El viernes pasado, 18 de noviembre, la Junta de Control Fiscal, reunida en el pueblo de los cariduros, Fajardo, Puerto Rico, rechazó el plan fiscal sometido por el gobernador García Padilla. Lo rechazó porque no cumple con los requerimientos esbozados en la Ley PROMESA. Vamos a analizar por qué no cumple y que iniciativas, en nuestra opinión, deben ser tomadas en consideración por el gobernador electo, Dr. Ricardo Rosselló, en la elaboración y presentación de un nuevo plan. Un plan fiscal que cumpla con las disposiciones de la Ley PROMESA, requiere que el gobierno de Puerto Rico tome acciones en tres áreas importantes, a saber:

1. Debe incluir reformas estructurales que ayuden a mejorar el potencial de crecimiento económico de Puerto Rico en el largo plazo.
2. Tiene que incluir importantes ajustes fiscales que permitan lograr un presupuesto en armonía entre los recaudos y los gastos gubernamentales en el corto plazo.
3. Debe incluir un plan de reestructuración de la deuda pública que permita un alivio en la carga que el servicio o pago de dicha deuda impone sobre el presupuesto gubernamental en el corto plazo.

Todas las acciones anteriores son igualmente importantes, pero si tuviéramos que asignarle un orden de importancia, los ajustes fiscales para igualar los gastos a los recaudos del gobierno deben tener la importancia mayor, es decir, prioridad número 1, seguidos por las reformas en los sistemas de educación, salud y las pensiones, prioridad número 2 y por último las reformas para mejorar el potencial de desarrollo económico, prioridad número 3.

Puntos positivos del plan fiscal del gobernador García Padilla

El plan fiscal sometido tiene puntos positivos, como, por ejemplo: el reconocimiento de que es necesario implantar medidas de austeridad, aunque no incluye medidas específicas de recortes presupuestarios. Reconoce la necesidad de realizar reformas en la estructura del gobierno, aunque no detalla reformas significativas, pero incluye una reducción de 12,800 empleados en el gobierno para el año 2020 mediante la eliminación de plazas que queden vacantes.

Lo que no incluye el plan

El plan no incluye ningún ajuste estructural en la composición y organización de prestación de servicios de los municipios, los cuales reciben aportación financiera del gobierno central. No incluye medidas específicas para una reforma en la “Tarjeta de Salud” del gobierno, tales como reducir el número de participantes, eliminando los de dudosa cualificación, limitar los beneficios, que actualmente son mayores que los de la mayoría de los planes privados y atacar el fraude en su uso, que es generalizado.

El plan asume que se va a mantener el nivel de asignaciones de fondos actual para la reforma de salud por parte del gobierno federal, sin considerar que lo que se propone en la esfera federal es la eliminación sustancial de dichas aportaciones. No incluye medidas específicas para restructurar el sistema de educación pública, incluyendo el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico, agencias que juntas, consumen cerca del 20% de los recaudos del Fondo General.

Los supuestos del plan no son realistas y se limita a una compilación general de medidas para atender la crisis fiscal manteniendo los niveles actuales de gastos, asumiendo los niveles actuales de aportaciones de fondos federales y solicitando ayuda adicional de fondos federales para impulsar un programa de revitalización económica por parte del gobierno federal.

El plan no incluye un modelo de restructuración de la deuda pública, al menos para negociación, ni medidas específicas para reducir gastos en los departamentos de educación, salud y la Universidad de Puerto Rico. Tampoco incluye un plan para reformas en los sistemas de pensiones, incluyendo ajustes en los beneficios; al menos aquellos que se han otorgado por legislación, posterior a su creación, sin criterios actuariales y sin asignación de fondos para cubrirlos, como son las aportaciones a planes médicos y bonos a pensionados. No se incluyen en el plan, medidas para reformar la estructura para fomentar el desarrollo económico, incluyendo la estructura del Departamento de Desarrollo Económico y sus agencias adscritas.

El plan, por tanto, no contiene los mecanismos para estabilizar la situación económica actual, ni para rescatar las finanzas públicas e impulsar el crecimiento económico.

