Nota a nuestros lectores: 8vo de una serie de artículos, con motivo de la consulta plebiscitaria de junio de 2017.

 

La soberanía mediante un pacto de libre asociación o la república independiente con independencia total como nación soberana, además de la estadidad, son las alternativas reconocidas en el derecho internacional como opciones para la descolonización de un territorio. La libre asociación y la independencia permitirían mecanismos más eficientes para eliminar la dependencia sociológica de los individuos y ejercer un control mayor del comportamiento colectivo. Pero, el país tendrá un periodo largo de ajuste y de privación económica propio de este cambio que elimina de un plumazo o en un breve plazo la inmensa mayoría de los beneficios que garantiza la estadidad. En el proceso, hay variables que podemos cuantificar y otras cuyo valor resulta difícil estimar. En este espacio abordamos este tema.

 

El rechazo histórico a la independencia

Los electores de Puerto Rico han votado en contra de la independencia de manera consistente en los siete eventos electorales o plebiscitarios efectuados desde el primer plebiscito de 1967. En el plebiscito de status del 1967 la independencia obtuvo el 0.6% de los votos, aunque es necesario reconocer que el Partido Independentista Puertorriqueño, principal agrupación política que promueve la independencia se abstuvo de participar de aquella consulta. En el plebiscito de 1993 la independencia obtuvo el 4.5% de los votos. En la consulta de 1998, solamente 2.5% votaron por la independencia.  En el plebiscito de 2012, la independencia obtuvo el 5.5%. En esa última consulta, la estadidad, sin embargo,  obtuvo el 61.11% del voto.

 

#	Consulta electoral	% de votos por la independencia
1	Plebiscito de 1967	0.6%
2	Elecciones de 1992	4.2%
3	Plebiscito de 1993	4.5%
4	Elecciones de 1996	3.8%
5	Plebiscito de 1998	2.5%
6	Elecciones de 2000	5.2%
7	Plebiscito de 2012	5.5%

 

Algunos beneficios potenciales de la independencia

La independencia le daría a Puerto Rico el poder para crear sus propias políticas económicas para la industria, el comercio y la agricultura. Le daría también control sobre la inmigración y podría negociar tratados de comercio internacionales. Los defensores de esta opción política argumentan que solamente mediante la independencia Puerto Rico puede obtener los poderes necesarios para incrementar el desarrollo económico y su competitividad.

La independencia significa la terminación del status territorial. Como república independiente o una república con un tratado de libre asociación a los Estados Unidos, Puerto Rico rompería los lazos de integración con los Estados Unidos, no habría un gobernador ni un delegado al Congreso. Tampoco una delegación congresional con voz y voto en el Congreso como ocurriría con la estadidad. Habría un Presidente de la república, un embajador en las Naciones Unidas con un voto entre 193 naciones miembros. También podría ser miembro de la Organización de Estados Americanos con un voto entre los 35 países miembros.

La independencia terminaría con la incertidumbre del status final de Puerto Rico, pero aumentaría la incertidumbre sobre el futuro económico y político, en lo concerniente a democracia y gobernanza. Puerto Rico tendría su propia Constitución como una república y la Constitución de los Estados Unidos no sería de aplicación en Puerto Rico. Cesaría la jurisdicción del Tribunal Federal de Estados Unidos, las leyes, reglamentos, y los derechos constitucionales bajo el sistema judicial estadounidense. Las normas de Estados Unidos de protección a la inversión extranjera y la ventaja competitiva que ello ofrece a los inversionistas dejará de existir.

Se eliminará la aplicación de la Ley Jones de transporte marítimo que exige que el comercio entre los puertos de Estados Unidos y Puerto Rico se realice en barcos de matrícula americana. Algunos defensores de la eliminación de la aplicación de dicha ley argumentan que eso sería positivo para Puerto Rico que entonces podría seleccionar líneas de transportación marítima extranjeras de menor costo. Otros alegan, que se eliminaría la frecuencia y regularidad de transportación entre otros puertos y Puerto Rico, que actualmente aseguran las reglas de transportación bajo la Ley Jones. Ese nuevo escenario ocasionaría, por tanto, retrasos en transportación que representarían costos mayores en los bienes importados por la vía marítima que es la forma más económica de transportar carga pesada en una economía isleña.

 

La alternativa de una república socialista

Algunos grupos defensores de la independencia postulan el establecimiento de una república socialista para terminar con el colonialismo y los males del capitalismo. Estos grupos defienden la socialización (nacionalización) de las empresas, los monopolios y oligopolios, la banca y el sector financiero, con el propósito de canalizar más adecuadamente la inversión y la producción. Toda la deuda pública y privada en Puerto Rico seria consolidada en el banco central de la república.

