Category: Política Pública

La Junta no puede cortar los huesos

Nota a nuestros lectores: Reproducimos en este espacio la columna publicada el miércoles en la versión en línea de El Nuevo Día. Esperamos que les sea útil.

Esta semana se discute en Puerto Rico las bondades  e injusticias (dependiendo del lado de la cancha en que cada protagonista esté) de la carta enviada por el Presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión,  al gobernador Ricardo Rosselló, en la que sugiere tomar medidas más drásticas, que las incluidas en el nuevo plan fiscal sometido para recortar gastos en el gobierno. La Junta alega, que al 30 de  junio de 2017, de acuerdo con el informe de E&Y, los gastos del Gobierno para el 2017 pudieran estar subestimados por una cantidad de entre $360 y $810 millones, basado en patrones históricos de gastos. La frase clave es “patrones históricos de gastos”.

La Junta pide que se considere, entre otras medidas, la implantación inmediata de un programa de recorte parcial de jornada para lograr ahorros de $35 a $40 millones mensuales, ($480 millones anuales) equivalente a 4 días al mes para la mayoría de los empleados de la Rama Ejecutiva y reducciones en contratos de servicios profesionales de hasta 50 por ciento así como reducciones significativas en todos los gastos por contrataciones gubernamentales.

Hay dos elementos en la petición de la Junta que hacen lucir irrazonable su petición. Primero, el escenario de déficit que plantean, está basado en lo que llaman “patrones históricos de gastos”. Es importante señalar que el plan fiscal en proceso de aprobación, no está basado en patrones históricos de gastos, sino en una cirugía mayor a los gastos gubernamentales. Por lo tanto, no es razonable asumir que continuará ese patrón histórico de gastos sino que la reducción en gastos impedirá que ocurra el déficit proyectado por la Junta.

El otro elemento importante es la impresión de actitud inflexible que proyecta la petición de la Junta de recortar en 50% las contrataciones gubernamentales, sin considerar que hay contrataciones que de ser reducidas a la mitad provocarían un disloque mayor en la prestación de servicios y las  operaciones gubernamentales. Es como obligar a una persona a bajar de peso quitándole toda la grasa, el tejido muscular y parte de sus huesos. Ningún cirujano haría eso, porque mataría al paciente.

El gobernador ha indicado que ha identificado $625 millones adicionales en recursos no utilizados y que ha congelado una suma importante en créditos contributivos que de ser presentados al cobro crearían un disloque en el flujo de efectivo del Fondo General. Los $625 millones son una suma superior a los $480 millones que produciría el recorte en la jornada laboral.

La Junta debe dar la oportunidad al gobernador de llegar al 30 de junio con los estimados de ingresos y gastos propuestos sin reclamar la reducción de jornada laboral, en espera de ver los resultados. Corresponde al gobernador estructurar un plan de contingencia para contemplar, como último recurso, una reducción en la jornada laboral a partir de julio de 2017, en caso que las medidas que sean implantadas, incluyendo la iniciativa de empleador único, no sean suficientes.

Los incentivos contributivos a las empresas en Puerto Rico: ¿La próxima reforma?

En Puerto Rico se discute al presente cómo enfrentar la crisis fiscal del gobierno, el estancamiento de la economía y la eliminación del déficit de recaudos del Fondo General del presupuesto gubernamental. Se ha propuesto la aprobación de una nueva reforma contributiva que, entre otras medidas, estimule el desarrollo económico y permita allegar recursos al erario. Tradicionalmente, en los ejercicios de reforma contributiva se ha cultivado una mentalidad de exención contributiva a las empresas, particularmente la de origen externo, como medida de estimular la creación de empleos. Pero no se genera el nivel de empleos esperado, se promueve una cultura de exención de impuestos y se lesiona la justicia contributiva que debe prevalecer para todos los sectores de la sociedad. En este espacio exploramos someramente este tema para motivar la discusión del abanico de opciones de una posible reforma contributiva, con énfasis en los incentivos contributivos y su efectividad para promover el desarrollo económico.

 

Es importante señalar que, además de la exención contributiva sobre ingresos, Puerto Rico ofrece otra variedad de incentivos a las empresas, incluyendo, exención de pago de patentes y contribuciones a la propiedad, incentivos para adiestramiento y pago parcial de nómina, renta a bajo costo de edificios industriales y otros incentivos afines.

 

¿Llegarán las inversiones de nuevas empresas sin exención contributiva?

En Puerto Rico se piensa que si no se ofrece exención contributiva las inversiones de nuevas empresas no llegarán. Se firman decretos de exención contributivas por periodos que pueden alcanzar hasta 15 años. Se otorgan créditos contributivos, que son más onerosos que los decretos de exención contributiva, porque permiten acreditar cada dólar de crédito a futuras obligaciones contributivas. Se culpa la falta de desarrollo económico a la eliminación de políticas de exención contributiva, como es el caso de la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal que canceló el reconocimiento de exención contributiva al nivel federal a ciertas empresas estadounidenses radicadas en Puerto Rico.

 

¿Es igual la política pública en otras jurisdicciones?

Cuando se compara a Puerto Rico contra jurisdicciones en los Estados Unidos o países extranjeros, entre otras, los estados de Florida, y Hawaii, Irlanda y otros países, Puerto Rico ofrece mayores incentivos contributivos a las empresas y aun así muchas empresas se ubican en esas otras jurisdicciones y pagan las contribuciones que se fijan a tasas más altas. Esto demuestra que las empresas no necesariamente seleccionan un lugar para establecerse por el criterio de si pagarán o no impuestos, si no por otras consideraciones, fundamentalmente el clima favorable a la inversión, las regulaciones a los negocios, la burocracia, la seguridad, la estabilidad política, el acceso a sus mercados y otras consideraciones. Parece ser que sería mejor imponer impuestos y a cambio mejorar el ambiente de negocios y la cultura gubernamental hacia la nueva inversión.

 

En Puerto Rico no se evalúa adecuadamente los costos de las políticas de exención y créditos contributivos y los beneficios que la economía obtiene de dichas políticas, de manera que se pueda justificar si los incentivos contributivos rinden beneficios en sectores industriales específicos y si vale la pena concederlos o si, al contrario, es mejor recaudar impuestos de dichas operaciones y dedicar más recursos a mejorar el clima de inversión.

 

Los costos y beneficios de los incentivos contributivos

En el mes de septiembre de 2014, se completó un estudio, realizado bajo la coordinación del colega economista Ramón Cao, ex catedrático de economía de la Universidad de Puerto Rico, sometido a la Cámara de Representantes, bajo el título: Evaluación de beneficios y costos de créditos contributivos. [1] En ese estudio se presenta una síntesis de los resultados obtenidos, así como los estudios de Costo/Beneficio efectuados para los créditos contributivos e incentivos fiscales que se conceden a varios sectores industriales, entre estos: manufactura, proyectos fílmicos, vivienda, hospitales, hoteles, agricultura y construcción comercial e industrial, entre otros.

 

El estudio evaluó la efectividad socioeconómica de un conjunto de los principales incentivos y créditos contributivos que se conceden a empresas en Puerto Rico. El estudio indica que “esos incentivos representan un serio costo fiscal para el estado…, pues… excluyendo el costo fiscal de las exenciones y otras preferencias tributarias, de acuerdo al Departamento de Hacienda, en el año fiscal 2011 se concedieron $339.8 millones en créditos contributivos. En el año fiscal 2013 existían $620.7 millones en créditos contributivos no reclamados, que pueden ser reclamados en años subsiguientes. Ello resulta en serio costo fiscal, que es en realidad mayor si se incluyen las exenciones y otras preferencias tributarias concedidas a empresas. Además, la experiencia tiende a indicar que esos incentivos no tienen, en su conjunto un efecto positivo, que tenga significación estadística, sobre la inversión privada en la Isla. [2]

 

¿Los incentivos se deben limitar a la manufactura para exportación, industria fílmica y la agricultura?

El estudio llegó a las siguientes conclusiones:

  1. En lo concerniente a la manufactura la industria farmacéutica representa el 64.9% del ingreso interno neto generado por la manufactur La producción de este sector es fundamentalmente para la exportación, lo que genera beneficios importantes. Como resultado del análisis se recomendó limitar los incentivos a la manufactura a aquellas empresas que produzcan para exportación o que sustituyan importaciones.
  2. En el caso de la industria fílmica, la evaluación realizada de los beneficios y costos sociales de los incentivos a esta industria en Puerto Rico encontró que en los tres años para los cuales se realizó el análisis, los valores de beneficios a costos excedían a uno, por lo que se concluyó la estructura vigente de incentivos es socialmente conveniente.
  3. En el caso de la agricultura, los hallazgos demostraron que en todos los escenarios considerados la relación beneficio/costo es mayor de uno, por lo que se concluyó que los incentivos vigentes cumplen adecuadamente  su  propósito  de  promover  la  producción  y  el empleo en la agricultur
  4. En el caso de la vivienda, para los dos años estudiados, el beneficio social de los incentivos concedidos es menor que los costos sociales, por lo que se concluyó que no existe justificación económica para la concesión de estos incentiv
  5. En el caso de los hospitales, la ley que crea las exenciones contributivas a los hospitales conocida como la Ley de Unidades Hospitalarias, tiene dos propósitos sociales básicos: (1) promover el desarrollo de instalaciones hospitalarias en Puerto Rico, y (2) contribuir a reducir los costos de prestación de tales servicios, para abaratar el precio de los servicios a los paciente El estudio concluyó que, en las circunstancias actuales, los ingresos de los hospitales dependen de las tarifas que pagan las aseguradoras por los servicios, de suerte que esa estructura de tarifas, y la demanda de la población por sus servicios, son los determinantes para las decisiones de inversión, empleo y oferta de servicios de los hospitales. Ello plantea dudas acerca de la efectividad de incentivos fiscales para la industria, toda vez que los problemas que puedan existir en ella tienen otros orígenes. Se concluyó entonces que no existe una justificación social para estos incentivos contributivos a la industria de hospitales.
  6. De igual manera se concluyó que en el caso de los hoteles, la estructura vigente de incentivos contributivos a la industria hotelera no está socialmente justificada.
  7. Finalmente, en el caso de la construcción comercial, el hecho de que demanda por construcción no residencial es una demanda derivada de inversión por las empresas, lo cual plantea serias dudas acerca de que tales incentivos resulten en un beneficio social ne

 

En resumen, de los sectores industriales que actualmente se promueven en Puerto Rico, considerados en el estudio, se justifica mantener una política de créditos contributivos o incentivos contributivos solamente en los siguientes casos: manufactura para exportación, industria fílmica y la agricultura. En los demás sectores, incluyendo vivienda, hoteles y construcción comercial, no se justifica proveer incentivos. Los hallazgos de este estudio, aun con las limitaciones que puedan tener, a base de los datos disponibles y las consideraciones a las técnicas de análisis de costo-beneficio, justifican que se conteste el interrogante de si cumplen su objetivo una parte importante de los incentivos actuales contemplados en las políticas de exención contributiva a las empresas en Puerto Rico.