Lo que debe incluir un nuevo plan del gobernador electo Ricardo Rosselló

El plan tiene que volver a la mesa de diseño. Tiene que incluir medidas específicas para atender el problema fiscal de exceso de gastos sobre los recaudos del gobierno. Entre las medidas específicas que puede considerar el nuevo plan que deberá someter el gobernador electo Ricardo Rosselló están las siguientes:

1. Desarrollar una proyección realista de recaudos y gastos a cinco y diez años, que incorpore un análisis independiente del gobierno, adicional a las proyecciones de crecimiento en el producto bruto de la Junta de Planificación.

2. Reducir el gasto en la Tarjeta de la Reforma de Salud, al menos en $200 millones, mediante la reducción del número de participantes, eliminando todas aquellas personas que no son verdaderos indigentes; recortando algunos beneficios que se ofrecen, que en ciertos casos son mayores a los que ofrecen los planes privados que pagan los que no cualifican para la reforma; y desarrollando un plan enfático de prevención de fraude y procesamiento criminal a los que se determine que participan del fraude.

3. Reducir el gasto en el Departamento de Educación, que recibe cerca del 12% del presupuesto consolidado del gobierno, equivalente a alrededor de $2,000 millones en aportaciones del Fondo General. Este departamento debe realizar ajustes en capas de burocracia, gastos no esenciales, compras y servicios ineficientes y grasa administrativa que generen ahorros de $200 millones.

4. Limitar la asignación a la Universidad de Puerto Rico, que recibe cerca del 10% de los recaudos del Fondo General, equivalente a $800 millones. La UPR puede recibir un recorte de fondos de $100 millones y recuperarlos mediante aumentos en las tarifas por concepto de matrícula y cuotas. El pago de matrícula en la UPR es menos de una tercera parte de lo que se paga en las universidades privadas locales y lo cubre la beca federal Pell, de la cual el estudiante promedio retiene parte en su bolsillo, como sobrante después del pago de matrícula. Además, la UPR debe cerrar algunos recintos y programas duplicados, consolidar servicios, así como generar más ingresos propios, como lo hacen las universidades privadas, que no reciben asignación presupuestaria del gobierno. ¿Se justifica un recinto de la UPR en Bayamón y otro en Carolina, a menos de 20 minutos en auto o tren urbano del recinto de Río Piedras? ¿Se justifica un recinto en Utuado y otro en Arecibo, a menos de 20 minutos de distancia uno del otro? ¿Se justifica un recinto en Aguadilla y otro en Mayagüez a menos de 20 minutos de distancia en auto?

5. El plan fiscal debe incluir una reforma contributiva que contemple reducir o eliminar algunos de los impuestos actuales implantados bajo la administración del gobernador García Padilla, que afectan al consumidor directamente y por otro lado, aumentar el impuesto actual de 4% a las corporaciones denominadas como “foráneas” (qualified foreign controlled corporations – Ley 154-2010), independientemente de que se consiga o no un crédito contributivo a nivel federal para estas corporaciones. Si se aumenta a 6% dicho impuesto, el Fondo General puede recaudar alrededor de $1,000 millones adicionales. Estas corporaciones van a amenazar con abandonar su operación en Puerto Rico, pero, ¿a dónde van a ir, con mejor trato que en Puerto Rico, si en las jurisdicciones que compiten con nosotros, como Irlanda, por ejemplo, la tasa contributiva alcanza 10%. Por otro lado, es justo que asuman también un poco de la carga adicional que todos los grupos estarán aportando. También van a reclamar violaciones a los decretos de exención contributiva, pero, ¿no está el gobierno territorial violando el pago de la deuda pública y el pago a suplidores del gobierno? Esos también son contratos como lo son los decretos de exención. Esos decretos no están escritos en piedra, sobre todo en el escenario actual de crisis fiscal y económica. Lo que paguen en impuestos adicionales se debe mitigar con reformas gubernamentales a corto plazo en los procesos y costos de hacer negocios en Puerto Rico, que son necesarias y que deben ser parte del plan fiscal.