Otros defensores de la independencia proponen el control social de los recursos de producción por los trabajadores de las empresas y grupos comunitarios incluyendo una política de corte social demócrata de estilo del norte de Europa, donde las cooperativas y las entidades comunitarias tengan el control. También proponen que los trabajadores adquieran control de las empresas requiriendo que se les otorgue acciones de capital en éstas.

 

El control del comercio y los medios de producción

La independencia le permitiría a Puerto Rico imponer tarifas de entrada a los productos de Estados Unidos y países extranjeros, aunque esa política económica choca con las políticas de los acuerdos de libre comercio a los que Puerto Rico tendría que acogerse en los nuevos escenarios de comercio internacional para poder competir en igualdad de condiciones por los recursos de capital. Algunos defensores de la independencia han propuesto imponer una moratoria en el desarrollo de centros comerciales para proteger a los pequeños comerciantes. Otros han propuesto que la nueva inversión externa sea aceptada mediante acuerdos de inversión externa con mayoría de inversión de participación local estatal, similar al modelo de capitalismo de estado de la república de Cuba.

También algunos defensores de esta opción han propuesto un programa de sustitución de importaciones para producir localmente los renglones que en la actualidad Puerto Rico importa, entre estos importaciones agrícolas, que aspiraría a producir localmente los renglones que se importan. Este esfuerzo, loable en teoría, tendría que enfrentar las limitaciones de las escalas de producción que imponen la poca disponibilidad de tierras agrícolas y la naturaleza escarpada de muchos terrenos disponibles. La independencia podría ofrecer unos incentivos mayores, por vía de imposición del gobierno de la república, para organizar cooperativas de producción para la sustitución de importaciones.

Otros defensores de la independencia han propuesto que las transferencias federales cuyo flujo continúe por vía de derechos adquiridos por los ciudadanos, sean otorgadas en una asignación en bloque al gobierno de la república, para otorgar beneficios a los que las necesiten realmente y eliminar el abuso y la dependencia en esos fondos. Pero la asignación en bloque podría ser utilizada también para otros propósitos a discreción del gobierno de la república.

 

La ciudadanía americana en la república

La ciudadanía americana para los nacidos y vivos al momento de otorgarse la independencia podría dejar de existir conforme decisiones de los tribuales de Estados Unidos y análisis realizados para comités congresionales, según el principio de derecho internacional que establece que la ciudadanía sigue a la nacionalidad. Entonces, aplicaría en la nueva nacionalidad la ciudadanía de la nueva nación. Los ciudadanos americanos que quieran conservar esa ciudadanía tendrían que abandonar el país y reubicarse en uno de los Estados de Estados Unidos. Tendrían que mantener pasaporte americano y pasaporte de Puerto Rico para poder viajar a la república a atender asuntos familiares y de negocios sujeto a las reglas de migración de la nueva república. Sería discreción del Congreso de Estados Unidos permitir que los residentes de Puerto Rico pudieran retener el pasaporte americano. Ese evento provocaría una mayor emigración masiva de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. La incertidumbre creada por la transición hacia la independencia podría crear una fuga masiva de capital local hacia Estados Unidos u otras jurisdicciones.

Puerto Rico podría suscribir un tratado de cooperación y amistad con los Estados unidos, pero los términos de dicho tratado serian inciertos al momento de tomar la decisión en favor de la independencia. Los tratados de cooperación con los territorios que han escogido la libre asociación, Micronesia, Palau y las Islas Marshall podrían dar un marco de referencia.

 

La presencia de las agencias federales en la isla tras la independencia

La independencia conllevará la eliminación de las agencias federales en Puerto Rico, la eliminación de su aportación en la prestación de servicios importantes que deberán ser absorbidos por el gobierno de la república y la eliminación de los empleados públicos que trabajan para dichas agencias. Dichos empleados tendrán que decidir si desean ser relocalizados en otros estados, de serles ofrecida esa alternativa por el gobierno federal. Entre estas agencias y servicios están las siguientes: el servicios postal, el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, la Administración Federal de Aviación, la Administración de Drogas y Alimentos, el Servicio Forestal, el Negociado del Censo, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, el Servicio de inmigración y Aduanas, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional y la Agencia de Protección Ambiental.

También se eliminarían los servicios provistos por las agencias federales de seguridad tales como la Guardia Costanera, el Negociado Federal de Investigaciones, el Servicio de alguaciles, el Negociado de Alcohol, Armas, Explosivos y Tabaco así como, el Tribunal Federal. El gobierno de la república tendría que absorber esos servicios, sin tener los recursos para ello. Sin la participación de las agencias de seguridad federales la republica estaría a merced de las bandas de criminales del narcotráfico y organizaciones terroristas que operan en otras jurisdicciones del Caribe y en Suramérica.

