Nota a nuestros lectores: 7mo de una serie de artículos, con motivo de la consulta plebiscitaria de junio de 2017.

 

Se ha argumentado con relativa frecuencia que la admisión de Puerto Rico como un Estado de la Unión de Estados Unidos de América representa un golpe mortal al bolsillo del contribuyente promedio en Puerto Rico como consecuencia de la implantación del sistema de contribución sobre ingresos federal. Actualmente, una persona nacida y residente en Puerto Rico es considerada un ciudadano americano para propósitos del pago de impuestos y está sujeto al Código de Rentas Internas Federal aprobado por el Congreso. Al presente, un número importante de residentes de Puerto Rico pagan impuestos sobre ingresos al gobierno federal.  Pero bajo la estadidad la mayoría de los residentes no pagaría impuestos sobre ingresos a dicho nivel federal. En este espacio abordamos este tema.

Hay reglas de impuestos diferentes para los residentes de los estados y los de Puerto Rico, pero no por virtud del status territorial sino por virtud de una sección del Código de Rentas Internas Federal. La regla más importante es la Sección 933, que dispone que los residentes de Puerto Rico no paguen impuestos federales por ingresos generados de fuentes de Puerto Rico.  Esa exención puede ser eliminada en cualquier momento por disposición del Congreso como se eliminó la sección 936 de dicho código que disponía exenciones similares para impuestos corporativos. Por lo tanto, la no tributación de ingresos al nivel federal no tiene nada que ver con el status del ELA.

 

Los residentes de Puerto Rico actualmente pagan algunos impuestos federales

De hecho, los residentes de Puerto Rico pagan impuestos federales por varios conceptos, incluyendo el impuesto al seguro social, medicare e impuestos por la nómina para seguro por desempleo. Los empleados federales en Puerto Rico también pagan contribuciones federales y aquellas personas que reciben ingresos pasivos por inversiones de fuentes de origen en Estados Unidos también. Si usted posee activos en fondos de inversión de Estados Unidos, que paguen dividendos y ganancias de capital, aunque sean reinvertidos en dicho fondo, usted tendrá que radicar una planilla de contribución sobre ingresos al gobierno federal. El señalamiento de que el status del ELA hace a los residentes de Puerto Rico inmunes al pago de impuestos federales es un mito, una falacia y un engaño.

Es importante señalar que la estructura contributiva de contribución sobre ingresos de Puerto Rico, tanto para individuos como para corporaciones es muy similar a la de Estados Unidos, lo que facilitaría la integración de ambos sistemas bajo la estadidad, aunque en el caso del impuesto a las corporaciones hay algunas diferencias. La implantación paulatina de un plan de integración del sistema local de impuestos a las corporaciones al sistema de impuestos federal permitiría una transición ordenada del nuevo sistema de tributación.

La carga impositiva del pago de impuestos no lo es los impuestos federales, sino los impuestos estatales. El gobierno estatal impone unas tasas contributivas y variedad de impuestos como si se tratara de un gobierno nacional de una república. La tasa contributiva del impuesto sobre ingresos estatal es de las más altas de Estados Unidos. El impuesto a las ventas (“sales tax”) es el más alto de todos los estados. La mediana del impuesto a las ventas en los estados es de 4% a 6.9% que incluye a 42 estados. Hay 5 estados que no imponen un “sales tax”. En Puerto Rico la tasa de dicho impuesto al nivel estatal es de 10% (más 1.5% para los municipios).

 

La mayoría de los residentes de Puerto Rico no pagará impuestos sobre ingresos

Bajo el sistema de impuestos federales la mayoría de los puertorriqueños no pagará impuestos al gobierno federal sobre ingresos personales.  A modo de ejemplo, en el planilla de contribución sobre ingresos federal, una familia promedio de tres miembros (la pareja y un hijo) con ingresos combinados producto del trabajo por la suma de $30 mil dólares, habría pagado contribución sobre ingresos de $525.00 al gobierno federal. Este estimado no incluye la deducción a la que hubiese tenido derecho por las contribuciones al gobierno estatal, lo que habría reducido su responsabilidad contributiva federal.

Las familias de ingresos más bajos (los denominados más vulnerables) en lugar de pagar impuestos federales recibirán un cheque en crédito por su nivel de ingresos bajos, conocido como el “income tax credit”.