6. Es necesario una reforma de las tasas contributivas y la base del impuesto a la propiedad inmueble. Las tasas actuales son extraordinariamente bajas comparadas con las que se pagan en gran parte de las jurisdicciones de Estados Unidos continentales. A modo de ejemplo, una propiedad residencial básica promedio en Florida, paga $2,500 anuales en contribuciones sobre la propiedad. La tasa actual en Puerto Rico es de 4% sobre el valor tasado, en una base de tasación que no refleja la realidad del mercado y permite una exoneración contributiva a la mayoría de las propiedades residenciales. Dicha contribución produce $183 millones anuales. Si se aumenta a 6% y se actualiza la tasa de impuestos sobre una base más justa y razonable, ampliando la base tributaria, puede producir $200 millones adicionales.

7. Es viable también una reducción de la asignación presupuestaria al resto de las agencias de gobierno, no detalladas anteriormente, excepto el área de policía y seguridad pública, en un 5%. Asumiendo, que consumen $5,000 millones en conjunto, del presupuesto del Fondo General, dicha reducción puede representar ahorros adicionales de $250 millones.

Otras reformas adicionales necesarias

Además, el Plan Fiscal debe incluir un programa de reforma económica que incluya, entre otras las siguientes:

1. Reevaluar algunos de los incentivos económicos otorgados actualmente, de poco impacto y beneficio.

2. Reducir el proceso de permisos.

3. Eliminar obstáculos a los procesos para hacer negocios en Puerto Rico y agilizar la burocracia que afecta a las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes empresas.

4. Reestructurar los incentivos federales para desarrollo de la fuerza trabajadora de la ley Workforce Innovation opportunity ACT (WIOA) que provee incentivos a las empresas y representa una asignación de $73.6 millones, bajo el Departamento de Desarrollo Económico. Actualmente mantiene sobrantes de alrededor de $12 millones del año anterior, es decir, $85.6 millones en dinero en efectivo para estimulo de empleos en el sector privado.

5. La utilización de las herramientas modernas de gobierno electrónico para reducir costos.

6. Promover la innovación y el desarrollo tecnológico e invertir en el desarrollo de parques tecnológicos y el desarrollo del empresarismo.

7. Reformular toda la filosofía del sistema de educación pública para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes y prepararlos con énfasis en ciencias, matemáticas, tecnología y actitudes empresariales positivas.

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En resumen

Estas reformas, recortes en gastos y ajustes en impuestos, aquí enumerados, pueden representar, en conjunto, un ahorro en gastos equivalente a $750 millones y recaudos adicionales en impuestos a corporaciones y propiedad inmueble de $1,200 millones.  En total $1,950 millones.

• Reducción presupuestaria a la Tarjeta de Salud – $200 millones.
• Reducción presupuestaria a Departamento de Educación – $200 millones.
• Reducción presupuestaria a UPR – $100 millones.
• Reducción presupuestaria al resto de las agencias de gobierno, excepto seguridad pública – $250 millones.
• Impuesto adicional de 2% a Corporaciones foráneas – $1,000 millones.
• Aumento de la contribución sobre la propiedad inmueble – $200 millones.

En conclusión

Esos recursos pueden ser suficientes para, tras un plan de restructuración de la deuda pública, bajo el supuesto de un pago de $900 millones anuales de principal e intereses, impulsar con la suma restante un plan criollo de revitalización económica mediante mejoras a la infraestructura que ayude a Puerto Rico a salir del laberinto económico. Si el gobierno federal recorta los fondos al programa “Obama Care” significativamente, parte de esos recursos sobrantes podrían ser utilizados para fortalecer el plan de salud criollo ajustado en participantes cualificados y beneficios otorgados y mediante la reducción del plan de revitalización económica.

Las consecuencias de no presentar un plan fiscal realista

Si el equipo del gobernador Ricardo Rosselló, con el apoyo de la Asamblea Legislativa, no presenta un plan fiscal realista con el compromiso de implantarlo, la Junta de Control Fiscal lo va a imponer. Pero ya sea por iniciativa del gobierno electo por el pueblo o bajo la imposición del Congreso, soberano del territorio sin poder político, las reformas son necesarias para preparar a Puerto Rico para la independencia, la república de libre asociación o la estadidad. ¡Que nos ayude DIOS!