 

Por lo tanto, la reforma contributiva que se está contemplando debe otorgar una consideración importante a enmendar la política de incentivos industriales a las empresas, para dirigir dichos incentivos a aquellos que producen para la exportación y limitar los incentivos que no aportan un beneficio mayor al costo económico y social que conlleva su otorgación.


[1] Ramón J. Cao García. Evaluación de beneficios y costos de créditos contributivos. Informe a la Cámara de Representantes. 2014.

[2] Ramón J. Cao García, “Incentivos contributivos e inversión privada en Puerto Rico”, Revista Civilizar de Empresa y Economía,  Bogotá,  D.C.,  Colombia:  Universidad  Sergio  Arboleda,  Núm.  2, Año  2,  julio- diciembre 2010, págs. 54 a 73. http://190.85.246.40/civilizar/economia/civilizar-empresa-2.pdf

 

 

La Junta de Supervisión Fiscal: ¿Un mecanismo para viabilizar la descolonización de Puerto Rico?

Foto por ENDI.com / GFR Media

El sábado pasado tuve la oportunidad de asistir, por invitación, a la reunión de la Junta de Supervisión Fiscal en el Hotel El Conquistador en Fajardo. Me pareció interesante todo el dispositivo de seguridad, el orden, la puntualidad y formalidad de los invitados, que no es típica de Puerto Rico, incluyendo el comportamiento de la prensa. Llegué a las 7:00 am al hotel y pasé por tres puntos de cotejo, antes de acceder al salón de la reunión. Pensé por algún momento que el Presidente Trump estaría presente. A las 8:28 am entraron los siete miembros de la Junta en fila, escoltados por oficiales de seguridad, que luego se ubicaron estratégicamente en los puntos vulnerables del salón. Dos minutos después, a las 8:30 am, tal como se había anticipado en la invitación, el Presidente de la Junta abrió la sesión con un cronometraje del tiempo espectacular. No había manifestaciones en las inmediaciones del hotel por parte de los opositores a la Junta. ¿Será porque han entendido que la Junta es un mecanismo para la descolonización de Puerto Rico?

El cuadro espeluznante de las finanzas públicas

Consultores de la Junta y funcionarios del gobierno presentaron el cuadro espeluznante de las finanzas del gobierno de Puerto Rico y de las medidas que será necesario tomar para ordenar la Casa Financiera del pueblo de Puerto Rico.

  1. El desbalance fiscal del gobierno al 2017 es de 3,600 millones y alcanzaría $8 mil millones en el 2026, si no se toma acción correctiva ahora. Equivale a una aportación de cada familia puertorriqueña de $5,400 anuales por cada uno de los próximos 10 años.
  2. Presentaron a la Junta como una oportunidad para restaurar el crecimiento económico y nuevas oportunidades mediante la implantación de reformas estructurales en el gobierno; [1] lograr presupuestos balanceados; restructurar la deuda pública de Puerto Rico y reformar el sistema de pensiones de los empleados públicos.
  3. Discutieron las medidas necesarias para eliminar el déficit de $3,600 millones y balancear el presupuesto al año fiscal 2019.
    • De una parte, aumentando las recaudaciones en $1,500 millones, incluyendo, mejorar la fiscalización del cumplimiento con las medidas de recaudos para evitar la evasión de impuestos; ampliar la base tributaria reduciendo las exenciones sobre impuestos; mantener el impuesto a las compañías foráneas y expandir la base tributaria corporativa; mejorar la recaudación de impuestos a la propiedad incluyendo una retasación de las propiedades y la reducción de los subsidios a los municipios y realizar un ajuste a los aranceles o cuotas que cobra el gobierno por determinados servicios.
    • De la otra parte, eliminar gastos gubernamentales en $1,500 millones. [2]. Este ajuste incluye: reducir gastos no esenciales consolidando agencias y eliminando puestos en el gobierno; ajustar las políticas de compensación eliminando beneficios que no se proveen en el sector privado; eliminar subsidios directos a los municipios y a las empresas del sector privado y reducir los gastos de compras del gobierno en 10%, consolidando procedimientos de compras y compras no esenciales.
    • Reducir los gastos de la Reforma de Salud en 28%, mejorando la eficiencia en prestación de servicios y eliminando beneficios no indispensables.
    • Reducir en 27% los gastos del gobierno en la educación superior.
    • Reducir los gastos del sistema de pensiones en 10%.
  4. Aumentar el nivel de inversión en mejorar la infraestructura deteriorada que limita el crecimiento económico, mediante el estímulo de alianzas público privadas que liberen al gobierno de altos compromisos de inyección de fondos.
  5. Restructurar la deuda pública.

Las recomendaciones de la Junta van dirigidas a ayudar al gobierno a organizar nuestra casa financiera, mediante medidas no populistas, en diferencia a lo usual en Puerto Rico, que han costado al pueblo las lágrimas de sangre que ahora estamos pagando. Ningún gobierno local, sin la colaboración de la Junta, que puede imponer controles sobre el gobierno estatal, tomaría estas medidas, por lo impopulares que resultan, lo que representa pérdida de votos.  A nadie le gusta ser impopular con los electores. Mayor aun en un territorio sumido en la dependencia que ha producido el coloniaje de 119 años.

En una conferencia la semana pasada, no relacionada al evento de la reunión de la Junta, el ex juez Gerald Rosen mediador en el proceso de quiebra de la ciudad de Detroit, citado por El Nuevo Día, al comparar la crisis de Puerto Rico con la de Detroit en el 2013, señaló el paralelo entre ambas crisis y mencionó palabras de esperanza, que reproducimos a continuación: “En Puerto Rico, como en el caso de Detroit, el tiempo era un enemigo. [3] El ‘brain drain’ (fuga de talento) seguiría, la población continuaría bajando. Nada mejoraría con el paso del tiempo, mientras se perdía gente para irse a otro sitio. Tienes que crear un proceso que dé esperanza y si hay un ambiente de inversión y una economía estable los inversionistas vendrán, como en Detroit”. “Esto es un proceso que no es para el que tiene piel finita o el débil. Mi mensaje a ustedes es que esto se puede lograr. Los problemas de Puerto Rico, como en Detroit, fueron provocados por el hombre y pueden ser reparados”. “Cuando estás en el vórtice de una crisis puedes perder la visión del cuadro completo. El problema de Puerto Rico tiene más ceros que el de Detroit, pero no puedes hacerlo todo a la vez. Hay que tomar un paso a la vez”. [4]

¿Un mecanismo para viabilizar la descolonización de Puerto Rico?

Mientras abandonaba la reunión de la Junta y regresaba a San Juan, cruzando los campos de Golf del Hotel El Conquistador y las barricadas de la policía, me preguntaba, si la Junta, además del reflejo del coloniaje, por su imposición unilateral por parte del Congreso, es un mecanismo impuesto por el Congreso para terminar con el coloniaje. Las medidas de la Junta, en un plan de 10 años al 2026 habrán organizado las finanzas del gobierno de Puerto Rico y estabilizado los mecanismos para el desarrollo económico, preparando a Puerto Rico para la estadidad o la soberanía.

Los creyentes en la descolonización de Puerto Rico, no importa si ocurre mediante la estadidad o la soberanía, deberíamos apoyar las medidas de la Junta de Supervisión Fiscal como un mecanismo de descolonización de Puerto Rico. Tal vez, la izquierda lo ha entendido así y esa sea la explicación a la ausencia total de manifestantes el sábado en las inmediaciones del Hotel El Conquistador, cuyo nombre, irónicamente me recuerda la invasión de los americanos hace 119 años.


[1] Invitamos a nuestros lectores a leer nuestro libro Cómo Transformar el Gobierno. http://nicolasmunozpr.com/tienda/libro/como-transformar-el-gobierno/

 [2] Invitamos a nuestros lectores a repasar nuestra columna del 19 de noviembre de 2016: Por que la Junta de Supervisión fiscal no aprobó el plan fiscal del gobernador García Padilla. http://nicolasmunozpr.com/2016/11/19/por-que-la-junta-de-control-fiscal-rechazo-el-plan-fiscal-del-gobernador-garcia-padilla/

 [3] Invitamos a nuestros lectores a repasar nuestro breve ensayo, Detroit y Puerto Rico, en la página 71 de nuestro libro Crónicas de Esperanza: La mejor salida del laberinto económico. http://nicolasmunozpr.com/tienda/libro/cronicas-de-esperanza-la-mejor-salida-del-laberinto-economico/

 [4] El Nuevo Día. Domingo 29 de enero de 2017.

La agenda de descolonización del Presidente del Senado Tomás Rivera Schatz

La semana pasada se inició la discusión de una nueva medida legislativa de la autoría del Presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, para realizar una nueva consulta de status en Puerto Rico. Se trata del Proyecto del Senado 51 – Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico. Aunque parece un tema discutido diariamente en el país, una discusión seria amerita la consideración de varias premisas que permitan al electorado entender la compleja madeja de principios políticos que representa la toma de una decisión informada sobre este tema centenario de la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. En este espacio aspiramos a resumir la esencia de ese asunto y sus implicaciones económicas básicas.

El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz ha tomado la agenda de descolonización en su puño, creando una Comisión de Relaciones Federales y Económicas de Puerto Rico, que no debe haber duda alguna, su objetivo principal será adelantar la agenda de descolonización de Puerto Rico. Rivera Schatz se caracteriza por tomar las cosas muy en serio, juntar la gente y forzar la toma de decisiones, empujando con un guante de seda puesto sobre un puño de acero. Sabe negociar buscando la calle del medio, aunque a veces proyecte la impresión de querer imponer su criterio. Es un político centrado en metas y objetivos y debe poder lograr adelantar su agenda.

 

¿Qué propone el P del S 51?

El Proyecto del Senado 51 propone una consulta plebiscitaria este año 2017 en la que el elector seleccione entre dos alternativas: estadidad o soberanía. Si gana la opción de soberanía entonces habría una segunda consulta antes de terminar el año 2017, para seleccionar entre soberanía plena (independencia) o libre asociación (república asociada). Esta opción representa un Estado que libremente pacta una asociación con Estados Unidos por periodos de tiempo definido, que se renueva por periodos sucesivos a voluntad mutua de ambas partes, como todo pacto de asociación y que puede ser terminada o no renovada unilateralmente, según las cláusulas de un convenio de este tipo.

