El apagón general ocurrido en Puerto Rico la semana pasada a un costo diario millonario para las empresas y los consumidores, es una vergüenza para el país y un golpe adicional a la confianza internacional en la viabilidad de Puerto Rico como lugar para invertir, como destino turístico, como territorio o país viable y como socio en proyectos de envergadura. Las reseñas del NY Times, USA Today, Washington Post, CNN, Bloomberg, el periódico El País y El Diario de España, proyectan a Puerto Rico como una economía en colapso total. El sistema eléctrico es la columna vertebral de una economía, en particular en una isla aislada de fuentes de interconexión eléctrica. Por años se ha discutido la necesidad de mejorar el servicio eléctrico, aumentar el mantenimiento de las plantas generatrices, estabilizar los costos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y diversificar las fuentes de energía hacia energía eólica y solar.

La solución al apagón de la semana pasada es la creación de una alianza publico privada para operar la Autoridad de Energía Eléctrica, mejorar el mantenimiento a las plantas generatrices, diversificar las fuentes de energía y estimular la competencia y la reducción del precio por kilovatio de energía para las empresas y los consumidores. Pero en Puerto Rico hay mucha desconfianza a los esfuerzos de privatización de servicios que pueden ser ofrecidos con mayor agilidad por proveedores privados bajo contratación con el gobierno, por desconfianza generada debido a la influencia de grupos de presión política. El ser humano, por naturaleza resiste el cambio, pero en Puerto Rico, una sociedad más conservadora que otras, hay una aversión exagerada a los cambios.  Hay varios ejemplos que ilustran como la privatización de la operación de ciertos servicios ayuda a mejorar los servicios públicos.

El caso de la autopista PR-22 es uno de estos ejemplos. Previo a la privatización, el 90% de las luminarias estaban fundidas, había hoyos en el pavimento y no había ornamentación de la ruta, entre otras deficiencias. Después de la privatización, se arreglaron las luminarias, se mejoró la ornamentación, se pavimento las áreas con hoyos o desniveles y se incorporó un servicio de asistencia en la carretera, que asegura que en un tiempo máximo de 20 minutos una patrulla de asistencia llega al lugar donde el conductor ha sufrido un percance para ayudarle, todas actividades del privatizador.

Otro ejemplo es el caso del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Cuando se privatizó la operación hubo piquetes, hasta cercano el día de las elecciones generales. Sin embargo, actualmente la mayoría de los ciudadanos están satisfechos con el progreso positivo de los servicios en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, incluyendo los esfuerzos para atraer nuevas líneas aéreas y nuevas rutas de vuelos.

Un ejemplo adicional es el servicio de ferry desde Fajardo a Vieques y Culebra. Se ofreció un servicio alterno al del gobierno, mediante un operador privado. Era más costoso, pero los usuarios preferían pagarlo y estaban satisfechos con la calidad del servicio, puntualidad y atención al cliente. Ese servicio fue eliminado por la nueva administración del gobierno. El proyecto de las escuelas de siglo 21 es otro ejemplo. Para mejorar las escuelas se contrató consorcios privados para diseño, construcción, tecnología, equipos y mantenimiento, que facilitaron y mejoraron el ambiente de las escuelas. Ese concepto también fue eliminado por la presente administración.

El nuevo gobierno que tomará posesión en enero de 2017 debe iniciar su mandato con una solicitud de propuestas a entidades cualificadas a nivel nacional e internacional para crear una alianza público privada para operar la Autoridad de Energía Eléctrica, con una meta clara de completar el proceso en no más de un año.