado para regresar a la Federación. El Gobierno había decidido deportar al editor (que era de nacionalidad canadiense) tras la publicación de un reportaje sobre el supuesto derroche presupuestario del Ejecutivo. El diario dejó de publicarse. [3] Ese ataque extremo a la prensa, ocurre en ciertas repúblicas, como el caso de Venezuela, pero no en los Estados Unidos.

 

En la cuerda floja el Pacto de Libre Asociación de Micronesia con Estados Unidos

En diciembre de 2015, el Congreso de los Estados Federados de Micronesia aprobó una resolución expresando su interés en terminar el Pacto de Libre Asociación con los Estados Unidos en el 2018, 5 años antes de su vencimiento.[4] Actualmente ambas partes discuten la renovación o terminación del acuerdo que vence en el 2023. La razón mencionada por Micronesia para terminar el pacto surge de la intensión del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Department) de Estados Unidos en el 2015, de establecer ciertos procedimientos de cotejo a los inmigrantes de Micronesia ante preocupaciones de seguridad nacional de que se esté utilizando la libertad de entrada a Estados Unidos por personas no autorizadas. También ha influenciado la actitud de las autoridades locales, la tardanza del Congreso de Estados Unidos en hacer las aportaciones monetarias acordadas para el fideicomiso dispuesto en el Tratado para la autosuficiencia de los antiguos territorios una vez termine el pacto en el 2023. [5] Estados Unidos se está preparando para salirse del pacto en el 2023, cuando termine el actual acuerdo y ordenó al GAO un estudio sobre el status del fideicomiso para la autosuficiencia de las islas. Al presente existe mucha tensión en las relaciones entre ambos países, pero es mayormente por discrepancias en la administración de la ayuda financiera que aporta Estados Unidos.

Un Comité Conjunto de Administración Económica (Joint Economic Management Committee – JEMCO) compuesto por representantes de ambas naciones establece las guías para que el gobierno de Micronesia utilice los fondos, pero Estados Unidos se queja de los pobres resultados de los programas de educación, salud, ambiente y otros sectores para los que ofrece ayuda. La oficina regional de Hawaii de la Oficina de Asuntos Insulares del Departamento del Interior hizo varias recomendaciones al Congreso sobre sus preocupaciones con la ayuda ofrecida y otras áreas del pacto.

La República de China, ha ido incrementando su influencia en el área del pacífico extendiendo su interés hasta las aguas territoriales de Micronesia, lo que implica que puede buscar algún tipo de acuerdo con Micronesia. En el 2015 China otorgó $10 millones en ayuda económica a Micronesia. Se estima que desde el 2003 China ha aportado $28 millones en ayuda a Micronesia. [6] Sin embargo, el periodo de 2007 al 2015, Estados Unidos otorgó a Micronesia ayuda promedio anual de $32 millones, equivalente a $284 millones. Esa suma no incluye la aportada desde 2003 al 2006.

La terminación del pacto, como propone el Congreso de Micronesia, afecta más a Micronesia que a los Estados Unidos. Los micronesios que actualmente residen en Estados Unidos perderían su status migratorio actual y podrían perder los beneficios de programas federales de los que disfrutan en Estados Unidos. Si Micronesia escoge a China como su padrino, difícilmente recibiría el nivel de ayuda actual que provee Estados Unidos y estaría en manos de una potencia económica menos amistosa y respetuosa de acuerdos y derechos que Estados Unidos.

Como resultado de la resolución de 2015 se ha iniciado un aumento en la emigración de los residentes de Micronesia hacia jurisdicciones de Estados Unidos, particularmente, Guam y Hawaii. [7] El 94% de los que emigran lo hacen a estos dos destinos. La población de Micronesia es de alrededor de 100 mil habitantes. En el 2008 se estimó por el Departamento de Comercio federal que había 12,215 migrantes de Micronesia en Hawaii y 18,305 en Guam (Territorio de Estados Unidos actualmente). El número de migrantes total en las dos jurisdicciones sumaban 30,520. [8] Esa suma representa el 31% de la población de Micronesia.

El gobierno de Guam se queja de que los inmigrantes ocasionan tensión en las operaciones gubernamentales y recursos fiscales porque llegan sin recursos, sin destrezas ocupacionales para el empleo y con problemas de salud. El gobierno de Hawaii tiene quejas similares.

La incertidumbre con el futuro del Pacto de Libre Asociación entre Micronesia y los Estados Unidos está provocando una emigración considerable de la población, que eventualmente, si se termina el pacto en el 2023, se verían forzados a retornar a su país si pierden su status migratorio.

La experiencia actual de incertidumbre del Pacto de Libre Asociación de Micronesia con los Estados Unidos y las consecuencias que está conllevando para los micronesios en su país y los que emigran a Estados Unidos es prueba fehaciente de que un pacto de libre asociación está sujeto a terminación unilateral por una de las dos partes y que su vida útil puede ser efímera. Las implicaciones para la población de cualquier decisión de sus gobernantes pueden cambiar sus vidas para siempre.

Ese sería el destino de los puertorriqueños residentes en Puerto Rico si el Partido Popular gana las elecciones del 2020 y se mueve a la izquierda y provoca una negociación con Estados Unidos para un pacto de libre asociación, con un presidente de Estados Unidos como Donald Trump. ¿Cuál seria entonces el futuro económico y social de Puerto Rico tras el pacto de libre asociación? El caso de Micronesia puede servir de marco de referencia.


[1] Casa Blanca. Oficina del Presidente. Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Status de Puerto Rico. 2011.

[2] David Gootnick, Government Accountability Office, Compact of Free Association: Proposed U.S. Assistance to Palau for Fiscal Years 2016 to 2024 (2016), https://www.gao.gov/assets/680/678243.pdf.

[3] Oficina de Información Administrativa (MAE). España. Los Estados Federados de Micronesia. Julio de 2003.

[4] Nineteenth Congress of the Federated States of Micronesia. Third Special Session, 2015 C.R. No. 19-155

[5] David Gootnick, Government Accountability Office, IBID.

[6]  The Diplomat. February 19, 2016

[7] Pacific Daily News. 4 de diciembre de 2015.

[8] US Department of Commerce. US Bureau of Census. 2008 estimates of Compact of Free Association Migrants.

La Sra. Yulin, el partido popular y la república asociada

El contenido de este artículo es discutido por el autor, de manera más amplia, en su libro: Consecuencias económicas de la estadidad para Puerto Rico. El libro publicado en mayo de 2017 está disponible en la librería Biblio Services en Hato Rey; Casa Norberto en Plaza Las Américas, Librería Norberto en Rio Piedras y Librería La Casita en Aguadilla Mall.

El fin de semana largo del 22 de marzo, la Sra. Carmen Yulín Cruz Soto, alcaldesa de San Juan, anunció su aspiración a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular. Lo anunció el viernes 22 de marzo, Dia de la Abolición de la Esclavitud. Escogió como lugar del anuncio el municipio de Caguas, “el nuevo país” del fenecido y respetado icónico alcalde Willy Miranda Marín. Nuestras felicitaciones a la Sra. Yulín. La Sra. Yulín puede traer un cambio al Partido Popular y ayudar a esta agrupación política a definirse hacia la independencia o la libre asociación.

La soberanía mediante un pacto de libre asociación (república asociada) o la república independiente con independencia total como nación soberana, además de la estadidad, son las únicas alternativas reconocidas en el derecho internacional como opciones para la descolonización de un territorio. Pero el Partido Popular, “con miedo”, en lugar de “sin miedo”, evita definirse hacia la independencia o la estadidad. La Sra. Yulín es firme creyente en la independencia y representa una oportunidad para el Partido Popular definirse, claro, hacia la republica asociada, al menos.

La libre asociación y la independencia permitirían mecanismos más eficientes para eliminar la dependencia sociológica de un sector de la población que prefiere la dependencia de las ayudas gubernamentales como norma de vida en lugar de una manera transitoria de lograr su ascenso económico y social. También permite ejercer un control mayor del comportamiento colectivo de un sector de la población con poca disciplina socio-cultural, al tener el gobierno de la nueva república nuevas opciones de una nueva constitución que defina los derechos civiles de manera diferente al sistema estadounidense. Pero, el país tendrá un periodo largo de ajuste y de privación económica propio de este cambio que elimina de un plumazo o en un breve plazo la inmensa mayoría de los beneficios y derechos humanos que garantiza la estadidad. En el proceso, hay variables que podemos cuantificar y otras cuyo valor resulta difícil estimar. En este artículo abordamos este tema.

El rechazo histórico a la independencia

Los electores de Puerto Rico han votado en contra de la independencia de manera consistente en los siete eventos electorales o plebiscitarios efectuados desde el primer plebiscito de 1967. En el plebiscito de status del 1967 la independencia obtuvo el 0.6% de los votos, aunque es necesario reconocer que el Partido Independentista Puertorriqueño, principal agrupación política que promueve la independencia, se abstuvo de participar de aquella consulta. En el plebiscito de 1993 la independencia obtuvo el 4.5% de los votos. En la consulta de 1998, solamente 2.5% votaron por la independencia.  En el plebiscito de 2012, la independencia obtuvo el 5.5%. En esa última consulta, la estadidad, sin embargo, obtuvo el 61.11% del voto.

# Consulta electoral % de votos por la independencia
1 Plebiscito de 1967 0.6%
2 Elecciones de 1992 4.2%
3 Plebiscito de 1993 4.5%
4 Elecciones de 1996 3.8%
5 Plebiscito de 1998 2.5%
6 Elecciones de 2000 5.2%
7 Plebiscito de 2012 5.5%

 

Beneficios potenciales de la independencia

La independencia le daría a Puerto Rico el poder para crear sus propias políticas económicas para la industria, el comercio, la agricultura y los servicios. Le daría también control sobre la inmigración y podría negociar tratados de comercio internacionales independientes de los que negocie Estados Unidos. Los defensores de esta opción política argumentan que solamente mediante la independencia Puerto Rico puede obtener los poderes necesarios para incrementar el desarrollo económico y su competitividad.

La independencia significa la terminación del status territorial. Como república independiente o una república con un tratado de libre asociación, Puerto Rico rompería los lazos de integración con los Estados Unidos. No habría un gobernador ni un delegado al Congreso. Tampoco una delegación congresional con voz y voto en el Congreso como ocurriría con la estadidad. Habría un presidente de la república, un embajador en las Naciones Unidas con un voto entre 193 naciones miembros. También podría ser miembro de la Organización de Estados Americanos con un voto entre los 34 países miembros. [1]

La independencia terminaría con la incertidumbre del status final de Puerto Rico, pero aumentaría la incertidumbre sobre el futuro económico y político, en lo concerniente a estabilidad económica, democracia y gobernanza. Puerto Rico tendría su propia Constitución como una república y la Constitución de los Estados Unidos no sería de aplicación en Puerto Rico. Cesaría la jurisdicción del Tribunal Federal de Estados Unidos, las leyes, reglamentos, y los derechos constitucionales bajo el sistema judicial estadounidense. Las normas de Estados Unidos de protección a la inversión extranjera y la ventaja competitiva que ello ofrece a los inversionistas dejarán de existir.

