En el mes de octubre de 2016, a un mes de las elecciones generales, publiqué un libro basado en la experiencia pasada en Puerto Rico y otras jurisdicciones sobre cómo transformar el gobierno, con el objetivo de que ayudara a quien ganara las elecciones en Puerto Rico, teniendo a su disposición una guía de innovación para su equipo de trabajo. Copia del libro fue entregada a la mano al gobernador Ricardo Rosselló, al liderato legislativo de los partidos políticos principales, a los principales jefes de agencias y a varios alcaldes. Tras la salida del gobernador Ricardo Roselló y la llegada a la gobernación de Wanda Vázquez, se entregó a la mano a la gobernadora y a varios de sus ayudantes principales copia del libro.

Ahora, a partir del 2 de enero de 2021, el nuevo gobernador, Pedro Pierluisi, su gabinete, la nueva Asamblea Legislativa, y los alcaldes electos tendrán que diseñar una transformación a niveles central y local que brinde mejor servicio al cliente, con menor costo y mejores niveles de desempeño. Este ensayo tiene como objetivo ofrecer un resumen ejecutivo de las medidas que, a mi juicio, y basado en la literatura de investigaciones realizadas, será necesario implantar para lograr una transformación positiva del gobierno de Puerto Rico. Es imprescindible una nueva transformación para ajustarlo a las exigencias de la crisis fiscal del gobierno y la crisis económica de Puerto Rico, que desde el 2009, cuando se realizó la última evaluación y reorganización del gobierno, ha empeorado. Sugerimos al gobernador Pierluisi, a su gabinete, los alcaldes y los legisladores considerar los siguientes puntos de análisis y acción:

1. Entender la diferencia entre transformación del gobierno y reforma gubernamental. Una reforma gubernamental conlleva modificar y mejorar lo existente. Una transformación del gobierno conlleva cambios más profundos en su estructura y estrategias más sofisticadas para atender de manera más eficiente y efectiva las presiones financieras y la lentitud del gobierno en la prestación de servicios al ciudadano. En una estrategia de transformación los roles y la propia existencia de algunas organizaciones estará en juego. Una transformación conlleva cambios fundamentales en la organización del gobierno, en el diseño de programas, los procesos operacionales y las operaciones para mejorar los niveles de desempeño y reducir los costos del gobierno. La transformación conlleva cambios estratégicos revolucionarios, grandes quebrantos de las estructuras existentes, mejoramiento en la eficiencia y ahorros significativos en costos de operación del gobierno. La historia ha demostrado que la mejor forma de atender una crisis es con la transformación del gobierno.

2. Es necesario promover en el colectivo social, una mayor concientización sobre la urgencia y gravedad de la situación fiscal del gobierno. Hay una increíble falta de sentido de urgencia entre los funcionarios del gobierno que tienen que implantar los ajustes en las funciones de cada agencia ni en la necesidad de realizar los cambios organizacionales. Ausencia de sentido del colectivo social, de la urgencia y gravedad de la situación fiscal del gobierno. Un ejemplo, entre muchos, es la solicitud del Comité Olímpico de que el gobierno asigne $70 millones para celebrar en Puerto Rico los próximos Juegos Centroamericanos, sin reflexionar sobre el retorno a la inversión que estos juegos han representado en el pasado. También hay falta de un sentido de urgencia entre los funcionarios del gobierno que tienen que implantar los ajustes en las funciones de cada agencia y sobre la necesidad de realizar los cambios organizacionales.

3. Hay aversión al cambio por parte de la sociedad. Hay una elite que mantiene la inmovilidad por los beneficios y ventajas que disfrutan. Esos grupos quieren mantener las cosas como están. Además, las estructuras dentro del gobierno entienden que la agencia es su pertenencia y dificultan el cambio. Cualquier gestión de transformación del gobierno requiere el apoyo de los diferentes sectores de la sociedad, lo cual en Puerto Rico es muy difícil lograr. Cuando es necesario realizar cambios fundamentales, cada grupo de interés se opone a la parte del cambio que le afecta.

4. Las iniciativas de transformación deben originarse en el poder ejecutivo. De todas las estrategias de reorganización, las iniciativas del poder legislativo son las menos exitosas o menos eficientes. Existe mucha competencia entre los miembros del poder legislativo al proteger los intereses de sus constituyentes y grupos de presión. El bipartidismo, y el apoyo o falta de apoyo a sus colegas también en muchas ocasiones impide una reorganización sabia. El poder legislativo se ve forzado a invertir más resolviendo asuntos diarios que afecten a sus constituyentes, lo que les limita el tiempo disponible para la transformación o reestructuración del gobierno. Es por esto que el poder legislativo tiende a preferir recibir las recomendaciones de las comisiones creadas por el Primer Ejecutivo y apoyar aquellas que mejor beneficien a sus constituyentes.

5. En Puerto Rico no han surgido muchas iniciativas de amplia transformación del gobierno. La reorganización del gobierno de 1949, bajo la Comisión Rowe, durante la incumbencia de Luis Muñoz Marín, fue la más profunda hasta ese momento. De hecho, fue una transformación del gobierno. Luego, en el 1993, bajo la incumbencia de un nuevo gobernador, con una nueva visión, Pedro Rosselló, se implantó la Ley de Reorganización Ejecutiva de 1993. Su propuesta constituyó tal vez, el esfuerzo más cercano a una transformación del gobierno, desde la Comisión Rowe y los esfuerzos del Gobernador Tugwell. La reorganización conllevó la consolidación o eliminación de más de 70 organizaciones gubernamentales. Se reorganizó el gobierno en departamentos sombrilla en una estructura jerárquica bajo súper-secretarios que coordinaban la gestión operacional de los componentes bajo su sombrilla. La estructura jerárquica de estos departamentos, no obstante, era incongruente con la aspiración de lograr un gobierno con una organización de carácter más horizontal que facilitara la ejecución más ágil de las operaciones. Durante el cuatrienio del 2009 al 2012 se realizó un nuevo proceso de transformación y achicamiento del gobierno de Puerto Rico, que incluyó cambios importantes a la estructura del gobierno, los más amplios desde la reorganización del 1993. Se consolidaron agencias y se aprobaron varias medidas de carácter financiero dirigidas a reducir la crisis fiscal gubernamental y la degradación del crédito del gobierno de Puerto Rico. Se aprobó legislación para autorizar la creación de alianzas público-privadas para el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios, en un ejercicio implantado por primera vez, de forma institucionalizada. Se desarrollaron programas de transferencia de servicios gubernamentales a entidades comunitarias sin fines de lucro y a entidades de fe afiliadas a organizaciones religiosas. Se implantó un proceso de “downsizing” que representó el despido de 12,505 empleados públicos. La Ley 7 de 2009 sirvió de marco al proceso. El Tribunal Supremo de Puerto Rico validó dicha Ley, declarando en una decisión del 2010 que esta era constitucional en todos los aspectos cubiertos, y basado en que a los empleados se les proveyó el debido proceso de ley.

6. Las mejores prácticas de transformación del gobierno sugieren que se debe desreglamentar totalmente la política de administración de personal. Esta acción persigue capacitar a los gerentes a que puedan cumplir sus misiones, libres del red tape de las normas de personal. Implica que se delegue a las agencias la implementación de las normas en sus niveles más prácticos; dar autoridad a todos los departamentos y agencias a que lleven a cabo sus propios procesos de reclutamiento y revisión de sus puestos y crear un sistema de información de empleos que permita al público acceder en un solo lugar la información sobre todos los empleos disponibles.

7. Se sugiere simplificar los procesos de contratación del gobierno que se implantan a través de la Administración de Servicios Generales (ASG). Se debe reducir la cantidad de procesos que están de más para adquirir bienes y servicios. Aunque se quiere evitar el fraude, hay que atemperar, a un mecanismo ágil la seguridad que se pretende. Se debe aumentar significativamente la delegación de autoridad a las agencias para la compra de tecnología de información, incluyendo hardware, software y servicios. De hecho, se debe eliminar la Administración de Servicios Generales y delegar en las agencias todo el proceso de comprar. Mediante la utilización del E-gov y las recomendaciones del Plan de Reorganización 3-2011 de la Administración de Servicios Generales se puede crear de manera electrónica un sistema de compras moderno para todo el gobierno.

8. Se recomienda eliminar aquellas regulaciones que limitan a los empleados, para lo cual, es necesario revisar las regulaciones existentes y eliminar la proliferación innecesaria e improductiva de reglamentos. Se debe promulgar una directriz para requerir que todas las agencias revisen sus regulaciones internas en un año, con la meta de eliminar el 50% de las mismas; mejorar la coordinación entre agencias para reducir aquellas regulaciones innecesarias, establecer un proceso mediante el cual las agencias puedan obtener más exenciones de las regulaciones y reducir la carga de los informes requeridos periódicamente a las agencias.

9. Es necesario apoderar los gobiernos municipales. Esta medida conlleva prepararlos para que estén más tiempo atendiendo las necesidades de sus clientes, particularmente en los programas de ayudas federales, y que estén menos tiempo dedicados a la burocracia. Como acciones específicas se recomienda: establecer una Junta para supervisar las nuevas iniciativas en el apoderamiento comunitario; promulgar una directriz para limitar el uso de mandatos sin fondos por parte de la Asamblea Legislativa; autorizar a todas las secretarías y directores de agencias a otorgar a los municipios exenciones de regulaciones no esenciales. Esto se puede lograr mediante la agrupación y reorganización de los municipios en consorcios, agrupando varios municipios pequeños alrededor de un municipio de mayor tamaño en recursos para la prestación de servicios, compartiendo los costos entre los componentes del consorcio.

10. Se propone requerir a todas las agencias que adopten una política de “el cliente es primero” y que éstos se encuesten regularmente sobre cómo ven los servicios del gobierno, qué problemas enfrentan, y cómo les gustaría que el servicio se mejorara. Se propone una directriz que requiera que todas las agencias que ofrecen servicios al público creen programas de servicio al cliente para que identifiquen y encuesten a sus clientes, delegando la autoridad para aprobar la encuesta a los departamentos.

11. Se propone poner a competir a las agencias de servicio. Es necesario desmantelar los monopolios del gobierno, incluyendo los que compran bienes y servicios, los que adquieren y mantienen espacios de oficinas y los que imprimen y publican documentos, el servicio de energía eléctrica, la prestación del servicio de acueductos y alcantarillados, la transportación pública, la construcción de infraestructura y la educación primaria y secundaria, entre otros servicios. El servicio en estos casos es deficiente y el propósito es que con la competencia mejoren.

12. Los gobiernos efectivos transforman sus culturas al descentralizar la autoridad. Éstos habilitan los empleados que trabajan más cerca de los clientes para que tomen decisiones y solucionen sus problemas. Es necesario descentralizar el poder de toma de decisiones. En un periodo de dos años, la rama ejecutiva debe descentralizar la toma de decisiones y aumentar el control promedio de un gerente. Hacer que todos los empleados sean auditados por resultados. Todas las agencias deben desarrollar y utilizar objetivos que puedan medirse y reportar resultados; aclarar los objetivos de los programas y crear por escrito acuerdos de desempeño para los directores de los departamentos y agencias. Dar a los empleados las herramientas que necesitan para hacer sus trabajos. Es necesario actualizar el adiestramiento sobre tecnología de información para todos los empleados; crear un sistema coherente de finanzas gerencial, aclarando responsabilidades y subiendo los estándares para los oficiales de finanzas y desarrollar un plan amplio para utilizar al máximo la tecnología de información en todo el gobierno.