 

¿Cuáles son los principios base que debe conocer el elector?
Ha sido evidenciado que Puerto Rico es un territorio (colonia) de Estados Unidos sujeto a la voluntad del Congreso, sin poderes políticos ni representación desde 1898 cuando fue adquirido de España como producto de la Guerra Hispanoamericana. Eso ha sido validado históricamente por varias decisiones judiciales, del Congreso y ejecutivas del gobierno federal de Estados Unidos. La relación es de carácter colonial y el derecho internacional dispone que los territorios coloniales deben encaminarse a su autodeterminación política bajo las fórmulas que ha definido el derecho internacional, fuera de la cláusula territorial de la constitución de Estados Unidos.

 

¿Qué es la cláusula territorial?
La cláusula territorial de la Constitución, aprobada hace más de dos siglos, faculta al Gobierno federal para poseer territorios coloniales. Faculta al Congreso para ejercer poderes soberanos absolutos sobre esos territorios y las vidas de sus habitantes, incluyendo implantar de manera unilateral reglas y reglamentos en relación con el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos. Como indica el P del S 51, en su exposición de motivos, ser buen estadounidense es denunciar y combatir la injusticia, la desigualdad y el discrimen. El caso colonial de Puerto Rico, evidencia que el proyecto de igualdad y democracia dentro de los Estados Unidos de América es un asunto inconcluso faltando aun por honrar el Congreso el derecho a la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico.
Para el Congreso y el Presidente de Estados Unidos debería ser una vergüenza mantener la relación colonial de Puerto Rico. Es su responsabilidad encaminar a Puerto Rico hacia la descolonización, sea mediante la estadidad, la libre asociación o la independencia.

 

El Congreso no tiene las manos limpias en su trato al status político de Puerto Rico

El colonialismo promueve la injusticia, desigualdad y el discrimen. El Congreso de los Estados Unidos ha mantenido una política de coloniaje sobre Puerto Rico, de manera unilateral y evita actuar sobre el reclamo de los ciudadanos de Puerto Rico que en el 2012 votaron libremente por la descolonización mediante la igualdad política como un estado de la Unión. El P del S 51 argumenta correctamente que después de 119 años de coloniaje, el Congreso nunca se ha comprometido con una consulta vinculante que resuelva la condición colonial de desigualdad política de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Sus acciones mantienen en Puerto Rico un gobierno sin el consentimiento de los gobernados que, por mayoría manifestaron en un plebiscito que no favorecen el status territorial del llamado ELA.

Es cierto el argumento del P del S 51, en el sentido de que el Congreso creó para Puerto Rico una ciudadanía americana de segunda clase, por legislación, que es discriminatoria. Lo es porque puede ser revocable a discreción del propio Congreso, y sujeta a su autoridad absoluta bajo la infame clausula territorial de la Constitución, que considera a los residentes del territorio una mera propiedad de dicho Congreso.

Los ciudadanos americanos de Puerto Rico no tienen todos los derechos garantizados por la Constitución de Estados Unidos, ni tienen el derecho a la igual protección de las leyes que aprueba el Congreso y que afectan sus vidas. En el año 1922, mediante un caso resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, (Balzac vs. Puerto Rico) se resolvió que los ciudadanos americanos de Puerto Rico, por ser residentes de un territorio sujeto a la voluntad del Congreso, no tienen todos los derechos garantizados por la Constitución federal a los ciudadanos residentes en los estados y tampoco derecho a la igual protección de las leyes que aprueba el Congreso.

En otro caso de 1980 (Harris vs. Rosario) el Tribunal Supremo federal dictaminó que es legal que el Congreso discrimine contra los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico al asignar fondos federales, debido a que los residentes, incluyendo las corporaciones americanas operando en el territorio no pagan impuestos federales. Pero no pagan impuestos federales por disposición del Congreso, para beneficio mayormente de dichas corporaciones, que si pagan impuestos en los estados. El Congreso impone la ley y luego impone la discriminación mediante trato desigual en las asignaciones de recursos para el desarrollo económico y social de los residentes.

En conclusión, las imposiciones unilaterales del Congreso mediante leyes sobre Puerto Rico y su indiferencia ante decisiones del Tribunal Supremo federal, mediante el coloniaje, que destruye empleos, empresas nativas, ahorros, la salud y la educación de los ciudadanos residentes de Puerto Rico lo ubican en una situación en la que no tiene las manos limpias en su trato a Puerto Rico.

Por tanto, los residentes de Puerto Rico, tenemos el derecho de exigir el fin del coloniaje, al amparo de la Resolución 5141 (XV) de 1960 de la Organización de las Naciones Unidas que reconoce la estadidad como una alternativa de descolonización afirmando que “un territorio no autónomo ha alcanzado la plenitud del gobierno propio cuando se integra a un estado independiente”.

Si el Congreso no reacciona, el pueblo de Puerto Rico tiene que ejercer su derecho mediante todo mecanismo de desobediencia civil pacífica que esté a su alcance para dejar de ser los nuevos “Condenados de la Tierra” de los que habló Frantz Fanon en su tesis sobre el coloniaje. El coloniaje es una acción violenta que genera violencia y la desobediencia civil es una respuesta no violenta de un pueblo civilizado y cristiano que reclama su derecho a la igualdad.

 

¿Puede el ELA ser parte de un referéndum de descolonización?
Las fórmulas de autodeterminación reconocidas en el derecho internacional son solo tres: integración política plena a la metrópolis responsable del territorio (estadidad), soberanía plena (independencia política) o libre asociación (república asociada).
El estado de derecho de la fórmula territorial, conocida en Puerto Rico como Estado Libre Asociado, no puede ser una opción bajo las normas internacionales, no es posible mejorarlo, redefinirlo o ajustarlo si no es encaminando al país a la independencia o la libre asociación. No puede existir bajo la constitución de Estados Unidos un ELA mejorado, si no es una fórmula de libre asociación. Por eso no puede aparecer en una consulta de status para la descolonización de Puerto Rico.
La única opción es que el pueblo quiera continuar esa relación de inferioridad política, con las consecuencias devastadoras que actualmente tiene para el desarrollo económico y social de Puerto Rico y que el Congreso lo acepte así, en violación de las normas del derecho internacional y sujeto a las críticas, penalidades y consecuencias que dichas violaciones conlleven, incluyendo presión internacional, violencia armada en el territorio, terrorismo o desobediencia civil.
Puerto Rico podría convertirse en los nuevos “Condenados de la Tierra”, según afirmó Frantz Fanon, en su tesis sobre el coloniaje, basado en el caso de Argelia ante Francia. ¿Está el Congreso de los Estados Unidos dispuesto a esas consecuencias? En nuestra opinión, la respuesta es no.

 

¿Está madura la situación en Puerto Rico para definir el status político?

La situación en Puerto Rico está madura para una decisión. Recientemente las ramas Ejecutiva, Legislativa y judicial de los Estados Unidos han tomado decisiones reafirmando la situación colonial de Puerto Rico. El Congreso, con el aval de la presidencia de Estados Unidos han impuesto a Puerto Rico una capa de gobierno clara sobre el gobierno territorial a través de la Junta de Control Fiscal y han enviado un mensaje subliminal mediante la excarcelación del Sr. Oscar López, líder de las Fuerzas armadas de Liberación Nacional (FALN) encarcelado por varios delitos de conspiración sediciosa asociados a la lucha armada y terrorismo en favor de la independencia de Puerto Rico.

 

¿Es posible el desarrollo económico sin resolver el status político colonial?

Para hablar del futuro económico de Puerto Rico tenemos que considerar el status, aunque algunos no quieren hablar del tema. Hay asuntos económicos que se pueden resolver bajo el status territorial actual, pero hay otros que van amarrados a la decisión que haga el pueblo de Puerto Rico y que negocie con el Congreso. En el próximo referéndum alrededor de 1.8 millones de electores en Puerto Rico serán los que decidan y al hacerlo, que tengan una calculadora a mano para que midan el impacto al bolsillo de su decisión. Porque su decisión debe basarse en datos económicos e información sólida y no en los mitos sobre idioma y cultura, que han sobrevivido más un siglo de coloniaje americano.

 

La opción de la estadidad y su impacto económico-social

En el referéndum del 6 de noviembre de 2012, el 54% de los votantes indicó que no estaban satisfechos con la actual relación política con los Estados Unidos. El 61.11% seleccionó la estadidad como opción para una solución permanente al status.
Como economista, estoy convencido que la mejor opción de status es la estadidad, para lograr la integración plena y estable a la economía de Estados Unidos. Aunque mi preferencia es la estadidad, no se debe descartar la soberanía como opción.
Si en el 2010 Puerto Rico se hubiese convertido en un Estado, comparado con otros de igual población, los fondos para el desarrollo económico considerablemente mayores a lo recibido actualmente. Eso reflejan datos de publicaciones recientes. Esos recursos, bien administrados, representarían un nivel de desarrollo económico sostenido, estabilidad, mayor distribución de la riqueza y calidad de vida.

Según un estudio del General Accounting Office (GAO. Puerto Rico. Information on How Statehood Would Potentially Affect Selected Federal Programs and Revenue Sources. 2014), si Puerto Rico se hubiese convertido en un Estado en el año 2010, en el 2011 probablemente hubiese recibido alrededor de $9 mil millones adicionales en aportaciones federales y sus ciudadanos hubiesen pagado alrededor de $2.2 billones en impuestos federales y las corporaciones $0.7 billones adicionales. El resultado neto podría haber sido $6 mil millones adicionales ese año e incrementos que correspondan en años subsiguientes. Esos recursos llegarían a familias de bajos recursos económicos para su desarrollo social y económico. Una parte importante sería para el desarrollo de nueva infraestructura y mejoramiento de la infraestructura ya existente.

Un análisis detallado de esta opción política y sus implicaciones económicas ha sido incluido en numerosos estudios que requieren un espacio de escrito más amplio, que este blog. El lector puede hacer referencia adicional a varios estudios sobre este tema, que han sido publicados por la General Accounting Office (GAO) del Congreso de los Estados Unidos y otras fuentes.

Puerto Rico no debe considerar la opción de la estadidad únicamente por una aspiración a mayor cantidad de fondos federales, sino por consideraciones más amplias, de índole moral, cultural y seguridad política y económica, particularmente acceso a mecanismos de desarrollo económico. Pero no hay duda que los fondos federales adicionales recibidos con dignidad, después de contribuir a la Nación con nuestra parte de impuestos federales, serían una gran fuente de recursos para estimular el desarrollo económico y social, tan necesario en el país.