Se eliminará la aplicación de la Ley Jones de transporte marítimo que exige que el comercio entre los puertos de Estados Unidos y Puerto Rico se realice en barcos de matrícula americana. Algunos defensores de la eliminación de la aplicación de dicha ley argumentan que eso sería positivo para Puerto Rico, que entonces podría seleccionar líneas de transportación marítima extranjeras de menor costo. Otros alegan, que se eliminaría la frecuencia y regularidad de transportación entre otros puertos y Puerto Rico, que actualmente aseguran las reglas de transportación bajo la Ley Jones. Ese nuevo escenario ocasionaría, por tanto, retrasos en transportación que representarían costos mayores en los bienes importados por la vía marítima que es la forma más económica de transportar carga pesada en una economía isleña.

La alternativa de una república socialista

Algunos grupos defensores de la independencia postulan el establecimiento de una república socialista para terminar con el colonialismo y los males del capitalismo. Estos grupos defienden la socialización (nacionalización) de las empresas, los monopolios y oligopolios, la banca y el sector financiero, con el propósito de canalizar más adecuadamente la inversión y la producción. Esta opción permitiría implantar la visión de una economía socialista o de capitalismo de estado como es el caso de la República Socialista de Cuba y la meta de la República Bolivariana de Venezuela, exponente del denominado socialismo del siglo 21. Esa parece ser la preferencia de la Sra. Yulín, conforme el record de sus expresiones de apoyo a los gobiernos de Cuba y Venezuela y a juzgar por algunos de los invitados al anuncio de su candidatura.

Otros defensores de la independencia proponen el control social de los recursos de producción por los trabajadores de las empresas y grupos comunitarios incluyendo una política de corte social demócrata, donde las cooperativas y las entidades comunitarias tengan el control. También proponen que los trabajadores adquieran control de las empresas requiriendo que se les otorgue acciones de capital en éstas.

El control del comercio y los medios de producción

La independencia le permitiría a Puerto Rico imponer tarifas de entrada a los productos de Estados Unidos y países extranjeros, aunque esa política económica choca con las políticas de los acuerdos de libre comercio a los que Puerto Rico tendría que acogerse en los nuevos escenarios de comercio internacional y globalización, para poder competir en igualdad de condiciones por los recursos de capital en una economía globalizada. Pero al ser el territorio continental de Estados Unidos nuestra principal fuente de abastos de importaciones, imponer aranceles de entrada al país de dichas importaciones tendría un efecto inflacionario devastador en nuestros consumidores.

Algunos defensores de la independencia han propuesto imponer una moratoria en el desarrollo de centros comerciales para proteger a los pequeños comerciantes. Otros han propuesto que la nueva inversión externa sea aceptada mediante acuerdos de inversión con mayoría de inversión de participación local estatal, similar al modelo de capitalismo de estado de la República Socialista de Cuba.

También algunos defensores de esta opción han propuesto un programa de sustitución de importaciones para producir localmente los renglones que en la actualidad Puerto Rico importa, entre estas, importaciones agrícolas. Este esfuerzo, loable en teoría, tendría que enfrentar las limitaciones de las escalas de producción que imponen la poca disponibilidad de tierras agrícolas en Puerto Rico y la naturaleza escarpada de muchos terrenos disponibles. La independencia podría ofrecer unos incentivos mayores, por vía de imposición del gobierno de la república, para organizar cooperativas de producción para la sustitución de importaciones.

Otros defensores de la independencia han propuesto que las transferencias federales cuyo flujo continúe por vía de derechos adquiridos por los ciudadanos, sean otorgadas en una asignación en bloque al gobierno de la república, para otorgar beneficios a los que las necesiten realmente y eliminar el abuso y la dependencia en esos fondos. Pero la asignación en bloque podría ser utilizada también para otros propósitos a discreción del gobierno de la república.

La ciudadanía americana en la república

La ciudadanía americana para los nacidos y vivos al momento de otorgarse la independencia o la república asociada podría dejar de existir conforme decisiones de los tribuales de Estados Unidos y análisis realizados para comités congresionales, según el principio de derecho internacional que establece que la ciudadanía sigue a la nacionalidad. Entonces, aplicaría en la nueva nacionalidad la ciudadanía de la nueva nación.

Los ciudadanos americanos que quieran conservar esa ciudadanía tendrían que abandonar a Puerto Rico y reubicarse en uno de los Estados de Estados Unidos. Tendrían que mantener pasaporte americano y pasaporte de Puerto Rico para poder viajar a la república a atender asuntos familiares y de negocios sujeto a las reglas de migración de la nueva república. Sería discreción del Congreso de Estados Unidos permitir que los residentes de Puerto Rico pudieran retener el pasaporte americano. Si el Congreso no lo permite, ese evento provocaría una mayor emigración masiva de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. La incertidumbre creada por la transición hacia la independencia podría crear una fuga masiva de capital local hacia Estados Unidos u otras jurisdicciones.

Puerto Rico podría suscribir un tratado de cooperación y amistad con los Estados Unidos, pero los términos de dicho tratado serian inciertos al momento de tomar la decisión en favor de la independencia. Los tratados de cooperación con los territorios que han escogido la libre asociación, Micronesia, Palau y las Islas Marshall podrían dar un marco de referencia. En el segundo artículo de esta serie abordaremos ese tema.

La presencia de las agencias federales en Puerto Rico tras la independencia

La independencia conllevará la eliminación de las agencias federales en Puerto Rico, la eliminación de su aportación en la prestación de servicios importantes que deberán ser absorbidos por el gobierno de la república y la eliminación de los empleados públicos que trabajan para dichas agencias. Dichos empleados tendrán que decidir si desean ser relocalizados en otros Estados, de serles ofrecida esa alternativa por el gobierno federal. Entre estas agencias y servicios están las siguientes: el Servicio Postal, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Administración Federal de Aviación, la Administración de Drogas y Alimentos, el Servicio Forestal, el Negociado del Censo, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, el Servicio de Inmigración y Aduanas, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional y la Agencia de Protección Ambiental.

También se eliminarían los servicios provistos por las agencias federales de seguridad tales como la Guardia Costanera, el Negociado Federal de Investigaciones, el Servicio de Alguaciles, el Negociado de Alcohol, Armas, Explosivos y Tabaco, así como el Tribunal Federal.

El gobierno de la república tendría que absorber esos servicios, sin tener los recursos para ello. Sin la participación de las agencias de seguridad federales la república estaría a merced de las bandas de criminales del narcotráfico y organizaciones terroristas que operan en otras jurisdicciones.

La oportunidad de desarrollar política monetaria

Con el advenimiento de la independencia, Puerto Rico puede desarrollar su propia moneda nacional y establecer el valor de paridad frente al dólar. También, utilizar el dólar estadounidense, condicionado a que el Congreso así lo apruebe como parte de un acuerdo, o puede utilizar ambas monedas. Podrá establecer su propia política monetaria, controlar la cantidad de moneda en circulación, establecer y modificar el valor de su moneda con relación a otras (apreciar o devaluar su moneda) y reglamentar la tasa de interés. En teoría económica ese mecanismo puede servir para estimular la economía y controlar la inflación. No obstante, esa no es la realidad en muchos países, donde imperan altas tasas de interés, alta inflación y fluctuaciones en la tasa de cambio de su moneda.

Las crisis financieras y económicas de Argentina hace algunos años y Venezuela al presente proveen un buen marco de referencia. Las altas tasas de interés dificultan el tomar dinero prestado para las operaciones de los negocios, la adquisición de viviendas y el consumo. La inflación hace desaparecer como espuma los ingresos al perder valor adquisitivo, como ocurre en Venezuela al presente. Las fluctuaciones en la tasa de cambio de la moneda, principalmente cuando es devaluada, hacen más caras las importaciones de bienes para el consumo y la inversión. Argumentar que tener su propia moneda va a ayudar al desarrollo económico de Puerto Rico resulta, por tanto, incierto.

El acceso al crédito y ayuda financiera externa

La república tendría problemas de acceso al crédito financiero para tomar dinero a préstamo para el desarrollo de infraestructura y mantenimiento de obras públicas al igual que ocurre con el territorio al presente, pero con el agravante de que no tendría el cojín que provee el acceso a fondos federales asignados por el Congreso. Los costos de mantener los sistemas de electricidad, agua potable, disposición de basura, los puertos, carreteras y otra infraestructura vital para el desarrollo económico y social serian un enorme reto.

Los fondos federales no estarían disponibles bajo la república luego de un periodo de transición, si el Congreso permite dicho periodo en un acuerdo. En todo caso, ese periodo de transición seria de un máximo de cinco a diez años. Es decir, en el mejor de los escenarios, Puerto Rico perdería un promedio de 10% anual de los fondos federales que actualmente recibe durante ese periodo máximo de diez años, sin tener como sustituir ese influjo de dinero. El caso de los territorios de Estados Unidos que lograron acuerdos de libre asociación, Palau, Micronesia y las Islas Marshal, ilustran claramente este escenario.

La ayuda externa de entidades internacionales, Estados Unidos y países extranjeros podría ser un paliativo a la falta de recursos financieros, pero esa ayuda nunca se podría comparar con el influjo de ayuda que al presente Puerto Rico recibe del gobierno federal de Estados Unidos. Los países extranjeros que ofrecen ayuda financiera a otros países no pasan de 20, que distribuyen esa ayuda a alrededor de 180 países.

En el 2016 la ayuda total a países en l mundo fue de $142.6 billones, de los que Estados Unidos aportó $33.6 billones, es decir, 24%. Para tener una idea de cómo comparar la posible ayuda internacional a la posible República de Puerto Rico, la ayuda anual de Estados Unidos a Puerto Rico en transferencias federales en el año fiscal 2010 alcanzó $23.5 billones. Esta suma es equivalente a dos terceras partes de la ayuda destinada por Estados Unidos al fondo de ayuda para los 180 países en desarrollo usualmente beneficiados. Cada país recibe una pequeña proporción de esa ayuda internacional y Puerto Rico tendría que competir para esa pequeña proporción. De hecho, los Estados Unidos es el principal sostén de esa ayuda internacional del total de ayuda que fluye a los países en desarrollo.