Con el advenimiento de la estadidad, habrá nuevas aportaciones del gobierno federal para transferencias a las personas y para programas de infraestructura y desarrollo económico así como el mejoramiento en la eficiencia en la prestación de servicios gubernamentales. Como resultado, las tasas contributivas de la contribución sobre ingresos de las personas al nivel estatal pueden ser reducidas, al contar el gobierno estatal con más recursos así como la ampliación de servicios a la ciudadanía que absorberá el gobierno federal. La mejoría en la actividad económica que surgirá con la admisión de Puerto Rico como Estado, representará, a su vez, más recaudos al gobierno estatal, lo que brindará una oportunidad adicional para reducir las tasas de contribución sobre ingresos al nivel estatal. Puerto Rico podrá restructurar todo su sistema de impuestos para armonizarlo con el de los demás estados.

 

Pagar impuestos federales significa igualdad de participación en aportaciones del gobierno federal.

Conforme estudios realizados por la organización Tax Foundation de Estados Unidos, la mayoría de los Estados reciben más ingresos del gobierno federal que lo que aportan en contribución sobre ingresos. Un estudio relativamente reciente demostró que 34 estados recibían más en aportaciones federales que lo que contribuían en contribución sobre ingresos. Conforme ese estudio, Mississippi recibía $1.89 por cada dólar aportado en impuestos. Considerando que el ingreso familiar promedio en Puerto Rico es considerablemente el menor de todos los estados, Puerto Rico resultaría probablemente el Estado más beneficiado de la repartición del fondo presupuestario federal. Otra conclusión del Tax Foundation es que parte de las aportaciones federales son como resultado de los contratos otorgados para proyectos de infraestructura y desarrollo económico, las cuales se ha demostrado, que son mayores en Estados que tienen una delegación congresional fuerte e influyente. Por razones demográficas de tamaño de la población, Puerto Rico tendría una delegación de 5 congresistas, con influencia para negociar en el Congreso. El empuje de esa delegación será otro factor de importancia para influenciar la participación de Puerto Rico en la repartición de asignaciones para los estados.

 

El impacto mayor de los impuestos federales recae en las corporaciones multinacionales radicadas en Puerto Rico

El impacto mayor de las contribuciones sobre ingresos bajo la estadidad recaerá sobre las corporaciones multinacionales, radicadas en Puerto Rico que ahora pagan solamente 4% al nivel estatal y lo reclaman como un crédito en sus obligaciones contributivas al nivel federal al repatriar sus ganancias corporativas. A modo de ejemplo, al nivel federal, en el 2016, se puede mencionar algunos casos de gigantes corporativos que se destacan en el monto del pago de impuestos. Entre éstas, Apple debía pagar $15.7 billones; Alphabet $4.7 billones; Microsoft $3.0 billones; Intel, $2.6 billones; Oracle, $2.5 billones y Facebook, $2.3 billones. [1]

En Puerto Rico el status territorial denominado ELA, bajo el cual el gobierno estatal le ha otorgado privilegios contributivos a las grandes corporaciones ha resultado en detrimento de los residentes de Puerto Rico y ha sido responsable que Puerto Rico no se integre a la economía nacional estadounidense. Bajo la estadidad, sin embargo, la carga contributiva será redistribuida de una manera más racional.

 

La estadidad cambiará la mentalidad de exención contributiva

Tradicionalmente se ha utilizado el argumento de que la exención contributiva a las corporaciones multinacionales ha sido el factor predominante en el desarrollo económico de Puerto Rico. Sin embargo, estudios recientes demuestran que dicha exención contributiva no ha sido el criterio fundamental para la inversión de impacto en el crecimiento económico como se ha señalado. [2]

En Puerto Rico se piensa que si no se ofrece exención contributiva las inversiones de nuevas empresas no llegarán. Se firman decretos de exención contributivas por periodos que pueden alcanzar hasta 15 años. Se otorgan créditos contributivos, que son más onerosos que los decretos de exención contributiva, porque permiten acreditar cada dólar de crédito a futuras obligaciones contributivas. Se culpa la falta de desarrollo económico a la eliminación de políticas de exención contributiva, como es el caso de la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal que canceló el reconocimiento de exención contributiva al nivel federal a ciertas empresas estadounidenses radicadas en Puerto Rico.

