Category: Política Pública

La Junta de Supervisión Fiscal: Una dictadura benévola

La semana pasada el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció el nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico. De inmediato, unos sectores manifestaron su tranquilidad, ante la designación de cuatro puertorriqueños a la Junta, y otros manifestaron su incomodidad por el perfil de algunos de los designados. La creación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act “PROMESA”) se aprobó por el Congreso de los Estados Unidos al amparo de la sección 3 del artículo 4 de la Constitución de Estados Unidos que otorga al Congreso la facultad de regular los territorios.

Lo que pocos parecen comprender es la necesidad de que el nuevo gobierno que tomará posesión en enero de 2017 tenga la disposición de alinear sus prioridades de gobierno con las prioridades de la Junta. De esta manera se cultivará una alianza capaz de lograr que Puerto Rico supere la crisis de impago de la deuda pública y pueda regresar a los mercados de capital a tomar dinero prestado. Así, de manera responsable, podrá estimular la creación de infraestructura que estimule el desarrollo económico. Para poner en perspectiva los elementos en los que el nuevo gobierno debe buscar la alineación de prioridades resumimos a continuación los principales poderes y funciones de la Junta y su razón de ser.

La Junta, podrá recomendar al gobernador, y éste toma la decisión final, sobre la reducción del salario mínimo federal para empleados de nueva contratación, con menos de 25 años de edad, que sean contratados luego de la entrada en vigor de la ley, por un periodo de cuatro años máximo. Estos empleados podrían recibir en vez de los actuales $7.25 la hora, un salario de $4.25 la hora. Un patrono violaría leyes federales si despide empleados para luego recontratar gente para pagarles ese salario menor. Esa medida, que parece antipática, puede ser muy beneficiosa para los jóvenes desempleados que necesitan una primera oportunidad para tener un empleo remunerado. Es una medida para combatir el desempleo en los jóvenes.

La Junta tomará decisiones sobre gastos de nómina del gobierno; someter recomendaciones sobre las estructuras de las agencias, establecer controles en gastos en personal y congelar futuras contrataciones de nuevos empleados. En junio del 2015 el empleo total en Puerto Rico era de 997,000 y el empleo en el gobierno era de 213,420. Esta cifra representa el 21.4% del empleo total. A modo de comparación, en Japón el empleo público representa el 7.9% del empleo total, según datos de la OECD. Esta función de la Junta puede ser una herramienta para lograr reducir el tamaño del gobierno.

También deberá otorgar prioridad en sus acciones a los sistemas de pensiones de los empleados públicos y preparar un estudio actuarial con proyecciones para 30 años, incluyendo identificar las fuentes de pago. Los planes de pensiones de los empleados públicos, que tienen garantías del gobierno, mantienen un déficit actuarial y su capacidad de realizar el pago a las pensiones se agotará en un par de años. Los trabajadores del sector privado trabajan y crean mayor producción, pero se retiran más tarde y con una pensión menor o sin ninguna pensión fuera del seguro social federal. Los empleados públicos trabajan menos horas al año, crean poca riqueza, se retiran más temprano, con pensiones más altas, que garantiza el gobierno, con dinero de los contribuyentes, si el sistema de pensiones no puede asumir el costo. Es un sistema de pensiones insostenible, populista e injusto para una parte importante de los trabajadores que producen riqueza. Este poder de la Junta puede ser una herramienta muy útil para salvar los sistemas de retiro de los empleados públicos.

La Junta tendrá que establecer un proceso para atender los reclamos de acreedores a través del sistema judicial federal y usando reglas federales de procedimientos de quiebra. Será el organismo responsable de establecer un plan de ajuste de deudas con los acreedores. El crédito del gobierno está en su nivel más bajo en la historia, con $70 billones de deuda pública, el impago de dicha deuda y sin acceso a los mercados financieros para volver a tomar prestado. La Junta puede ser el tren que nos lleve a la reparación de nuestro crédito dañado.

Además, la Junta controlará los asuntos relacionados al presupuesto del gobierno territorial, sobre las prioridades del gobernador; y si el gobernador falla en presentar un plan fiscal aceptable, la Junta diseñará un plan fiscal y requerirá al gobernador que lo cumpla. Si el presupuesto del territorio no cumple con los criterios de la Junta, esta debe notificar a la Legislatura sobre la violación y describir la acción correctiva que corresponda. Puede requerir al gobernador la presentación de informes presupuestarios trimestrales. El gobierno de Puerto Rico ha mantenido un patrón de no completar sus auditorías al presupuesto a tiempo, lo cual limita la rendición de cuentas y la capacidad para tomar prestado a tasas de interés razonables.