En comparación, en el 2018, se estimó que las transferencias de fondos federales de Estados Unidos a Puerto Rico podrían aumentar a $45 mil millones, si considera las ayudas para reconstrucción tras el paso del Huracán María. [2]

En el próximo artículo, segundo de esta serie abordaremos el pacto de libre asociación de las islas de Micronesia, Palau e Islas Marshall con Estados Unidos.


[1] A la fecha de publicación de este libro, tras la renuncia de Venezuela, son 34 países miembros.

[2] Periódico Metro Puerto Rico. Viernes 09 de febrero de 2018. Recuperado el 24 de marzo de 2019 de https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/02/09/estos-los-fondos-federales-los-puerto-rico-tendra-acceso.html

Grijalva, estadidad y desobediencia civil

El contenido de este artículo sobre el tema de la estadidad para Puerto Rico es discutido por el autor, de manera más amplia, en su libro: Consecuencias económicas de la estadidad para Puerto Rico. El libro publicado en mayo de 2017 está disponible en la librería Biblio Services en Hato Rey; Casa Norberto en Plaza Las Américas, Librería Norberto en Rio Piedras y  Librería La Casita en Aguadilla Mall.

Este fin de semana el Comité de Recursos Naturales del Congreso, que preside el Congresista Raúl Grijalva, demócrata por el 3er distrito congresional del estado de Arizona, de origen hispano, hijo de un bracero mexicano que ingresó a Estados Unidos en 1945, celebró vistas públicas en Puerto Rico. Grijalva, como presidente del Comité de Recursos Naturales, que tiene jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico, quería escuchar a los puertorriqueños sobre los problemas relacionados a la Ley Promesa y los proyectos de reconstrucción de Puerto Rico después del Huracán María. Pero no quería hablar sobre el status ni la estadidad para Puerto Rico. ¡Oh, DIOS, que error! Grijalva apoya la estadidad para Washington DC. Fue auspiciador de una resolución del Congressional Progressive Caucus el 4 de abril de 2018, hace un año. [1]

En las vistas públicas celebradas en el Coliseo Roberto Clemente, el movimiento estadista le hizo claro su sentir al congresista Grijalva. Lo hizo mediante la utilización de una variante suave y civilizada de desobediencia civil. El movimiento estadista de Puerto Rico tiene que ejercer su derecho a la igualdad mediante el uso de la desobediencia civil. Y la juventud estadista puede ser el principal exponente del ejercicio de ese método de lucha por la igualdad.

En la primavera de 2025, 7 años a partir de 2019 y 13 años a partir de la votación mayoritaria de 2012 a favor de la estadidad, si la solución al dilema colonial toma el tiempo que le tomó a Alaska, mi pequeña hija Nicole Marie, que en el mes de abril próximo cumple seis (6) años, habrá cumplido 13 años. No tengo duda que será defensora de la igualdad política, aunque a esa fecha aún no podrá ejercer el derecho al voto. Como en la Canción de Ricky Martin, “La Copa de la Vida”, querrá “pelear por una estrella, para sobrevivir y luchar por ella”. Imagino que le interesará acudir a la ceremonia de izar la nueva bandera americana, con 51 estrellas, en el Capitolio federal en Washington DC.

Pero antes de eso, es posible que quiera participar en las marchas pro estadidad, en el Mall, frente al Capitolio Federal y quien sabe, si como joven impetuosa en su adolescencia, como un acto de desobediencia civil, quiera amarrarse a las columnas del monumento a Jefferson en algún día memorable, como el día feriado de Martin Luther King el 20 de enero de 2025.

Quién sabe, si convocando a sus pares a través de las redes sociales, querrá sentarse con la bandera prototipo de 51 estrellas, en los pasillos de los edificios del Capitolio Federal Cannon, Longworth o Rayburn de oficinas de congresistas, tal vez frente a la oficina del sucesor de Grijalva, o en los edificios Russell, Dirksen y Hart de oficinas de los senadores.

Los jóvenes son excelentes en las estrategias de desobediencia civil. Pienso que las técnicas de lucha pacífica, que han sido utilizadas históricamente para luchar por los derechos civiles y la independencia, también pueden ser buenas para luchar por la estadidad.

El infame status territorial permite la discriminación contra los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Un territorio, bajo la Constitución y las leyes de Estados Unidos es simplemente un pedazo de tierra que pertenece a los Estados Unidos y sobre el que el Congreso puede disponer cuando y como quiera. No es un Estado ni es un país. Un territorio no tiene los derechos de un Estado, ni los poderes de una nación, ni tiene soberanía. Es solamente una posesión de Estados Unidos.

Es una relación que no encaja en el modelo moderno de gobierno americano. No representa el patrón de democracia y libertad americana. Aun cuando los electores americanos residentes de Puerto Rico votaran a su favor como status territorial, su permanencia no representa un status válido, ni constitucionalmente, ni desde la perspectiva moral ni desde los principios democráticos bajo los cuales se fundó la nación americana.

La situación en Puerto Rico está madura para una decisión. La decisión del pueblo puertorriqueño debe basarse en datos económicos e información sólida, principios políticos y morales de igualdad y no en los mitos sobre el costo económico de la estadidad, que han sobrevivido más un siglo de coloniaje americano. La otra opción es que el pueblo quiera continuar la relación actual del status territorial, de inferioridad política, con las consecuencias devastadoras que actualmente tiene para el desarrollo económico y social de Puerto Rico y que el Congreso lo acepte así, en violación de las normas del derecho internacional.

Parafraseando a Martin Luther King, los defensores de la estadidad deben amarrarse a una verdad:  que todos los hombres y mujeres son creados iguales. Que los vientos de tormenta de la revuelta estadista deben continuar hasta sacudir los cimientos de nuestra nación, hasta que emerja el día brillante de la justicia. Los estadistas deben marchar y hacer un juramento de luchar hacia adelante, sin virar atrás, porque, como Martin Luther King, “rehusamos creer que el banco de la justicia esté en quiebra”.

Ninguna lucha por los derechos civiles ha logrado ser exitosa sin un ataque agresivo, determinación, perseverancia y desobediencia civil. Conlleva un ataque agresivo en pelear la lucha en el corazón de la Nación Americana, el Congreso, mediante un cabildeo y desobediencia civil intenso. Conlleva determinación en fijar la meta de conseguir la estadidad, establecerlo como prioridad, fijar un calendario de acción y ejecutarlo. Conlleva perseverancia para ser insistente, no cejar ni perder la fuerza de voluntad ni amilanarse ante las derrotas temporales que el proceso pueda sufrir. Conlleva desobediencia civil en retar al Congreso. Sentarse en las escalinatas del capitolio federal, los pasillos y las oficinas de los congresistas y senadores para demostrar el compromiso con la aspiración de ser iguales.

Citando a Don Luis Muñoz Marín, … “No somos pro americanos… somos americanos. No nos cobija la ciudadanía americana, la llevamos dentro. Creo que nuestra función es enriquecer la Unión Americana con nuestra presencia…. y no meramente agregarle un pedazo más de similitud a la Unión Americana”. Luis Muñoz Marín – Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente.

Los estadistas podrán ser acusados de anarquistas, como ha ocurrido con casos anteriores en otros territorios que lograron la estadidad ejerciendo desobediencia civil; podrán ser acusados de querer conseguir su objetivo de manera irregular; podrán ser acusados de rufianes y aventureros como se les acusó en el caso de California cuando luchaba por la estadidad, pero al final del camino la igualdad política triunfará y la nueva bandera de 51 estrellas será izada en todos los edificios públicos de la Nación un 4 de julio, de un año futuro que no debería estar muy lejos.


[1] https://cpc-grijalva.house.gov/press-releases/congressional-progressive-caucus-members-unanimously-cosponsor-dc-statehood-bill/. “It’s an embarrassing shortcoming of our democracy that the 700,000 residents of the District of Columbia who serve in the military, pay taxes, and vote for their local leaders, have no voting representation in the U.S. Congress,” said Rep. Grijalva. “Like every other place in the nation, D.C. residents deserve the opportunity to control their budget and laws and have a vote in Congress to represent the voices of their community. I’m proud to stand up for democracy, remedy this injustice, and support statehood for the people of the District of Columbia.”. Fuente: Congressional Progressive Caucus. 4 de abril de 2018

¿Es un mal acuerdo la negociación de la deuda de COFINA?

Este miércoles 30 de enero continuó el proceso de vistas iniciado dos semanas atrás en el Tribunal Federal sobre la aprobación del acuerdo negociado entre el Gobierno de Puerto Rico y los acreedores para el pago de la deuda pública de Puerto Rico, proceso que se ventila ante la juez de quiebras para el caso de la quiebra gubernamental. El acuerdo no cubre toda la deuda, sino una parte emitida por el Fondo de Interés Apremiante, conocido por COFINA. En este espacio abordamos el tema en lenguaje para no economistas, es decir, para el pueblo, considerando los puntos a favor y en contra del acuerdo.

¿Un acuerdo imperfecto?

Tener un acuerdo imperfecto, no ideal, es mejor que no tener acuerdo alguno, aunque el acuerdo logrado no sea el mejor que se pudo haber negociado. Sin un acuerdo, la capacidad de Puerto Rico para impulsar la recuperación y el desarrollo económico se quedaría en un limbo. Cada año que pase sin un acuerdo empeora la situación de incertidumbre fiscal y la capacidad de atraer nueva inversión al país. Por otro lado, aquel al que se le debe quiere que le paguen. Nadie quiere hacer negocios con entidades y personas que no honran su crédito y por tanto, en quienes no se puede creer o confiar. Si el banco ejecuta mi hipoteca y alguien la compra a descuento, por la mitad, eso no quiere decir que me va a cobrar la mitad de la deuda. Va a tratar de cobrarla toda.

¿Cómo surgió Cofina?

En el 2006, tras el cierre del gobierno por el gobernador Aníbal Acevedo Vila, cuando se designó un comité de economistas, del cual fui partícipe, para resolver el tranque, Puerto Rico sufría de un déficit fiscal acumulado que no había cómo pagarlo. El arbitrio del 6.6% prevaleciente en aquel momento, que era altamente inflacionario, no era suficiente para cubrir los gastos recurrentes y pagar el déficit acumulado, que era contra las disposiciones de nuestra Constitución, que requiere un presupuesto balanceado. Como parte de los acuerdos logrados para terminar con el cierre del gobierno, se estableció el impuesto de 7% (que eventualmente aumentó al 11.5%  y se creó la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) a la que se asignaría alrededor de la mitad de los recaudos del nuevo impuesto, para que emitiera deuda con cargo al impuesto, para poder financiar el desarrollo de infraestructura necesaria al desarrollo económico.