 

La oportunidad de desarrollar política monetaria

Con el advenimiento de la independencia, Puerto Rico puede desarrollar su propia moneda nacional, o utilizar el dólar estadounidense, condicionado a que el Congreso así lo apruebe como parte de un acuerdo, o puede utilizar ambas monedas. Podrá establecer su propia política monetaria, controlar la cantidad de moneda en circulación, establecer y modificar el valor de su moneda con relación a otras (apreciar o devaluar su moneda) y reglamentar la tasa de interés. En teoría económica ese mecanismo puede servir para estimular la economía y controlar la inflación. No obstante, esa no es la realidad en muchos países, donde imperan altas tasas de interés, alta inflación y fluctuaciones en la tasa de cambio de su moneda.

Las crisis financieras y económicas de Argentina hace algunos años y Venezuela al presente proveen un buen marco de referencia. Las altas tasas de interés dificultan el tomar dinero prestado para las operaciones de los negocios, la adquisición de viviendas y el consumo. La inflación hace desaparecer como espuma los ingresos al éste perder valor adquisitivo, como ocurre en Venezuela al presente. Las fluctuaciones en la tasa de cambio de la moneda, principalmente cuando es devaluada, hacen más caras las importaciones de bienes para el consumo y la inversión. Argumentar que tener su propia moneda va a ayudar al desarrollo económico de Puerto Rico resulta por tanto, incierto.

 

El acceso al crédito y ayuda financiera externa

La república tendría problemas de acceso al crédito financiero para tomar dinero a préstamo para el desarrollo de infraestructura y mantenimiento de obras públicas al igual que ocurre con el territorio al presente, pero con el agravante de que no tendría el cojín que provee el acceso a fondos federales asignados por el Congreso. Los costos de mantener los sistemas de electricidad, agua potable, disposición de basura, los puertos, carreteras y otra infraestructura vital para el desarrollo económico y social serian un enorme reto. Los fondos federales no estarían disponibles bajo la república luego de un periodo de transición, si el Congreso permite dicho periodo en un acuerdo. En todo caso, ese periodo de transición seria de un máximo de cinco a diez años. Es decir, que en el mejor de los escenarios, Puerto Rico perdería un promedio de 10% anual de los fondos federales que actualmente recibe durante ese periodo máximo de diez años, sin tener como sustituir ese influjo de dinero. El caso de los territorios de Estados Unidos que lograron acuerdos de libre asociación, Palau, Micronesia y las Islas Marshall, ilustran claramente este escenario.

La ayuda externa de entidades internacionales, Estados Unidos y países extranjeros podría ser un paliativo a la falta de recursos financieros, pero esa ayuda nunca se podría comparar con el influjo de ayuda que al presente Puerto Rico recibe del gobierno federal de Estados Unidos. Los países extranjeros que ofrecen ayuda financiera a otros países no pasan de 20, que distribuyen esa ayuda a alrededor de 180 países. Cada país recibe una pequeña proporción y Puerto Rico tendría que competir para esa pequeña proporción. De hecho, los Estados Unidos es el principal sostén de esa ayuda internacional y aporta alrededor del 20% al 25% del total de ayuda que fluye a los países en desarrollo.

 

Los casos de Micronesia, Palau e Islas Marshall

Si el pueblo opta por la libre asociación, en lugar de la plena soberanía bajo la independencia, si acepta esa opción el Congreso, el pacto no tendrá carácter permanente, como concluye el Informe de Casa Blanca de 2011 [1]. El Congreso podrá cancelarlo unilateralmente, como dispone el pacto de 2003 con los Estados Federados de Micronesia, la República de Palau y la República de las Islas Marshall.

Los pactos con estas nuevas naciones son por 20 años a partir del 2003, hasta el 2023. Estados Unidos aporta $3.5 billones combinados para los Estados Federados de Micronesia y la República de las Islas Marshall y $18 millones para Palau. A partir del 2023 la ayuda directa cesará y entrará en vigor un fideicomiso creado por Estados Unidos y los Estados Asociados de cuyo rendimiento dependerá los ingresos de cada uno de los tres estados.

Conforme los pactos de libre asociación de los Estados Federados de Micronesia, la República de Palau y la República de las Islas Marshall, los residentes de estas islas no participan del programa de Medicaid. La ayuda principal de Estados Unidos, además de la subvención económica antes mencionada, se limita a ayuda de respuesta para mitigación de desastres y asistencia del Servicio Meteorológico. Estados Unidos provee asistencia del Servicio Postal, la Administración Federal de Aviación y la Comisión Federal de Comunicaciones.