 

Sin embargo, cuando se compara a Puerto Rico contra jurisdicciones en los Estados Unidos entre otras, los estados de Florida, y Hawaii, Puerto Rico ofrece mayores incentivos contributivos a las empresas y aun así muchas empresas se ubican en esas otras jurisdicciones y pagan las contribuciones que se fijan a tasas regulares de impuestos, considerablemente más altas que la tasa de 4% que les aplica en Puerto Rico. Esto demuestra que las empresas no necesariamente seleccionan un lugar para establecerse basado en el criterio de si pagarán o no impuestos, si no por otras consideraciones. Entre éstas se destacan fundamentalmente el clima favorable a la inversión, las regulaciones a los negocios, la burocracia, la seguridad, la estabilidad política, el acceso a sus mercados y otras consideraciones. Parece ser que sería mejor imponer impuestos y a cambio mejorar el ambiente de negocios y la cultura gubernamental hacia la nueva inversión.

 

Los costos de la exención contributiva

En Puerto Rico no se evalúa adecuadamente los costos de las políticas de exención y créditos contributivos y los beneficios que la economía obtiene de dichas políticas, de manera que se pueda justificar si los incentivos contributivos rinden beneficios en sectores industriales específicos y si vale la pena concederlos o si, al contrario, es mejor recaudar impuestos de dichas operaciones y dedicar más recursos a mejorar el clima de inversión.

 

Un estudio, realizado bajo la coordinación del colega economista Ramón Cao, ex catedrático de economía de la Universidad de Puerto Rico, reflejó que la mayoría de los incentivos contributivos a las empresas no rinden los frutos que se reclaman en la mentalidad existe de exención contributiva. [3] En ese estudio se presenta una síntesis de los resultados obtenidos, así como los estudios de Costo/Beneficio efectuados para los créditos contributivos e incentivos fiscales que se conceden a varios sectores industriales, entre estos: manufactura, proyectos fílmicos, vivienda, hospitales, hoteles, agricultura y construcción comercial e industrial, entre otros.

 

El estudio evaluó la efectividad socioeconómica de un conjunto de los principales incentivos y créditos contributivos que se conceden a empresas en Puerto Rico. El estudio indica que “esos incentivos representan un serio costo fiscal para el estado…, que es en realidad mayor si se incluyen las exenciones y otras preferencias tributarias concedidas a empresas. Además, la experiencia tiende a indicar que esos incentivos no tienen, en su conjunto un efecto positivo, que tenga significación estadística, sobre la inversión privada en la Isla. [4] Los hallazgos de este estudio, aun con las limitaciones que puedan tener, a base de los datos disponibles y las consideraciones a las técnicas de análisis de costo-beneficio, justifican que se conteste el interrogante de si cumplen su objetivo los incentivos actuales contemplados en las políticas de exención contributiva a las empresas en Puerto Rico.

 

La política de exención de impuestos a las corporaciones le ha hecho un grave daño a Puerto Rico en su capacidad fiscal y ha sido un impedimento a la integración económica y política de Puerto Rico a la economía nacional de Estados Unidos. La promulgación de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal creó una burbuja económica de un paraíso contributivo que no contribuyó al tesoro federal ni al tesoro de Puerto Rico. [5] Se creó un sistema de impuestos corporativos basado un número limitado de empresas y cuando se eliminó la Sección 936, por la insatisfacción del Congreso con sus frutos, la economía local colapsó.

 

Paralelo a esta política de exención contributiva, particularmente al sector de la manufactura, se creó un sistema de exención triple de impuestos a las emisiones de deuda pública, mediante la emisión de bonos, que llevó al gobierno estatal a tomar demasiado dinero prestado, por lo fácil que resultaba emitir y colocar la emisión de bonos en el mercado. Cuando la economía colapsó, no había recaudos para pagar la deuda y el mercado de bonos locales colapsó también. Se generó la tormenta perfecta que provocó que el Congreso haya ejercido sus poderes plenarios sobre el territorio nombrando una Junta de Control Fiscal por encima de los funcionarios electos, Junta que a su vez, ha decretado la quiebra del territorio.

 

Bajo la estadidad, mediante el sistema contributivo con una base más amplia, redistribuyendo la carga tributaria y estimulando la redistribución del ingreso en favor de los grupos más vulnerables, integrados al sistema contributivo federal, la historia de la quiebra del gobierno del territorio sería diferente.

