La semana pasada el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció el nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico. De inmediato, unos sectores manifestaron su tranquilidad, ante la designación de cuatro puertorriqueños a la Junta, y otros manifestaron su incomodidad por el perfil de algunos de los designados. La creación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act “PROMESA”) se aprobó por el Congreso de los Estados Unidos al amparo de la sección 3 del artículo 4 de la Constitución de Estados Unidos que otorga al Congreso la facultad de regular los territorios.
Lo que pocos parecen comprender es la necesidad de que el nuevo gobierno que tomará posesión en enero de 2017 tenga la disposición de alinear sus prioridades de gobierno con las prioridades de la Junta. De esta manera se cultivará una alianza capaz de lograr que Puerto Rico supere la crisis de impago de la deuda pública y pueda regresar a los mercados de capital a tomar dinero prestado. Así, de manera responsable, podrá estimular la creación de infraestructura que estimule el desarrollo económico. Para poner en perspectiva los elementos en los que el nuevo gobierno debe buscar la alineación de prioridades resumimos a continuación los principales poderes y funciones de la Junta y su razón de ser.
La Junta, podrá recomendar al gobernador, y éste toma la decisión final, sobre la reducción del salario mínimo federal para empleados de nueva contratación, con menos de 25 años de edad, que sean contratados luego de la entrada en vigor de la ley, por un periodo de cuatro años máximo. Estos empleados podrían recibir en vez de los actuales $7.25 la hora, un salario de $4.25 la hora. Un patrono violaría leyes federales si despide empleados para luego recontratar gente para pagarles ese salario menor. Esa medida, que parece antipática, puede ser muy beneficiosa para los jóvenes desempleados que necesitan una primera oportunidad para tener un empleo remunerado. Es una medida para combatir el desempleo en los jóvenes.
La Junta tomará decisiones sobre gastos de nómina del gobierno; someter recomendaciones sobre las estructuras de las agencias, establecer controles en gastos en personal y congelar futuras contrataciones de nuevos empleados. En junio del 2015 el empleo total en Puerto Rico era de 997,000 y el empleo en el gobierno era de 213,420. Esta cifra representa el 21.4% del empleo total. A modo de comparación, en Japón el empleo público representa el 7.9% del empleo total, según datos de la OECD. Esta función de la Junta puede ser una herramienta para lograr reducir el tamaño del gobierno.
También deberá otorgar prioridad en sus acciones a los sistemas de pensiones de los empleados públicos y preparar un estudio actuarial con proyecciones para 30 años, incluyendo identificar las fuentes de pago. Los planes de pensiones de los empleados públicos, que tienen garantías del gobierno, mantienen un déficit actuarial y su capacidad de realizar el pago a las pensiones se agotará en un par de años. Los trabajadores del sector privado trabajan y crean mayor producción, pero se retiran más tarde y con una pensión menor o sin ninguna pensión fuera del seguro social federal. Los empleados públicos trabajan menos horas al año, crean poca riqueza, se retiran más temprano, con pensiones más altas, que garantiza el gobierno, con dinero de los contribuyentes, si el sistema de pensiones no puede asumir el costo. Es un sistema de pensiones insostenible, populista e injusto para una parte importante de los trabajadores que producen riqueza. Este poder de la Junta puede ser una herramienta muy útil para salvar los sistemas de retiro de los empleados públicos.
La Junta tendrá que establecer un proceso para atender los reclamos de acreedores a través del sistema judicial federal y usando reglas federales de procedimientos de quiebra. Será el organismo responsable de establecer un plan de ajuste de deudas con los acreedores. El crédito del gobierno está en su nivel más bajo en la historia, con $70 billones de deuda pública, el impago de dicha deuda y sin acceso a los mercados financieros para volver a tomar prestado. La Junta puede ser el tren que nos lleve a la reparación de nuestro crédito dañado.
Además, la Junta controlará los asuntos relacionados al presupuesto del gobierno territorial, sobre las prioridades del gobernador; y si el gobernador falla en presentar un plan fiscal aceptable, la Junta diseñará un plan fiscal y requerirá al gobernador que lo cumpla. Si el presupuesto del territorio no cumple con los criterios de la Junta, esta debe notificar a la Legislatura sobre la violación y describir la acción correctiva que corresponda. Puede requerir al gobernador la presentación de informes presupuestarios trimestrales. El gobierno de Puerto Rico ha mantenido un patrón de no completar sus auditorías al presupuesto a tiempo, lo cual limita la rendición de cuentas y la capacidad para tomar prestado a tasas de interés razonables.