Fuera de estas agencias, las demás agencias federales de justicia y seguridad no tienen presencia en estas repúblicas bajo los pactos de libre asociación. La mayoría de los ciudadanos de los Estados asociados pueden vivir y trabajar en los Estados Unidos, pero no son ciudadanos americanos ni tienen los derechos que otorga la ciudadanía.

Estados Unidos asume exclusividad en la defensa militar de estas naciones asociadas. Los residentes no son ciudadanos americanos ni participan de los programas de asistencia federales, como el seguro social, bienestar social, programas de nutrición y alimentos como el Plan de Asistencia Nutricional ni ninguno de los otros programas de asistencia para el desarrollo económico, social y de infraestructura.

En el caso de los Estados Federados de Micronesia han ocurrido algunos eventos de restricción de los derechos civiles, que no han podido ser atendidos por las agencias estadounidenses de protección de dichos derechos.  En junio de 1997 se produjeron una serie de acusaciones contra el Gobierno por limitar la libertad de expresión, cuando al editor de uno de los principales diarios del país, “FSM News”, le fue retirado el visado para regresar a la Federación. El Gobierno había decidido deportar al editor (que era de nacionalidad canadiense) tras la publicación de un reportaje sobre el supuesto derroche presupuestario del Ejecutivo. El diario dejó de publicarse a finales de 1997. [2]

 

Resumen

De Puerto Rico optar por la descolonización mediante la soberanía, sea una república independiente o mediante un tratado de libre asociación con Estados Unidos la población tendría que aceptar unos ajustes dramáticos que no comparan con los ajustes de una transición hacia la estadidad como alternativa de descolonización.

Las asignaciones del gobierno federal para el desarrollo económico y social serán eliminadas por etapas en un periodo que puede ser inmediato o hasta de 10 años según la experiencia de otras jurisdicciones. El seguro social federal también se eliminará. Los recipientes actuales lo seguirían recibiendo, pero el resto pasará a formar parte del nuevo sistema de la república, cuyo método y administración resulta incierto. No se puede ser una república y seguir aportando al seguro social de los Estados Unidos. Las agencias federales dejarán de operar en Puerto Rico, llevando al desempleo a otros miles de puertorriqueños, como ocurrió en el caso del cierre de Roosevelt Roads en Ceiba y anteriormente, Ramey Fields en Aguadilla.

El sistema estadounidense de protección de derechos civiles, procesamiento criminal y protección ambiental dejará de funcionar. Se elimina el concepto de la Corte Federal, que la mayoría del pueblo favorece, por confiar más en la justicia de dicho instrumento federal que en la justicia local. Los fondos para programas de salud, educación, bienestar social e infraestructura, particularmente carreteras y transportación colectiva, entre otros, dejarán de ingresar a las arcas del gobierno.

La república solo tendría a su favor el plan de eliminación a plazos de las ayudas actuales, que esté dispuesto a conceder el Congreso. El aumento en la falta de recursos del gobierno y la incertidumbre, provocarán una severa limitación adicional al crédito. La republica podría acudir al Fondo Monetario Internacional, pero difícilmente obtendría financiamiento bajo términos más liberales que lo concedido bajo la estadidad.

El Fondo Monetario Internacional es odiado por los países que les han tomado dinero prestado, por las condiciones onerosas que les ha impuesto para tomar prestado. La incapacidad de emitir nueva deuda será por un periodo incierto, mayor a la situación actual bajo el gobierno territorial y pondrá mayores restricciones al gobierno de la república. El capital extranjero no estará protegido por las leyes federales de Estados Unidos, generando incertidumbre adicional.  Por tanto, habrá mayor fuga de capital.

En Puerto Rico, bajo la independencia las fuerzas de orden público tendrán que asumir un control fuerte sobre la población por el proceso de ajuste económico. Las protestas del cierre del gobierno de mayo del 2006 será una gota de agua comparada con el diluvio que este ajuste provocaría. Es muy probable que el nuevo gobierno de la república asociada o independiente, tendrá que adoptar poderes y medidas dictatoriales y de ley marcial para imponer el orden. ¿Estamos dispuestos como pueblo a aguantar esa tempestad?

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[1] Casa Blanca. Oficina del Presidente. Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Status de Puerto Rico. 2011.

[2] Oficina de Información Administrativa (MAE). España. Los Estados Federados de Micronesia. Julio de 2003.