Por otro lado, en Puerto Rico no existe respeto ni disciplina para controlar el presupuesto del gobierno, ni para establecer prioridades pragmáticas y razonables. A modo de ejemplo, cinco agencias consumen el 56% del presupuesto del Fondo General: los departamentos de Educación, Salud, (incluyendo el plan de la tarjeta médica de salud), Policía, Corrección y Rehabilitación, y la Universidad de Puerto Rico (UPR). Estas agencias, en conjunto consumen $5,000 millones de un presupuesto total del Fondo General para el 2016-17 de $8,987 millones.

Entre otros poderes, la Junta puede vetar leyes de la legislatura por mayoría, y sus decisiones no pueden ser limitadas por acciones del gobierno estatal, ya sea la Legislatura o el gobernador. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha mantenido un patrón de aprobar leyes que conllevan costos, sin identificar las fuentes de recaudos para la implantación de dichas leyes. Los gobernadores, por su parte, implantan medidas populistas de altos costos a los que pagan impuestos, para asegurar el respaldo necesario para seguir en el poder. La Junta será el instrumento para cerrar la llave de paso al despilfarro.

Las reuniones de la Junta serán a puerta cerrada y las decisiones serán por mayoría. En Puerto Rico hay una tendencia de ciertos grupos, marcados por la intolerancia, a entorpecer con violencia las actividades de búsqueda de soluciones a los problemas. La experiencia más ilustrativa de este patrón ocurrió la semana pasada, transmitida en vivo por televisión, de cómo se impidió a más de 700 personas participar de un foro de la Cámara de Comercio sobre las funciones de la Junta de Supervisión fiscal, ante una fuerza policiaca débil, con las manos amarradas por el miedo a la prensa e incapaz de proteger los derechos de una mayoría silente. Una policía que no puede garantizar el orden público.

La Junta, podrá convocar a vistas públicas y puede citar a funcionarios federales y estatales a comparecer ante ellos, so pena de desacato. Mentir, someter información falsa de forma deliberada, o no informar inmediatamente de una información que sepa que es falsa, puede conllevar cárcel o sanción administrativa. El gobernador deberá informar inmediatamente a la Junta hechos pertinentes al respecto e informar las medidas a tomar. Podrá solicitar información a acreedores, y supervisará acuerdos entre las agencias públicas y estos acreedores. Los funcionarios, algunos acostumbrados a esconder información y mentir a la Legislatura en las audiencias de presupuesto, estarán en una posición difícil si lo hacen ante la Junta.

Los miembros de la Junta no podrán ser demandados. ¿Alguien tiene dudas sobre la adicción a las demandas frívolas existente en Puerto Rico?

Mediante la ley que crea la Junta, se crea también un coordinador de revitalización para evaluar proyectos de infraestructura. Está es una función importante para adelantar los proyectos de este tipo en un territorio que tarda años en lograr la implementación de proyectos. ¿Recuerdan el Super Puerto de Las Américas? La República Dominicana construyó dos puertos de este tipo y los puso en operación después de Puerto Rico anunciar su interés en el proyecto. Ya estamos tarde.

Una de las disposiciones de la ley que crea la Junta, ordena una paralización de las gestiones de deuda. Esta función permite un respiro al gobierno del territorio para poder establecer prioridades y reorganizarse.

Finalmente, la Junta podría dejar de operar después de cuatro años de haber logrado el gobierno de Puerto Rico cumplir con criterios de contabilidad aceptables según las normas y tras haber mantenido el gobierno un presupuesto balanceado en que los gastos no superen los ingresos. Este es el reto que tiene el nuevo que se inicia en enero de 2017, si quiere zafarse pronto de la Junta: lograr un presupuesto balanceado anualmente por los próximos cuatro años.

La Junta, viene a imponer disciplina. Se acabó el relajo! En el sistema constitucional estadounidense, la Junta es lo más cerca de la “dictadura con apoyo popular”, la tesis que predicó el insigne político y poeta, Juan Boch, en la República Dominicana en la década de 1960, pero dentro del sistema de democracia representativa americana. GOD Bless America!

¿Debemos romper el Departamento de Educación?

