Este miércoles 30 de enero continuó el proceso de vistas iniciado dos semanas atrás en el Tribunal Federal sobre la aprobación del acuerdo negociado entre el Gobierno de Puerto Rico y los acreedores para el pago de la deuda pública de Puerto Rico, proceso que se ventila ante la juez de quiebras para el caso de la quiebra gubernamental. El acuerdo no cubre toda la deuda, sino una parte emitida por el Fondo de Interés Apremiante, conocido por COFINA. En este espacio abordamos el tema en lenguaje para no economistas, es decir, para el pueblo, considerando los puntos a favor y en contra del acuerdo.

¿Un acuerdo imperfecto?

Tener un acuerdo imperfecto, no ideal, es mejor que no tener acuerdo alguno, aunque el acuerdo logrado no sea el mejor que se pudo haber negociado. Sin un acuerdo, la capacidad de Puerto Rico para impulsar la recuperación y el desarrollo económico se quedaría en un limbo. Cada año que pase sin un acuerdo empeora la situación de incertidumbre fiscal y la capacidad de atraer nueva inversión al país. Por otro lado, aquel al que se le debe quiere que le paguen. Nadie quiere hacer negocios con entidades y personas que no honran su crédito y por tanto, en quienes no se puede creer o confiar. Si el banco ejecuta mi hipoteca y alguien la compra a descuento, por la mitad, eso no quiere decir que me va a cobrar la mitad de la deuda. Va a tratar de cobrarla toda.

¿Cómo surgió Cofina?

En el 2006, tras el cierre del gobierno por el gobernador Aníbal Acevedo Vila, cuando se designó un comité de economistas, del cual fui partícipe, para resolver el tranque, Puerto Rico sufría de un déficit fiscal acumulado que no había cómo pagarlo. El arbitrio del 6.6% prevaleciente en aquel momento, que era altamente inflacionario, no era suficiente para cubrir los gastos recurrentes y pagar el déficit acumulado, que era contra las disposiciones de nuestra Constitución, que requiere un presupuesto balanceado. Como parte de los acuerdos logrados para terminar con el cierre del gobierno, se estableció el impuesto de 7% (que eventualmente aumentó al 11.5%  y se creó la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) a la que se asignaría alrededor de la mitad de los recaudos del nuevo impuesto, para que emitiera deuda con cargo al impuesto, para poder financiar el desarrollo de infraestructura necesaria al desarrollo económico.

Cofina se convirtió entonces en la vaca lechera para emitir deuda. La combinación de la emisión de deuda de Cofina junto a la fiesta de gasto excesivo del gobierno en nómina y otros conceptos, nos llevaron a la falta de capacidad para pagar la deuda pública. La política del “me vale” y la amenaza a los bonistas de que “si querían gobernar corrieran en campaña para gobernador”, desató la desconfianza de los inversionistas, la degradación del crédito y el empeoramiento del estancamiento económico, que no permitió obtener recaudos suficientes para pagar la deuda y evitar la quiebra del gobierno.

El lado positivo del acuerdo

En el lado positivo, el acuerdo representa varios logros para Puerto Rico. El recorte de la deuda negociada es de un 32%. Ese es un buen comienzo, pues es un ahorro significativo, de lo que se tendría que pagar sin el acuerdo. También se detiene el gasto millonario en litigios en los tribunales y en honorarios de una negociación por un periodo de tiempo indefinido. El acuerdo representa ahorros de unos $17,500 millones durante el término de repago de 40 años. Son $430 millones por año que ahorramos basado en la deuda original. Habrá que pagar intereses por esos 40 años, pero el pago de intereses es el costo de no tener el dinero cash ahora para pagar la deuda. Pero el acuerdo permite restaurar la confianza de los inversionistas y del mercado de capital, que Puerto Rico necesita para levantar fondos de inversión en la infraestructura del Territorio de Puerto Rico.

El plan de ajuste de Cofina fue avalado mayoritariamente por todas las clases de acreedores con derecho a votar sobre el acuerdo, incluyendo unos 8,000 bonistas de Cofina residentes de Puerto Rico. Puerto Rico se libra de lo que podría ser un largo y costoso litigio para definir si los recaudos del IVU pertenecen a Cofina o al gobierno central. La ley de Cofina está muy bien redactada y la impugnación de su constitucionalidad es cuesta arriba, razón por la que ninguna de las partes se ha atrevido a impugnarla.