 

La libre asociación y la república independiente

La libre asociación es también una opción válida. La república independiente es la otra opción. A largo plazo permitiría control sobre algunas variables macroeconómicas. La libre asociación y la independencia permitirían mecanismos más eficientes para eliminar la dependencia sociológica de los individuos y ejercer un control mayor del comportamiento colectivo.

Pero, el país tendrá un periodo largo de ajuste y de privación económica propio de este cambio que elimina de un plumazo o a plazos la inmensa mayoría de las ayudas federales actuales. En el proceso, hay variables que podemos cuantificar y otras cuyo valor resulta difícil estimar. Las asignaciones del gobierno federal para el desarrollo económico y social serán eliminadas por etapas en un periodo que puede ser inmediato o hasta de 10 años según la experiencia de otras jurisdicciones.

El seguro social federal también se eliminará. Los recipientes actuales lo seguirían recibiendo, pero el resto pasará a formar parte del nuevo sistema de la república, cuyo método y administración resulta incierto. No se puede ser una república y seguir aportando al seguro social de los estados Unidos. Las agencias federales dejarán de operar en Puerto Rico, llevando al desempleo a miles de puertorriqueños, como ocurrió en el caso de Roosevelt Roads. El sistema estadounidense de protección de derechos civiles, procesamiento criminal y protección ambiental dejara de funcionar. Se elimina el concepto de la Corte Federal, que la mayoría del pueblo favorece, por confiar más en la justicia de dicho instrumento federal que en la justicia local. Los fondos para programas de salud, educación, bienestar social e infraestructura, particularmente carreteras y transportación colectiva, entre otros, dejarán de ingresar a las arcas del gobierno.

La república solo tendría a su favor el plan de eliminación a plazos de las ayudas actuales, que esté dispuesto a conceder el Congreso. El aumento en la falta de recursos del gobierno y la incertidumbre, provocarán una severa limitación adicional al crédito. La republica podría acudir al Fondo Monetario Internacional, pero difícilmente obtendría financiamiento bajo términos más liberales que lo concedido bajo la estadidad. El Fondo Monetario Internacional es odiado por los países que les han tomado dinero prestado, por las condiciones onerosas que les ha impuesto para tomar prestado. La incapacidad de emitir nueva deuda será por un periodo incierto, mayor a la situación actual bajo el gobierno territorial y pondrá mayores restricciones al gobierno de la república. El capital extranjero no estará protegido por las leyes federales de Estados Unidos, generando incertidumbre adicional. Por tanto, habrá mayor fuga de capital.
Si el pueblo opta por la libre asociación, en lugar de la plena soberanía bajo la independencia, si acepta esa opción el Congreso, el pacto no tendrá carácter permanente, como concluye el Informe de Casa Blanca de 2011 . El Congreso podrá cancelarlo unilateralmente, como dispone el pacto de 2003 con Micronesia y las Islas Marshall.
Bajo la independencia las fuerzas de orden público tendrán que asumir un control fuerte sobre la población por el proceso de ajuste económico. Las protestas del cierre del gobierno de mayo del 2006 será una gota de agua comparada con el diluvio que este ajuste provocaría. El gobierno tendría que adoptar poderes y medidas dictatoriales y de ley marcial para imponer el orden. ¿Estamos dispuestos como pueblo a aguantar esa tempestad?

 

El rol del plan Tennessee como mecanismo de presión al Congreso

El Plan Tennessee es una estrategia adoptada por ese estado para presionar al Congreso cuando este ignoró consistentemente su pedido de igualdad política. Es el nombre que se ha dado a la estrategia seguida en el 1795 para lograr ser admitido a la unión de los Estados Unidos de América. Este territorio fue el primero en usar dicho método, pero luego lo utilizaron otros, incluyendo a Michigan, Iowa, California, Oregón, Kansas y Alaska. El Plan consiste de varias etapas en un marco legal, lejos de mero proselitismo partidista.

El proceso es como se describe a continuación. Veamos: 1) El territorio solicita la estadidad y el Congreso no actúa. 2) Los residentes del territorio eligen delegados para redactar una constitución, sin previa intervención congresional. 3) Se realiza una elección para elegir dos senadores y un número de representantes (en el caso de Puerto Rico se ha estimado en cinco representantes. 4) Se envía la delegación a Washington a residir allá, cabildear por los pasillos del Congreso y votar simbólicamente fuera del hemiciclo para ilustrar como hubiese cambiado una votación si su voto fuera válido. 5) Finalmente, el Congreso se ve forzado, por fuerza moral, presión interna de medios de comunicación y grupos de derechos civiles, desobediencia civil, presión de votantes hispanos en Estados Unidos y presión internacional a aprobar una ley habilitadora con cláusulas para la transición del nuevo estado. Usualmente se ha requerido que los legisladores vuelvan a ser re-elegidos y en ocasiones no se incorpora una delegación completa, sino parcial, hasta la siguiente redistribución electoral tras el censo de población siguiente, ya que la Cámara se elige en proporción a población.

El último estado en utilizar el Plan Tennessee fue Alaska. En el 1946 Alaska realizó un plebiscito en el que 58% de los electores favorecieron la estadidad, un porcentaje menor a lo ocurrido en Puerto Rico en el último referéndum. En 1955, seis años después, todavía el Congreso no había actuado. El territorio convocó una asamblea constitucional ese año y en 1956 aprobaron una nueva constitución endosando el uso del Plan Tennessee. En las elecciones generales siguientes eligieron su delegación al Congreso. Dos años después, en 1958, el Congreso aprobó la ley habilitadora para admitir el nuevo estado y los votantes ratificaron la ley. En 1959 Alaska fue admitido como el Estado número 49. El proceso tardó 4 años desde que convocaron la asamblea constitucional y 13 años después de haber votado por la estadidad.

 

Plan Tennessee y desobediencia civil

En conclusión, el Plan Tennessee es un tipo de desobediencia civil pacífica. Este método asume que el electorado haya votado mayoritariamente por la estadidad. Esta experiencia enseña que la estadidad no se logra de un plumazo. A Alaska le tomó 13 años desde que sus residentes votaron mayoritariamente por esa opción. Si en Puerto Rico el proceso siguiera el mismo curso, la estadidad advendría en el año 2025. ¿Será el Plan Tennessee el método para la descolonización de Puerto Rico? ¿Será útil la desobediencia civil pacífica? En el sistema constitucional estadounidense ha funcionado. El ejemplo más reciente es la lucha por los derechos civiles de los ciudadanos americanos afroamericanos dirigida por Martin Luther King.

 

Pelear por una estrella, luchar por ella

En el 2026, 9 años a partir de 2017 y 13 años a partir de la votación mayoritaria de 2012 a favor de la estadidad, si la solución al dilema colonial toma el tiempo que le tomó a Alaska, mi hija menor Nicole Marie habrá cumplido 13 años. No tengo duda que será defensora de la igualdad política, aunque aún no podrá ejercer el voto. Como en la Canción de Ricky Martin, “La Copa de la Vida”, querrá “pelear por una estrella, para sobrevivir y luchar por ella”. Imagino que le interesaría acudir a la ceremonia de izar la nueva bandera americana, con 51 estrellas, en Washington DC. Pero antes de eso, es posible que quisiera participar en las marchas pro estadidad en el Mall, frente al Capitolio Federal y quien sabe, si como joven impetuosa en su adolescencia, quiera amarrarse a las columnas del monumento a Jefferson en algún día memorable, como el día feriado del aniversario de Martin Luther King.

Quién sabe si querrá sentarse con la bandera prototipo con 51 estrellas, en los pasillos de los edificios del Capitolio en Washington, Cannon, Longworth o Rayburn de oficinas de congresistas, o Russell, Dirksen y Hart de oficinas de los senadores. Los jóvenes adolescentes son excelentes en las estrategias de desobediencia civil. Pienso que las técnicas de lucha pacífica, que se han sido utilizadas históricamente para luchar por la independencia también pueden ser buenas para luchar por la estadidad.

 

El rol de Tomás Rivera Schatz
No tengo duda que el Presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, autor del proyecto del Senado 51, será enfático en su agenda de descolonización y estaría dispuesto a luchar por la descolonización de Puerto Rico 9 años más, si fuera necesario, desde el foro legislativo o la gobernación, o como ciudadano individual, según el juego de dados de la política lo determine.

 


[1] El lector puede explorar las siguientes referencias, entre otras.

  1. Badillo, V. The Economic Implications of Puerto Rican Statehood. Thesis. Haverford College. 2005.
  2. Joint Committee on Taxation. Overview of the special tax rules related to Puerto Rico and an analysis of the tax and economic policy implications of recent legislative options. 2006.
  3. PR Fiscal Relations with the Federal government and economic trends during the phase-out of the possessions tax credit. 2006.
  4. Puerto Rico. Information on How Statehood Would Potentially Affect Selected Federal Programs and Revenue Sources. 2014.
  5. Hunter, L.A. Leave not State or Territory Behind. Formulating a pro-growth economic strategy for Puerto Rico. Institute for Policy Innovation. 2003.

[2] Casa Blanca. Oficina del Presidente. Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Status de Puerto Rico. 2011.

El reto de la nueva Secretaria de Educación: Dra. Julia Keleher

La nueva Secretaria de Educación, Julia Keleher, que acaba de sentarse en su silla, una de las sillas más calientes del gobierno de Puerto Rico, tendrá un gran reto: romper la estructura y filosofía del Departamento, para crear una agencia nueva. Julia Keleher, quien no es puertorriqueña, tiene amplia experiencia transformando sistemas educativos. Ha dedicado más de 20 años de su vida profesional a la educación y los sistemas públicos y no públicos de educación al nivel federal, estatal y local en los Estados Unidos. Tiene una ventaja, al no estar atada al insularismo boricua, el padrinazgo político y la contaminación propia de ser parte del sistema.

Sin embargo, conoce el sistema, la filosofía educativa del nivel federal del sistema de educación y las mejores prácticas en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, que aporta al menos, $1.00 de cada $3.00 dólares que gasta el Departamento de Educación. Asume la jefatura del tercer distrito escolar más grande de EUA, que sirve al 57% de los estudiantes de K-12 de PR., 6 de cada 10 estudiantes; donde las escuelas de bajo aprovechamiento representan alrededor de 89% del total y el número de empleados no docentes es casi igual al número de maestros del salón de clases.