Cofina se convirtió entonces en la vaca lechera para emitir deuda. La combinación de la emisión de deuda de Cofina junto a la fiesta de gasto excesivo del gobierno en nómina y otros conceptos, nos llevaron a la falta de capacidad para pagar la deuda pública. La política del “me vale” y la amenaza a los bonistas de que “si querían gobernar corrieran en campaña para gobernador”, desató la desconfianza de los inversionistas, la degradación del crédito y el empeoramiento del estancamiento económico, que no permitió obtener recaudos suficientes para pagar la deuda y evitar la quiebra del gobierno.

El lado positivo del acuerdo

En el lado positivo, el acuerdo representa varios logros para Puerto Rico. El recorte de la deuda negociada es de un 32%. Ese es un buen comienzo, pues es un ahorro significativo, de lo que se tendría que pagar sin el acuerdo. También se detiene el gasto millonario en litigios en los tribunales y en honorarios de una negociación por un periodo de tiempo indefinido. El acuerdo representa ahorros de unos $17,500 millones durante el término de repago de 40 años. Son $430 millones por año que ahorramos basado en la deuda original. Habrá que pagar intereses por esos 40 años, pero el pago de intereses es el costo de no tener el dinero cash ahora para pagar la deuda. Pero el acuerdo permite restaurar la confianza de los inversionistas y del mercado de capital, que Puerto Rico necesita para levantar fondos de inversión en la infraestructura del Territorio de Puerto Rico.

El plan de ajuste de Cofina fue avalado mayoritariamente por todas las clases de acreedores con derecho a votar sobre el acuerdo, incluyendo unos 8,000 bonistas de Cofina residentes de Puerto Rico. Puerto Rico se libra de lo que podría ser un largo y costoso litigio para definir si los recaudos del IVU pertenecen a Cofina o al gobierno central. La ley de Cofina está muy bien redactada y la impugnación de su constitucionalidad es cuesta arriba, razón por la que ninguna de las partes se ha atrevido a impugnarla.

El lado negativo

Podría haberse insistido en el  logro de un acuerdo que pagara menos porción de la deuda

Podría haberse insistido en el  logro de un acuerdo que pagara menos porción de la deuda, particularmente en los bonos de preferencia, conocidos como bonos “seniors”, ($8 mil millones) a los que se les pagará el 93% del valor nominal o inicial de dichos bonos, mientras a los bonistas no preferentes, conocidos como subordinados ($10 mil millones) se les pagará el 54% del valor de sus bonos. Esa discriminación en favor de unos bonistas, molesta. Aun falta la negociación de los bonos de obligación general, que ahora reclamarán el mismo trato otorgado a los bonos “seniors” de Cofina. No debemos olvidar que los bonos de obligación general tienen un respaldo constitucional, que establece que primero se paga la deuda y si queda algún dinero, se paga todo lo demás en los gastos del gobierno central.

El servicio a la deuda pagadera con el IVU aumentará anualmente

El servicio a la deuda pagadera con el IVU aumentará, según reportajes de prensa, 4% todos los años, una proyección que supera por mucho los estimados de crecimiento económico que ha provisto la propia Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Por lo tanto, bajo un escenario de reducción del crecimiento económico, que reduce el consumo, y por tanto los recaudos del IVU, será necesario reservar más recaudos de dicha fuente para pagar la deuda.

Hay investigadores que postulan que una vez termine el efecto positivo de los fondos federales de reconstrucción de los efectos del huracán María, en ausencia de un cambio radical en la estructura de la economía y los planes de desarrollo económico, la economía volverá a una etapa de estancamiento alrededor del año 2033, es decir, dentro de 14 años. Si hay una reducción importante en las asignaciones federales para ese propósito como parte de las políticas del presidente Trump, ese escenario podría ocurrir en menos de 10 años. Si bajan los recaudos y el servicio anual de la deuda aumenta, estaremos en problemas.

El gobierno estará obligado a cubrir del Fondo general el servicio a la deuda de Cofina si los recaudos del IVU no son suficientes

El acuerdo entre las partes establece que el gobierno central estará obligado a cubrir el servicio a la deuda de Cofina si los recaudos del IVU no son suficientes. Lo tendría que cubrir con los recaudos del Fondo General. Ese es el Fondo que actualmente está asumiendo el pago de las pensiones cuya fuente de pago se extinguió. El servicio de la deuda o pago de intereses en 40 años será de $32 mil millones.

El acuerdo puede ser un mal precedente para negociar la deuda de los bonos GO

El acuerdo representa solo el 24% de la deuda total de PR. Falta aún los GO (general obligation bonds), que tienen un respaldo constitucional en Puerto Rico. No olvidemos que la Constitución de Puerto Rico dice que deberá existir un presupuesto balanceado y que al recibir los recaudos la primera prioridad será el pago de la deuda y luego lo demás, incluyendo las jeringuillas de los hospitales, para ilustrar un ejemplo. Bajo esa premisa, los bonistas de los GO querrán el mismo trato que se les otorgó a los bonistas de Cofina con bonos senior, porque argumentarán que los GO también tienen seniority.

La proyección y plan de pago a 40 años basado en el IVU es muy incierta.

La proyección y plan de pago a 40 años basado en el IVU es muy incierta. No es posible proyectar con un nivel razonable de certeza a un periodo tan largo. Decía el famoso economista John Maynard Keynes que a largo plazo todos estamos muertos. En una economía estancada, aun cuando se asoman algunos signos de recuperación, perdiendo población, sin un horizonte claro de nueva inversión, en un escenario de cambios bruscos a nivel global… ¿a quién se le puede ocurrir proyectar a 40 años? La incertidumbre actual es de tal magnitud, que las empresas, que 10 años atrás preparaban planes estratégicos a cinco (5 años), ahora están preparando planes a dos (2) años.

La proyección del IVU para el acuerdo fue realizada basada en el producto bruto, es decir, el volumen y precios de la producción en Puerto Rico. No se hizo sobre proyecciones de consumo. Esto constituye una deficiencia en los supuestos de recaudos, pues el consumo puede bajar aun cuando pueda subir el producto bruto, y si baja el consumo, baja el IVU y bajan los ingresos del Fondo General. Ciertamente se puede argumentar que la función de consumo de Puerto Rico para efectos del IVU tiene una alta inelasticidad, es decir, es muy estable y no cambia significativamente, por ser impuesto sobre bienes básicos, lo que asegura cierto nivel de recaudos y que la propensión marginal al consumo en Puerto Rico es muy alta, pero en un escenario de pérdida de población, no hay manera de proyectar un consumo estable.

Si bajan los ingresos del Fondo General, habrá menos recursos para las necesidades esenciales de la ciudadanía, pues el pago de la deuda, según el acuerdo, tiene preferencia y lo que no se pague con recursos del IVU deberá pagarse con recursos del Fondo General.

Se debió establecer una lista de servicios esenciales que se cubrirían primero

El acuerdo entre las partes, ni el plan fiscal del gobierno certificado por la Junta de Control Fiscal definen cuales son los servicios esenciales para la ciudadanía y su costo, para asegurar el bienestar mínimo necesario, de supervivencia, si se quiere definir así. Los servicios esenciales definidos con criterios usuales deberían incluir: salud, protección policiaca, control de incendios, agua potable, servicios de recogido de basura, infraestructura de comunicaciones y electricidad, mantenimiento y reparación de carreteras, entre los más esenciales. Ese proceso es un criterio de la Ley Promesa. Ese principio pretende asegurar que la población recibe un trato humanitario, protegida de un posible capitalismo insensible de la banca de inversiones bautizada con el ícono de “fondos buitre”. De haberse completado ese ejercicio, el gobierno estaría, tal vez, en mejor posición para orientar a la juez del proceso de quiebra en el Tribunal Federal, sobre cuánto dinero de los recaudos serían necesarios para servicios esenciales y el sobrante para pagar la deuda.

Cuál pudo haber sido un mejor acuerdo

Es muy fácil soñar con un mejor acuerdo cuando se observa desde las gradas. Se puede argumentar que desde afuera, opinar es un mamey. Pero me atrevo a intentar revolcar el avispero, aunque a mi ni las avispas me pican.

  1. Un acuerdo basado en un por ciento de los ingresos del IVU, sin garantías adicionales de pago del Fondo General hubiese sido mejor. Así se acuerdan los pagos en los procesos de quiebra regulares. Se determina los ingresos del deudor, el costo de sus necesidades básicas y se distribuye el remanente entre los acreedores por un periodo de varios años, hasta que su situación financiera se estabilice. Los acreedores están, en cierta medida, en una posición de tómalo o déjalo, por lo cual la situación le lleva a tener que aceptar un trato no preferente. Aunque podría alargarse el proceso de un lograr un acuerdo, la juez podría forzar el acuerdo porque ese es parte de su rol de juez de quiebras. No obstante, hay que aceptar que los bonistas quieren asegurarse de que ningún gobierno local populista que se vuelva loco y gaste sin control, afecte la capacidad de pago de los bonos. Si así lo hiciera, conforme el acuerdo tendría que responder por el gasto excesivo, eliminando otros gastos. Y créanme, el terreno en Puerto Rico, donde se honra la dependencia, es muy fértil para el populismo.
  2. Un acuerdo que reconociera 54% de la deuda para todos los bonos para que sirviera de base para negociar trato igual a los bonos GO cuando le toque su turno. Así el pueblo de Puerto Rico se ahorraría una suma mayor en el pago de la deuda, y el gobierno tendría más certeza de los pagos que debería hacer, pues pagaría a base de un porciento de los recaudos del IVU hasta donde lo permitiera el dinero a lo largo de los 40 años del acuerdo. Ese acuerdo podría estar garantizado por disposiciones que aseguraran el control de gastos del gobierno mediante la supervisión de un comité de bonistas durante los 40 años del acuerdo.

¡Ojalá que alguien cercano a la juez leyera esta columna y le transmitiera este mensaje, la iluminara y la motivara a forzar una reconsideración del acuerdo; y que también iluminara a los representantes del gobierno y la Junta de Control Fiscal! Pero decía un conocido economista liberal, Alan Blinder, Asesor del presidente Clinton, que la relación entre los economistas y los políticos es como la relación entre una persona ebria y el poste del alumbrado público. El ebrio no se acerca al poste buscando iluminarse sino para apoyarse.