13. Los gobiernos efectivos buscan constantemente trabajar mejor y que les cueste menos. Están siempre reexaminando sus procesos para descartar lo obsoleto, eliminar la duplicación y dar fin a los privilegios. Se recomienda otorgar más poderes al ejecutivo de cada agencia para hacer recortes de gastos. Se recomienda requerir a cada agencia que someta un informe de cierre y de consolidación de facilidades que no son indispensables para las operaciones; cerrar y consolidar oficinas de campo; suspender la adquisición de nuevos espacios para oficinas y consolidar programas.

14. Se debe estimular que las agencias recauden fondos para invertir en mejorar la productividad en sus operaciones. Para ello, permitir mayor libertad para determinar cuotas por sus servicios y cómo utilizar los recaudos que reciben por éstos. Otorgarles la flexibilidad de utilizar el dinero que recaudan para invertir en mayor productividad. Permitir que creen fondos de innovación para estimular y premiar internamente la innovación.

15. Resulta útil el desarrollo de planes estratégicos de negocios en las agencias. Si bien hay directrices en ese particular, en la mayoría de las agencias se resume a un documento somero para cumplir con el requisito de la directriz. Se debe requerir de cada agencia la elaboración de un plan estratégico a cinco años, detallado y siguiendo los principios de planificación estratégica. En los procesos de achicamiento de una agencia es un error pensar que el resultado del downsizing es hacer “más pequeña a la organización”. Si no se revisan los fundamentos de la organización, el resultado es que se tiene menos personal haciendo la misma cantidad de trabajo y esa no es la idea. La pregunta que debe contestarse en el proceso es, ¿cómo lucirá la organización dentro de dos o cinco años? Para hacerlo, hay que revisar la misión, los procesos, los resultados y los clientes y eso requiere planificación estratégica.

16. Cuando ocurre un proceso de achicamiento de una agencia, que conlleve reducción de empleados, es necesario, además de la ayuda a los empleados desplazados, estructurar programas de consejería a los empleados retenidos. Se recomienda proveer consejería personal para ayudarlos a ventilar sus sentimientos, reconstruir su autoestima y manejar el estrés. Puede ser consejería cara a cara con un profesional, consejería de pares y consejería grupal. Las últimas dos son las más utilizadas. La experiencia exitosa es cuando se ofrecen conjuntamente ambas consejerías, la personal y la de carrera. Se destaca en las prácticas exitosas el uso de grupos de apoyo en los que los pares se apoyan. En estos clubes se comparten problemas e información y se facilita desarrollar un ambiente de más energía y creatividad entre empleados.

17. La adopción de una estrategia de E-gov puede representar beneficios significativos para las agencias de gobierno en la prestación de servicios. Puede ser útil para mejorar los servicios y reducir los costos y limitaciones presupuestarias. Entre estos beneficios se destacan los siguientes: mejorar la eficiencia en procesar grandes cantidades de datos; mejorar los servicios al tomar conocimiento más adecuado de los requisitos de sus usuarios, permitir a la clientela compartir información e ideas lo que le permite mejorar sus políticas, obtener ganancias en productividad, contribuir a la reforma del gobierno, mediante mejoras a la transparencia, facilitar compartir información y mejorando la confianza entre el gobierno y la ciudadanía. Actualmente el gobierno ha logrado ofrecer servicios a los ciudadanos a través de la digitalización de los procesos. Sin duda, la digitalización ha sido una estrategia costo-eficiente de las operaciones del gobierno. Sin embargo, se está planteando digitalizar las operaciones internas del gobierno para una reestructuración más eficiente y rápida. Esta puede ser una meta para los gobiernos entrantes. Más allá de los servicios al ciudadano, se debe trabajar para la digitalización de las operaciones internas y las comunicaciones intra-agencias. En Puerto Rico, varias agencias gubernamentales han incorporado servicios importantes para los ciudadanos a las transacciones en línea. Por ejemplo, el Departamento de Hacienda inició el servicio de radicación electrónica de las planillas de contribución sobre ingresos de los individuos en Puerto Rico. Varias agencias proveen servicios en línea para solicitar, pagar y obtener certificaciones de cumplimiento con requisitos gubernamentales y para contratación con el gobierno. Para una transformación eficaz del gobierno es necesario expandir el número de servicios en línea, lo cual debe ser una aspiración a completar en un plazo de dos años, por el nuevo gobierno que dirijiráel gobierno a partir del mes de enero de 2021.

18. Se sugiere enfocar la administración del presupuesto a un estilo gerencial de Gerencia por desempeño. Los gobiernos se están moviendo a un estilo de orientación hacia resultados (outcomes) que pone más énfasis en los resultados que tienen mayor importancia para los ciudadanos. Los gobiernos a nivel federal, estatal y local han desarrollado enfoques estratégicos para atar las metas organizacionales a los resultados esperados desde la perspectiva del cliente y en redes de colaboración entre las agencias individuales.

19. Es necesario estimular la competencia y la libertad de elegir en las operaciones gubernamentales. Las organizaciones gubernamentales están adoptando la competencia entre agencias y proveedores privados. La competencia ayudará a estimular la eficiencia y la efectividad en la prestación de servicios.

20. Las organizaciones gubernamentales tienen que responder más rápidamente, de manera más eficiente, para captar las necesidades de servicios y responder a las circunstancias económicas, sociales, tecnológicas y de crisis. Se les requiere que puedan responder cuando surge la necesidad, de inmediato, con rapidez y agilidad. Es necesario mantener un programa continuo de simulacros de emergencias en la prestación de servicios en casos de disloques a la normalidad, sea por desastres naturales, problemas con las redes cibernéticas, motines, conmoción civil o ataques terroristas, entre otras emergencias. El liderato gubernamental debe preguntarse si las agencias del gobierno de Puerto Rico están preparadas para estos eventos.

21. Como parte de la transformación del gobierno es necesario estimular de manera más proactiva la participación ciudadana. Hay una tendencia creciente hacia una mayor participación ciudadana en los asuntos que les afectan. La tecnología está facilitando la creación de foros que viabilizan esta participación en gran escala. Las investigaciones demuestran que cuando la ciudadanía participa directamente en los procesos y decisiones de políticas y programas orientados a servicios, éstos son más exitosos y no son retados con la frecuencia que ocurre cuando no se envuelve a la ciudadanía.

22. El uso de redes de colaboración entre las agencias del gobierno tiene que ser parte de cualquier esfuerzo de transformación del gobierno. El uso de redes de colaboración está aumentando, porque la ciudadanía tiene una mayor expectativa de que el gobierno produzca resultados más rápidos y porque los retos que el gobierno enfrenta son cada vez más complejos, de manera tal que cada agencia, individualmente no puede enfrentar sola la responsabilidad. Estas circunstancias deben estimular a las agencias hacia la mayor colaboración, pero esta colaboración no se dará espontáneamente por los celos habituales entre las agencias, por lo que es necesario crear un sistema de conciliación y coordinación que sea facilitador en el proceso.

23. Es de gran importancia estructurar un plan de descentralización de servicios a nivel local. Los municipios constituyen la unidad de servicios más cercana a la ciudadanía, por lo cual, es necesario apoderarles para viabilizar que las expectativas ciudadanas se satisfagan ágil y eficientemente. Dicho apoderamiento se logrará mediante garantías que le den al municipio protección ante iniciativas de un gobierno central poderoso que le impida cumplir su responsabilidad eficientemente. Esta medida permitirá traspasar poderes a nivel local con potencial de allegar recursos económicos y competencias que se concentran hoy en el centro de poder estatal. Se hará menos costosa la operación gubernamental, se reducirá burocracia y se promoverá el desarrollo económico local. Actualmente, el gobierno central arrastra los pies para otorgar permisos a los proyectos de infraestructura municipales. Hay lentitud en completar las transferencias de fondos que les corresponden. Se les adjudica responsabilidad por el costo de mantenimiento de escuelas públicas y parques que pertenecen al Estado. Se estrangula su capacidad económica y financiera.

24. Es necesario desarrollar un programa de transferencia de servicios a organizaciones comunitarias sin fines de lucro y/o de fe religiosa. Las organizaciones sin fines de lucro, también conocidas como el tercer sector ocupan cada día una posición más importante en la producción de bienes y servicios en la Desempeñan un rol en la solución de problemas sociales, a la vez que hacen una contribución económica.

• En Puerto Rico hay alrededor de 6,000 organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que beneficiaban a unas 800 mil personas y generan sobre 229,000 empleos. La nómina alcanza $2,600 millones. No hemos tenido acceso a datos más recientes al 2020. Al 2017 tenían un ejército de voluntariado de 523,000 personas, que, ajustando la cifra a una representativa de empleos a tiempo completo, representa la aportación de 36,000 empleos.
• Para adelantar la transformación social y económica que Puerto Rico necesita, tenemos que hacer énfasis en la participación de estas entidades en la gestión pública. Para reducir el gasto del gobierno, se puede delegar ciertas funciones a instituciones comunitarias, con mayores asignaciones, que pueden ampliar con recursos propios, a la vez que se reduce la burocracia y se acelera la prostación de ciertos servicios. En las circunstancias presentes de retroceso económico de Puerto Rico, pueden ser partícipes de fondos gubernamentales de servicios a la ciudadanía o de desarrollo económico. De esta manera, a un costo menor a lo que le cuesta al gobierno, contribuirán a sacar a Puerto Rico del hoyo en que ha sido Parte de la transformación del gobierno debe contemplar la descentralización de funciones hacia las entidades sin fines de lucro.

25. La administración que asume el liderato del gobierno el 2 de enero de 2021 (poder ejecutivo, legislativo y municipal) enfrenta siete grandes retos: (1) focalizar en resolver problemas, (2) obtención de resultados, (3) redes de colaboración, (4) acción proactiva, (5) envolvimiento de los ciudadanos, (6) cambio organizacional y (7) consolidación de operaciones, los cuales se resumen a continuación:

• Establecer una agenda de política pública que este focalizada más en los problemas que en las estructuras: Un gobierno que estructure sus agencias a base de los servicios prioritarios que hay que resolver, no basado en las organizaciones existentes.
• Establecer una agenda de acción política y de rendir cuentas de manera que trabaje más sobre la obtención de resultados que en seguir procesos: Un gobierno que requiera niveles de rendimiento de cuentas de los administradores pero que estimule las redes de colaboración gobierno-entidades comunitarias-sector privado.
• Dirigir una administración pública que trabaje de manera más orgánica, más armoniosa, sobre redes de colaboración en lugar de estructuras jerárquicas: Un gobierno que busque la inter-operación entre las agencias. Que vaya más allá de la administración pública tradicional con el establecimiento de procedimientos comunes, estructuras tipo comandos, que operen de manera inter-relacionada, con sistemas de comunicación comunes para sus agencias.
• Establecer un liderato político que se apalanque (leverage) en la acción pro-activa más que en simplemente reaccionar en la toma de decisiones: Un gobierno que utilice las ventajas o fortalezas de los distintos grupos en sus agencias para lograr un efecto multiplicador en cada acción que emprenda.
• Estimular el envolvimiento de la ciudadanía en la agenda de política pública más que en consultas proforma a distancia:
  1. Un gobierno que envuelva a los ciudadanos en la solución de los problemas, juntamente con las agencias y los grupos de interés de manera que pueda satisfacer la demanda por servicios sin aumentar la burocracia administrativa.
  2. Que utilice la tecnología incluyendo los blogs de Internet, el correo electrónico y otros recursos tecnológicos para motivar a la ciudadanía a expresarse y aportar a la solución de los problemas.