Keleher ha sido maestra del salón de clases, consejera escolar y administradora escolar. Ha colaborado brindando asistencia técnica en el desarrollo de programas de calidad en la educación y cumplimiento con programas de mejoramiento escolar. Tiene una maestría de la Universidad de Pensilvania y un doctorado de la Universidad de Delaware. Ha enseñado cursos de gerencia de proyectos a nivel graduado en la Escuela de Negocios de Universidad de George Washington. La Dra. Keleher tiene la formación y la experiencia para poder transformar el Departamento de Educación de Puerto Rico.

Friedrich Hayek, economista austriaco y premio Nobel de economía, profesor del London School of Economics y la Universidad de Chicago, en su libro, The Road to Serfdom, publicado por primera vez en el 1944, (University of Chicago Press), critica las burocracias en la educación. Señala que el mercado libre, en lugar del gobierno, era la mejor manera de determinar el precio de los bienes y servicios incluyendo la educación en las escuelas. Puerto Rico se puede beneficiar del pensamiento de este economista.

He aquí una posible agenda de trabajo de 10 puntos para los primeros dos años de la Dra. Keleher en la silla caliente del Departamento de Educación:

  1. Preparar nuestros estudiantes para la economía del siglo 21, enfatizando la enseñanza de ciertas destrezas, entre éstas, las siguientes: las maneras de pensar – creatividad, innovación, pensamiento crítico, resolución de problemas, aprender como aprender; maneras de trabajar – comunicación y colaboración, trabajo en equipo; familiaridad con las tecnologías de información y comunicación; como vivir en el mundo – principios de ciudadanía, responsabilidades profesionales y sociales, incluyendo la toma de conciencia global y cros-cultural. Además, el dominio de varios idiomas; actitud positiva hacia el empresarismo – innovación, crear, producir; altos valores y principios éticos; cursos virtuales en el mayor número posible de materias, según sea apropiado y expandir el aprendizaje más allá del día escolar. Finalmente, experimentos de laboratorios on line y uso de bibliotecas on line para desarrollo de materiales de currículo.
  1. Descentralizar el sistema educativo, de manera que quien responda a los votantes por la escuela pública del barrio no sea el gobernador, sino una junta escolar electa. El Departamento de Educación debe proveer los lineamientos de currículos y estándares que sirvan de guía y dejar la ejecución al nivel local. Puerto Rico es uno de los pocos sistemas, dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, con un sistema centralizado. En la mayoría de las jurisdicciones al nivel nacional, la educación pública se maneja al nivel de los condados. Puerto Rico sería el equivalente, tal vez, a ocho regiones.
  2. Promover el reclutamiento de maestros de primera; hay que reclutar los mejores. Singapur selecciona, de los graduados de universidad, entre los que reflejan el 30% más alto de ejecución académica; Finlandia del 10% y Corea del 5% más alto. Se debe realizar campañas innovadoras de reclutamiento; exigir niveles de ejecución académica altos en los solicitantes, que puedan demostrar alta motivación y buenas destrezas de comunicación. Es necesario igualar salarios con otras ocupaciones de alta demanda para los mejores graduados; crear programas de mejoramiento profesional, sistemas de evaluación de maestros; programas de mentoría y desarrollo profesional on line para los maestros.
  3. Desarrollar destrezas y conocimiento transferible que pueda ser aplicado a diferentes mercados y circunstancias. La introducción de la tecnología en el salón de clases, ayuda notablemente a ese proceso, cambiando la manera como se imparte educación a los estudiantes. Gradualmente, está brindando una nueva forma de educación electrónica, nuevos materiales y programas y formas electrónicas para los estudiantes crear sus trabajos académicos. Los maestros preparan sus clases de manera electrónica y asignan tareas, administran pruebas y las evalúan de manera electrónica. Las pantallas interactivas han reemplazado las viejas blackboards. Hay que digitalizar el proceso de enseñanza, pero para hacerlo hay que buscar maestros que sean lo más cercano posible a “digital native”.
  4. Re-diseñar las escalas de salarios y los requerimientos de destrezas de los nuevos maestros. Hay que crear nuevas escalas salariales para maestros de ciencias, matemáticas y comprensión de lectura. En lo relativo a los salarios, Puerto Rico mantiene un rezago considerable. El salario promedio de un maestro de escuela elemental en el sistema de educación pública en Puerto Rico, con 15 años de experiencia en el magisterio es de aproximadamente $25,100. Luxenburgo les paga, $99,900; Alemania, $65,800; Canada, $63,500; Australia, $56,300 y Estados Unidos, $53,700. (OECD-2015). El Estado de Texas, les paga un salario promedio de $51,400. Es por tal razón que ha ocurrido un éxodo considerable de maestros a ese y otros estados de Estados Unidos. Es necesario crear una nueva mística hacia las ciencias y las matemáticas. Se debe promover estas materias como algo “cool”. En los países que tienen éxito en la enseñanza de estas materias, se reconoce a los estudiantes de estas materias en competencias y en la otorgación de premios e incentivos.
  5. Volver a considerar el concepto de los vales educativos (vouchers) que ya una vez se intentó probar en el sistema educativo en Puerto Rico. Milton Friedman, economista laureado con el premio Nobel, también de la Universidad de Chicago fue el primero en abogar por el uso de vouchers” para otorgar a los estudiantes la libertad de elegir la escuela de su preferencia. En un artículo en el Washington Post, en 1995 escribió … “un sistema educativo mejorado significativamente puede hacer más que cualquier otra cosa para limitar el daño a nuestra estabilidad social…” En otro artículo en el Wall Street Journal, en el 2000 describió su creencia en los vouchers educativos … “el objetivo principal de los vouchers educativos es mucho más ambicioso; es arrastrar la educación desde el siglo 19 hasta el siglo 21 introduciendo la competencia a una escala mayor…”
  6. Reducir el número de escuelas, consolidando los centros de enseñanza, para reducir parte de los gastos operacionales. Los planteles sobrantes pueden ser modificados para alquiler a otras operaciones de la economía y utilizar la renta devengada para fortalecer las finanzas del sistema educativo de la región donde está ubicada la escuela.
  7. Promover el envolvimiento de los padres en la enseñanza de los hijos. Los países que tienen éxito, exigen responsabilidad a los padres y no permiten la actitud de manos afuera de éstos, dejando la responsabilidad a la escuela. La actitud hacia el aprendizaje – predisposición para aprender- es mayor en los estudiantes cuyos padres tienen grandes expectativas para ellos, que esperan que obtengan un grado universitario y trabajen en una ocupación profesional en el futuro. Estos estudiantes tienden a tener más perseverancia, mayor motivación para aprender matemáticas y más confianza en su propia capacidad para resolver problemas matemáticos, que otros estudiantes con un status socioeconómico y rendimiento académico similar, pero con padres que tienen expectativas menos ambiciosas para ellos. La falta de puntualidad y el ausentismo escolar están asociadas de manera negativa con el rendimiento del estudiante.
  8. Promover el apoyo de la comunidad al maestro en la disciplina en la escuela. Esta política es parte de la cultura de los países que tienen éxito en el aprendizaje de los estudiantes. En Puerto Rico, la legislación y la actitud del entorno de profesionales de la conducta le quitan el respaldo al maestro y fomentan una cultura en la que el estudiante es el que manda en el salón de clases y puede, inclusive castigar y agredir al maestro sin consecuencias mayores.
  9. Finalmente, profesionalizar la gerencia de escuelas. No se puede mantener una gerencia adecuada asignando esa responsabilidad a personas que reclaman un crédito y un puesto por su aportación política al partido gobernante. Es uso y costumbre en Puerto Rico, nombrar como directores regionales del Departamento de Educación a personas cuya mayor experiencia en gerencia de proyectos y presupuesto es haberse fajado en una campaña política.

Si la secretaria Keleher logra adelantar sustancialmente estos puntos de agenda, habrá colocado el sistema público de enseñanza de Puerto Rico en una posición competitiva con los países más desarrollados; le habrá brindado un gran servicio al país y será recordada como la heroína que le puso el cascabel al gato.

Hoy juramenta el nuevo gobernador Dr. Ricardo Rosselló. ¿Una nueva etapa para Puerto Rico?

Hoy, 2 de enero de 2017 el país está atento a la juramentación del nuevo gobernador Dr. Ricardo Rosselló. Le corresponde gobernar en las circunstancias más difíciles de los tiempos modernos. La economía en retroceso, el crédito del país degradado a nivel de chatarra con el impago de la deuda pública, el mercado de bonos cerrado para el país, el desempleo alto, la confianza de la ciudadanía en el gobierno y las instituciones sociales al nivel más bajo en muchos años, los servicios públicos en deterioro, la infraestructura de carreteras al nivel más alto de aspereza (pavimento destrozado) en Estados Unidos, energía, agua potable y alcantarillados altamente deteriorada y una Junta de Supervisión Fiscal con el ojo puesto en cada decisión que tome el gobernador. Parecería que toma la jefatura de un país destrozado por una guerra civil. Medidas dolorosas que requerirán de valentía y carácter le esperan:

1. Tendrá que achicar el gobierno, eliminar agencias y reubicar empleados públicos, para recortar el presupuesto de gastos en nómina en el gobierno central, tomar medidas dolorosas, e impulsar cambios significativos en la forma de gobernar.

2. Deberá reducir el gasto en la Tarjeta de la Reforma de Salud, mediante la reducción del número de participantes, eliminando todas aquellas personas que no son verdaderos indigentes; recortando algunos beneficios que se ofrecen, que en ciertos casos son mayores a los que ofrecen los planes privados que pagan los que no cualifican para la reforma; y desarrollando un plan enfático de prevención de fraude y procesamiento criminal a los que se determine que participan del fraude.

3. Tendrá que reducir el gasto en el Departamento de Educación, que recibe alrededor de $800 millones en aportaciones del Fondo General, sin incluir aportaciones de los juegos de azar y la lotería electrónica. Este departamento debe realizar ajustes en capas de burocracia, gastos no esenciales, compras y servicios ineficientes y grasa administrativa que generen ahorros de $200 millones. Sera necesario reformular toda la filosofía del sistema de educación pública para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes y prepararlos con énfasis en ciencias, matemáticas, tecnología y actitudes empresariales positivas.