La ciudadanía americana: 20 años de expresiones del gobierno federal y el Congreso

Nota del autor: Nuestra última columna en este blog fue publicada el 18 de septiembre de 2017, dos días antes del Huracán María que cambio la vida en Puerto Rico. Se tituló “La vida en un bolsillo de la AEE”. Luego de dicha catástrofe se apagó el botón de la energía eléctrica, internet y las comunicaciones. El internet llegó a mi calle hace dos semanas. Re-iniciamos nuestras columnas en línea cinco meses después del apagón, convencidos de que la AEE es el peor obstáculo operacional a la calidad de vida que aspiramos los puertorriqueños.

 

Cita memorable:  “No somos pro americanos… somos americanos. No nos cobija la ciudadanía americana, la llevamos dentro. Creo que nuestra función es enriquecer la Unión Americana con nuestra presencia…. y no meramente agregarle un pedazo más de similitud a la Unión Americana”. Luis Muñoz Marín – Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente.

 

Este fin de semana pasado del 2 de marzo se conmemoró el 101 aniversario de la ciudadanía americana para los puertorriqueños, concedida por la Ley Jones en el 1917. Hemos creído apropiado recoger las expresiones de “el americano” en los últimos 20 años sobre la ciudadanía americana para los puertorriqueños, porque la memoria colectiva tiende a ser corta. Citamos de un reportaje en The Puerto Rico Report. La traducción al español es nuestra.  

  1. Dick Thornburgh, Secretario de Justicia ante el Comité de Recursos Naturales del Congreso, Junio 23, 1998. “El Congreso debe clarificar las alternativas que se presenten al Pueblo de Puerto Rico para remover cualquier confusión de que hay una opción de retener la  ciudadanía en cualquiera de las alternativas, con ciudadanía dual y soberanía compartida. En realidad, para que la libre asociación o cualquier forma de independencia pueda prevalecer, debe haber un proceso en el cual se transfiera la soberanía, nacionalidad y ciudadanía de una nación a la otra”.
  2. Dick Thornburgh, Secretario de Justicia, Comité de Recursos Naturales del Congreso, Oct. 4, 2000. “La libre asociación sería una relación basada en un tratado que eliminaría la soberanía de Estados Unidos, la nacionalidad y la ciudadanía en Puerto Rico en favor de una soberanía separada, nacionalidad y ciudadanía de Puerto Rico. En contraste con la unión política y el sistema estadounidense de federalismo, la libre asociación real es lo mismo que la independencia. Aunque una relación estrecha puede ser negociada mediante un tratado, la libre asociación es terminable por decisión de cualquiera de las dos partes, consistente con el derecho de cada parte a la independencia nacional. De otra manera, la asociación no sería libre. Si fuera inalterable sin el consentimiento mutuo, implicaría que cada parte podría negar el derecho a la independencia del otro. Sería la continuación del status colonial y territorial con otro nombre”.
  3. Robert Dalton, Consejero Legal Auxiliar para Asuntos de Tratados del Departamento de Estado, ante el Comité de Recursos Naturales del Congreso, Oct. 4, 2000. “Tenemos preocupación con la propuesta de legislar una doble ciudadanía para los residentes de Puerto Rico… que es incompatible con la noción de soberanía. Además, hay problemas… sobre la protección diplomática a ciudadanos de Estados Unidos que residirían en Puerto Rico y las responsabilidades que la embajada de Estados Unidos tendría bajo las leyes de Estados Unidos para proteger sus derechos”.
  4. Informe del Grupo de Trabajo Presidencial sobre el Status de Puerto Rico –diciembre de 2005. “Cualquier planificación para la independencia de Puerto Rico tendría que tomar en consideración la ciudadanía. Los individuos nacidos en Puerto Rico son ciudadanos de Estados Unidos por estatuto (en lugar de por haber nacido en Estados Unidos o naturalizados en Estados Unidos). La regla general es que la ciudadanía sigue a la soberanía. Por tanto, si Puerto Rico se convirtiera en una nación independiente, aquellos que decidan ser ciudadanos de dicha nación o que tengan ciudadanía de Estados Unidos por estatuto dejarán de ser ciudadanos de Estados Unidos… como ocurrió con los ciudadanos de Philipinas que perdieron su status de nacionales de Estados Unidos cuando Philipinas se convirtió en independiente. Es necesario hacer claro al pueblo de Puerto Rico que un status de libre asociación es una forma de independencia de los Estados Unidos y en ausencia de una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, no es inmune a la posibilidad de una terminación unilateral por los Estados Unidos”.
  5. Informe del Grupo de Trabajo Presidencial sobre el Status de Puerto Rico –marzo de 2007. “La regla general es que la ciudadanía sigue a la soberanía. Por lo tanto, si se convirtiera en una nación independiente, los residentes de Puerto Rico se convertirían en ciudadanos de la nueva nación o [república] independiente y cesarían de ser ciudadanos de los Estados Unidos”… “Otro posible modelo de independencia es el de libre asociación como las Islas Marshalls o Palau… Será necesario hacerle claro al Pueblo de Puerto Rico, que la libre asociación es una forma de independencia de los Estados Unidos y que no puede ser inmune a la posibilidad de una terminación unilateral por los Estados Unidos”.
  6. Informe del Grupo de Trabajo Presidencial sobre el Status de Puerto Rico –marzo de 2011. “La libre asociación permite un Puerto Rico independiente con una relación estrecha con Estados Unidos similar al status de la República de Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia y la República de Palau… sus ciudadanos pueden trabajar en Estados Unidos, pero no son ciudadanos americanos”.
  7. “Aquí hay 3 millones y pico de ciudadanos americanos que son indudablemente ciudadanos de segunda clase. Si fuera una situación referente a los negros, ¿no sería una situación de derechos civiles? Creo que la desigualdad es desigualdad para todos no importa el color de la bandera política que enarbolen. No sé cómo nadie en Puerto Rico se beneficia con ser desigual”. Juez Federal Juan Torruellas.

 

Nuestros lectores pueden llegar a sus propias conclusiones. La nuestra es que por lo que ha dicho “el americano”, con la libre asociación o la independencia no hay ciudadanía americana. Con el estatus territorial dicha ciudadanía es estatutaria por ley del Congreso y puede ser revocada si el Congreso decidiera revocar dicha ley. En conclusión, solo bajo la estadidad estaría garantizada la ciudadanía.

 


  1. The Puerto Rico Report. 13 de abril de 2017.

La vida en un bolsillo de la AEE

El reloj del teléfono celular marcaba las 10:00 am de aquel miércoles 6 de septiembre, día infame, en el que se esperaba que al final de la tarde se sintieran vientos de huracán gracias a Irma, que cargada de enojo pasaría al norte de Puerto Rico. Se sentía la calma que precede al temporal. El televisor anunciaba la ruta de la tormenta. No soplaba el viento, pero de la nada surgió una leve ráfaga y… “puff”… el televisor se apagó.

Una nube de pesimismo me cruzó por la frente. Recordé el “blackout” de uno o dos años atrás, en el que alguien apagó un interruptor en una central eléctrica, para tumbar el sistema eléctrico y protegerlo y luego nadie sabía cómo prender el sistema nuevamente. Recordé el suplicio del huracán Hugo del 18 de septiembre de 1989. También el huracán Georges del 21 de septiembre de 1998, que cruzó la isla de este a oeste, afectando todo Puerto Rico.

Ahora estaba de nuevo sin electricidad y el generador eléctrico no funcionó. Parece como si todos los generadores de Puerto Rico se hubiesen puesto de acuerdo para apagarse simultáneamente, porque se inició la lucha sobre quién conseguía un técnico disponible para encender su generador. Entonces se acabaron las piezas de repuesto, después el diésel y el gas propano. El huracán no llegó, pero Puerto Rico completo se había apagado.

Se apagó el sistema de cable TV, la internet y las computadoras. Se descargó el celular, se acabó el hielo y se inició el tranque en los semáforos apagados, que ponían a prueba el ingenio de los que tenían más “guts” para empujar al conductor de al lado.

Instalé hace cinco años en mi residencia un generador eléctrico; luego hace tres años  un sistema de placas fotovoltaicas, que la AEE tardó más de un año en aprobar. Pero si se cae el sistema eléctrico, el sistema de placas fotovoltaicas no funciona, porque la AEE obliga a que el sistema fotovoltaico dependa del suyo. Ahora, la emergencia de Irma me obligó a instalar un sistema alterno de baterías. Necesito la energía para mi hogar y mi profesión, pero estoy pagando un costo demaciado alto por la ineficiencia de la AEE.

Tras el apagón del 6 de septiembre, iniciaron el proceso de restablecer el servicio siguiendo las prioridades dictadas por la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, comenzó el proceso de decidir a quién le correspondía la prioridad: hospitales, hoteles, centros comerciales y parques industriales. Luego los vecindarios exclusivos de clase económica alta, de “influencers” del gobierno y la clase política. Finalmente, los de abajo. Pero se quedaban atrás una nueva clase: los bolsillos.

Vivo en uno de esos llamados bolsillos, Villa Nevares, una urbanización céntrica, próxima al Centro Médico de Rio Piedras, de más de 800 viviendas, construida hace más de 50 años, habitada mayormente por ciudadanos de la tercera edad, que no son “influencers”. En ella no residen políticos, ni ciudadanos adinerados, ni CEO de grandes corporaciones, ni altos funcionarios de gobierno. Solo gente común y corriente, retirados que viven del seguro social o la pensión reducida.

Según la Autoridad de Energía Eléctrica, la urbanización es un bolsillo y su problema se limitaba a una sola calle, la calle 10, a la que, alegaba la AEE, no había acceso porque los residentes inmediatos habían cerrado dicho acceso. Entonces un periodista de un noticiero de televisión presentó un reportaje que demostraba que la AEE mentía. Ya era viernes 15 de septiembre y habían transcurrido  10 días del apagón. Entonces, milagrosamente, después del reportaje, el sábado 16 a las 7:00PM se iluminó el vecindario. Pero ayer domingo a las 5:00pm el servicio eléctrico fue suspendido nuevamente. Aprendí lo que es un bolsillo de la AEE. Es diferente al bolsillo vacío de los consumidores abonados de esta gran corporación insensible.

Es una vergüenza que la AEE no pueda garantizar un sistema estable que no se apague con una simple brisa y que necesite dos semanas para ser restablecido.

El gobierno del Dr. Ricardo Rosselló tiene que privatizar todo el sistema de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, para que el incentivo de generar ganancia permita lograr la eficiencia del sistema y evite tener abonados del servicio eléctrico dos semanas sin energía.

La producción de energía se divide en generación, transmisión y distribución. La generación ocurre en las plantas generatrices. La transmisión es el proceso de llevar la energía de las plantas a las sub-estaciones. La distribución es llevarla de las sub-estaciones a nuestras residencias, empresas o facilidades públicas. En otros estados de la Nación los productores de energía no tienen que ser dueños de las líneas de transmisión y distribución. Puede haber muchas empresas produciendo energía y otras transmitiendo y distribuyendo.