El lado negativo

Podría haberse insistido en el  logro de un acuerdo que pagara menos porción de la deuda

Podría haberse insistido en el  logro de un acuerdo que pagara menos porción de la deuda, particularmente en los bonos de preferencia, conocidos como bonos “seniors”, ($8 mil millones) a los que se les pagará el 93% del valor nominal o inicial de dichos bonos, mientras a los bonistas no preferentes, conocidos como subordinados ($10 mil millones) se les pagará el 54% del valor de sus bonos. Esa discriminación en favor de unos bonistas, molesta. Aun falta la negociación de los bonos de obligación general, que ahora reclamarán el mismo trato otorgado a los bonos “seniors” de Cofina. No debemos olvidar que los bonos de obligación general tienen un respaldo constitucional, que establece que primero se paga la deuda y si queda algún dinero, se paga todo lo demás en los gastos del gobierno central.

El servicio a la deuda pagadera con el IVU aumentará anualmente

El servicio a la deuda pagadera con el IVU aumentará, según reportajes de prensa, 4% todos los años, una proyección que supera por mucho los estimados de crecimiento económico que ha provisto la propia Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Por lo tanto, bajo un escenario de reducción del crecimiento económico, que reduce el consumo, y por tanto los recaudos del IVU, será necesario reservar más recaudos de dicha fuente para pagar la deuda.

Hay investigadores que postulan que una vez termine el efecto positivo de los fondos federales de reconstrucción de los efectos del huracán María, en ausencia de un cambio radical en la estructura de la economía y los planes de desarrollo económico, la economía volverá a una etapa de estancamiento alrededor del año 2033, es decir, dentro de 14 años. Si hay una reducción importante en las asignaciones federales para ese propósito como parte de las políticas del presidente Trump, ese escenario podría ocurrir en menos de 10 años. Si bajan los recaudos y el servicio anual de la deuda aumenta, estaremos en problemas.

El gobierno estará obligado a cubrir del Fondo general el servicio a la deuda de Cofina si los recaudos del IVU no son suficientes

El acuerdo entre las partes establece que el gobierno central estará obligado a cubrir el servicio a la deuda de Cofina si los recaudos del IVU no son suficientes. Lo tendría que cubrir con los recaudos del Fondo General. Ese es el Fondo que actualmente está asumiendo el pago de las pensiones cuya fuente de pago se extinguió. El servicio de la deuda o pago de intereses en 40 años será de $32 mil millones.

El acuerdo puede ser un mal precedente para negociar la deuda de los bonos GO

El acuerdo representa solo el 24% de la deuda total de PR. Falta aún los GO (general obligation bonds), que tienen un respaldo constitucional en Puerto Rico. No olvidemos que la Constitución de Puerto Rico dice que deberá existir un presupuesto balanceado y que al recibir los recaudos la primera prioridad será el pago de la deuda y luego lo demás, incluyendo las jeringuillas de los hospitales, para ilustrar un ejemplo. Bajo esa premisa, los bonistas de los GO querrán el mismo trato que se les otorgó a los bonistas de Cofina con bonos senior, porque argumentarán que los GO también tienen seniority.

La proyección y plan de pago a 40 años basado en el IVU es muy incierta.

La proyección y plan de pago a 40 años basado en el IVU es muy incierta. No es posible proyectar con un nivel razonable de certeza a un periodo tan largo. Decía el famoso economista John Maynard Keynes que a largo plazo todos estamos muertos. En una economía estancada, aun cuando se asoman algunos signos de recuperación, perdiendo población, sin un horizonte claro de nueva inversión, en un escenario de cambios bruscos a nivel global… ¿a quién se le puede ocurrir proyectar a 40 años? La incertidumbre actual es de tal magnitud, que las empresas, que 10 años atrás preparaban planes estratégicos a cinco (5 años), ahora están preparando planes a dos (2) años.