• Que aproveche la oportunidad que ofrece la tecnología para transformar la interacción del ciudadano con su gobierno, estimulando un nuevo rol del ciudadano dirigido a repensar su conexión y envolvimiento en el logro del interés público.

• Antes de comenzar el plan de transformación, el gobierno debe determinar en qué área/agencia o departamento un cambio organizacional favorecerá un mejor programa de gobierno logrando una mejor proyección a los constituyentes. Una vez seleccionadas las áreas se debe planificar qué estrategia es más conveniente para lograr culminar una transformación exitosa. Lograr que sea un proceso continuo dentro de las agencias.
• En el momento de proponer una consolidación o reorganización de agencias se deben tener presentes algunos principios básicos:
  1. programas diseñados para lograr objetivos similares deben unirse en una sola agencia,
  2. agencias que cumplan misiones similares deben agruparse en los grandes departamentos para facilitar la cooperación y comunicación entre agencias,

• lograr asignación efectiva de fondos y eliminar la competencia de agencias por fondos,

1. facilitar la respuesta colectiva al liderato político.

26. El modelo de transformación del gobierno, para ser exitoso, debe ser implantado en el primer año del mandato de un nuevo gobierno y debe utilizar como guía los siguientes postulados:

• Transformar las agencias hacia organizaciones motivadas por el conocimiento y el aprendizaje. Las organizaciones que evolucionan hacia estructuras basadas en el dominio del conocimiento se focalizan en construir la capacidad de adaptarse con rapidez a los cambios y atender problemas que se salen de la rutina de servicios y soluciones que atiende la organización. Muchas agencias tradicionales experimentan dificultades para adaptarse a estas nuevas circunstancias. Por lo tanto, crear organizaciones gubernamentales basadas en el conocimiento conlleva crear un nuevo enfoque a la manera de operar el gobierno. Es decir, conlleva un nuevo paradigma.
• Organizaciones capacitadas para actuar con rapidez ante problemas no rutinarios. Muchos problemas críticos no dejan mucho tiempo para reaccionar. Estos problemas críticos pueden representar un costo alto para la ciudadanía en caso de un fracaso en atenderlos de manera apropiada. Además, tienden a ser problemas de naturaleza crítica para la ciudadanía, desde los asuntos de salud pública, la transportación y la seguridad.
• Organizaciones que puedan buscar soluciones no jerárquicas a los problemas. Muchos de los problemas actuales que enfrentan las organizaciones de gobierno requieren de enfoques no jerárquicos para atender la solución al problema. La organización jerárquica está basada en la concentración de poder en la jerarquía. Estos problemas requieren de soluciones basadas en la comunicación y acceso a la información.
• Organizaciones con un liderato enfocado en ejecutar decisiones en lugar de enfocarse en evitarse problemas con los medios de comunicación. La preocupación excesiva por las imputaciones de mal uso de fondos, fraude, caer en incumplimiento de las normas, acusaciones de no seguir los procedimientos e imputaciones de conflictos desenfocan a los ejecutivos gubernamentales. Los medios de comunicación buscan este tipo de imputación más que los logros en niveles de desempeño de los funcionarios públicos. Si las organizaciones mantienen un liderato con miedo a ejecutar acciones para no arriesgar su prestigio la organización no cometerá errores, pero tampoco tendrá logros en la prestación de servicios.
• Organizaciones que focalicen en lograr altos niveles de desempeño. Organizaciones que estén enfocadas más en lograr resultados que en evitar cometer errores. La utilización seria de indicadores de desempeño en las agencias requiere de un esfuerzo de coordinación central de la autoridad presupuestaria en el Ejecutivo y del adiestramiento adecuado a los jefes de agencias en las técnicas para utilizar los indicadores de medición como una herramienta gerencial para el mejoramiento de los programas en la prestación de servicios al ciudadano.
• Organizaciones que aprovechen las ventajas del out-sourcing. La subcontratación puede ser aprovechada para aumentar los niveles de desempeño sin perder el control de la responsabilidad fiscal de los fondos. La subcontratación de ciertos servicios con entidades privadas puede ser una opción más eficiente en ciertos casos donde se necesita una respuesta rápida o mayor flexibilidad en la implantación de un servicio o producción de un bien público a los ciudadanos.

27. Los gobiernos municipales pueden asumir algunas funciones de entidades públicas estatales, tales como la Oficina de Gerencia de Permisos, (antes ARPE), Oficina de Comunidades Especiales, Administración para el Cuido y Desarrollo Integral de la Niñez, Departamento de Educación, Departamento de Recreación y Deportes, Administración de Vivienda Pública y Corporación de Desarrollo Rural, entre otras agencias. Algunos de los proyectos que pueden ser delegados a las regiones incluyen, los siguientes: parques nacionales, iniciativas turísticas, proyectos de Infraestructura del DTOP, protección de cuencas hidrográficas y de energía renovable, entre otros.

28. Hay varios elementos esenciales que debe tener un sistema educativo de alto nivel de desempeño para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de destrezas para competir de manera exitosa en la economía global, los cuales no fomenta el Departamento de Educación, por lo que es necesario transformarlo y descentralizar sus operaciones. Entre estos se destacan las siguientes:

• visión de largo plazo, liderato sostenido, estándares ambiciosos, maestros de alta calidad y liderato en las escuelas.
• También incluye el alineamiento y coherencia entre currículo y estándares;
• uso efectivo de los recursos;
• motivación y compromiso de los estudiantes y orientación global y de pensamiento hacia el futuro.

El sistema educativo público de Puerto Rico carece de la mayoría de esos elementos. Las experiencias de otros países, reflejadas en las investigaciones realizadas por la OECD pueden ser de gran utilidad. Dichas investigaciones sugieren que, como primer paso, se necesita descentralizar el sistema educativo, de manera que quien responda a los votantes por la escuela pública del barrio no sea el gobernador, sino una junta escolar electa o el alcalde. El Departamento de Educación debe proveer los lineamientos de currículos y estándares que sirvan de guía y dejar la ejecución al nivel local.

Se debe explorar romper el actual sistema de “single district” escolar en ocho (8) distritos educativos alineados a los distritos senatoriales. Otra opción puede ser estructurar cinco (5) distritos, alineados a las 5 regiones de desarrollo económico estructuradas actualmente, a saber: Norte-Central, Noroeste, Suroeste, Sureste y Noreste.

29. Los forjadores de política pública deben mirar al futuro, a la ciencia y la tecnología, para crear la infraestructura necesaria que permita estimular el desarrollo económico para la economía global. Un nuevo gobierno debe enfocar entre sus prioridades la creación de un Departamento de Ciencia y Tecnología que promueva la investigación y desarrollo, la creación de parques tecnológicos y aceleradoras e incubadoras de empresas, como medio de establecer una nueva punta de lanza para el desarrollo económico.

30. El Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico, en su estructura actual no ha tenido éxito en los últimos años en sus esfuerzos de promoción del desarrollo económico, en parte, debido a que no ha cambiado de paradigma y continúa operando bajo los principios tradicionales de promoción del desarrollo económico de décadas atrás. Es necesario transformarlo con enfoques nuevos. En la actualidad otras jurisdicciones dentro de los Estados Unidos y a nivel internacional han cambiado de paradigma en su conceptualización de la promoción del desarrollo económico hacia entidades basadas en networks de colaboración y más horizontales en su estructura. Un ejemplo adecuado para Puerto Rico es el caso del Estado de Florida – USA. Otras jurisdicciones como Chile han estructurado modelos parecidos. En el 1996, tras una crisis en la promoción industrial y estancamiento del desarrollo económico, Florida eliminó el Departamento de Industria y Comercio, que tenía 100 puestos de trabajo y creó una organización sin fines de lucro en una alianza público-privada conocida como Enterprise Florida. Por su parte, Chile, en el 1976 creó la Fundación Chile, un fideicomiso privado sin fines de lucro, al que asignaron $50 millones, para promover la transferencia de tecnología y el desarrollo de nuevas industrias. Importaron tecnología para producir salmón y hoy el país es un importante exportador de ese producto. Hicieron algo parecido con la producción de frutas. Han impulsado la economía como una de las más prósperas de América Latina. En Puerto Rico, podemos aprender de la experiencia de Florida con Enterprise Florida y la de Chile, con fundación Chile.

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Hace unos días, un amigo no estadista y que cree incorrectamente que tengo que ver con todo lo que hace el movimiento estadista, me increpó que la campaña publicitaria estadista “La colonia te mata/Vota Estadidad” era una exageración.  Esa crítica a una campaña a favor de mi ideología me dejó pensando si la colonia verdaderamente “mata”.

Desde hace unos 3 años, cuando cumplí sesenta años, empecé a mirar más de cerca los riesgos que uno empieza a enfrentar con el pasar de los años.  Uno de esos riesgos lo constituye el lugar dónde uno vive.  En Puerto Rico, uno cuenta con muy talentosos médicos, enfermeras y otros proveedores de servicios de salud.  Sin     embargo, hay que preguntarse qué acceso tiene uno a esos profesionales.  En una situación que no sea de emergencia, el acceso lo determina los sistemas de seguros de salud que el paciente tenga al alcance.  Ese alcance lo determinan factores financieros.

Una persona que trabaja y tiene ingresos que lo sacan del nivel de pobreza, tiene acceso, con su poder adquisitivo y el de su patrono, a seguros de salud privado.  En cambio, un desempleado o con ingresos devengados bajo el nivel de pobreza, dependería del programa federal de Medicaid.  Desafortunadamente, vivimos en la colonia, donde se define “pobreza” de una manera distinta a los estados que constituyen el resto del país.

Nacionalmente, el nivel de pobreza se fija en alrededor de $25 mil para una familia de cuatro—la idílica unidad de papá, mamá y dos hijos.  Sin embargo, en la colonia de Puerto Rico, el nivel de pobreza se ha fijado a un nivel mucho menor.  En el caso del Medicaid boricua se ha fijado en alrededor de $12,000 y el límite para recibir el Seguro de salud público, originalmente apodado “la tarjetita de salud” y hoy llamado Plan Vital, es 138% de esa cifra.  Eso es para que rindan los cerca de $400 millones que el Congreso envía a la colonia, en vez de los más de $2,000 millones que enviaría al estado de Puerto Rico.  El programa de Medicaid federal financia 17 servicios distintos.  En la colonia discriminada solo financia 10.

Entre los 7 servicios no disponibles en nuestra colonia están los servicios de emergencia para extranjeros, el servicio de transportación para servicios que no son de emergencia (en una jurisdicción que no provee transporte público en la gran mayoría de sus municipios) y el servicio de enfermería en el hogar.  Si tu vida depende en parte de esos servicios, aun teniendo Medicaid, o eres extranjero, documentado o no, la colonia deja que te mueras.

Si ganas menos de los $25,000 del nivel de pobreza federal, pero más del límite para cualificar para el Plan Vital, la colonia te deja sin seguro médico.  En efecto, en términos de tener acceso a servicios de salud para los cientos de miles cuyos ingresos están entre el nivel de pobreza federal y el de pobreza colonial, la colonia deja que te mueras.