En Puerto Rico, la energía la produce un monopolio que ha sido negligente al mantener la dependencia del petróleo. Pero la generación podría estar en manos de dos empresas, dividiendo a Puerto Rico en dos segmentos. La transmisión en manos de otras dos y la distribución igual. El gobierno debería ser socio minoritario en cada una de esas corporaciones. Se dejaría espacio para los pequeños productores. Esa política permite que nuevos productores de energía solar, molinos de viento u otras fuentes que no dependen del petróleo puedan competir. Además, se estimula la competencia, lo que a su vez estimula la reducción del precio.

La privatización permitirá a una empresa producir su propia energía y vender el sobrante utilizando las líneas de la AEE. También puede dedicarse exclusivamente a producirla, como lo hace hoy Eco-Eléctrica, pero en lugar de venderla a la AEE exclusivamente, podría venderla directamente a los consumidores. Usted decidirá a quién le compra la energía.

Tras el paso de Irma, en Orlando, Florida, el sistema eléctrico, donde falló, se recuperó con relativa rapidez. En Orlando se paga menos tarifa por kilovatio que en Puerto Rico. Pero en Orlando, una empresa privada, Duke Energy, es la que distribuye la energía eléctrica.

En Puerto Rico, con la privatización los consumidores tendrán acceso a mayores oportunidades de energía no dependiente del petróleo, gracias al estímulo que ofrece la competencia. Se eliminarán los bolsillos de la AEE y se estabilizará el bolsillo del consumidor.

Pesadilla en Orlando: 3 de julio de 2022

Las autoridades estadounidenses informaron hoy que han creado un área especial en las inmediaciones del aeropuerto Internacional de Orlando, FL.,  para establecer un centro de ayuda con el objetivo de procesar las necesidades de los más de 200,000 boricuas de bajos ingresos, incluyendo madres solteras y personas envejecientes, que han llegado a esa ciudad en los últimos 30 días, sin hospedaje ni contactos familiares, al acercarse mañana la hora cero del 4 de julio de 2022; fecha de la celebración del 246 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Ese día se firma el acuerdo de independencia concedida unilateralmente por Estados Unidos al territorio de Puerto Rico. En este espacio compartimos con nuestros lectores este escrito de ficción.

En los últimos seis meses de este año, se estima que 720,000 boricuas han tomado vuelos sin boleto de regreso a varias ciudades de los Estados continentales, en jornadas de vuelos diarios de varias líneas aéreas y la cifra puede superar el millón en los próximos 60 días, si las autoridades de la nueva república y el Departamento de Estado de Estados Unidos no toman medidas para restringir la salida de Puerto Rico hacia los Estados Unidos.

La diáspora boricua en Florida está exhortando a las personas a no tomar estos vuelos sin regreso si no tienen un lugar donde hospedarse y familiares que los acojan y les sirvan de apoyo, particularmente a las familias con niños pequeños o envejecientes. En una entrevista con un periodista de WAPA América, un anciano de 86 años, ahogado en llanto, hizo declaraciones desgarradoras sobre su crónica condición médica de diabetes y alta presión, desesperado por la negativa de los médicos y farmacias en Puerto Rico a honrarle sus beneficios de medicare debido al cese de estos beneficios en Puerto Rico a la fecha del pacto de independencia. Para poder continuar recibiendo los beneficios está obligado a establecer su residencia en un Estado, siendo Florida el lugar más apropiado, según sus declaraciones.

Tras la condena de las Naciones Unidas a los Estados Unidos y la recomendación de la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso en el 2016 para controlar la crisis financiera del gobierno de Puerto Rico, el Presidente de Estados Unidos envió un proyecto de ley al Congreso, para conceder la independencia a Puerto Rico. El proyecto fue aprobado por una mayoría bipartita en ambos cuerpos legislativos, con apoyo de demócratas y republicanos.

La Junta, creada en el 2016, ejerció con mano dura sus poderes para ordenar el gobierno local después que los gobiernos del territorio hicieran uso inadecuado de la delegación de facultades administrativas que el Congreso le hiciera en el 1952. El año pasado, el Presidente de la Junta de Control Fiscal recomendó al Presidente de los Estados Unidos y a los líderes congresionales otorgarle unilateralmente la independencia a Puerto Rico, tras terminar sus funciones en este territorio americano.

A la firma de la declaración de independencia, pautada para este 4 de julio se espera que asistan varios congresistas, entre éstos un congresista por Chicago. Han confirmado su asistencia también los presidentes de Cuba y Venezuela, así como el Rey de España.

Un grupo autodenominado Comandos por la Estadidad, defensor de la unión permanente a los Estados Unidos ha anunciado que se reservan el derecho de tomar la acción que estimen apropiada a su lucha el día de la firma de la ley de independencia este 4 de julio. Han indicado que Puerto Rico emulará el caso de Texas, que se convirtió en Estado después de haber declarado su independencia de México. Anticiparon un plan de represión sin precedentes en Puerto Rico, por parte de las nuevas autoridades de la naciente república, para imponer orden y hacer cumplir sus prioridades para viabilizar el gobierno de la república de corte izquierdista.

El Congreso le ha garantizado a la nueva República de Puerto Rico una asignación en bloque por $20 mil millones, que se extenderá por 10 años a razón de $2 mil millones anuales, a ser financiada por un impuesto federal de 4% a las corporaciones americanas radicadas en Puerto Rico como corporaciones foráneas. Las empresas podrán tomar el impuesto como una deducción de su contribución sobre ingresos al gobierno de los Estados Unidos. Estas corporaciones ya están pagando ese impuesto al gobierno local y lo deducen de su contribución al Tesoro estadounidense.

El líder de la mayoría de la Cámara de Representes en el Congreso, indicó a los medios, que ese dinero no proviene de los contribuyentes americanos radicados en los estados de la Unión. Varios economistas locales en Puerto Rico, el GAO y el CRS, han puesto en duda dicha ayuda al estimar que gran parte de las corporaciones multinacionales de origen estadounidense calificadas como corporaciones foráneas cerrarán paulatinamente sus operaciones en Puerto Rico en un plazo de cinco (5) años como consecuencia de la incertidumbre creada por el advenimiento de la independencia.

Desde el año pasado, tras el inicio de las negociaciones para la concesión de la independencia, la economía local ha comenzado a declinar nuevamente, desatándose una nueva crisis en los valores de las propiedades, principalmente las viviendas y propiedades de alquiler para comercio. También ha ocurrido una fuerte declinación en el valor de las tierras, particularmente las de valor para desarrollo comercial e industrial. Se anticipa una nueva crisis fiscal como consecuencia de la reducción en los recaudos del nuevo Ministerio de Hacienda producido por la reducción en los valores de las propiedades, el éxodo masivo de la población y el cierre de empresas “foráneas”.

El nuevo Ministro de Seguridad Nacional del gobierno de Puerto Rico ha montado un impresionante operativo de seguridad para los actos del 4 de julio y han detenido como medida preventiva a más de un centenar de personas asociadas a posiciones de liderato en los Comandos por la Estadidad, anticipando las protestas masivas de desobediencia civil que se esperan en San Juan. Las líneas telefónicas y de internet experimentaron el fin de semana un tráfico tan intenso que provocó el colapso temporal de las comunicaciones entre Puerto Rico y la Florida. La Casa Blanca evito hacer comentarios sobre la crisis provocada y ha evitado catalogarla como una crisis humanitaria.

Portar un arma de fuego en Puerto Rico: Privilegio o derecho

En el Territorio de Puerto Rico la posesión y portación de un arma de fuego es considerada un privilegio por parte del Estado, que decide a quien se le permite poseer y portar un arma de fuego. En los Estados de la Unión de Estados Unidos, a diferencia del caso de Puerto Rico, la portación de un arma de fuego se considera un derecho garantizado por la Constitución, como parte del derecho a la autodefensa y la protección de la vida del ciudadano. Pero, el 20 de junio de 2017, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico le dio un golpe importante a la intervención indebida del Estado en restringir el derecho a la protección de la vida, la familia y la propiedad de los ciudadanos decentes y respetuosos de la ley y el orden. En este espacio abordamos este tema.

En Puerto Rico, para poder poseer y portar un arma de fuego hay que someterse a un proceso irrazonable, arbitrario, caprichoso, extenso y de larga duración en investigación por la Policía, la anuencia de un fiscal del Departamento de Justicia y la intervención de un juez del Tribunal de Primera Instancia. Además, conlleva el pago irrazonable de derechos al gobierno, la contratación de un abogado y la comparecencia de testigos de reputación al tribunal. El proceso puede tardar hasta un año a un costo de alrededor de $1,500.00, sin incluir el costo del arma, que es de alrededor de $600.00 si es una pistola 9 mm o .380 o un revolver, aunque puede ser menor si compra un arma usada en una armería.

En los Estados de la Unión, el proceso y tiempo de cumplir con los requisitos es muy simple y muy corto, con un costo mínimo y muy poca intervención del Estado. En Florida, por ejemplo, para poseer un arma en su casa, basta con acudir a una armería, proveer una identificación, tener 18 años, ser residente legal de Estados Unidos, no tener historial criminal, no tener problemas de abuso de sustancias ni trastornos mentales, y autorizar un cotejo en las bases de datos de la policía y el FBI, que tarda un par de horas. El ciudadano paga el costo del arma y espera un par de días de “cooling period” tras el cual la armería le entrega el arma.

En dicho Estado, para portar el arma se requiere una licencia, que se otorga tras haber aprobado un curso de unas 8 horas, en el manejo y uso de armas, ofrecido por una entidad como la American Rifle Association. Una vez sometida a la agencia estatal concernida la solicitud con la evidencia de aprobación del curso y huellas dactilares, el recibo de la licencia tarda no más de 90 días y el peticionario puede dar seguimiento al status del caso por internet.

Los requisitos irrazonables, arbitrarios y caprichosos de la Ley de Armas de Puerto Rico para permitir poseer y portar un arma de juego

En Puerto Rico, conforme el Artículo 2.05 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 456d,  una persona puede portar un arma de fuego consigo si posee la licencia que lo autoriza, emitida por la Policía Estatal, la cual será expedida solamente si el tribunal lo autoriza. El tribunal autorizará la portación de cualquier pistola o revolver legalmente poseído, de no existir causa justificable para denegarla a quien posea una licencia de poseer armas y demuestre temer por su seguridad. (25 LPRA sec. 456d(a).Se requiere notificar al ministerio público (fiscalía del Departamento de Justicia) y una audiencia ante el Tribunal. El solicitante deberá pagar un comprobante de $250 y presentar una certificación expedida por un oficial autorizado de un club de tiro indicando que el peticionario ha aprobado un curso de manejo correcto y seguro de armas de fuego.