La proyección del IVU para el acuerdo fue realizada basada en el producto bruto, es decir, el volumen y precios de la producción en Puerto Rico. No se hizo sobre proyecciones de consumo. Esto constituye una deficiencia en los supuestos de recaudos, pues el consumo puede bajar aun cuando pueda subir el producto bruto, y si baja el consumo, baja el IVU y bajan los ingresos del Fondo General. Ciertamente se puede argumentar que la función de consumo de Puerto Rico para efectos del IVU tiene una alta inelasticidad, es decir, es muy estable y no cambia significativamente, por ser impuesto sobre bienes básicos, lo que asegura cierto nivel de recaudos y que la propensión marginal al consumo en Puerto Rico es muy alta, pero en un escenario de pérdida de población, no hay manera de proyectar un consumo estable.

Si bajan los ingresos del Fondo General, habrá menos recursos para las necesidades esenciales de la ciudadanía, pues el pago de la deuda, según el acuerdo, tiene preferencia y lo que no se pague con recursos del IVU deberá pagarse con recursos del Fondo General.

Se debió establecer una lista de servicios esenciales que se cubrirían primero

El acuerdo entre las partes, ni el plan fiscal del gobierno certificado por la Junta de Control Fiscal definen cuales son los servicios esenciales para la ciudadanía y su costo, para asegurar el bienestar mínimo necesario, de supervivencia, si se quiere definir así. Los servicios esenciales definidos con criterios usuales deberían incluir: salud, protección policiaca, control de incendios, agua potable, servicios de recogido de basura, infraestructura de comunicaciones y electricidad, mantenimiento y reparación de carreteras, entre los más esenciales. Ese proceso es un criterio de la Ley Promesa. Ese principio pretende asegurar que la población recibe un trato humanitario, protegida de un posible capitalismo insensible de la banca de inversiones bautizada con el ícono de “fondos buitre”. De haberse completado ese ejercicio, el gobierno estaría, tal vez, en mejor posición para orientar a la juez del proceso de quiebra en el Tribunal Federal, sobre cuánto dinero de los recaudos serían necesarios para servicios esenciales y el sobrante para pagar la deuda.

Cuál pudo haber sido un mejor acuerdo

Es muy fácil soñar con un mejor acuerdo cuando se observa desde las gradas. Se puede argumentar que desde afuera, opinar es un mamey. Pero me atrevo a intentar revolcar el avispero, aunque a mi ni las avispas me pican.

1. Un acuerdo basado en un por ciento de los ingresos del IVU, sin garantías adicionales de pago del Fondo General hubiese sido mejor. Así se acuerdan los pagos en los procesos de quiebra regulares. Se determina los ingresos del deudor, el costo de sus necesidades básicas y se distribuye el remanente entre los acreedores por un periodo de varios años, hasta que su situación financiera se estabilice. Los acreedores están, en cierta medida, en una posición de tómalo o déjalo, por lo cual la situación le lleva a tener que aceptar un trato no preferente. Aunque podría alargarse el proceso de un lograr un acuerdo, la juez podría forzar el acuerdo porque ese es parte de su rol de juez de quiebras. No obstante, hay que aceptar que los bonistas quieren asegurarse de que ningún gobierno local populista que se vuelva loco y gaste sin control, afecte la capacidad de pago de los bonos. Si así lo hiciera, conforme el acuerdo tendría que responder por el gasto excesivo, eliminando otros gastos. Y créanme, el terreno en Puerto Rico, donde se honra la dependencia, es muy fértil para el populismo.
2. Un acuerdo que reconociera 54% de la deuda para todos los bonos para que sirviera de base para negociar trato igual a los bonos GO cuando le toque su turno. Así el pueblo de Puerto Rico se ahorraría una suma mayor en el pago de la deuda, y el gobierno tendría más certeza de los pagos que debería hacer, pues pagaría a base de un porciento de los recaudos del IVU hasta donde lo permitiera el dinero a lo largo de los 40 años del acuerdo. Ese acuerdo podría estar garantizado por disposiciones que aseguraran el control de gastos del gobierno mediante la supervisión de un comité de bonistas durante los 40 años del acuerdo.

¡Ojalá que alguien cercano a la juez leyera esta columna y le transmitiera este mensaje, la iluminara y la motivara a forzar una reconsideración del acuerdo; y que también iluminara a los representantes del gobierno y la Junta de Control Fiscal! Pero decía un conocido economista liberal, Alan Blinder, Asesor del presidente Clinton, que la relación entre los economistas y los políticos es como la relación entre una persona ebria y el poste del alumbrado público. El ebrio no se acerca al poste buscando iluminarse sino para apoyarse.