4. Será necesario limitar la asignación a la Universidad de Puerto Rico, que recibe cerca del 10% de los recaudos del Fondo General, equivalente a $800 millones. La UPR puede recibir un recorte de fondos de $100 millones y recuperarlos mediante aumentos en las tarifas por concepto de matrícula y cuotas. El pago de matrícula en la UPR es menos de una tercera parte de lo que se paga en las universidades privadas locales y lo cubre la beca federal Pell, de la cual el estudiante promedio retiene parte en su bolsillo, como sobrante después del pago de matrícula. Además, la UPR debe cerrar algunos recintos y programas duplicados, consolidar servicios, así como generar más ingresos propios, como lo hacen las universidades privadas, que no reciben asignación presupuestaria del gobierno.

5. Será necesario realizar una reforma contributiva que contemple reducir o eliminar algunos de los impuestos actuales implantados bajo la administración del gobernador García Padilla, que afectan al consumidor directamente y, por otro lado, aumentar el impuesto actual de 4% a las corporaciones denominadas como “foráneas” – Ley 154-2010), independientemente de que se consiga o no un crédito contributivo a nivel federal para estas corporaciones.

6. Deberá reevaluar muchos de los incentivos económicos otorgados actualmente, de poco impacto y beneficio, y decidir cuales eliminar en el corto plazo para viabilizar un Sistema más eficiente de promoción de nuevas empresas.

7. Será necesario reducir los requerimientos del proceso de permisos de construcción y operación de negocios en Puerto Rico, que actualmente limita el establecimiento de nuevas empresas en el país. Eliminar obstáculos a los procesos para hacer negocios en Puerto Rico y agilizar la burocracia que afecta a las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes empresas.

8. Será necesario promover la utilización de las herramientas modernas de gobierno electrónico para reducir costos.

9. Tendrá que buscar una salida el déficit actuarial de los sistemas de pensiones, incluyendo varias medidas dolorosas, tal vez, aumentando la edad de retiro, reduciendo el monto de las pensiones, aumentando las aportaciones de los empleados y la del patrono.

10. Tendrá que privatizar operaciones gubernamentales que han resultado ser ineficientes en manos del gobierno y que sangran el presupuesto, principalmente en corporaciones públicas que se supone que sean autosuficientes y que nunca lo han sido.

11. Tendrá que reinventar los programas sociales de ayudas a las familias en mayor desventaja para estimular el aumento en la fuerza laborar y la tasa de participación laboral y el empleo por cuenta propia y reducir la mentalidad de dependencia que arropa a un amplio sector de la población.

12. Deberá poder lograr las bases de la recuperación económica en tres años, a tiempo para rendir cuentas de logros importantes al electorado en las elecciones generales próximas del año 2020, si quiere ser reelecto, pues necesitará al menos dos términos, ocho (8) años, para enderezar sustancialmente el país y lograr que la Junta de Control fiscal cese operaciones en 10 años.

Si el Dr. Ricardo Rosselló logra provocar estos cambios, el país retornará al progreso sostenido y habrá sentado las bases para ser el primer gobernador del Estado 51 de la Unión de Estados Unidos de América o el primer Presidente de la República Asociada de Puerto Rico.

Oscar López: ¿víctima o victimario? ¿Patriota o Terrorista?

Me han aconsejado no publicar esta columna por qué entienden las personas que he consultado, que no me conviene y me puede generar recriminaciones entre los grupos estadistas que han apoyado la excarcelación de López y entre la izquierda intolerante. Sin embargo, no puedo renunciar a mi derecho a ejercer mi libertad de expresión. La pregunta obvia de cualquier discusión desapasionada es si Oscar López es una víctima o un victimario. Si es un patriota o un terrorista. Si debe continuar encarcelado o debe ser liberado sin condiciones.
Es necesario que más de una generación desinformada por la prensa con relación al caso del confinado Oscar López, conozca toda la historia del caso y llegue a sus propias conclusiones, sobre la petición de excarcelación de este ciudadano americano nacido en Puerto Rico, excombatiente en Vietnam, condecorado por su valor en el campo de batalla.
 

La campaña por la excarcelación de López

En Puerto Rico se ha desarrollado una campaña fuerte en favor de la excarcelación de Oscar López Rivera, Dicha campaña ha recibido el apoyo de los principales líderes políticos locales, incluyendo algunos defensores de la estadidad para Puerto Rico, entre ellos el delegado puertorriqueño al Congreso, Pedro Pierluisi el gobernador electo Dr. Ricardo Rosselló y la Comisionada Residente electa, Jennifer González. En las últimas semanas El Nuevo Día, en extensos reportajes promueve su excarcelación y lo proyecta como una víctima de las autoridades estadounidenses, que “no ha sido acusado de hacerle daño a nadie”. El Nuevo Día es el principal periódico en forjar opinión. Es el que utilizan los demás medios en radio y televisión en sus mesas de redacción para comentar las noticias. Lo que dice este medio de prensa tiene un gran peso. Si le preguntas a un puertorriqueño de 40 años o menos sobre Oscar López, te dirá que es un viejito inocente que pinta paisajes típicos, le escribe cartas a su nieta, y que quiere pasar las navidades a su lado. Solo eso. Eso es lo que dice El Nuevo Día.
Presentamos una reseña del historial de eventos y acciones de los grupos armados clandestinos de los que Oscar López formó parte o dirigió o fue actor directa o indirectamente previo a su encarcelamiento. De esta manera, las personas o grupos que favorecen su excarcelación sin condiciones pueden tener elementos adicionales para formar una opinión informada.
Los hechos aquí reseñados están basados en referencias de fuentes oficiales del gobierno de los Estados Unidos, entidades y medios de prensa local de Puerto Rico, estadounidenses e internacionales.
¿Cómo empezó la historia de López?

Oscar López Rivera fue buscado por las autoridades federales desde noviembre de 1976, después que sus huellas dactilares fueron encontradas en un depósito de armas y explosivos de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) en Chicago. López era considerado por las autoridades federales como el jefe de las FALN.
Fue arrestado el 29 de mayo de 1981, cinco años después de que se encontraran sus huellas en el mencionado depósito de armas y explosivos de las FALN, por la policía de tránsito en el suburbio de Glenview, Illinois, al no detenerse ante la señal de PARE, en una intersección y doblar su auto en vía contraria. Se ocupó un arma en su auto. Fue acusado con el testimonio del detenido Freddy Méndez, quien había sido reclutado para las FALN por la esposa de López, según las fuentes de inteligencia estadounidenses. Fue sentenciado a 55 años de cárcel.
En el 1985 Oscar López conspiró para lograr fugarse de la penitenciaría federal de Leavenworth, Kansas, con apoyo externo, utilizando ametralladoras, granadas, un arma anti-tanques y un helicóptero. El 1ro. de enero de 1988, un jurado federal en Chicago declaró culpables a Oscar López Rivera y tres seguidores, de conspiración para intentar dicha fuga de la prisión federal de Leavenworth, Kansas. Fue sentenciado a 15 años adicionales.
En el 1999 el Presidente Clinton le ofreció un indulto. Oscar López lo rechazó. Indicó, además, que mientras otros compañeros en prisión estuvieran encarcelados, no podía aceptar estar libre.
El ofrecimiento de indulto del 1999, estuvo influenciado por el interés del Presidente Clinton de lograr apoyo del Congresista Luis Gutiérrez, de Chicago, lugar de residencia y operación de Oscar López, donde hay una comunidad importante de puertorriqueños.
Recientemente, previo a las elecciones presidenciales Hilary Clinton, esposa del expresidente Clinton y candidata a la presidencia de Estados Unidos, que perdió ante Donald Trump, solicitó al Presidente Obama que reconsiderara el indulto a López y se comprometió a re-evaluar su caso de obtener la presidencia en enero de 2017.
La petición de indulto actual ante el Presidente Obama choca con las nuevas políticas del gobierno de los Estados Unidos hacia el terrorismo tras los eventos del 11 de septiembre de 2001 en el ataque terrorista a las Torres Gemelas en NY. Choca también con la presión que recibe el gobierno estadounidense fundamentada en que el encarcelamiento por terrorismo es dirigido solo a musulmanes por motivos discriminatorios. Excarcelar a López, contradice la política anti-terrorista de Estados Unidos bajo la administración del Presidente Obama, porque López no es musulmán y su encarcelamiento demuestra trato igual al juzgar actos de terrorismo, sea de ciudadanos americanos o extranjeros, no importa raza ni creencias religiosas.

 

Qué eran las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN)

Las FALN tenía como propósito combatir al “imperio americano” desde adentro y obtener con sus actos violentos más publicidad internacional. También aspiraban a que el pueblo americano le cogiera odio a los puertorriqueños en Estados Unidos por los actos terroristas, y que, al sentirse discriminados, estos puertorriqueños se identificaran con la independencia de Puerto Rico. Era un grupo terrorista armado, defensor de la independencia para Puerto Rico, que utilizaba el terrorismo como vehículo para llamar la atención mundial, particularmente en los círculos políticos estadounidenses, sobre la situación colonial de Puerto Rico, como territorio de Estados Unidos.
Las FALN reagruparon a comandos de movimientos armados anteriores, que promovían la independencia de Puerto Rico: el Movimiento Independentista Revolucionario Armado (MIRA) y los Comandos Armados de Liberación (CAL) y el Ejército Popular Boricua – Macheteros, que aun continua activo en el clandestinaje.

 

El historial de Oscar López en los grupos armados clandestinos pro independencia

Oscar López Rivera nació en 1943 en Puerto Rico. Fue veterano en la Guerra de Vietnam, donde fue condecorado por su valor en combate. Tras su retorno a Chicago, lugar de residencia de su familia, se integró a la lucha y defensa de los derechos de los puertorriqueños. Fue un organizador comunal destacado y como parte de sus intentos para mejorar las condiciones de vida de su comunidad participó en actos de desobediencia civil y de militancia pacífica. En 1976 se integró a la lucha clandestina en favor de la independencia de Puerto Rico como miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN).
Su compromiso con la lucha por la independencia no puede ser cuestionado y amerita reconocer su determinación en favor de dicha opción para la descolonización de Puerto Rico. Sin embargo, la denominada lucha armada estuvo basada en sembrar el terror para para forzar a Estados Unidos a conceder la independencia a Puerto Rico. Veamos algunos ejemplos.
El 4 de abril de 1980, comandos de las FALN, robaron una camioneta para asaltar un camión blindado de la Universidad de Northwestern y 11 comandos terroristas fueron detenidos mientras aguardan por la salida del camión. La esposa del alegado jefe de las FALN, Oscar López Rivera, estaba entre los detenidos, que se declararon prisioneros de guerra y no reconocieron la condena impuesta por el juez. En la casa que ocupaba Oscar López, con su esposa detenida en el atentado de robo al camión blindado, se encontró un disfraz de cartero utilizado en un asalto a un camión blindado el 24 de diciembre de 1979 en Milwaukee. El 3 de mayo de 1981, Freddy Méndez, detenido como miembro de la FALN, comenzó a cooperar con el FBI, delató los métodos de operación de la FALN e indicó que había sido reclutado por la esposa de Oscar López. López fue sentenciado posteriormente a 55 años de presidio con el testimonio del ex miembro de la FALN.