La prensa local divulgó la semana pasada la noticia sobre el pobre desempeño de los estudiantes de Puerto Rico conforme las pruebas de aprovechamiento académico estandarizadas conocidas como PISA. La fuente de medición comparativa de las destrezas fundamentales requeridas en los estudiantes para la economía global, en lectura, ciencias y matemáticas, se miden principalmente con estas pruebas PISA, (Progress for International Student Assessment, administradas por la OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) cada tres años. Aprovechamos esta oportunidad para analizar más detalladamente las mencionadas pruebas de aprovechamiento y como reflejan el fracaso del Departamento de Educación, así como la necesidad de romperlo y comenzar de nuevo.

Estas pruebas miden el aprovechamiento de los estudiantes de 15 años, para utilizar sus destrezas en situaciones de la vida real. Se administra en 66 países y economías regionales. En el 2012 se realizó el último estudio disponible. Para la edición del 2015, se realizó la encuesta en el segundo semestre de ese año y aun no se han publicado los resultados.

En dichas pruebas, Shanghái, provincia de China, tiene la puntuación más alta en matemáticas, con un promedio de 613 puntos, lo que significa 119 puntos (o el equivalente a casi tres años de escolarización) por encima del promedio de los países miembros de la OECD. Shanghái-China, Singapur, Hong Kong-China, Taipéi China, Corea, Macao-China, Japón, Liechtenstein [1], Suiza y Holanda, en orden descendente en cuanto a puntuación, son los diez mejores en matemáticas. Estados Unidos tiene la posición número 36. De igual forma, Shanghái-China, Hong Kong-China, Singapur, Japón y Corea son los cinco países y economías con mejor rendimiento en lectura. Estados Unidos tiene la posición número 24. De igual manera, Shanghái-China, Hong Kong-China, Singapur, Japón y Finlandia son los cinco con rendimiento más alto en ciencias. Estados Unidos tiene la posición número 28.

Shangái-China también ha obtenido la puntuación más alta en educación financiera, seguido de la Comunidad Flamenca de Bélgica (una de las tres comunidades de Bélgica), Estonia, Australia, Nueva Zelanda, la República Checa y Polonia. Estados Unidos tiene la posición número 8.

El desempeño en la resolución de problemas es otro de los indicadores de medición en PISA. Los alumnos de Singapur y Corea, seguidos de los japoneses, son los que obtienen mejores resultados en resolución de problemas entre todos los países y economías participantes. Estados Unidos ocupa la posición núm. 18. Sin embargo, resulta interesante que, en la resolución de problemas, en Australia, Brasil, Italia, Japón, Corea, Macao-China, Serbia, Inglaterra (Reino Unido) y Estados Unidos, los alumnos obtienen resultados superiores que alumnos de otros países que muestran un rendimiento similar en lectura, matemáticas y ciencia.

En el 2012 se hizo una prueba de PISA para Puerto Rico, como antesala para su inclusión permanente en pruebas futuras. En todas las materias, la Isla se ubicó por debajo de países latinoamericanos como Chile, México y Costa Rica. En la prueba de matemáticas, Puerto Rico se colocó en la posición 58 de 65. (Singapur fue 2; Irlanda, 20, y Estados Unidos, 36). En ciencias, Puerto Rico fue 55 de 65 (Singapur, 3; Irlanda, 14, y Estados Unidos, 28). En lectura, fuimos 53 de 65. (Singapur, 3; Irlanda, 7, y Estados Unidos, 24). (ENDI, 2014). No hay duda que el sistema educativo de Puerto Rico está muy rezagado en el desarrollo de destrezas en los estudiantes para la economía global.

Los resultados de PISA indican que, por encima de un determinado nivel de gasto por estudiante, la excelencia en la educación exige que a la forma en que se asignan los recursos se le otorgue tanta importancia como a la cantidad de recursos disponibles. Los sistemas escolares con alto rendimiento tienden a asignar recursos más equitativamente entre las escuelas privilegiadas y las desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómico. Las escuelas con más autonomía en materia de planes de estudios y evaluaciones tienden a rendir mejor que las escuelas con menos autonomía cuando forman parte de sistemas escolares con más disposiciones de rendición de cuentas y/o mayor colaboración entre el maestro y el principal en la gestión de la escuela.