Si, en cambio, tienes más de 65 años, edad que alcanzaré en apenas año y medio, la cosa cambia.  El programa federal de Medicaid es para pacientes con ingresos bajos.  El programa federal de Medicare, en cambio, provee acceso a servicios de salud a mayores de 65 años, irrespectivo de su ingreso, pero aquí paga a los hospitales, médicos y otros proveedores sustancialmente menos que en un estado.  Si, además de alcanzar 65 años, la persona tiene ingresos bajos, en los estados tendrá derecho a beneficiarse del Supplemental Security Income (SSI), que le provee hasta $783 de ingreso suplementario mensual, o $9,396 anuales.  El SSI, desafortunadamente, no se ha extendido acá, así que no solo la colonia deja que te mueras, ¡sino que te mueras pela’o!

En caso de emergencia, el acceso a servicios médicos depende de un sistema de ambulancias que te lleve rápido a una sala de emergencia.  No importa cuán sofisticado sea esa sala y su personal, si el paciente llega “Dead on Arrival” o DOA, ¡de nada vale!  En 1993 fui autor de la ley del Sistema del 911, luego del cual se fue reduciendo la espera promedio por una ambulancia.  Sin embargo, entre el gobernador García Padilla, que sacó fondos 911 para cuadrar un presupuesto, y los pagos reducidos aquí para el uso de ambulancias, las posibilidades de morir esperando una ambulancia son mayores en Puerto Rico que en un estado.  La colonia te deja morir esperando.

Basado estrictamente en las limitaciones del Medicaid en nuestra colonia, en la no aplicabilidad aquí de 7 de los 17 servicios que ofrece a nivel nacional, y la inexistencia del SSI en Puerto Rico, definitivamente podemos concluir que “La Colonia te Mata”, como señala la campaña del “Sí a la Estadidad”.

[1] Ex – Secretario de Estado. Publicado en El Vocero. Reproducido con permiso del autor.

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Problemas que enfrentan los enumeradores del Censo

Los enumeradores del Censo enfrentan varios problemas que harán extremadamente difícil un conteo razonable de la población de Puerto Rico. Es indispensable la intervención de parte de las agencias del gobierno, los asesores de la gobernadora en La Fortaleza, los legisladores y los alcaldes y alcaldesas para que se realice un llamado directo a la población que se beneficia de los programas de fondos federales. Al 20 de agosto, según la información que nos ha llegado de funcionarios del Censo 2020, solamente el 31% de las unidades de vivienda han llenado el formulario del Censo. La hora cero es el 30 de septiembre. Entre los problemas que enfrentan los enumeradores del Censo, se destacan los siguientes:

1. La población que depende de asistencia económica del gobierno piensa erróneamente que, si ofrecen información al Censo, se perjudicarán porque les reducirán dicha asistencia.
2. Las oficinas del Censo a nivel nacional han dependido por primera vez demasiado en la tecnología para que la población llene el formulario por internet, pero en Puerto Rico, el rezago de acceso y dominio de la internet es mayor que en otros estados. La población de las áreas rurales, o no tiene acceso a internet o no se siente cómoda con su uso, o no entienden el formulario del Censo, particularmente la población de mayor edad.
3. Los terremotos de enero de este año y la pandemia del COVID-19 desde marzo pasado al presente han provocado un retraso enorme en la labor de los enumeradores del Censo para visitar las comunidades.
4. El equipo gerencial del Censo en Puerto Rico tiene dificultades en lograr reclutar personal. Es irónico que, en Puerto Rico con una tasa de desempleo alta, no hay suficientes personas dispuestas a trabajar para el Censo que paga a $15.00 la hora por un promedio de 30 horas semanales. Ese salario representa $450 semanales. Pero el programa especial de desempleo tras los incentivos por el COVID-19 le paga en promedio $800 semanales a los que se reportan desempleados, $200 del programa local en promedio y $600 del gobierno federal. Si el desempleado recibe $800 semanales quedándose en casa, no tiene incentivo para trabajar en el Censo por $450.
5. Los enumeradores del Censo enfrentan dificultad para lograr acceso a muchas urbanizaciones con acceso controlado, cuyos guardias de seguridad en muchos casos, aparentemente le niegan el acceso y las asociaciones de residentes parece ser que no les preocupa.

Nuestra recomendación

A nuestro juicio hay una alternativa para aumentar el nivel de respuesta sola manera:

1. Que en cada pago o notificación de beneficios de fondos federales que se envié por correo en lo que resta de agosto y hasta el 30 de septiembre a beneficiarios de programas federales programas se incluya una nota (flier) o nota a pie de página que indique la importancia de que llene el formulario del Censo para que dicha persona continúe recibiendo beneficios similares o equivalentes, conforme cualifique después de 2021 y no se afecte la cantidad de asistencia como resultado de un conteo de población inferior al real. Los funcionarios del Censo en Puerto Rico pueden proveer los volantes de manera impresa o electrónica. Entre las agencias clave se encuentran:
   1. Departamento de la Familia
   2. Departamento de la Vivienda
   3. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
   4. Autoridad de Energía Eléctrica
   5. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
2. Que se movilicen los alcaldes y asignen personal municipal a visitar sus comunidades rurales, barriadas y urbanizaciones. Si los alcaldes se movilizan ahora, para visitar las comunidades rurales de sus pueblos a exhortar a la ciudadanía a llenar el formulario del Censo, eso puede hacer una diferencia importante. Cada alcalde puede convocar a la población a acudir a uno o varios centros comunales de su municipio en una fecha y hora en particular y coordinar con los funcionarios del Censo para que envíen grupos de enumeradores a esa reunión con los vecinos a llenar de manera electrónica el formulario del Censo. Se puede hacer tomando las debidas precauciones para protegerse de contagio del COVID-19. El alcalde moviliza a la población y los funcionarios del Censo movilizan a los enumeradores.

El Instituto de Estadísticas ha estado colaborando con los funcionarios del Censo durante los pasados dos años, adiestrando personal, coordinando con funcionarios municipales y otros grupos apoyo y aun así, la ciudadanía y los funcionarios responsables de este esfuerzo al nivel estatal y municipal no se han movilizado como es necesario.

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1. El estatus territorial permite la discriminación contra los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Se concluye que un territorio, bajo la Constitución y las leyes de Estados Unidos es simplemente un pedazo de tierra que pertenece a los Estados Unidos y sobre el que el Congreso puede disponer cuando y como quiera. No es un Estado ni es un país. Un territorio no tiene los derechos de un Estado, ni los poderes de una nación, ni tiene soberanía. Es solamente una posesión de Estados Unidos. Es una relación que no encaja en el modelo moderno de gobierno americano. No representa el patrón de democracia y libertad americana. El Departamento de Justicia Federal entiende que esa alternativa de organización política debe aparecer en un plebiscito, en un intento de perpetuar la situación colonial de Puerto Rico. Pero aun cuando los electores americanos residentes de Puerto Rico votaran a su favor como estatus territorial, su permanencia no representa un status válido, ni constitucionalmente, ni desde la perspectiva moral ni desde los principios democráticos bajo los cuales se fundó la nación americana.

2. El costo económico de la estadidad nunca ha sido un criterio utilizado por el Congreso para otorgar la estadidad a un territorio; ni la admisión de un nuevo Estado ha significado la ruina económica de dicho Estado. Tampoco el nivel de desarrollo o subdesarrollo alcanzado como territorio, ni el nivel de pobreza o la cantidad de recursos naturales ha sido argumento para impedir la admisión de un nuevo Estado. Tampoco la distancia en millas del territorio continental de los Estados Unidos continentales ha sido un argumento válido. Para los padres fundadores de la Federación de Estados Unidos de América, la admisión de territorios como parte de la Unión era un asunto de moral, igualdad y postulados básicos de la Revolución Americana. Esos postulados continúan vigentes.

3. El Plan Tennessee es el nombre que se ha dado a la estrategia seguida por ese Estado forzar su admisión a la Unión de los Estados Unidos de América. El Territorio de Tennessee fue el primero en usar dicho método, pero luego lo utilizaron otros, incluyendo a Michigan, Iowa, California, Oregón, Kansas, Alaska y Hawaii. El Plan consiste en varias etapas en un marco legal, lejos de mero proselitismo partidista. El proceso se desarrolla más o menos de la siguiente manera. 1) El territorio solicita la estadidad y el Congreso no actúa. 2) Los residentes del territorio eligen delegados para redactar una constitución bajo los parámetros de los requisitos de admisión, sin previa intervención ni autorización congresional y ratifican dicha nueva constitución. 3) Se realiza una elección u otro proceso alterno para elegir dos senadores y un número de representantes (en el caso de Puerto Rico se ha estimado en cinco). 4) Se envía la delegación a Washington a residir allá, cabildear por los pasillos del Congreso y votar simbólicamente fuera del hemiciclo para ilustrar como hubiese cambiado una votación si su voto fuera válido. 5) Finalmente, el Congreso se ve forzado, por fuerza moral, presión política y cabildeo a aprobar una ley habilitadora para la admisión, con cláusulas para la transición del nuevo Estado.

4. Con la libre asociación o la independencia no hay ciudadanía americana. Con el estatus territorial dicha ciudadanía es estatutaria por ley del Congreso y puede ser revocada si el Congreso decidiera revocar dicha ley. En conclusión, solo bajo la estadidad estaría garantizada la ciudadanía.

5. Puerto Rico es una economía de tipo insular, que requiere planificación y estrategias apropiadas de ese tipo de economía. Bajo la república de Puerto Rico esas vulnerabilidades típicas de las economías insulares representan un agravante mayor. La planificación económica local no toma en consideración, generalmente, esas características, que exhiben una alta vulnerabilidad, que se agrava con la opción de la independencia y afectaría la viabilidad exitosa de la economía de la república, al romper los lazos de integración a la economía continental de los Estados Unidos.

6. El análisis del impacto económico de la estadidad debe partir de la premisa de que serán necesarias ciertas medidas de ajuste económico y que el Congreso tradicionalmente ha concedido dichas medidas de ajuste y que estará en disposición de concederlas como parte del proceso de admisión de Puerto Rico como Estado. El Congreso no está obligado constitucionalmente, ni ha sido un patrón, que deba tratar a todos los territorios que solicitan la admisión, de la misma manera, sino que en cada caso ha tomado en consideración las particularidades de cada territorio en cuanto a sus necesidades de ajuste, considerando su situación geográfica, grado de desarrollo económico, sus problemas fiscales particulares y otras condiciones.

7. Si Puerto Rico se hubiese convertido en un Estado en el pasado cuatrienio, comparado con otros de igual población, los fondos para el desarrollo económico hubiesen sido considerablemente mayores a lo recibido actualmente. Esos recursos, bien administrados, representarían un nivel de desarrollo económico sostenido, estabilidad, mejor distribución del ingreso y calidad de vida. El balance neto de nuevos ingresos representaría una significativa redistribución del ingreso en favor de las familias de menos ingresos con un gran impacto de justicia social para los más pobres. Como consecuencia de la admisión de Puerto Rico como Estado habrá un incremento de flujo de transferencias federales hacia las familias de ingresos más bajos. Mientras las familias de ingresos más altos, particularmente el 5% de contribuyentes en las escalas más altas o los denominados más ricos, y las corporaciones multinacionales operando en Puerto Rico tendrán un impacto en sus ingresos como resultado de la restructuración del sistema contributivo, incluyendo medidas de fiscalización de los recaudos más eficientes. Como resultado final se reflejará una redistribución del ingreso hacia las de ingresos más bajos.