El historial de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), y sus comandos armados predecesores, CAL y MIRA, así como otro movimiento posterior conocido como el Ejército Popular Boricua – Macheteros, desde 1968 hasta 1985 incluye:
1. Una larga lista de más de 120 atentados dinamiteros, en comercios en New York y Puerto Rico.
2. Siete (7) muertes, más de 80 heridos.
3. La suma de $3.5 millones en daños a propiedades, que a precios de 2016 representan $10 millones.
4. Robos de armas y explosivos en Puerto Rico.
5. Más de $8.25 millones en robos bancarios, en Estados Unidos y Puerto Rico, incluyendo el robo de $7.2 millones en la oficina de la firma Wells Fargo en la ciudad de Hartford, en Connecticut y robo bancario del de agosto de 1977 en un asalto al Banco de Ponce. Esa suma de $8.5 millones, a precios de 2016 representa $26 millones.
6. El asesinato del marino Rubén Humphrey, de 21 años, el 7 de marzo de 1970, de un balazo en la cabeza y otro en el pecho, quien en la madrugada regresaba con un grupo de compañeros a su barco en la bahía de San Juan.
7. El atento en un restaurante de Wall Street, 24 de enero de 1975 a la hora del almuerzo, matando 4 personas e hiriendo a 55.
8. El asesinato del abogado laboral Alan Henry Randall en el Condado en San Juan el 22 de septiembre de 1977, quien ejercía la práctica de la abogacía representando a patronos en casos de negociación colectiva con los sindicatos.
9. El asesinato del policía Julio R. Rodríguez Rivera de 33 años, el 24 de agosto de 1978, de un balazo en la boca, cuando se detuvo en su patrulla para ofrecer ayuda a los ocupantes de un auto ocupado por terroristas en Ceiba y que dejó huérfanos a tres hijos.
10. La destrucción de varias torres de transmisión eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica
11. El robo de cargamentos de explosivos el 19 de enero de 1978.
El terrorismo es una acción por sorpresa, en la que pierden la vida o resultan heridas personas, realizada por un enemigo anónimo, que no puede distinguirse fácilmente del resto de los ciudadanos; que es difícilmente infiltrable, que funciona con una racionalidad diferente, ya que es producto del fanatismo y que no tiene conciencia ni remordimiento por el mal que hace.
Las consecuencias económicas y sociales del terrorismo como medio para descolonizar a Puerto Rico

Las operaciones de las FALN y otros grupos armados en favor de la independencia de Puerto Rico, de los que Oscar López, es considerado autor directo o indirecto, tienen las características de actos terroristas, al tener como objetivo, comercios. Oficinas gubernamentales e infraestructura, en cuyos actos han muerto o resultado heridas víctimas inocentes. Autor directo o indirecto es lo que llevo a la condena por conspiración sediciosa. A modo de ejemplo, Bin Laden no cometió el acto terrorista a las Torres Gemelas. Solo fue el autor indirecto.
El terrorismo acoge todo acto violento aplicado sin reserva o preocupación moral alguna. No es una práctica aislada, reciente ni desorganizada. La finalidad buscada por esta forma de «guerra» no convencional puede estar motivada principalmente por asuntos políticos y siempre mediante la toma del poder de una manera totalmente ilícita. Por dichas causas, el mundo se ve sacudido diariamente con noticias de atentados, donde gente inocente y totalmente ajena a esa «guerra» pierden la vida.
Los atentados terroristas tienen un efecto sobre la confianza y la seguridad de los ciudadanos, especialmente sobre las expectativas de los inversionistas, necesarios para el desarrollo económico de un país como Puerto Rico. Un ataque terrorista, tiende a reducir la riqueza del país, por su destrozo de capital humano, los muertos y heridos, y de capital físico y la infraestructura destruida o dañada. Tiene un efecto sobre la confianza y la seguridad de los ciudadanos y especialmente sobre las expectativas de los consumidores y de los inversionistas, ya que crea una incertidumbre enorme en su quehacer diario y en la toma de decisiones.
La reacción de los ciudadanos es pensar que, en lugar de ser un ataque aislado, pueda volver a darse o pueda ser parte de una cadena de atentados. Reaccionan con miedo y evitan salir a los lugares públicos donde ocurre el comercio y evitan los viajes de turismo. Estas situaciones producen un mayor deterioro en la actividad económica. A mayor miedo mayor paralización de la vida económica. La reacción inmediata y lógica de los ciudadanos, es rehuir su presencia en los lugares públicos de mayor aglomeración de personas, es decir, en los grandes centros o edificios, en los transportes públicos y en los espectáculos masivos. Estos ataques terroristas provocan la caída temporal de ventas de las empresas relacionadas con el turismo, la hostelería, el ocio y los seguros, principalmente. Obligan al Gobierno a aumentar su gasto en seguridad y control, reduciendo el de otras partidas presupuestarias más productivas. La decisión de los turistas de quedarse en casa o elegir otros destinos más seguros, representan una pérdida importante para la industria turística. Se produce una disminución notable del consumo en el turismo y las industrias relacionadas tales como líneas aéreas, hoteles y restaurantes. Una economía donde el sector turístico constituye una aportación económica importante sufre un impacto negativo considerable en la actividad económica.
Conclusión

Las operaciones clandestinas de las FALN y sus antecesores y afiliadas posteriores han producido actos terroristas a nombre de la independencia de Puerto Rico, sin resultado positivo alguno. Las acciones anteriores no han logrado aumentar el apoyo a la independencia de Puerto Rico, sino reducir dicho apoyo; ha causado sufrimiento a víctimas inocentes y daño a la imagen del país. Apoyar actos terroristas como estrategia para lograr la descolonización de Puerto Rico es contraproducente para cualquiera de las opciones de descolonización, ya sea la independencia, la república asociada o la estadidad.
Se argumenta que Oscar López ha sufrido encarcelamiento por muchos años, más que cualquier otro convicto asociado a actos violentos en favor defensor de la independencia para Puerto Rico y ha sido tratado con procedimientos extremos como el confinamiento solitario en prisión. Este trato responde al que se les otorga a personas peligrosas, que las autoridades consideran que pueden coordinar sus actos violentos desde prisión. Pero, López no es un prisionero político del perfil de Gandhi o Mandela, preso meramente por ser independentista, como Gandhi o luchar por la integración racial, como Mandela. Oscar López tiene un historial de violencia, por su estilo, típica de actos de terrorismo, que es meritorio recordar, porque en Puerto Rico los medios de comunicación y la opinión pública olvidan eventos importantes muy rápido.
Hay que reconocer la determinación de Oscar López en luchar por la independencia de Puerto Rico. Pero también hay que destacar su enfoque deshumanizante al utilizar el terrorismo y víctimas inocentes para crear caos y lograr publicidad internacional para su causa por la independencia.
Es poco probable esperar que López renuncie a la violencia armada como táctica. Ni que se arrepienta de sus actos anteriores, después de 30 años encarcelado y a su edad actual, aunque en la entrevista de El Nuevo Día, se le cita diciendo que ya la lucha armada no es necesaria, pues se demostró con la resistencia pacífica en el caso de la salida de la marina estadounidense de Vieques.
Su excarcelación, sin embargo, si fuera indultado por el Presidente Obama antes de culminar su mandato, o posteriormente por el nuevo Presidente Trump, sería un acto basado en principios humanitarios que el propio Oscar López y los que han luchado por su excarcelación deberían aprovechar para repudiar el terrorismo como arma de guerra para lograr la independencia para Puerto Rico.
Nadie ha planteado el riesgo del resurgimiento de los grupos clandestinos de terrorismo político que caracterizó las décadas de 1960, 1970 y 1980 y las implicaciones que dicho resurgimiento podría conllevar. Recientemente, el grupo clandestino Ejército Popular Boricua – Macheteros emitió un comunicado clandestino en abril de 2016, indicando que, «Sobre la deuda impagable en que incurrieron, irresponsablemente e innecesariamente, los gobiernos corruptos que hemos soportado durante más de 50 años», … que «se juzgue a los responsables», al tiempo que hace un llamado «a manifestarnos de la forma que cada cual crea mejor».
Tenemos que plantearnos si en Puerto Rico puede resurgir una nueva ola de actos terroristas y las consecuencias sociales y políticas que esa acción podría conllevar para el desarrollo económico y social del país en las circunstancias presentes de crisis económica y social.
Lo que necesita Puerto Rico es un frente común de voluntades para sanear el gobierno y la economía y prepararnos para un desenlace de descolonización sea hacia la independencia, la república asociada o como un estado soberano dentro de la unión de los Estados Unidos de América. Los votos en las urnas son el mejor mecanismo. También hay otros mecanismos complementarios como la movilización de los puertorriqueños en varios estados como Florida y Texas, entre otros; la desobediencia pacifica; las protestas en las escalinatas del capitolio federal y en el Mall de Washington DC, que con tanto éxito utilizo Martin Luther King y el cabildeo por los pasillos del Congreso que con éxito utilizaron los territorios que se ampararon el Plan Tennessee.


[1] El Nuevo Día. 30 de marzo de 2016.

[2] US House of Representatives. Committee on Government Reform. Third Report. The Macheteros Clemency: Misleading explanations, a reckless decision, a dangerous message. Wash. DC. 1999.

[3]  Recuperado de: http://www.latinamericanstudies.org/faln.htm. http://www.latinamericanstudies.org/puertorico/origen.htm

[4] Primera Hora.com. 08/feb/16. http://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/nota/independentistasseoponenajuntadecontrolfederal-1135829/

El nuevo Capitán de la Agricultura: Carlos Flores

El nombramiento del nuevo Secretario de Agricultura, el agrónomo Carlos Flores, es un nombramiento acertado. Flores, además de ser agrónomo, es científico de la Estación Experimental Agrícola, especialista en el cultivo del café y pequeño agricultor de la región de la montaña. Es un profesional organizado y disciplinado, capitán de la Guardia Nacional. Es humilde, tiene los pies en la tierra y conoce los problemas de los agricultores.