 

Conclusiones

El análisis de los argumentos de que la estadidad representa un golpe mortal al bolsillo del contribuyente promedio en Puerto Rico como consecuencia de la implantación del sistema de contribución sobre ingresos federal, permite llegar a las siguientes conclusiones:

 

1. Los residentes de Puerto Rico actualmente pagan impuestos federales por varios conceptos, incluyendo el impuesto al seguro social, medicare e impuestos por la nómina para seguro por desempleo. Los empleados federales en Puerto Rico también pagan contribuciones federales y aquellas personas que reciben ingresos pasivos por inversiones de fuentes de origen en Estados Unidos también. El señalamiento de que el status del ELA hace a los residentes de Puerto Rico inmunes al pago de impuestos federales es un mito, una falacia y un engaño.
2. La carga impositiva del pago de impuestos no lo es los impuestos federales, sino los impuestos estatales. El gobierno estatal impone unas tasas contributivas y variedad de impuestos como si se tratara de un gobierno nacional de una república. La tasa contributiva del impuesto sobre ingresos estatal es de las más altas de Estados Unidos. El impuesto a las ventas (“sales tax”) es el más alto de todos los estados. La mediana del impuesto a las ventas en los estados es de 4% a 6.9% que incluye a 42 estados. Hay 5 estados que no imponen un “sales tax”. En Puerto Rico la tasa de dicho impuesto al nivel estatal es de 10% (más 1.5% para los municipios).
3. Con la admisión de Puerto Rico como un estado, tras el pago de impuestos federales sobre ingresos, las tasas contributivas de la contribución sobre ingresos de las personas al nivel estatal pueden ser reducidas, al contar el gobierno estatal con más recursos de aportaciones federales así como la ampliación de servicios a la ciudadanía que absorberá el gobierno federal. La mejoría en la actividad económica que surgirá con la admisión de Puerto Rico como Estado, representará, a su vez, más recaudos al gobierno estatal, lo que brindará una oportunidad adicional para reducir las tasas de contribución sobre ingresos al nivel estatal.
4. El impacto mayor de las contribuciones sobre ingresos bajo la estadidad recaerá sobre las corporaciones multinacionales, radicadas en Puerto Rico que ahora pagan solamente 4% al nivel estatal y lo reclaman como un crédito en sus obligaciones contributivas al nivel federal al repatriar sus ganancias corporativas.
5. La política de exención de impuestos a las corporaciones le ha hecho un grave daño a Puerto Rico en su capacidad fiscal y ha sido un impedimento a la integración económica y política de Puerto Rico a la economía nacional de Estados Unidos.
6. Bajo la estadidad, bajo un sistema contributivo con una base más amplia, redistribuyendo la carga tributaria y estimulando la redistribución del ingreso en favor de los grupos más vulnerables, integrados al sistema contributivo federal, la historia de la quiebra del gobierno del territorio sería diferente.
7. El argumento de que la estadidad tendrá un impacto desastroso en las contribuciones que pagan los puertorriqueños está basado en un mito de los opositores a la estadidad. La integración de Puerto Rico al sistema de contribuciones federales no representaría la catástrofe que algunos opositores a la estadidad señalan sobre los individuos, principalmente los de medianos y bajos ingresos. Por otro lado, el impacto sobre la tributación de las corporaciones estaría concentrado en un grupo pequeño de grandes corporaciones multinacionales, para las cuales se necesitaría un plan de transición paulatino que facilite su integración al sistema contributivo federal, sin mayores ajustes inmediatos que pongan en riesgo su viabilidad.

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[1] Infographics.  How much do UD Tach Giants pay in taxes. Mayo 2017.

[2] Ramón J. Cao García. Evaluación de beneficios y costos de créditos contributivos. Informe a la Cámara de Representantes. 2014.

[3] Ramón J. Cao García. Evaluación de beneficios y costos de créditos contributivos. Informe a la Cámara de Representantes. 2014.

[4] Ramón J. Cao García, “Incentivos contributivos e inversión privada en Puerto Rico”, Revista Civilizar de Empresa y Economía,  Bogotá,  D.C.,  Colombia:  Universidad  Sergio  Arboleda,  Núm.  2, Año  2,  julio- diciembre 2010, págs. 54 a 73.

[5] The Tax Foundation.org. Tax policy helped create Puerto Rico fiscal  crisis.  Junio 2015.