8. La estadidad representa un abanico de oportunidades para reducir la pobreza y mejorar el nivel de ingreso familiar. Un estudio del PEW Research Center del 2015 compara el nivel de ingresos de los puertorriqueños en Puerto Rico y puertorriqueños que viven en alguno de los Estados, pero que nacieron en Puerto Rico y luego emigraron. Las conclusiones del estudio reflejan que mientras la mediana de ingreso familiar para los puertorriqueños que residen en la isla es de $18,626, para los puertorriqueños que nacieron en la isla, pero viven en uno de los Estados, dicha mediana es de $47,000. Mientras el porciento de niños bajo el nivel de pobreza en la isla es de 58%, para los niños hijos de los que se mudaron a un estado es de 45%.

9. Los residentes de Puerto Rico actualmente pagan impuestos federales por varios conceptos, incluyendo el impuesto al seguro social, medicare e impuestos por la nómina para seguro por desempleo. Los empleados federales en Puerto Rico también pagan contribuciones federales y aquellas personas que reciben ingresos pasivos por inversiones de fuentes de origen en Estados Unidos también. Si usted posee activos en fondos de inversión de Estados Unidos, que paguen dividendos y ganancias de capital, aunque sean reinvertidos en dicho fondo, usted tendrá que radicar una planilla de contribución sobre ingresos al gobierno federal y pagar impuestos por dichos ingresos. El señalamiento de que el estatus del ELA hace a los residentes de Puerto Rico inmunes al pago de impuestos federales es un mito.

10. La carga impositiva del pago de impuestos en Puerto Rico no lo es los impuestos federales, sino los impuestos estatales. El gobierno estatal impone tasas contributivas altas y variedad de impuestos. Las tasas contributivas del impuesto sobre ingresos estatal son de las más altas de Estados Unidos. El impuesto a las ventas (“sales tax”) es el más alto de todos los estados. La mediana del impuesto a las ventas en los estados es de 4% a 6.9% que incluye a 42 estados. Hay 5 estados que no imponen un “sales tax”. En Puerto Rico la tasa de dicho impuesto al nivel estatal es de 11.5% incluyendo 1.5% para los municipios.
11. Bajo el sistema de impuestos federales la mayoría de los puertorriqueños no pagará impuestos sobre ingresos personales. Una familia de 3 miembros, con ingresos de $30,000 anuales pagaría $530 de impuestos federales sobre ingresos. Las familias de ingresos más bajos (los denominados más vulnerables) en lugar de pagar impuestos federales recibirán un cheque en crédito por su nivel de ingresos bajos, conocido como el “income tax credit”, cuyo monto dependerá de varios criterios en su situación particular, definidos en el Código de Rentas Internas federal.

12. Con el advenimiento de la estadidad, habrá nuevas aportaciones del gobierno federal para transferencias a las personas y para programas de infraestructura y desarrollo económico, así como el mejoramiento en la eficiencia en la prestación de servicios gubernamentales. Como resultado, las tasas contributivas de la contribución sobre ingresos de las personas al nivel estatal pueden ser reducidas, al contar el gobierno estatal con más recursos, así como la ampliación de servicios a la ciudadanía que absorberá el gobierno federal. La mejoría en la actividad económica que surgirá con la admisión de Puerto Rico como Estado, representará, a su vez, más recaudos al gobierno estatal, lo que brindará una oportunidad adicional para reducir las tasas de contribución sobre ingresos. Puerto Rico podrá restructurar todo su sistema de impuestos para armonizarlo con el de los demás estados.

13. Conforme estudios realizados por la organización Tax Foundation de Estados Unidos, la mayoría de los Estados reciben más ingresos del gobierno federal que lo que aportan en contribución sobre ingresos. Un estudio relativamente reciente demostró que 34 estados recibían más en aportaciones federales que lo que contribuían en contribución sobre ingresos. Considerando que el ingreso familiar promedio en Puerto Rico es el menor de todos los estados, Puerto Rico resultaría, en términos porcentuales, probablemente el Estado más beneficiado de la repartición del fondo presupuestario federal. Parte de las aportaciones federales son como resultado de los contratos otorgados para proyectos de infraestructura y desarrollo económico, las cuales se ha demostrado, que son mayores en Estados que tienen una delegación congresional fuerte e influyente. Por razones demográficas de tamaño de la población, Puerto Rico tendría una delegación de cinco congresistas y dos senadores, con influencia para negociar en el Congreso. El empuje de esa delegación será otro factor de importancia para influenciar la participación de Puerto Rico en la repartición de asignaciones para los estados.

14. El impacto mayor de las contribuciones sobre ingresos bajo la estadidad recaerá sobre las corporaciones multinacionales, radicadas en Puerto Rico que ahora pagan solamente 4% al nivel estatal y lo reclaman como un crédito en sus obligaciones contributivas al nivel federal. En Puerto Rico el estatus territorial denominado ELA, bajo el cual el gobierno estatal les ha otorgado privilegios contributivos a las grandes corporaciones, ha resultado en detrimento de los residentes de Puerto Rico y ha sido responsable de que Puerto Rico no se integre a la economía nacional estadounidense. Bajo la estadidad, sin embargo, la carga contributiva será redistribuida de una manera más racional.

15. Tradicionalmente se ha utilizado el argumento de que la exención contributiva a las corporaciones multinacionales ha sido el factor predominante en el desarrollo económico de Puerto Rico. Sin embargo, estudios recientes demuestran que dicha exención contributiva no ha sido el criterio fundamental para la inversión de impacto en el crecimiento económico como se ha señalado. La política de exención de impuestos a las corporaciones le ha hecho un grave daño a Puerto Rico en su capacidad fiscal y ha sido un impedimento a la integración económica y política de Puerto Rico a la economía nacional de Estados Unidos. El impacto sobre la tributación de las corporaciones estaría concentrado en un grupo pequeño de grandes corporaciones multinacionales, para las cuales se necesitaría un plan de transición paulatino que facilite su integración al sistema contributivo federal, sin mayores ajustes inmediatos que pongan en riesgo su viabilidad.

16. El argumento de que la separación geográfica de Puerto Rico, del continente (mainland) de los Estados Unidos, al no ser un territorio contiguo, es una dificultad para la estadidad es incorrecto. La admisión de Alaska y Hawaii como estados en el 1959 destruyó ese mito. Además, la revolución tecnológica de internet y las demás comunicaciones ocurrida en las últimas dos décadas han demostrado que el argumento de la separación geográfica es errado. El desarrollo de las redes sociales reduce significativamente la separación geográfica desde la perspectiva de la comunicación personal, familiar, de negocios y entre gobiernos regionales, estatales y el propio gobierno federal, tanto en la economía doméstica como internacional.

17. Si Puerto Rico elige ser una república independiente, la ciudadanía americana para los nacidos y vivos al momento de otorgarse la independencia dejará de existir conforme decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos y análisis realizados para comités congresionales, según el principio de derecho internacional que establece que la ciudadanía sigue a la nacionalidad. Entonces, aplicaría la ciudadanía de la nueva nación. Los ciudadanos americanos que quieran conservar esa ciudadanía tendrían que abandonar el país y reubicarse en uno de los Estados de Estados Unidos. Tendrían que mantener pasaporte americano y pasaporte de Puerto Rico para poder viajar a la república a atender asuntos familiares y de negocios sujeto a las reglas de migración de la nueva república. Sería discreción del Congreso de Estados Unidos permitir que los residentes de Puerto Rico pudieran retener el pasaporte americano. Si el Congreso no lo permite, ese evento provocaría una mayor emigración masiva de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. Además, la incertidumbre creada por la transición hacia la independencia generaría una fuga masiva de capital local hacia Estados Unidos u otras jurisdicciones.

18. La independencia conllevará la eliminación de las agencias federales en Puerto Rico, la eliminación de su aportación en la prestación de servicios importantes que deberán ser absorbidos por el gobierno de la república y la eliminación de los empleados públicos que trabajan para dichas agencias. Dichos empleados tendrán que decidir si desean ser relocalizados en otros estados, de serles ofrecida esa alternativa por el gobierno federal. El gobierno de la república tendría que absorber esos servicios, sin tener los recursos para ello. Bajo la república independiente el sistema estadounidense de protección de derechos civiles, procesamiento criminal y protección ambiental dejará de funcionar. Se elimina el concepto de la Corte Federal, que la mayoría del pueblo favorece, por confiar más en la justicia de dicho instrumento federal que en la justicia local. Los fondos para programas de salud, educación, bienestar social e infraestructura, particularmente carreteras y transportación colectiva, entre otros, dejarán de ingresar a las arcas del gobierno.

19. En la opción de la república asociada o independiente la falta de recursos del gobierno y la incertidumbre, provocarán una severa limitación adicional al crédito. La república podría acudir al Fondo Monetario Internacional, pero difícilmente obtendría financiamiento bajo términos más liberales que lo concedido bajo la estadidad. La incapacidad de emitir nueva deuda será por un periodo incierto, mayor a la situación actual bajo el gobierno territorial y pondrá mayores restricciones al gobierno de la república. El capital extranjero no estará protegido por las leyes federales de Estados Unidos, generando incertidumbre adicional. Por tanto, habrá mayor fuga de capital.

20. La situación en Puerto Rico está madura para una decisión. La decisión de los electores debe basarse en datos económicos e información sólida, principios políticos y morales de igualdad y no en los mitos sobre el costo económico de la estadidad, que han sobrevivido más un siglo de coloniaje americano. La otra opción es que el pueblo quiera continuar la relación actual del status territorial, de inferioridad política, con las consecuencias devastadoras que actualmente tiene para el desarrollo económico y social de Puerto Rico y que el Congreso lo acepte así, en violación de las normas del derecho internacional.

Parafraseando a Martin Luther King, los defensores de la estadidad deben amarrarse a una verdad: Que todos los hombres y mujeres son creados iguales; que los vientos de tormenta de la revuelta estadista deben continuar hasta sacudir los cimientos de nuestra nación, hasta que emerja el día brillante de la justicia. Los estadistas deben marchar y hacer un juramento de luchar hacia adelante, sin virar atrás, porque, como Martin Luther King, “rehusamos creer que el banco de la justicia esté en quiebra…”

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La estadidad les pertenece a ellos. No le pertenece al Partido Nuevo Progresista ni a líderes de dicho partido que utilizan el estandarte de la estadidad cada cuatro (4) años cuando se acerca el periodo electoral, para aglutinar las fuerzas estadistas y llevarlas a votar a su favor. La estadidad, por ser una lucha de derechos civiles e igualdad política hay que pelearla como se pelea la independencia. Hay que lucharla allá, frente al americano de allá, porque es allá que se decide por el Congreso. Acá, en Puerto Rico, el pueblo ya ha votado en más de una ocasión a favor de la estadidad. Hay que continuar votando, pero hay que presionar al Congreso. Ni siquiera es el presidente quien otorga la estadidad. Un presidente puede vetar una ley de admisión, pero el Congreso puede pasar por encima del veto del Presidente de Estados Unidos. La Ley de Derechos Civiles para la igualdad de los afroamericanos no se logró votando en cada Estado. Se logró por la presión al Congreso bajo el liderato de Martin Luther King, que entregó su vida luchando por esa causa. Los defensores de la igualdad política para Puerto Rico reusamos pensar, como dijo King en su memorable discurso frente al Capitolio federal en Washington DC, que “los torbellinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el brillante día de la justicia. No podemos caminar solos. Y mientras caminamos, debemos hacer la promesa de que marcharemos hacia adelante. No podemos dar marcha atrás. Nos negamos a creer que el banco de la justicia esté en bancarrota”.