Puerto Rico tiene la oportunidad aún de transformar el sistema de educación pública hacia uno totalmente diferente, descentralizando la educación a nivel regional y local, asignando el presupuesto a juntas escolares de padres y maestros y fomentando enfoques como las escuelas “charter”. También es necesario cambiar el sistema de reclutamiento de maestros para enfatizar en nuevos maestros seleccionados entre los mejores graduados universitarios con alta preparación en matemáticas, ciencias y tecnología con escalas salariales más altas y competitivas. Parece que debemos romper el Departamento de Educación y comenzar de nuevo.


[1] Pequeño estado, conocido como Principado de Liechtenstein con fronteras con Suiza y Austria, con una población de 37 mil habitantes.

El camino torcido

Una inmensa mayoría de los puertorriqueños piensa que Puerto Rico deambula por un camino torcido. Pero es el gobierno el que nos empuja por ese camino. Tenemos un gobierno que no puede pagar lo que debe, ni ofrecer servicios de calidad a un costo razonable. El crédito degradado al nivel de chatarra, implicando que somos un riesgo de mala paga. Esta situación ha forzado la intervención del Congreso de los Estados Unidos, a cuya voluntad, se gobierna el territorio de Puerto Rico. El Congreso aprobó y el Presidente de los Estados Unidos firmó la Ley PROMESA, que crea una Junta de Control Fiscal que se encargue de ordenar la casa financiera del gobierno local, con la esperanza de que en cuatro años se logre un presupuesto balanceado que no tenga sobregiro y que permita cumplir con las obligaciones financieras gubernamentales.

Aunque no nos agrade, es necesario reducir la intervención gubernamental que le quita al que produce para gastar en actividades de poco efecto multiplicador, que promueven la dependencia en detrimento del espíritu emprendedor de un pueblo que por años ha vivido bajo la dependencia, que le impide soltar las muletas y caminar por sí solo.   Esa tragedia, de muchos años, comenzó a dar sus primeras ráfagas de vientos huracanados en mayo del año 2006, cuando ocurrió el cierre de las operaciones del gobierno, un evento trascendental que marcó el inicio de la recesión profunda que ha sufrido Puerto Rico por una década, cumplida el pasado mes de mayo.  Aunque durante aquel evento, 10 años atrás, se encontró una salida al tranque, éste representó el inicio de una nueva etapa en la confianza de los inversionistas en Puerto Rico como destino para invertir y la confianza de la ciudadanía en el aparato gubernamental.

¿Podrá un nuevo gobierno enderezar el camino? El nuevo gobernador y su equipo de gobierno del cuatrienio del 2017 al 2020 tienen ese reto. Si el nuevo gobernador trabaja en conjunto con la Junta de Control Fiscal y la utiliza en su favor se puede trazar un nuevo rumbo en cuatro años. Las apuestas parecen estar en favor del Dr. Ricardo Rosselló como virtual ganador en la contienda electoral que se avecina. Los pasos que el Dr. Rosselló camine en los próximos tres meses, a partir de hoy, serán de gran importancia para lograr la química necesaria con la Junta de Control Fiscal, que probablemente inicie operaciones en el terreno de juego en enero de 2017, junto con el nuevo gobierno. Estos tres meses serán importantes también para que logre iniciar el mes de enero de 2017, un paquete de medidas económicas dirigidas a enderezar el camino torcido, que deben ser radicadas y aprobadas en los primeros 90 días del nuevo gobierno.

Gran parte del esfuerzo de enderezar el camino conlleva recortar gastos del presupuesto del Fondo General. ¿Dónde recortar? La grasa en las agencias que consumen la mayor parte del presupuesto. Solo cinco (5) agencias, de las más de 100 que componen el organigrama del gobierno estatal. Los departamentos de educación, salud (incluyendo ASES), UPR, policía, y corrección (incluyendo salud correccional) representan el 55% ($5,000 millones) del presupuesto de $9,100 millones del Fondo General. Estas cifras no incluyen los fondos federales que reciben estas agencias. Si se recorta 15% de ese presupuesto del Fondo General en las áreas no esenciales, se logra un ahorro de $500 millones para abonar al pago de la deuda pública, lo cual allana el camino para poder volver a los mercados de financiamiento. Ese volver permitiría a Puerto Rico tomar prestado nuevamente de manera responsable, para construir infraestructura que estimule el desarrollo económico.

Puerto Rico no puede limitarse a pedir a gritos que el gobierno federal se haga cargo de enviar más fondos o medidas para estimular el desarrollo económico. Tenemos que hacer nuestra parte para demostrar credibilidad, porque enderezar el camino torcido es posible.