Previo a la licencia de portación la persona interesada deberá tener una licencia de posesión de armas de fuego, que será emitida por el Superintendente de la Policía, que conforme la Ley de Armas, establece los siguientes requisitos:

  1. Haber cumplido 21 años de edad. (A pesar que a los 18 años, un ciudadano(a) puede ingresar a las fuerzas armadas de Estados Unidos o la Guardia Nacional de Puerto Rico, practicar con diversos tipos de armas y convertirse en experto en su uso).
  2. Tener un certificado negativo de antecedentes penales expedido no más de 30 días previo a la fecha de la solicitud y no estar acusado o pendiente o en proceso de juicio por algún delito en Puerto Rico, Estados Unidos o el extranjero.
  3. No ser ebrio habitual o adicto a sustancias controladas.
  4. No estar declarado incapaz mental por un Tribunal.
  5. No incurrir ni pertenecer a organizaciones que incurran en actos de violencia o dirigidos al derrocamiento del gobierno.
  6. No haber sido separado de las fuerzas armadas en forma deshonrosa o destituido de alguna agencia del orden público.
  7. No estar bajo una orden del Tribunal que le prohíba amenazar o acercarse a otra persona determinada.
  8. Ser ciudadano de los Estados Unidos y residente legal de Puerto Rico.
  9. No haber renunciado a la ciudadanía americana alguna vez.
  10. Estar en cumplimiento con las leyes fiscales de Puerto Rico.
  11. Haber pagado un comprobante de rentas internas a favor de la Policía de Puerto rico por la suma de $100.00
  12. Someter junto con la solicitud de licencia tres declaraciones juradas de personas que le conozcan y no sean familia, atestiguando bajo juramento que el peticionario goza de buena reputación en el vecindario, que no es propenso a cometer actos de violencia, y que está emocionalmente apto para poseer armas de fuego, por lo que no existe objeción a que tenga tales armas.
  13. Someter su solicitud cumplimentada bajo juramento ante un notario, acompañada de una muestra de sus huellas dactilares, tomada por un técnico de la Policía de Puerto Rico, acompañada con fotos recientes.
  14. Someter una certificación negativa de deuda con la Administración de Sustento de Menores.

El superintendente tiene hasta 120 días y una extensión de 60 días adicionales, si es necesario, para aprobar la petición. La licencia se emite por cinco años, tras lo cual puede ser renovada pagando derechos nuevamente y ofreciendo una declaración jurada haciendo constar si hay cambios en las circunstancias del peticionario y una nueva certificación en el uso, manejo y medidas de seguridad de armas de fuego, certificada por un Club de Tiro. Si contra el poseedor de la licencia se ha emitido causa probable para arresto, por ciertos delitos enumerados en la ley, se suspende su licencia provisionalmente hasta la determinación final del proceso.

En Puerto Rico, el Tribunal Supremo, en el caso Pueblo v. Del Río, 113 DPR 684, 689 – 1982, consideró la posesión y portación de armas de fuego un privilegio, a pesar de que la Constitución de Estados Unidos establece que es un derecho .(Subrayado nuestro). Lo curioso de este asunto es que la exposición de motivos de la Ley de Armas del 2000, Ley Num. 404-2000 fue aprobada con el propósito principal de lograr una solución efectiva al problema del control de armas de fuego en manos de delincuentes en Puerto Rico. Entonces, se puede asumir que para el Estado, en Puerto Rico, cada ciudadano decente que quiere proteger su vida y propiedad y la de su familia, es un presunto delincuente.

Los fundamentos constitucionales del derecho a poseer y portar un arma de fuego en Puerto Rico

En la decisión del 20 de junio de 2017 el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico determinó en el caso El Pueblo de Puerto Rico vs. Roberto Rodríguez López y otros, que a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico les cobijan los mismos derechos constitucionales que a los residentes de los Estados de la Unión y que poseer y portar un arma de fuego no es un privilegio, sino un derecho, que requiere de la mínima intervención y regulación por parte de la Policía, los tribunales y los fiscales del Departamento de Justicia.

Amparado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo Federal, incorporó a los Estados, los derechos fundamentales de la Carta de Derechos. Dicho Tribunal ha reconocido a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, los mismos derechos fundamentales que la Decimocuarta Enmienda concedió a los ciudadanos americanos residentes en los Estados de la Unión. (Balzac v. Porto Rico, 258 US 298 (1922). Por su parte, la Segunda Enmienda de la Constitución dispone que … no se coartará el derecho del pueblo a tener y portar armas…

El caso resuelto por el Tribunal Apelativo de Puerto Rico detalla de manera magistral los fundamentos constitucionales para su decisión sobre el derecho a poseer y portar armas de fuego. A continuación, parafraseando las expresiones del Tribunal, se resumen dichos fundamentos:

  1. En el caso District of Columbia v. Heller, 554 US 570 (2008) se establece que los derechos reconocidos en la Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, están centrados en el derecho a la legítima defensa, particularmente en el hogar y reconoce el derecho individual a poseer y portar armas.
  2. En dicho caso el Supremo Federal concluye que la Segunda Enmienda a la Constitución confiere un derecho individual a tener y a portar armas y que las leyes que prohíben la posesión y portación, particularmente en el hogar, de armas permitidas, necesarias para una legítima defensa, violentan ese derecho individual protegido por dicha enmienda.
  3. En el caso McDonald v. City of Chicago, 561 US 742 (2010), el Tribunal Supremo Federal concluyó que la Segunda Enmienda de la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a poseer y portar armas, es aplicable a los Estados por virtud de la enmienda Catorce de ésta. En este caso el Tribunal concluyó que el derecho a poseer y portar armas es un derecho fundamental que está estrechamente vinculado al derecho a preservar la vida.
  4. Por su parte, en el citado caso District of Columbia v. Heller, el Tribunal reconoció que la legítima defensa es un derecho fundamental cuyos orígenes pueden ser trazados a los tiempos más antiguos y que el derecho a la defensa personal es el componente central del derecho reconocido en la Segunda Enmienda a la Constitución.
  5. Por otro lado, en el citado caso de McDonald v. City of Chicago, el Tribunal Supremo Federal sostuvo que el derecho individual de poseer y portar armas se extiende a los Estados en virtud del debido proceso de ley consagrado en la Decimocuarta Enmienda a la Constitución.(Subrayado nuestro).

Aunque Puerto Rico no es un estado, sino un Territorio, el Tribunal Supremo Federal nos ha reconocido los mismos derechos fundamentales que la Decimocuarta Enmienda concedió a los residentes de los Estados, bajo la doctrina de incorporación territorial. Por tanto, el derecho a poseer y portar armas es un derecho que el Estado no puede restringir irrazonablemente .(Subrayado nuestro). La garantía del debido proceso de ley exige que la ley no sea irrazonable, arbitraria o caprichosa .(Subrayado nuestro). También exige que el medio elegido tenga una relación real y sustancial con el objetivo que se persigue, conforme el caso A. Roig, Sucrs. V. Junta Azucarera, 77 DPR 342, 357 (1954). Se establece también, que los tribunales sostendrán la constitucionalidad de las leyes a menos que no tengan un propósito público legítimo, o que sean claramente arbitrarias, o que no guarden una relación razonable con el propósito público que persiguen. (Subrayado nuestro). (Morales v. Lizarribar, 100 DPR 717, 731 (1972).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico recientemente se ha expresado sobre la extensión al Territorio de Puerto Rico de los derechos fundamentales de la Constitución Federal, concedidos a los Estados a través de la Enmienda Decimocuarta, según las opiniones emitidas por el Tribunal Supremo Federal. En el caso resuelto el 20 de junio de 2017, el Tribunal Apelativo argumenta lo siguiente:

  1. En el caso Charbonier Laureano v. Gobernador, 193 DPR 516 (2015), el Tribunal Supremo Estatal declaró NO HA LUGAR a la petición de que no se aplicara a Puerto Rico lo resuelto por el Tribunal Supremo Federal en el caso Obergefell v. Hodges, relacionado a los matrimonios entre personas del mismo sexo, bajo el argumento por parte de la legisladora estatal María Milagros Charbonier, de que Puerto Rico es un territorio y no un Estado de la nación norteamericana, y por tanto, no está sujeto a las limitaciones que supone la Decimocuarta Enmienda de la Constitución Federal.
  2. En ese caso el Tribunal Supremo de Puerto Rico, señaló que, “en el esquema constitucional federal, Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos sujeto a los poderes plenarios del Congreso por virtud de la cláusula territorial de la Constitución federal… siendo ello así, el Tribunal Supremo Federal ha decidido que las garantías constitucionales que se denominen como fundamentales aplican a Puerto Rico por su propia fuerza, ya sea por virtud de la Decimocuarta o de la Quinta Enmienda de la Constitución Federal”… En el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo, el Tribunal Supremo reconoció el matrimonio como un derecho fundamental que emana del debido proceso de ley, el cual se garantiza tanto en la Decimocuarta como en la Quinta Enmienda de la Constitución Federal. Por tanto, concluye el Supremo Estatal, que lo resuelto en el caso Obergefell v. Hodges aplica al territorio de Puerto Rico. La Rama Judicial del Territorio de Puerto Rico, al igual que los tribunales de los Estados de la Unión, no tienen el poder para revisar o cuestionar una decisión del Tribunal Supremo Federal.

Esa decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en este caso, implícitamente, sin que esté la controversia ante su consideración, incide en el eventual reconocimiento, como un derecho fundamental, el derecho a portar armas de fuego, garantizado en iguales términos por la Constitución Federal. Por tanto, de ser apelada la decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico al Tribunal Supremo Estatal, difícilmente el Supremo pueda revocar la decisión del foro apelativo sobre el derecho a portar armas.

Conclusión

Ahora, tras la decisión del Tribunal de Apelaciones, el Departamento de Justicia debe decidir si acoge la determinación del Tribunal o apela al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Si apela la determinación del Apelativo, es casi seguro que el Supremo ratificará la determinación del foro inferior debido a lo bien fundamentada que está la decisión del Apelativo. Al final, el Departamento de Policía se verá forzado a revisar y simplificar sus requisitos y la Asamblea Legislativa deberá enmendar la Ley de Armas de Puerto Rico.