El esfuerzo de educación y presión al Congreso de Estados Unidos puede ser implantado mediante una serie de acciones y eventos, parte de los cuales se describen a continuación, desde nuestra perspectiva, a manera de un itinerario esquemático modelo.

Si a la fecha de las elecciones generales del 2024 el Congreso no ha aprobado una ley de admisión de Puerto Rico como el estado 51 o 52, de la Unión, será necesario iniciar el periodo del 2025 al 2028 con mayor ímpetu en una escalada de la educación al Congreso, los medios de comunicación y grupos de influencia a nivel nacional mediante todos los medios legales y pacíficos disponibles y actos de desobediencia civil para alcanzar la descolonización en el periodo de 2025 o el 2028.

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En reconocimiento a la situación de retraso o crisis económica de los territorios al ser admitidos como Estados, el Congreso ha otorgado incentivos como ayuda para su ajuste económico, tales como:

1. La concesión de tierras bajo control del Gobierno Federal: En los casos de Texas y California, el Congreso les otorgó la mayoría de las tierras del territorio para ser administradas por el nuevo Estado. Los territorios de Utah, Oklahoma, New México y Arizona recibieron más de un millón de acres de tierras del Gobierno Federal. Alaska recibió más de 100 millones de acres de tierras que estaban bajo control del Gobierno Federal.

2. Transferencia de recursos naturales bajo control federal: Alaska y Texas son dos ejemplos de transferencia de recursos naturales al nuevo Estado, en tierras que estaban bajo control del Gobierno Federal.

3. Extensión de jurisdicción marítima: En los casos de Texas y Florida, a modo de ejemplo, el Congreso reconoció una jurisdicción marítima extendida, más allá de las tres millas usualmente reconocidas a los Estados. En el caso de Puerto Rico el Congreso puede reconocer las 200 millas que Puerto Rico ha reclamado en el pasado.

4. Exención parcial e implantación gradual de impuestos federales: Esta concesión de ajuste y transición económica fue utilizada en los casos de Alaska y Hawaii y se implantó mediante una enmienda al Código de Rentas Internas Federal que permitió una exención parcial de ciertos impuestos federales sobre transportación aérea, en consideración a la distancia de ambos territorios del territorio continental.

5. Ayuda monetaria especial y asignaciones en bloque para determinados programas de ajuste económico: Es un mecanismo de transición utilizado por el Congreso consistente de asignaciones especiales dirigidas a usos específicos (earmarked), para propósitos de atender ciertas necesidades particulares del nuevo Estado. A Alaska se le concedió el 90% de las ganancias de la operación de minas existentes en tierras controladas por el Gobierno Federal. A Oklahoma, en 1907, como parte del proceso de admisión como estado, el Congreso le otorgó $5, 000,000.00 para mejorar su sistema de escuelas públicas. Esa suma, en el 2017, representaría $375 millones considerando una tasa de inflación histórica de 4%. En el caso de Alaska, en el 1960 el Congreso autorizó una asignación en bloque de $28.6 millones para prioridades del nuevo Estado, sin condicionar dicha asignación a algún propósito específico. Esa suma de dinero de 1960, a precios de 2017 representaría aproximadamente $257 millones. En el caso de Hawaii le asignó $6 millones para desarrollar un colegio de agricultura y artes mecánicas. Esa suma a precios de 2017 representaría aproximadamente $54 millones.

6. Trato especial en disposiciones estatutarias: El Congreso tiene la potestad de eximir al nuevo Estado de las disposiciones de ciertas leyes que aplican a todos los Estados. En el caso de Alaska, el Congreso le eximió de las disposiciones de la Sección 883 de la Ley de Marina Mercante de 1920, conocida como la Ley Jones, que dispone que toda la transportación de bienes entre puertos de la Nación debe ser en barcos de matrícula estadounidense. Mediante este trato preferencial la transportación de mercaderías entre los puertos de Alaska y el resto de la Nación puede ser realizada en barcos de matrícula extranjera, si así le conviene al Estado en condiciones de costo y rapidez de entrega y eficiencia del servicio, según lo considere apropiado el usuario. Puerto Rico no ha conseguido ese trato especial bajo el estatus territorial, pero lo podría conseguir como parte del Acta de Admisión como Estado.

7. Relevar al territorio de parte de su deuda pública: Aunque no existe un precedente documentado de la utilización de este mecanismo como medida de transición, el Congreso tiene la potestad de conceder una suma de dinero para asumir parte de la deuda pública del territorio, como mecanismo para aliviar la carga de los compromisos fiscales del nuevo Estado.

Un periodo de transición

El análisis del impacto económico de la estadidad debe partir de la premisa de que serán necesarias ciertas medidas de ajuste económico y que el Congreso tradicionalmente ha concedido dichas medidas de ajuste y que estará en disposición de concederlas como parte del proceso de admisión de Puerto Rico como Estado. El Congreso no está obligado constitucionalmente, ni ha sido un patrón, que deba tratar a todos los territorios que solicitan la admisión, de la misma manera, sino que en cada caso ha tomado en consideración las particularidades de cada territorio en cuanto a sus necesidades de ajuste, considerando su situación geográfica, grado de desarrollo económico, sus problemas fiscales particulares y otras condiciones.

El reclamo de los estadistas sobre la necesidad de conceder un periodo de transición económica de 10 años para la admisión como Estado, es un proceso que se ha concedido a los territorios que han sido admitidos en el pasado. Esa transición también ha sido reclamada por los defensores de la independencia de Puerto Rico, como transición a dicho estatus político. También lo han reclamado los defensores del ELA para un tratado de libre asociación o república asociada.

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Los opositores a la estadidad argumentan, además, que Puerto Rico no llena los criterios o guías para su admisión como Estado en términos de su potencial de desarrollo; que la aportación al Tesoro Federal es un criterio tradicional para la admisión de un nuevo Estado; que la Unión es un club al que solo entran los territorios ricos; que Puerto Rico estará condenado a ser un territorio eternamente y se le negará la admisión como Estado, porque no tiene el nivel de riqueza que tienen los estados; que no habrá medidas de transición hacia la estadidad y que de ser admitido sería con plenas responsabilidades fiscales inmediatas; que la estadidad representaría la dependencia masiva de programas de bienestar social; que la estadidad encerraría a Puerto Rico en una camisa de fuerza a la que le sería imposible ajustarse; y que el Pueblo de Puerto Rico no podría mejorar su estándar de vida bajo la estadidad.

También han argumentado que la estadidad le quitaría a Puerto Rico la supuesta autonomía fiscal y exención de impuestos federales, provocando una fuga masiva de capital y recursos humanos; que provocaría aumentos en impuestos federales e impuestos a la propiedad provocando la eliminación de servicios esenciales por falta de recursos en el gobierno estatal;  que destruiría la capacidad de auto desarrollo de la economía y de la población creando un estado de desmoralización colectiva y que destruiría la clase media empresarial.

Esos argumentos son errados y reflejan desconocimiento o intención maliciosa sobre del proceso de admisión de nuevos Estados a la Unión de Estados Unidos de América. Dichos argumentos sobre el supuesto efecto económico negativo de la estadidad para Puerto Rico han sido esgrimidos principalmente por un grupo poderoso de dueños de empresas de la elite empresarial afluente (rica) local, que son descendientes de los grandes intereses económicos que florecieron bajo el auspicio de la Operación Manos a la Obra de la década del 1950, impulsada por el gobernador Luis Muñoz Marín. Estos grupos se benefician de la prevalencia del estatus territorial del llamado Estado Libre Asociado (ELA). Son estos grupos, con el apoyo de otra elite intelectual universitaria criolla los que han levantado el argumento del “Estado Gueto” haciendo alusión a que Puerto Rico sería un Estado totalmente dependiente de los fondos federales para subsistir. A estos argumentos se adhieren corporaciones multinacionales operando en Puerto Rico con privilegios contributivos locales y federales que perderán parte de dichos privilegios.

Esos argumentos reflejan la calamidad del estatus territorial

Resulta una ironía que, bajo el estatus territorial, al presente, Puerto Rico está sufriendo todas esas calamidades que han sido utilizadas como argumento contra la estadidad. No es el propósito de este escrito repasar esas calamidades actuales, pero en los últimos diez (10) años, el país ha experimentado aumentos en impuestos sin precedentes. Se contempla actualmente imponer aumentos en las contribuciones a la propiedad y se impuso el impuesto a las ventas (sales tax) más alto en Estados Unidos. Ha quedado al descubierto que el territorio no tiene autonomía fiscal, tanto por decisiones recientes del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Departamento de Justicia Federal y el Congreso. Es evidencia de esto la imposición de la Junta de Control Fiscal para Puerto Rico por el Congreso.

Ha ocurrido una fuga de talento nunca sufrida en la historia del territorio de Puerto Rico. El gobierno estatal se ha quedado sin recursos para operar; se ha creado un estado general de desmoralización colectiva y se está destruyendo la clase empresarial local.

La respuesta a estos argumentos erróneos de los opositores a la estadidad [1]

La primera respuesta a los argumentos errados contra la estadidad es que hay dos hechos indisputables: Primero: ningún Estado ha caído en caos económico como consecuencia de su admisión a la Unión. Segundo: los habitantes de los 50 Estados han alcanzado uno de los niveles de vida más altos en el mundo.

Los siguientes datos históricos demuestran que los argumentos contra la estadidad son malintencionados con el propósito de crear temor a la estadidad en el pueblo puertorriqueño, particularmente, los votantes.

1. Las Guías de Jefferson para la admisión de un territorio como Estado establecen solo dos criterios de índole económica: que el territorio tenga no menos de 60 mil habitantes y que tenga recursos suficientes para mantener un gobierno estatal, incluyendo recursos humanos, naturales, marítimos, educacionales y financieros. Estas guías sobre población y recursos nunca fueron dirigidas a establecer ningún nivel de riqueza o aportación monetaria al gobierno federal como condición para conceder la estadidad. El criterio de riqueza como condición para la admisión fue rechazado por los padres de la Constitución, por ser considerado por éstos como antidemocrático, elitista y contrarios a los postulados de la Revolución Americana. La estadidad estaría abierta a territorios ricos, pobres, de clase media y a comunidades en privación económica sin importar su capacidad para aportar al Tesoro Federal. Los padres fundadores de la República veían la estadidad como un asunto de igualdad política y autodeterminación de los territorios que no podía ser medido únicamente en dólares y centavos.