Por otro lado, en Puerto Rico no existe respeto ni disciplina para controlar el presupuesto del gobierno, ni para establecer prioridades pragmáticas y razonables. A modo de ejemplo, cinco agencias consumen el 56% del presupuesto del Fondo General: los departamentos de Educación, Salud, (incluyendo el plan de la tarjeta médica de salud), Policía, Corrección y Rehabilitación, y la Universidad de Puerto Rico (UPR). Estas agencias, en conjunto consumen $5,000 millones de un presupuesto total del Fondo General para el 2016-17 de $8,987 millones.
Entre otros poderes, la Junta puede vetar leyes de la legislatura por mayoría, y sus decisiones no pueden ser limitadas por acciones del gobierno estatal, ya sea la Legislatura o el gobernador. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha mantenido un patrón de aprobar leyes que conllevan costos, sin identificar las fuentes de recaudos para la implantación de dichas leyes. Los gobernadores, por su parte, implantan medidas populistas de altos costos a los que pagan impuestos, para asegurar el respaldo necesario para seguir en el poder. La Junta será el instrumento para cerrar la llave de paso al despilfarro.
Las reuniones de la Junta serán a puerta cerrada y las decisiones serán por mayoría. En Puerto Rico hay una tendencia de ciertos grupos, marcados por la intolerancia, a entorpecer con violencia las actividades de búsqueda de soluciones a los problemas. La experiencia más ilustrativa de este patrón ocurrió la semana pasada, transmitida en vivo por televisión, de cómo se impidió a más de 700 personas participar de un foro de la Cámara de Comercio sobre las funciones de la Junta de Supervisión fiscal, ante una fuerza policiaca débil, con las manos amarradas por el miedo a la prensa e incapaz de proteger los derechos de una mayoría silente. Una policía que no puede garantizar el orden público.
La Junta, podrá convocar a vistas públicas y puede citar a funcionarios federales y estatales a comparecer ante ellos, so pena de desacato. Mentir, someter información falsa de forma deliberada, o no informar inmediatamente de una información que sepa que es falsa, puede conllevar cárcel o sanción administrativa. El gobernador deberá informar inmediatamente a la Junta hechos pertinentes al respecto e informar las medidas a tomar. Podrá solicitar información a acreedores, y supervisará acuerdos entre las agencias públicas y estos acreedores. Los funcionarios, algunos acostumbrados a esconder información y mentir a la Legislatura en las audiencias de presupuesto, estarán en una posición difícil si lo hacen ante la Junta.
Los miembros de la Junta no podrán ser demandados. ¿Alguien tiene dudas sobre la adicción a las demandas frívolas existente en Puerto Rico?
Mediante la ley que crea la Junta, se crea también un coordinador de revitalización para evaluar proyectos de infraestructura. Está es una función importante para adelantar los proyectos de este tipo en un territorio que tarda años en lograr la implementación de proyectos. ¿Recuerdan el Super Puerto de Las Américas? La República Dominicana construyó dos puertos de este tipo y los puso en operación después de Puerto Rico anunciar su interés en el proyecto. Ya estamos tarde.
Una de las disposiciones de la ley que crea la Junta, ordena una paralización de las gestiones de deuda. Esta función permite un respiro al gobierno del territorio para poder establecer prioridades y reorganizarse.
Finalmente, la Junta podría dejar de operar después de cuatro años de haber logrado el gobierno de Puerto Rico cumplir con criterios de contabilidad aceptables según las normas y tras haber mantenido el gobierno un presupuesto balanceado en que los gastos no superen los ingresos. Este es el reto que tiene el nuevo que se inicia en enero de 2017, si quiere zafarse pronto de la Junta: lograr un presupuesto balanceado anualmente por los próximos cuatro años.
La Junta, viene a imponer disciplina. Se acabó el relajo! En el sistema constitucional estadounidense, la Junta es lo más cerca de la “dictadura con apoyo popular”, la tesis que predicó el insigne político y poeta, Juan Boch, en la República Dominicana en la década de 1960, pero dentro del sistema de democracia representativa americana. GOD Bless America!