El contenido de este artículo es discutido por el autor, de manera más amplia, en su libro: Consecuencias económicas de la estadidad para Puerto Rico. El libro está disponible en la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas, Biblio Services en Hato Rey; Librería Norberto en Rio Piedras y Librería La Casita en Aguadilla Mall.

Carmen Yulín Cruz Soto, alcaldesa de San Juan, anunció su aspiración a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular. La Sra. Yulín Cruz puede ganar la candidatura a la gobernación por ese partido y, de llegar a ser la gobernadora de Puerto Rico, lucharía por lograr con Estados Unidos un pacto de independencia o libre asociación (republica asociada) para Puerto Rico. La Sra. Yulín Cruz es firme creyente en la independencia. En este artículo abordamos la situación actual del pacto de libre asociación de tres antiguos territorios de Estados Unidos que tienen ese tipo de pacto de status: las islas de Micronesia, Islas Marshall y Palau.

Si el pueblo de Puerto Rico opta por la libre asociación, el pacto no tendrá carácter permanente, como concluye el Informe de Casa Blanca de 2011 [1]. El Congreso podrá cancelarlo unilateralmente, como disponen los pactos de 2003 con los Estados Federados de Micronesia y la República de las Islas Marshall así como la República de Palau.

Los pactos con estas nuevas naciones son por 20 años a partir del 2003, hasta el 2023. Estados Unidos aporta $3.5 billones combinados para los Estados Federados de Micronesia y la República de las Islas Marshall y $0.8 billones para Palau. A modo de comparación, a Puerto Rico, se estima que el gobierno federal aportará más de $45 billones en el 2018-2019, incluyendo fondos de recuperación. A partir del 2023 la ayuda directa a Micronesia, Islas Marshall y Palau cesará y entrará en vigor un fideicomiso creado por Estados Unidos y los Estados Asociados de cuyo rendimiento dependerá los ingresos de cada uno de los tres estados. Pero el Congreso de Estados Unidos no ha hecho las aportaciones al fideicomiso según acordado. Tras un acuerdo del 2008, no fue hasta 2018 que el Congreso autorizó fondos bajo la National Defense Authorization Act (NDAA). En el periodo de 2010 a 2018, las asignaciones anuales regulares del Congreso fueron menores a lo acordado y no se hicieron aportaciones al fideicomiso para la autosuficiencia después de 2023 tras la terminación del pacto. [2]

Conforme los pactos de libre asociación de los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y la República de Palau, los residentes de estas islas no participan del programa de Medicaid. La ayuda principal de Estados Unidos, además de la subvención económica antes mencionada, se limita a ayuda de respuesta para mitigación de desastres y asistencia del Servicio Meteorológico. Estados Unidos provee asistencia del Servicio Postal, la Administración Federal de Aviación y la Comisión Federal de Comunicaciones.

Fuera de estas agencias, las demás agencias federales de justicia y seguridad no tienen presencia en estas repúblicas bajo los pactos de libre asociación. La mayoría de los ciudadanos de los Estados asociados pueden vivir y trabajar en los Estados Unidos, pero no son ciudadanos americanos ni tienen los derechos que otorga la ciudadanía.

Estados Unidos asume exclusividad en la defensa militar de estas naciones asociadas. Los residentes no son ciudadanos americanos ni participan de los programas de asistencia federales, como el seguro social, bienestar social, programas de nutrición y alimentos como el Plan de Asistencia Nutricional ni ninguno de los otros programas de asistencia para el desarrollo económico, social y de infraestructura.

En el caso de los Estados Federados de Micronesia han ocurrido algunos eventos de restricción de los derechos civiles, que no han podido ser atendidos por las agencias estadounidenses de protección de dichos derechos.  Hace varios años se produjeron una serie de acusaciones contra el Gobierno por limitar la libertad de expresión, cuando al editor de uno de los principales diarios del país, “FSM News”, le fue retirado el visado para regresar a la Federación. El Gobierno había decidido deportar al editor (que era de nacionalidad canadiense) tras la publicación de un reportaje sobre el supuesto derroche presupuestario del Ejecutivo. El diario dejó de publicarse. [3] Ese ataque extremo a la prensa, ocurre en ciertas repúblicas, como el caso de Venezuela, pero no en los Estados Unidos.

 

En la cuerda floja el Pacto de Libre Asociación de Micronesia con Estados Unidos

En diciembre de 2015, el Congreso de los Estados Federados de Micronesia aprobó una resolución expresando su interés en terminar el Pacto de Libre Asociación con los Estados Unidos en el 2018, 5 años antes de su vencimiento.[4] Actualmente ambas partes discuten la renovación o terminación del acuerdo que vence en el 2023. La razón mencionada por Micronesia para terminar el pacto surge de la intensión del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Department) de Estados Unidos en el 2015, de establecer ciertos procedimientos de cotejo a los inmigrantes de Micronesia ante preocupaciones de seguridad nacional de que se esté utilizando la libertad de entrada a Estados Unidos por personas no autorizadas. También ha influenciado la actitud de las autoridades locales, la tardanza del Congreso de Estados Unidos en hacer las aportaciones monetarias acordadas para el fideicomiso dispuesto en el Tratado para la autosuficiencia de los antiguos territorios una vez termine el pacto en el 2023. [5] Estados Unidos se está preparando para salirse del pacto en el 2023, cuando termine el actual acuerdo y ordenó al GAO un estudio sobre el status del fideicomiso para la autosuficiencia de las islas. Al presente existe mucha tensión en las relaciones entre ambos países, pero es mayormente por discrepancias en la administración de la ayuda financiera que aporta Estados Unidos.