2. La experiencia de la admisión de Territorios como Estados ha demostrado que nunca ha habido un nivel igual de riqueza, desarrollo económico, población, recursos y contribución económica al Tesoro Federal. Ha habido gran diversidad. Pero como regla general sus economías eran subdesarrolladas con relación a los Estados ya admitidos y de mayor antigüedad y cuyas economías ahora eran más dinámicas y de mayor progreso. Ese subdesarrollo y economía frágil, siempre generó oposición de los Estados ya admitidos bajo la alegación de que por su fragilidad representarían un costo para dichos Estados. Pero ese argumento siempre fue superado al amparo de los fundamentos de la Constitución relativos a los criterios para admitir nuevos Estados y estos fueron admitidos a la Unión.

3. En la discusión de la solicitud de admisión de un territorio que reclamaba la estadidad, los argumentos en contra de la admisión del nuevo Estado eran siempre los mismos, igual que ocurre en Puerto Rico actualmente, pero el Congreso finalmente voto a favor de la admisión de estos Estados. Se levantaban los siguientes argumentos:

• El nuevo estado colapsaría por falta de recursos para mantener una operación de gobierno estatal. Este argumento fue levantado en el caso de Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, Iowa, Oregón, Nevada, Nebraska, Montana, Washington, North Dakota y South Dakota, New México, Alaska y Hawaii. Todos, sin embargo, fueron admitidos a la Unión. [2]

• El territorio no cualificaba por su escasez de recursos naturales. Este argumento se esgrimió en el caso Maine, Florida, New México y Arizona. Los cuatro, sin embargo, fueron admitidos a la Unión .[3]

• El territorio no cualificaba para ser admitido por el nivel de subdesarrollo en su economía. Este argumento fue utilizado en los casos de Arkansas, Michigan, Florida, New México, Arizona, Alabama y Alaska. Todos, sin embargo, fueron admitidos a la Unión. [4]

• El territorio no cualificaba por el nivel de pobreza prevaleciente. Este argumento se utilizó en el caso de Florida y Michigan. Ambos fueron admitidos a la Unión [5]

• La estadidad sería muy costosa para los contribuyentes americanos debido a que los costos prevalecientes de mantener el territorio eran sufragados mayormente por fondos federales. Este argumento fue utilizado en el caso de Alaska. Alaska logró la estadidad, pese a esa argumentación. [6]

En el caso de Florida particularmente, se levantaron tres de los cinco argumentos principales contrarios a la estadidad, incluyendo el argumento de que el territorio no cualificaba por su escasez de recursos naturales; el nivel de subdesarrollo en su economía y el nivel de pobreza prevaleciente. Sin embargo, Florida fue admitida a la Unión el lunes 3 de marzo de 1845 como el Estado número 47. Hoy es uno de los Estados más florecientes; de mayor extensión territorial, de mayor población de origen puertorriqueño y nuevo hogar para los boricuas de escapan de las calamidades del territorio colonial de Puerto Rico.

[1] Parte de los argumentos discutidos en este escrito son analizados también en el estudio interdisciplinario del Grupo de Investigadores Puertorriqueños. Breakthrough from Colonialism: An Interdisciplinary Study of Statehood. Vol. II. Capitulo II. Editorial de la UPR. 1984. Este estudio comprensivo contiene el análisis más abarcador que se haya realizado sobre el tema.

[2] Grupo de Investigadores Puertorriqueños. IBID.

[3] IBID

[4] IBID.

[5] IBID.

[6] IBID.

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Distancia Washington-Hawaii: 4,772 millas

Distancia Washington – Puerto Rico: 1,560 mi

La admisión de Alaska y Hawaii como estados en el 1959 destruyó ese mito. El estado de Alaska está ubicado al norte del continente americano, en cercanía a Rusia por el Estrecho de Bering. Alaska está localizada a 55 millas de Rusia y 2,381.6 millas al norte del Estado de Washington, el más cercano a Alaska de los Estados Unidos contiguos. Esa distancia de los Estados Unidos continentales es 43 veces mayor que la distancia de Rusia. Hawaii por su parte, está ubicado en el Océano Pacífico a una distancia más del doble en millas de la costa de California (2,467 millas) que la distancia existente entre Florida y Puerto Rico (1,031 millas). La distancia en millas desde Washington DC a Puerto Rico es de 1,560 millas mientras la distancia equivalente en el caso de Hawaii es 4,772 millas. La distancia desde Washington, DC a Hawaii es tres veces la distancia de Washington DC a PR.

La revolución de internet y la separación geográfica

La revolución tecnológica de internet y las demás comunicaciones ocurrida en las últimas dos décadas han demostrado que el argumento de la separación geográfica es errado. El desarrollo de las redes sociales reduce significativamente la separación geográfica desde la perspectiva de la comunicación personal, familiar, de negocios y entre gobiernos regionales, estatales y el propio gobierno federal, tanto en la economía doméstica como internacional.

Las redes sociales surgieron de la idea de construir comunidades en línea que facilitaran la creación de relaciones y la comunicación más allá de la comunicación cara a cara entre las personas y organizaciones. Estas comunidades en línea, sin barreras físicas, constituyen destinos o direcciones virtuales en las que las personas interactúan socialmente, mediante el uso de la internet y de aparatos computadorizados, ya sean computadoras de escritorio o dispositivos móviles como las computadoras tipo notebook, los dispositivos tipo tabletas como IPADs o teléfonos celulares como el IPHONE, eliminando las barreras de la localización física.

A medida que el uso de las redes sociales se expande en el ambiente global, las distancias han dejado de ser una barrera para la comunicación, el comercio, el intercambio y la unidad nacional. El término de comunidades en línea o redes sociales puede incluir varios medios, incluyendo websites, y Blogs y redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp y otras. Facebook, la más destacada, ofrece más oportunidades al gobierno y a las empresas para expandir su presencia global. El uso de las redes sociales es global y generalizado entre la población, los grupos, las organizaciones, gobiernos y empresas. Las redes sociales pueden ser utilizadas para proveer información en ambas direcciones, gobierno y empresas y los usuarios y viceversa, de manera que las unidades de gobiernos estatales y el federal pueden utilizar la retroalimentación recibida en tiempo real.

En conclusión, el argumento de la separación geográfica como impedimento a la estadidad es incorrecto, pues fue demostrado lo contrario al convertirse Alaska y Hawaii en Estados. Además, en la evolución de los mercados hacia la globalización y con el desarrollo de la internet y las redes sociales, que no existían en el 1959, cuando ambos territorios, Alaska y Hawaii se convirtieron en Estados, se ha demostrado que no existen distancias para la unidad nacional entre los estados continentales y los de ultramar.

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Hay reglas de impuestos diferentes para los residentes de los estados y los de Puerto Rico, pero no por virtud del estatus territorial sino por virtud de una sección del Código de Rentas Internas Federal. La regla más importante es la Sección 933, que dispone que los residentes de Puerto Rico no paguen impuestos federales por ingresos generados de fuentes de Puerto Rico.  Esa exención puede ser eliminada en cualquier momento por disposición del Congreso como se eliminó la sección 936 de dicho código que disponía exenciones similares del pago de impuestos federales para impuestos corporativos. Por lo tanto, la no tributación de ingresos al nivel federal no tiene nada que ver con el estatus del ELA.

Los residentes de Puerto Rico actualmente pagan algunos impuestos federales

De hecho, los residentes de Puerto Rico pagan impuestos federales por varios conceptos, incluyendo el impuesto al seguro social, medicare e impuestos por la nómina para seguro por desempleo. Los empleados federales en Puerto Rico también pagan contribuciones federales y aquellas personas que reciben ingresos pasivos por inversiones de fuentes de origen en Estados Unidos también. Si usted posee activos en fondos de inversión de Estados Unidos, que paguen dividendos y ganancias de capital, aunque sean reinvertidos en dicho fondo, usted tendrá que radicar una planilla de contribución sobre ingresos al gobierno federal y pagar impuestos por dichos ingresos. El señalamiento de que el estatus del ELA hace a los residentes de Puerto Rico inmunes al pago de impuestos federales es un mito, un engaño.

Es importante señalar que la estructura contributiva de contribución sobre ingresos de Puerto Rico, tanto para individuos como para corporaciones es muy similar a la de Estados Unidos, con tasas más altas en la contribución sobre ingresos de los individuos y las corporaciones de origen local, pero tasas considerablemente más bajas en las contribuciones corporativas de las corporaciones multinacionales catalogadas como foráneas. La similitud de la estructura del sistema de impuestos facilitaría la integración de ambos sistemas bajo la estadidad, aunque en el caso del impuesto a las corporaciones hay algunas diferencias. La implantación paulatina de un plan de integración del sistema local de impuestos a las corporaciones al sistema de impuestos federal permitiría una transición ordenada del nuevo sistema de tributación.

La carga impositiva del pago de impuestos no lo es los impuestos federales, sino los impuestos estatales. El gobierno estatal impone unas tasas contributivas y variedad de impuestos como si se tratara de un gobierno nacional de una república. La tasa contributiva del impuesto sobre ingresos estatal es de las más altas de Estados Unidos. El impuesto a las ventas (“sales tax”) es el más alto de todos los estados. La mediana del impuesto a las ventas en los estados es de 4% a 6.9% que incluye a 42 estados. Hay 5 estados que no imponen un “sales tax”. En Puerto Rico la tasa de dicho impuesto al nivel estatal es de 11.5% incluyendo 1.5% para los municipios.

La mayoría de los residentes de Puerto Rico no pagará impuestos sobre ingresos al gobierno federal.

Bajo el sistema de impuestos federales la mayoría de los puertorriqueños no pagará impuestos al gobierno federal sobre ingresos personales.  A modo de ejemplo, en la planilla de contribución sobre ingresos federal en el 2019, una familia promedio de tres miembros (la pareja y un hijo) con ingresos combinados producto del trabajo por la suma de $30 mil dólares, habría pagado contribución sobre ingresos de $525.00 al gobierno federal. Un número importante de familias genera ingresos de $30,000 o menos al año en Puerto Rico. Este estimado de $525 en impuestos no incluye la deducción a la que hubiese tenido derecho por las contribuciones al gobierno estatal, lo que habría reducido su responsabilidad contributiva federal. Por otro lado, las familias de ingresos más bajos (los denominados más vulnerables) en lugar de pagar impuestos federales recibirán un cheque en crédito por su nivel de ingresos bajos, conocido como el “income tax credit”.

Con el advenimiento de la estadidad, habrá nuevas aportaciones del gobierno federal para transferencias a las personas y para programas de infraestructura y desarrollo económico, así como el mejoramiento en la eficiencia en la prestación de servicios gubernamentales. Como resultado, las tasas contributivas de la contribución sobre ingresos de las personas al nivel estatal pueden ser reducidas, al contar el gobierno estatal con más recursos, así como la ampliación de servicios a la ciudadanía que absorberá el gobierno federal. La mejoría en la actividad económica que surgirá con la admisión de Puerto Rico como Estado, representará, a su vez, más recaudos al gobierno estatal, lo que brindará una oportunidad adicional para reducir las tasas de contribución sobre ingresos al nivel estatal. Puerto Rico podrá restructurar todo su sistema de impuestos para armonizarlo con el de los demás estados.

Pagar impuestos federales significa igualdad de participación en aportaciones del gobierno federal.

Conforme estudios realizados, la mayoría de los Estados reciben más ingresos del gobierno federal que lo que aportan en contribución sobre ingresos. Un estudio relativamente reciente demostró que

un informe de enero del SUNY Rockefeller Institute of Government [1] encontró que, en el 2018, solo ocho (8) estados dieron más al gobierno federal en 2018 en impuestos de lo que recibieron en aportaciones federales. gastos federales: Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Colorado, Minnesota, Utah y Nebraska. 42 estados recibían más en aportaciones federales que lo que contribuían en contribución sobre ingresos.

