Las autoridades estadounidenses informaron hoy que han creado un área especial en las inmediaciones del aeropuerto Internacional de Orlando, FL.,  para establecer un centro de ayuda con el objetivo de procesar las necesidades de los más de 200,000 boricuas de bajos ingresos, incluyendo madres solteras y personas envejecientes, que han llegado a esa ciudad en los últimos 30 días, sin hospedaje ni contactos familiares, al acercarse mañana la hora cero del 4 de julio de 2022; fecha de la celebración del 246 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Ese día se firma el acuerdo de independencia concedida unilateralmente por Estados Unidos al territorio de Puerto Rico. En este espacio compartimos con nuestros lectores este escrito de ficción.

En los últimos seis meses de este año, se estima que 720,000 boricuas han tomado vuelos sin boleto de regreso a varias ciudades de los Estados continentales, en jornadas de vuelos diarios de varias líneas aéreas y la cifra puede superar el millón en los próximos 60 días, si las autoridades de la nueva república y el Departamento de Estado de Estados Unidos no toman medidas para restringir la salida de Puerto Rico hacia los Estados Unidos.

La diáspora boricua en Florida está exhortando a las personas a no tomar estos vuelos sin regreso si no tienen un lugar donde hospedarse y familiares que los acojan y les sirvan de apoyo, particularmente a las familias con niños pequeños o envejecientes. En una entrevista con un periodista de WAPA América, un anciano de 86 años, ahogado en llanto, hizo declaraciones desgarradoras sobre su crónica condición médica de diabetes y alta presión, desesperado por la negativa de los médicos y farmacias en Puerto Rico a honrarle sus beneficios de medicare debido al cese de estos beneficios en Puerto Rico a la fecha del pacto de independencia. Para poder continuar recibiendo los beneficios está obligado a establecer su residencia en un Estado, siendo Florida el lugar más apropiado, según sus declaraciones.

Tras la condena de las Naciones Unidas a los Estados Unidos y la recomendación de la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso en el 2016 para controlar la crisis financiera del gobierno de Puerto Rico, el Presidente de Estados Unidos envió un proyecto de ley al Congreso, para conceder la independencia a Puerto Rico. El proyecto fue aprobado por una mayoría bipartita en ambos cuerpos legislativos, con apoyo de demócratas y republicanos.

La Junta, creada en el 2016, ejerció con mano dura sus poderes para ordenar el gobierno local después que los gobiernos del territorio hicieran uso inadecuado de la delegación de facultades administrativas que el Congreso le hiciera en el 1952. El año pasado, el Presidente de la Junta de Control Fiscal recomendó al Presidente de los Estados Unidos y a los líderes congresionales otorgarle unilateralmente la independencia a Puerto Rico, tras terminar sus funciones en este territorio americano.

A la firma de la declaración de independencia, pautada para este 4 de julio se espera que asistan varios congresistas, entre éstos un congresista por Chicago. Han confirmado su asistencia también los presidentes de Cuba y Venezuela, así como el Rey de España.

Un grupo autodenominado Comandos por la Estadidad, defensor de la unión permanente a los Estados Unidos ha anunciado que se reservan el derecho de tomar la acción que estimen apropiada a su lucha el día de la firma de la ley de independencia este 4 de julio. Han indicado que Puerto Rico emulará el caso de Texas, que se convirtió en Estado después de haber declarado su independencia de México. Anticiparon un plan de represión sin precedentes en Puerto Rico, por parte de las nuevas autoridades de la naciente república, para imponer orden y hacer cumplir sus prioridades para viabilizar el gobierno de la república de corte izquierdista.

El Congreso le ha garantizado a la nueva República de Puerto Rico una asignación en bloque por $20 mil millones, que se extenderá por 10 años a razón de $2 mil millones anuales, a ser financiada por un impuesto federal de 4% a las corporaciones americanas radicadas en Puerto Rico como corporaciones foráneas. Las empresas podrán tomar el impuesto como una deducción de su contribución sobre ingresos al gobierno de los Estados Unidos. Estas corporaciones ya están pagando ese impuesto al gobierno local y lo deducen de su contribución al Tesoro estadounidense.

El líder de la mayoría de la Cámara de Representes en el Congreso, indicó a los medios, que ese dinero no proviene de los contribuyentes americanos radicados en los estados de la Unión. Varios economistas locales en Puerto Rico, el GAO y el CRS, han puesto en duda dicha ayuda al estimar que gran parte de las corporaciones multinacionales de origen estadounidense calificadas como corporaciones foráneas cerrarán paulatinamente sus operaciones en Puerto Rico en un plazo de cinco (5) años como consecuencia de la incertidumbre creada por el advenimiento de la independencia.

Desde el año pasado, tras el inicio de las negociaciones para la concesión de la independencia, la economía local ha comenzado a declinar nuevamente, desatándose una nueva crisis en los valores de las propiedades, principalmente las viviendas y propiedades de alquiler para comercio. También ha ocurrido una fuerte declinación en el valor de las tierras, particularmente las de valor para desarrollo comercial e industrial. Se anticipa una nueva crisis fiscal como consecuencia de la reducción en los recaudos del nuevo Ministerio de Hacienda producido por la reducción en los valores de las propiedades, el éxodo masivo de la población y el cierre de empresas “foráneas”.

El nuevo Ministro de Seguridad Nacional del gobierno de Puerto Rico ha montado un impresionante operativo de seguridad para los actos del 4 de julio y han detenido como medida preventiva a más de un centenar de personas asociadas a posiciones de liderato en los Comandos por la Estadidad, anticipando las protestas masivas de desobediencia civil que se esperan en San Juan. Las líneas telefónicas y de internet experimentaron el fin de semana un tráfico tan intenso que provocó el colapso temporal de las comunicaciones entre Puerto Rico y la Florida. La Casa Blanca evito hacer comentarios sobre la crisis provocada y ha evitado catalogarla como una crisis humanitaria.