Una inmensa mayoría de los puertorriqueños piensa que Puerto Rico deambula por un camino torcido. Pero es el gobierno el que nos empuja por ese camino. Tenemos un gobierno que no puede pagar lo que debe, ni ofrecer servicios de calidad a un costo razonable. El crédito degradado al nivel de chatarra, implicando que somos un riesgo de mala paga. Esta situación ha forzado la intervención del Congreso de los Estados Unidos, a cuya voluntad, se gobierna el territorio de Puerto Rico. El Congreso aprobó y el Presidente de los Estados Unidos firmó la Ley PROMESA, que crea una Junta de Control Fiscal que se encargue de ordenar la casa financiera del gobierno local, con la esperanza de que en cuatro años se logre un presupuesto balanceado que no tenga sobregiro y que permita cumplir con las obligaciones financieras gubernamentales.

Aunque no nos agrade, es necesario reducir la intervención gubernamental que le quita al que produce para gastar en actividades de poco efecto multiplicador, que promueven la dependencia en detrimento del espíritu emprendedor de un pueblo que por años ha vivido bajo la dependencia, que le impide soltar las muletas y caminar por sí solo.   Esa tragedia, de muchos años, comenzó a dar sus primeras ráfagas de vientos huracanados en mayo del año 2006, cuando ocurrió el cierre de las operaciones del gobierno, un evento trascendental que marcó el inicio de la recesión profunda que ha sufrido Puerto Rico por una década, cumplida el pasado mes de mayo.  Aunque durante aquel evento, 10 años atrás, se encontró una salida al tranque, éste representó el inicio de una nueva etapa en la confianza de los inversionistas en Puerto Rico como destino para invertir y la confianza de la ciudadanía en el aparato gubernamental.

¿Podrá un nuevo gobierno enderezar el camino? El nuevo gobernador y su equipo de gobierno del cuatrienio del 2017 al 2020 tienen ese reto. Si el nuevo gobernador trabaja en conjunto con la Junta de Control Fiscal y la utiliza en su favor se puede trazar un nuevo rumbo en cuatro años. Las apuestas parecen estar en favor del Dr. Ricardo Rosselló como virtual ganador en la contienda electoral que se avecina. Los pasos que el Dr. Rosselló camine en los próximos tres meses, a partir de hoy, serán de gran importancia para lograr la química necesaria con la Junta de Control Fiscal, que probablemente inicie operaciones en el terreno de juego en enero de 2017, junto con el nuevo gobierno. Estos tres meses serán importantes también para que logre iniciar el mes de enero de 2017, un paquete de medidas económicas dirigidas a enderezar el camino torcido, que deben ser radicadas y aprobadas en los primeros 90 días del nuevo gobierno.

Gran parte del esfuerzo de enderezar el camino conlleva recortar gastos del presupuesto del Fondo General. ¿Dónde recortar? La grasa en las agencias que consumen la mayor parte del presupuesto. Solo cinco (5) agencias, de las más de 100 que componen el organigrama del gobierno estatal. Los departamentos de educación, salud (incluyendo ASES), UPR, policía, y corrección (incluyendo salud correccional) representan el 55% ($5,000 millones) del presupuesto de $9,100 millones del Fondo General. Estas cifras no incluyen los fondos federales que reciben estas agencias. Si se recorta 15% de ese presupuesto del Fondo General en las áreas no esenciales, se logra un ahorro de $500 millones para abonar al pago de la deuda pública, lo cual allana el camino para poder volver a los mercados de financiamiento. Ese volver permitiría a Puerto Rico tomar prestado nuevamente de manera responsable, para construir infraestructura que estimule el desarrollo económico.

Puerto Rico no puede limitarse a pedir a gritos que el gobierno federal se haga cargo de enviar más fondos o medidas para estimular el desarrollo económico. Tenemos que hacer nuestra parte para demostrar credibilidad, porque enderezar el camino torcido es posible.