Considerando que el ingreso familiar promedio en Puerto Rico es considerablemente el menor de todos los estados, Puerto Rico resultaría probablemente el Estado más beneficiado de la repartición del fondo presupuestario federal.

Parte de las aportaciones federales son como resultado de los contratos otorgados para proyectos de infraestructura y desarrollo económico, las cuales, se ha demostrado que son mayores en Estados que tienen una delegación congresional fuerte e influyente. Por razones demográficas de tamaño de la población, Puerto Rico tendría una delegación de 5 congresistas y dos senadores, con influencia para negociar en el Congreso. El empuje de esa delegación será otro factor de importancia para influenciar la participación de Puerto Rico en la repartición de asignaciones para los estados.

El impacto mayor de los impuestos federales recae en las corporaciones multinacionales radicadas en Puerto Rico

El impacto mayor de las contribuciones sobre ingresos bajo la estadidad recaerá sobre las corporaciones multinacionales, radicadas en Puerto Rico que ahora pagan solamente 4% al nivel estatal y lo reclaman como un crédito en sus obligaciones contributivas al nivel federal al repatriar sus ganancias corporativas. A modo de ejemplo, al nivel federal, en el 2016, se puede mencionar algunos casos de gigantes corporativos que se destacan en el monto del pago de impuestos. Entre éstas, Apple debía pagar $15.7 billones; Alphabet $4.7 billones; Microsoft $3.0 billones; Intel, $2.6 billones; Oracle, $2.5 billones y Facebook, $2.3 billones. [2]

En Puerto Rico el status territorial denominado ELA, bajo el cual el gobierno estatal les ha otorgado privilegios contributivos a las grandes corporaciones ha resultado en detrimento de los residentes de Puerto Rico y ha sido responsable de que Puerto Rico no se integre a la economía nacional estadounidense. Bajo la estadidad, sin embargo, la carga contributiva será redistribuida de una manera más racional.

La estadidad y la mentalidad de exención contributiva

Tradicionalmente se ha utilizado el argumento de que la exención contributiva a las corporaciones multinacionales ha sido el factor predominante en el desarrollo económico de Puerto Rico. Sin embargo, estudios recientes demuestran que dicha exención contributiva no ha sido el criterio fundamental para la inversión de impacto en el crecimiento económico como se ha señalado. [3]

En Puerto Rico se piensa que si no se ofrece exención contributiva las inversiones de nuevas empresas no llegarán. Se firman decretos de exención contributiva por periodos que pueden alcanzar hasta 15 años. Se otorgan créditos contributivos, que son más onerosos que los decretos de exención contributiva, porque permiten acreditar cada dólar de crédito a futuras obligaciones contributivas. Se culpa la falta de desarrollo económico a la eliminación de políticas de exención contributiva, como es el caso de la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal que canceló el reconocimiento de exención contributiva al nivel federal a ciertas empresas multinacionales y domésticas estadounidenses radicadas en Puerto Rico.

Sin embargo, cuando se compara a Puerto Rico contra jurisdicciones en los Estados Unidos, entre otras, los estados de Florida, y Hawaii, Puerto Rico ofrece mayores incentivos contributivos a las empresas y aun así muchas empresas se ubican en esas otras jurisdicciones y pagan las contribuciones que se fijan a tasas regulares de impuestos, considerablemente más altas que la tasa de 4% que les aplica en Puerto Rico. Esto demuestra que las empresas no necesariamente seleccionan un lugar para establecerse basado en el criterio de si pagarán o no impuestos, si no por otras consideraciones. Entre éstas se destacan fundamentalmente el clima favorable a la inversión, las regulaciones a los negocios, la burocracia, la seguridad, la estabilidad política, el acceso a sus mercados y otras consideraciones. Parece ser que sería mejor imponer impuestos y a cambio mejorar el ambiente de negocios y la cultura gubernamental hacia la nueva inversión.

Los costos de la exención contributiva

En Puerto Rico no se evalúa adecuadamente los costos de las políticas de exención y créditos contributivos y los beneficios que la economía obtiene de dichas políticas, de manera que se pueda justificar si los incentivos contributivos rinden beneficios en sectores industriales específicos y si vale la pena concederlos o si, al contrario, es mejor recaudar impuestos de dichas operaciones y dedicar más recursos a mejorar el clima de inversión.

Un estudio, realizado bajo la coordinación del colega economista Ramón Cao, ex catedrático de economía de la Universidad de Puerto Rico, reflejó que la mayoría de los incentivos contributivos a las empresas no rinden los frutos que se reclaman en la mentalidad existente de exención contributiva. [4] En ese estudio se presenta una síntesis de los resultados obtenidos, así como los estudios de Costo/Beneficio efectuados para los créditos contributivos e incentivos fiscales que se conceden a varios sectores industriales, entre estos: manufactura, proyectos fílmicos, vivienda, hospitales, hoteles, agricultura y construcción comercial e industrial, entre otros.

El estudio evaluó la efectividad socioeconómica de un conjunto de los principales incentivos y créditos contributivos que se conceden a empresas en Puerto Rico. El estudio indica que “esos incentivos representan un serio costo fiscal para el estado…, que es en realidad mayor si se incluyen las exenciones y otras preferencias tributarias concedidas a empresas. Además, la experiencia tiende a indicar que esos incentivos no tienen, en su conjunto, un efecto positivo que tenga significación estadística, sobre la inversión privada en la Isla. [5] Los hallazgos de este estudio, aun con las limitaciones que puedan tener, a base de los datos disponibles y las consideraciones a las técnicas de análisis de costo-beneficio, justifican que se conteste el interrogante de si cumplen su objetivo los incentivos actuales contemplados en las políticas de exención contributiva a las empresas en Puerto Rico.

La política de exención de impuestos a las corporaciones le ha hecho un grave daño a Puerto Rico en su capacidad fiscal y ha sido un impedimento a la integración económica y política de Puerto Rico a la economía nacional de Estados Unidos. La promulgación de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal creó una burbuja económica de un paraíso contributivo que no contribuyó al tesoro federal ni al tesoro de Puerto Rico. [6] Se creó un sistema de impuestos corporativos basado en un número limitado de empresas y cuando se eliminó la Sección 936, por la insatisfacción del Congreso con sus frutos, la economía local colapsó.

Paralelo a esta política de exención contributiva, particularmente al sector de la manufactura, se creó un sistema de exención triple de impuestos a las emisiones de deuda pública, mediante la emisión de bonos, que llevó al gobierno estatal a tomar demasiado dinero prestado, por lo fácil que resultaba emitir y colocar la emisión de bonos en el mercado. Cuando la economía colapsó, no había recaudos para pagar la deuda y el mercado de bonos locales colapsó también. Se generó la tormenta perfecta que provocó que el Congreso haya ejercido sus poderes plenarios sobre el territorio nombrando una Junta de Control Fiscal por encima de los funcionarios electos, Junta que, a su vez, ha decretado la quiebra del territorio.

Bajo la estadidad, mediante un sistema contributivo con una base más amplia, redistribuyendo la carga tributaria y estimulando la redistribución del ingreso en favor de los grupos más vulnerables, integrados al sistema contributivo federal, la historia de la quiebra del gobierno del gobierno del territorio sería diferente.

Conclusiones

El análisis de los argumentos de que la estadidad representa un golpe mortal al bolsillo del contribuyente promedio en Puerto Rico, como consecuencia de la implantación del sistema de contribución sobre ingresos federal, permite llegar a las siguientes conclusiones:

1. Los residentes de Puerto Rico actualmente pagan impuestos federales por varios conceptos, incluyendo el impuesto al seguro social, medicare e impuestos por la nómina para seguro por desempleo. Los empleados federales en Puerto Rico también pagan contribuciones federales y aquellas personas que reciben ingresos pasivos por inversiones de fuentes de origen en Estados Unidos también. El señalamiento de que el estatus del ELA hace a los residentes de Puerto Rico inmunes al pago de impuestos federales es un mito y un engaño.
2. La carga impositiva del pago de impuestos no lo es los impuestos federales, sino los impuestos estatales. El gobierno estatal impone altas tasas contributivas y variedad de impuestos. La tasa contributiva del impuesto sobre ingresos estatal es de las más altas de Estados Unidos. El impuesto a las ventas (“sales tax”) es el más alto de todos los estados. La mediana del impuesto a las ventas en los estados es de 4% a 6.9% que incluye a 42 estados. Hay 5 estados que no imponen un “sales tax”. En Puerto Rico la tasa de dicho impuesto al nivel estatal es de 11.5% incluyendo 1.5% para los municipios.
3. Con la admisión de Puerto Rico como un estado, tras el pago de impuestos federales sobre ingresos, las tasas contributivas de la contribución sobre ingresos de las personas al nivel estatal pueden ser reducidas, al contar el gobierno estatal con más recursos de aportaciones federales, así como la ampliación de servicios a la ciudadanía que absorberá el gobierno federal. La mejoría en la actividad económica que surgirá con la admisión de Puerto Rico como Estado, representará, a su vez, más recaudos al gobierno estatal, lo que brindará una oportunidad adicional para reducir las tasas de contribución sobre ingresos al nivel estatal.
4. El impacto mayor de las contribuciones sobre ingresos bajo la estadidad recaerá sobre las corporaciones multinacionales, radicadas en Puerto Rico que ahora pagan solamente 4% al nivel estatal y lo reclaman como un crédito en sus obligaciones contributivas al nivel federal.
5. La política de exención de impuestos a las corporaciones le ha hecho un grave daño a Puerto Rico en su capacidad fiscal y ha sido un impedimento a la integración económica y política de Puerto Rico a la economía nacional de Estados Unidos.
6. El argumento de que la estadidad tendrá un impacto desastroso en las contribuciones que pagan los puertorriqueños está basado en un mito de los opositores a la estadidad. La integración de Puerto Rico al sistema de contribuciones federales no representaría la catástrofe que algunos opositores a la estadidad señalan sobre los individuos, principalmente los de medianos y bajos ingresos. Por otro lado, el impacto sobre la tributación de las corporaciones estaría concentrado en un grupo pequeño de grandes corporaciones multinacionales, para las cuales se necesitaría un plan de transición paulatino que facilite su integración al sistema contributivo federal, sin mayores ajustes inmediatos que pongan en riesgo su viabilidad.

[1] Rockefeller Institute of Government. SUNY. 2020 Annual Report. January 2020.

[2] Infographics.  How much do UD Tach Giants pay in taxes. Mayo 2017.

[3] Ramón J. Cao García. Evaluación de beneficios y costos de créditos contributivos. Informe a la Cámara de Representantes. 2014.

[4] Ramón J. Cao García. Evaluación de beneficios y costos de créditos contributivos. Informe a la Cámara de Representantes. 2014.

[5] Ramón J. Cao García, “Incentivos contributivos e inversión privada en Puerto Rico”, Revista Civilizar de Empresa y Economía,  Bogotá,  D.C.,  Colombia:  Universidad  Sergio  Arboleda,  Núm.  2, Año  2,  julio- diciembre 2010, págs. 54 a 73.

[6] The Tax Foundation.org. Tax policy helped create Puerto Rico fiscal  crisis.  Junio 2015.

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