Actualmente, el gobierno de Puerto Rico opera con 118 agencias en el gobierno central y brinda más de 300 servicios a la ciudadanía; $72 mil millones de deuda en bonos; $50,000 millones de déficit acumulado en las operaciones del gobierno al 2014, según el informe de los auditores externos del gobierno, la firma KPMG. Cinco agencias consumen el 56% del presupuesto del Fondo General: los departamentos de Educación, Salud, (incluyendo el plan de la tarjeta médica de salud), Policía, Corrección y Rehabilitación, y la Universidad de Puerto Rico (UPR). Estas agencias, en conjunto consumen $5,000 millones de un presupuesto total del Fondo General para el 2016-17 de $8,987 millones.
Solo el 40% de la población está integrada a la fuerza trabajadora, ya sea empleada o desempleada, mientras el 60% permanece fuera de dicha fuerza trabajadora. Un total de 997,000 puertorriqueños trabajan para mantenerse ellos y sus familias y al resto de la población. Es decir, 28% de la población carga con el peso de mantener al 72% restante. ¿De qué viven los que no trabajan en Puerto Rico? De los que trabajan y pagan impuestos y de las transferencias federales.
El 38% de la población se alimenta gratis. En mayo de 2015 el número de participantes del Programa de Asistencia Nutricional era de 1,330,000 personas, de una población de 3,500,000 habitantes. Muchos de esos ciudadanos también reciben otros subsidios, que incluyen el programa de alimentos para niños WIC, renta gratis del Programa Sección 8 y vivienda pública, subsidio de internet y celular, energía eléctrica, servicio subsidiado de agua potable y alcantarillados y otros programas afines. Una familia de tres miembros que no trabaje puede recibir el equivalente de hasta $1,743 mensuales en ayudas económicas comparado con los $1,159 que recibiría al salario mínimo si trabajara a tiempo completo.
En junio del 2015 el empleo total era de 997,000 y el empleo en el gobierno central era de 213,420. Esta cifra representa el 21.4% del empleo total. A modo de comparación, en Japón el empleo público representa el 7.9% del empleo total, según datos de la OECD. La economía ha reflejado un crecimiento negativo por 10 años consecutivos y se espera que esa tendencia continúe, al menos por un par de años adicionales. Ese crecimiento negativo afecta los recaudos del gobierno. El crédito del gobierno está en su nivel más bajo en la historia y sin acceso a los mercados financieros para volver a tomar prestado.
Los planes de pensiones de los empleados públicos, que tienen garantías del gobierno, mantienen un déficit actuarial y su capacidad de realizar el pago a las pensiones se agotará en un par de años. Los trabajadores del sector privado trabajan y crean mayor producción, pero se retiran más tarde y con una pensión menor o sin ninguna pensión fuera del seguro social federal. Los empleados públicos trabajan menos horas al año, crean poca riqueza, se retiran más temprano, con pensiones más altas, que garantiza el gobierno, con dinero de los contribuyentes, si el sistema de pensiones no puede asumir el costo. Es un sistema de pensiones insostenible, populista e injusto para una parte importante de los trabajadores que producen riqueza.
Mientras, el gobierno opera muchos programas viejos y obsoletos que deben ser reevaluados. Una estructura gubernamental, diseñada en sus fundamentos en las décadas de 1940 y 1950, de estilo jerárquico – vertical, que ya no responde a los nuevos desarrollos en la administración pública. Durante los últimos 10 años, a partir del 2006, Puerto Rico ha perdido alrededor de 400 mil habitantes, alrededor del 10% de su población, pero la estructura gubernamental ha permanecido intacta, a pesar de la pérdida en recaudos por concepto de impuestos de todo tipo que representa esa pérdida poblacional, acompañada de una merma en demanda por servicios del gobierno como consecuencia de esa pérdida de población. La camisa del gobierno, como está actualmente, le queda grande a Puerto Rico. Por esas razones Puerto Rico necesita achicar el gobierno.