Tiene grandes retos por delante, pues el sector agrícola ha sufrido una reducción continua en el número de fincas y su importancia relativa en la producción y el producto bruto de la economía de Puerto Rico. Conforme el último censo de agricultura de 2012, las fincas agrícolas, se redujeron entre 2007 y 2012, en 2,586, una reducción de 16.4% con relación al 2007. El próximo censo de 2017 seguramente reflejará una reducción adicional en el número de fincas. Ya casi nadie quiere trabajar en la agricultura, ni siquiera de subsistencia para consumo familiar.

A principios de década de 1960, cuando era niño, mi madre nos levantaba temprano al amanecer, a mí y mis hermanos, para ordeñar la cabra y la vaca, alimentar los cerdos, mudar la vaca y el caballo y asperjar la siembra en una pequeña parcela de una cuerda. Luego íbamos a la escuela. Nos alimentábamos de la finca, se vendía parte de la cosecha, animales de corral y semillas. Así nos pagamos los estudios 8 hermanos y nos hicimos profesionales. No había beca Pell ni cheque del PAN. Vivíamos de la agricultura de subsistencia, la pequeña finquita. Hoy, 57 años después, la agricultura es el sector económico más rezagado, olvidado y subestimado como sector de producción.

Si siquiera como reserva para casos de desastres o conflictos bélicos, que afecten las fuentes de importaciones de productos agrícolas, podemos decir que tenemos suficiente producción agrícola como estrategia de supervivencia. Nos moriríamos de hambre. La agricultura es importante porque además de su aportación a la producción, protege el hábitat, el paisaje, la conservación del suelo, la ordenación de las cuencas hidrográficas y la conservación de la biodiversidad.

En su valor económico, la agricultura de Puerto Rico tiene potencial para desarrollar agro-empresas tipo autoempleo y generar miles de empleos en ciertos renglones de producción agrícola no tradicional. Esta alternativa de actividad económica aumentaría la generación de ingresos, disminuiría la dependencia de importaciones de alimentos y le generaría algunos recaudos al gobierno. Puerto Rico ha logrado altos niveles de desarrollo económico gracias a la promoción de la manufactura y el turismo, entre otros sectores de producción, pero a expensas de la promoción de renglones agrícolas en los que hay potencial de demanda y empleo.

El nuevo secretario, Carlos Flores, tiene el reto de re-evaluar la política pública hacia la agricultura, incluyendo los incentivos y las tierras agrícolas baldías, con un enfoque menos paternalista hacia los agricultores tradicionales que siempre se quejan de las ganancias de la finca, pero viven en residencias suntuosas y conducen automóviles de lujo; no pagan contribuciones y reciben subsidios salariales y de insumos para la finca de parte del gobierno. Esos agricultores tienen mollero político, presionan a los alcaldes y éstos, presionan al Secretario. Carlos Flores tendrá que caminar sobre el filo de la dependencia creada en los agricultores y las presiones políticas.

La pregunta es: ¿Podrá el nuevo Secretario impulsar este sector como fuente vigorosa de autoempleo para personas desempleadas en estos tiempos de crisis económica y cambiar la cultura de dependencia de los agricultores tradicionales?

Manuel Laboy: El nuevo capitán del desarrollo económico

El nombramiento del nuevo Secretario de Desarrollo Económico (DEC), el Ing. Manuel Laboy, por el gobernador Ricardo Rosselló, es un nombramiento excelente. Laboy es ingeniero químico y gerente de proyectos que tiene casi 20 años de experiencia como ingeniero en el sector privado. Se ha desarrollado mayormente como gerente de proyectos. Esa profesión que no muchos entienden, cuyo rol es lograr que los proyectos se completen, que se terminen en el tiempo estipulado, con el costo estimado y la calidad esperada.

Laboy es estructurado, organizado, tiene los pies en la tierra, tiene la juventud que permite soñar y tiene hambre de lograr un cambio hacia la modernización de las estructuras que pueden permitir impulsar en desarrollo económico.

En sus manos esta transformar el Departamento de Desarrollo Económico y las políticas para el desarrollo. Tendrá el reto de impulsar las iniciativas para el desarrollo de la tecnología y la innovación, incluyendo los parques tecnológicos, las incubadoras de empresas y las reglas para atraer negocios a Puerto Rico. Podrá transformar y realizar una re-ingeniería de los incentivos económicos que puedan producir empleos y las políticas de adiestramiento para los desempleados ajustadas a las necesidades de las empresas. Tendrá la oportunidad de empujar el avance en los indicadores de competitividad de nuestra economía.

Podrá capitanear el proceso de ajuste que es necesario para que las empresas modifiquen su organización para competir con ventajas en la globalización de los mercados y para aumentar las exportaciones de Puerto Rico, que ayudarán enormemente a aumentar el número de empleos. Para ello se requiere de un esfuerzo conjunto con las organizaciones empresariales como la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio, el Centro Unido de Detallistas y otras instituciones privadas en conjunto con el gobierno. El rol del Departamento de Desarrollo Económico será fundamental en este proceso.

Tendrá, además, la oportunidad de re-diseñar el Departamento de Desarrollo Económico. Le será útil indagar en los modelos del Estado de Florida e Indiana, e inclusive en modelos como Nueva Zelanda e Irlanda. No será necesario que invente la rueda, solo que mire más allá del insularismo local. Necesitará el apoyo de las agencias de reglamentación de permisos, de la Junta de Planificación, de las universidades y las asociaciones de empresas.

Todos los economistas, empresarios, forjadores de política pública y personas interesadas en que Puerto Rico salga del laberinto en que se encuentra la economía debemos apoyar este nombramiento y desearle éxito en sus gestiones. El resume de Manuel Laboy es una crónica de esperanza para una economía agobiada por la incertidumbre y las políticas erradas. Laboy es el nuevo capitán que puede llevar el barco del desarrollo económico a un puerto de progreso y seguridad económica.

Las fuerzas armadas que hereda el Presidente Trump

El Presidente Trump, una vez juramentado como Presidente número 45 de los Estados Unidos de América tendrá entre sus prioridades, determinar qué nivel de modernización y cuanta inversión deberá hacer la nación en sus fuerzas armadas para mantener un panorama de seguridad que detenga a enemigos y evite cualquier amenaza mayor a la seguridad e intereses de Estados Unidos. Trump hereda varios conflictos a nivel mundial, en los que Estados Unidos está envuelto, directa o indirectamente, según un reportaje de esta semana de The Daily Signal.

Siria e Irak: Como respuesta a la rápida expansión de ISIS a mitad de 2014 en la conquista de territorios de Siria e Irak, EU, junto a otros aliados inició una campaña militar contra este grupo terrorista. Al 2 de noviembre EU y su coalición habían realizado alrededor de 16,000 ataques aéreos contra ISIS. Al 31 de agosto el costo de la operación para EU se estimó en informes del Departamento de Defensa en $9,300 millones, con un costo diario promedio de $12.3 millones. A fines de septiembre el Presidente Obama envió 600 tropas a Irak para asistir a las fuerzas iraquíes y se estima que al presente hay alrededor de 5,000 soldados americanos en Iraq, siete años después de haber retirado las tropas americanas de ese país. En Siria, alrededor de 300 tropas americanas apoyan a las fuerzas locales en su lucha contra ISIS.

Afganistán: En una Guerra que lleva 15 años, Estados Unidos mantiene todavía sobre 8,400 tropas en este país, base de operaciones de Al-Qaeda y el Talibán, país que fue utilizado para planificar los ataques del 9/11 en NY.

La guerra de Ucrania-Rusia: Este conflicto que comenzó en el 2013 y que escaló con la anexión de Crimea por parte de Rusia, con la oposición de EU, mantiene a la nación en la expectativa. El presidente Obama ha mantenido presión sobre Rusia, a través de Alemania y Francia y ha brindado a Ucrania varias decenas de millones de dólares en ayuda militar.

Saudí Arabia-Yemen: Desde marzo del 2015 EU ha estado brindando apoyo a la Arabia Saudita en bombardeos contra rebeldes Houthi en Yemen, el más pobre de los países árabes, que forzaron a abandonar el país a un Presidente apoyado por los EU. Este grupo rebelde es apoyado por IRAN, rival de Arabia Saudita en el Oriente Medio.

La campaña antiterrorista en África: EU continúa una campaña antiterrorista contra Al Qaeda que se ha extendido a África, particularmente Libia y Somalia. En Libia, EU ha realizado más de 360 ataques aéreos en apoyo a fuerzas del gobierno libio, para expulsar a ISIS de las costas de este país, mayormente en la ciudad de Sirte. En Somalia, EU ha estado envuelto en una campaña de ataques aéreos contra Al Shabab, una filial de Al Qaeda, grupo que también fue responsable de un ataque mortal en 2013 en un centro comercial en Nairobi, Kenia. EU también ha realizado campañas militares contra Al Qaeda en Nigeria, Cameron, y Chad. Según el NY Times, la administración Obama ha indicado que entre 2009 y 2015 ha matado 2,436 terroristas en 473 ataques antiterroristas en Pakistán, Yemen, Somalia y Libia.

Mientras, un análisis sobre la fortaleza militar de Estados Unidos, realizado por la Fundación Heritage, (Index of US Military Strength) refleja lo siguiente:

  1. Solamente el 43% de las aeronaves de los cuerpos de Marines se consideran como aptas para volar
  2. La Fuerza Aérea adquiere alrededor de 25 nuevos aviones anualmente, al presente, comparado con 200 aviones en el 1992.
  3. La Fuerza Aérea mantiene un déficit de 700 pilotos y 4,000 técnicos de mantenimiento.
  4. En el 2017 a base de los niveles de asignaciones para gastos militares, el NAVY podrá alcanzar solamente el 56% de su demanda por portaaviones.
  5. El nivel de riesgo de que los enemigos de EU sean una amenaza real a los intereses de EU ha sido elevado por las fuerzas militares de “elevado” a “alto”.

¿Qué hará el Presidente Trump para atender los riesgos de que las fuerzas armadas no estén listas para una amenaza real contra EU en los próximos cuatro años? Si aumenta el gasto militar, ¿Cómo afectará esa prioridad las otras prioridades de su programa de gobierno como, por ejemplo, fortalecer la producción doméstica, bajar los impuestos y proteger la frontera sur mediante la construcción de una muralla?

La situación actual de la fortaleza de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, y el dilema que enfrentará el nuevo presidente nos lleva a la pregunta de aquel texto de economía básica del laureado premio nobel de economía, Paul Samuelson: ¿cañones o mantequilla?. Así se explicaba el concepto de la frontera de posibilidades de producción. Ahora la pregunta es: ¿fortalecer las fuerzas armadas y la seguridad nacional o ampliar las ayudas sociales, bajar los impuestos y proteger la frontera al sur del Río Grande? Usted… ¿Qué haría?