Un Comité Conjunto de Administración Económica (Joint Economic Management Committee – JEMCO) compuesto por representantes de ambas naciones establece las guías para que el gobierno de Micronesia utilice los fondos, pero Estados Unidos se queja de los pobres resultados de los programas de educación, salud, ambiente y otros sectores para los que ofrece ayuda. La oficina regional de Hawaii de la Oficina de Asuntos Insulares del Departamento del Interior hizo varias recomendaciones al Congreso sobre sus preocupaciones con la ayuda ofrecida y otras áreas del pacto.

La República de China, ha ido incrementando su influencia en el área del pacífico extendiendo su interés hasta las aguas territoriales de Micronesia, lo que implica que puede buscar algún tipo de acuerdo con Micronesia. En el 2015 China otorgó $10 millones en ayuda económica a Micronesia. Se estima que desde el 2003 China ha aportado $28 millones en ayuda a Micronesia. [6] Sin embargo, el periodo de 2007 al 2015, Estados Unidos otorgó a Micronesia ayuda promedio anual de $32 millones, equivalente a $284 millones. Esa suma no incluye la aportada desde 2003 al 2006.

La terminación del pacto, como propone el Congreso de Micronesia, afecta más a Micronesia que a los Estados Unidos. Los micronesios que actualmente residen en Estados Unidos perderían su status migratorio actual y podrían perder los beneficios de programas federales de los que disfrutan en Estados Unidos. Si Micronesia escoge a China como su padrino, difícilmente recibiría el nivel de ayuda actual que provee Estados Unidos y estaría en manos de una potencia económica menos amistosa y respetuosa de acuerdos y derechos que Estados Unidos.

Como resultado de la resolución de 2015 se ha iniciado un aumento en la emigración de los residentes de Micronesia hacia jurisdicciones de Estados Unidos, particularmente, Guam y Hawaii. [7] El 94% de los que emigran lo hacen a estos dos destinos. La población de Micronesia es de alrededor de 100 mil habitantes. En el 2008 se estimó por el Departamento de Comercio federal que había 12,215 migrantes de Micronesia en Hawaii y 18,305 en Guam (Territorio de Estados Unidos actualmente). El número de migrantes total en las dos jurisdicciones sumaban 30,520. [8] Esa suma representa el 31% de la población de Micronesia.

El gobierno de Guam se queja de que los inmigrantes ocasionan tensión en las operaciones gubernamentales y recursos fiscales porque llegan sin recursos, sin destrezas ocupacionales para el empleo y con problemas de salud. El gobierno de Hawaii tiene quejas similares.

La incertidumbre con el futuro del Pacto de Libre Asociación entre Micronesia y los Estados Unidos está provocando una emigración considerable de la población, que eventualmente, si se termina el pacto en el 2023, se verían forzados a retornar a su país si pierden su status migratorio.

La experiencia actual de incertidumbre del Pacto de Libre Asociación de Micronesia con los Estados Unidos y las consecuencias que está conllevando para los micronesios en su país y los que emigran a Estados Unidos es prueba fehaciente de que un pacto de libre asociación está sujeto a terminación unilateral por una de las dos partes y que su vida útil puede ser efímera. Las implicaciones para la población de cualquier decisión de sus gobernantes pueden cambiar sus vidas para siempre.

Ese sería el destino de los puertorriqueños residentes en Puerto Rico si el Partido Popular gana las elecciones del 2020 y se mueve a la izquierda y provoca una negociación con Estados Unidos para un pacto de libre asociación, con un presidente de Estados Unidos como Donald Trump. ¿Cuál seria entonces el futuro económico y social de Puerto Rico tras el pacto de libre asociación? El caso de Micronesia puede servir de marco de referencia.

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[1] Casa Blanca. Oficina del Presidente. Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Status de Puerto Rico. 2011.

[2] David Gootnick, Government Accountability Office, Compact of Free Association: Proposed U.S. Assistance to Palau for Fiscal Years 2016 to 2024 (2016), https://www.gao.gov/assets/680/678243.pdf.

[3] Oficina de Información Administrativa (MAE). España. Los Estados Federados de Micronesia. Julio de 2003.

[4] Nineteenth Congress of the Federated States of Micronesia. Third Special Session, 2015 C.R. No. 19-155

[5] David Gootnick, Government Accountability Office, IBID.

[6]  The Diplomat. February 19, 2016

[7] Pacific Daily News. 4 de diciembre de 2015.

[8] US Department of Commerce. US Bureau of Census. 2008 estimates of Compact of Free Association Migrants.