Como resultado de la decisión del Tribunal Apelativo será mucho más fácil y menos doloroso para los ciudadanos adquirir un arma de fuego para proteger su casa, su familia, propiedad y su propia vida de los criminales que violentan su morada, que les asaltan en las calles, roban sus pertenencias y les privan de la vida. Los criminales adquieren fácilmente sus armas y no pasan por los rígidos requisitos que el Estado le impone a los ciudadanos cumplidores de la ley.

La simplificación del proceso de comprar, poseer y portar un arma de fuego brindará mayor acceso a comprar un arma y a tener paz y tranquilidad a los ciudadanos, particularmente, las mujeres, jefas de familia que, solas con sus hijos pequeños, duermen con los ojos abiertos, en espera del criminal que violentará su morada en la noche, o que estará al asecho en el estacionamiento del centro comercial. Le dará tranquilidad al comerciante pequeño, con pocos recursos, que vive temeroso todos los días cuando cierra su establecimiento; al agricultor que sufre las pérdidas de su finca ante los ladrones que roban la cosecha; al padre que regresa con su familia de noche y enfrenta un problema mecánico de su auto en la carretera. Para un ciudadano decente que quiere proteger a su familia, es preferible morir ejerciendo su derecho a la defensa propia, utilizando un arma de fuego, que morir de rodillas, impotente ante la violación de la dignidad y la persona suya, de su esposa y sus hijos.

Los criminales, que están armados, sin licencia y sin miedo a la intervención de la Policía, que nunca está presente cuando ocurre el crimen violento, serán conscientes que su posible víctima también está armada y que ejercerá su derecho constitucional a la defensa propia, con la posibilidad real de que lo detenga con varios balazos que le ocasionen la muerte y liberen a la comunidad de la amenaza que un criminal representa.

Después del plebiscito… ¿Qué?

El domingo 11 de junio, los que fueron a votar apoyaron la estadidad con 97% de los votos como la mejor alternativa descolonizadora para Puerto Rico. El resultado de ayer, unido a otras dos herramientas, el proyecto HR 260 presentado a la 1ra sesión del Congreso número 111, por la Comisionada Residente, Jennifer González y la Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos de Puerto Rico (Ley para implantar el Plan Tennessee) constituirán las bases para impulsar en el Congreso la descolonización. Antes de que termine el año 2017, la Asamblea Legislativa debería completar un proceso adicional para ratificar la actual Constitución de Puerto Rico como la Constitución del Estado de Puerto Rico. La actual Constitución de 1952, ya aprobada por el Congreso cualifica ad verbatim para ser ratificada como la Constitución del Estado de Puerto Rico.

La historia de los territorios que adoptaron el Plan Tennessee demuestra que esta estrategia es la más lógica para Puerto Rico conseguir la estadidad. El Plan Tennessee ha sido exitoso en todos los casos en lo que ha sido utilizado como estrategia. Puerto Rico, al  adoptar e implantar esta estrategia, creará una gran publicidad en Washington, DC y a nivel nacional y le creará un problema de imagen pública al Congreso y a la Casa Blanca.

La utilización de esta estrategia por parte de Puerto Rico estará en los titulares de primera página de los principales periódicos de los Estados Unidos, llevando el mensaje de la petición de igualdad al ciudadano promedio americano, incluyendo la amplia comunidad hispana y particularmente las comunidades boricuas en todos los Estados Unidos. Además, permitirá a los representantes y senadores que Puerto Rico designe como cabilderos en Washington, cabildear en favor de la estadidad, tener mayor visibilidad y participación en la televisión, los programas de radio y artículos en periódicos y revistas a nivel nacional. Esta presencia les brindará la oportunidad de contar la historia sobre el déficit de democracia en Puerto Rico a toda la Nación y buscar apoyo público de militancia de grupos a nivel nacional.

La historia del déficit de democracia en Puerto Rico, contada por sus protagonistas, la delegación enviada a Washington, le quita la máscara a los Estados Unidos a nivel del ciudadano común americano, dejando claro como el Tío Sam, que predica e interviene en todo el mundo como defensor de los valores democráticos y los derechos humanos, mantiene una política de colonialismo y falta de democracia en su propia casa.

La vergüenza pública forzará la acción del Congreso que, eventualmente, no dejará que la delegación de senadores y representantes de Puerto Rico vuelva con las manos vacías al territorio de Puerto Rico. El diálogo cara a cara de la delegación de Puerto Rico con los 435 representantes y 100 senadores cambiará la manera de pensar de una mayoría suficiente como para aprobar una ley de admisión. Aunque se trate de una mayoría conservadora, son políticos prácticos y astutos que modificarían su manera de pensar, asumiendo que actualmente, una mayoría no conozca a cabalidad el caso de Puerto Rico, como un territorio en déficit de democracia.

La utilización de la estrategia del Plan Tennessee no ha fallado en el pasado, pero es necesario contemplar la posibilidad de que pueda fallar para Puerto Rico. Aun si falla, durante el cuatrienio del 2017 al 2020, ya sea porque falte el entusiasmo y la dedicación necesaria al cabildeo en el Congreso, o por la falta de voluntad congresional para aprobar una ley habilitadora, el proceso será sumamente útil. Permitirá una herramienta para educar al Congreso, a los medios de comunicación nacionales y al ciudadano promedio en los Estados Unidos sobre el derecho de Puerto Rico a la igualdad política bajo la estadidad. Al final del camino, la estadidad estará más cerca.

Los defensores de la estadidad y Puerto Rico tienen mucho que ganar y poco que perder. En el 2017, la utilidad de los medios de comunicación, incluyendo la internet y las redes sociales son mucho más impactantes para moldear la opinión pública que cuando en el 1959 Alaska y Hawaii lograron la igualdad política.

Ninguna lucha por los derechos civiles ha logrado ser exitosa sin un ataque agresivo, determinación, perseverancia y desobediencia civil. El Plan Tennessee como estrategia de lucha conlleva estos cuatro componentes. Conlleva un ataque agresivo en pelear la lucha en el corazón de la Nación americana, el Congreso, mediante un cabildeo intenso. Conlleva determinación en fijar la meta de conseguir la estadidad, establecerlo como prioridad, fijar un calendario de acción y ejecutarlo. Conlleva perseverancia para ser insistente, no cejar ni perder la fuerza de voluntad ni amilanarse ante las derrotas temporales que el proceso pueda sufrir. Conlleva desobediencia civil en retar al Congreso enviando una delegación congresional sin que haya sido aprobada una ley habilitadora y tratar de sentarlos en el hemiciclo o votar por los proyectos de ley de manera simbólica desde las escalinatas del capitolio federal, para demostrar  el compromiso con la aspiración de ser iguales.

La delegación de senadores y representantes designados junto a la actual Comisionada Residente en el Congreso, la Hon. Jennifer González deben iniciar un proceso intenso de cabildeo y educación en Washington DC para forzar la aprobación de un proyecto de admisión. Una vez aprobado dicho proyecto de admisión en el Congreso y previo a su firma por el Presidente de los Estados Unidos, la delegación deberá entonces ser ratificada por el voto popular de la mayoría de los electores para cumplir el requisito constitucional federal de ser los representantes electos tras la admisión.

El esfuerzo de educación y presión al Congreso de Estados Unidos puede ser implantado mediante una serie de acciones y eventos, parte de los cuales se describen a continuación a manera de sugerencias de un itinerario esquemático  modelo para la Asamblea Legislativa, el Gobernador, la Comisionada Residente y la delegación que sea designada.

Año Acciones o eventos
2017 El Gobernador designa la delegación congresional a ser enviada a Washington DC a implantar un proceso intenso de cabildeo en favor de la aprobación de una ley habilitadora para la admisión de Puerto Rico como el estado 51. La delegación se instala en Washington, DC presenta sus credenciales al Congreso e inicia un plan de visitas a las oficinas de senadores y congresistas así como visitas a los medios de comunicación nacionales representados en la capital federal.

 

Se inicia un plan estratégico por la Comisión para la Igualdad para apoyar el surgimiento de organizadores de comités de apoyo a la admisión de Puerto Rico como estado en las ciudades estadounidenses de mayor concentración de puertorriqueños y en universidades de Estados Unidos reconocidas por su número de estudiantes puertorriqueños o hispanos o por su enfoque en asuntos políticos y gubernamentales.

 

2018 Se continúa el plan de visitas a las oficinas de senadores y congresistas así como visitas a los medios de comunicación nacionales representados en la capital federal. Se inicia un plan de apoyo a demostraciones pacíficas con visibilidad para la prensa nacional de Estados Unidos en las oficinas de congresistas en sus respectivos estados, en las ciudades o universidades donde se hayan organizado comités de apoyo a la admisión de Puerto Rico como el estado 51, frente al Capitolio Federal, la Casa Blanca, las oficinas principales del Departamento de Justicia en Washington, DC y la Corte Suprema de la Nación en Washington, DC.

 

Se convocan pequeñas marchas o piquetes frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en New York, para llamar la atención de los medios de comunicación internacionales en reclamo a la igualdad política para Puerto Rico.

 

2019 Se continúa el plan de visitas a las oficinas de senadores y congresistas así como visitas a los medios de comunicación nacionales representados en la capital federal. Se ejecutan actos de desobediencia civil pacífica en Washington DC., incluyendo el Capitolio Federal y los monumentos a los fundadores de la República, para llamar la atención de los medios de comunicación nacionales sobre el derecho a la igualdad política para Puerto Rico.

 

Se convoca  el 4 de julio de 2019 una marcha frente al Capitolio Federal o en las inmediaciones del Mall en Washington DC., para llamar la atención de los medios de comunicación nacionales.

 

2020 Se continúa el plan de visitas a las oficinas de senadores y congresistas así como visitas a los medios de comunicación nacionales representados en la capital federal. Si el Congreso no ha aprobado una ley de admisión a diciembre de 2019 se intensifican las acciones de cabildeo, presión y desobediencia civil, incluyendo nuevas manifestaciones durante la primavera y el verano de 2020.

 

Si a la fecha de las elecciones generales del 2020 el Congreso no ha aprobado una ley de admisión de Puerto Rico como el estado 51 de la Unión, será necesario iniciar el periodo del 2021 al 2024 con mayor ímpetu en una escalada de la educación al Congreso, los medios de comunicación y grupos de influencia a nivel nacional mediante todos los medios legales y pacíficos disponibles para alcanzar la descolonización en el 2024 o el 2025.

La delegación puertorriqueña podrá ser acusada de anarquista, como ha ocurrido con casos anteriores; podrá ser acusada de querer conseguir su objetivo de manera irregular; podrá ser acusada de rufianes y aventureros como en el caso de California, pero al final del camino la igualdad política triunfará y la nueva bandera de 51 estrellas será izada en todos los edificios públicos de la Nación un 4 de julio, de un año futuro que no debería estar muy lejos.