1. Badillo, Vanessa. The economic implications of Puerto Rican Statehood. Haverford College. April 2005.
2. Bancroft, Hubert Howe. History of California (San Francisco, 1888), VI, 342.
3. Berrios, Rubén, Testimonio ante el Comité de Recursos Naturales del Senado de E.U.A. 1ro de Agosto de 2013.
4. Boto Isolina and Biasca Ronalee. Small Island Economies: Vulnerabilities and Opportunities. African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP). European Union. April 2012.
5. Burns, Jim. Road to Statehood. Statehood Hawaii.org. 2009.
6. Cao García, Ramón J. Evaluación de beneficios y costos de créditos contributivo Informe a la Cámara de Representantes. 2014.
7. Casa Blanca. Oficina del Presidente. Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Status de Puerto Rico. Informe al Presidente Bush – Dic. , 2007
8. Casa Blanca. Oficina del Presidente. Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Status de Puerto Rico. 2011. Informe al Presidente Obama – Marzo 2011
9. Comité de Medios de la Cámara. HR 856 el 21 de abril de 1997: Resolución 22 aprobada por la Asamblea Constituyente de Puerto Rico.
10. Congressional Research Service (CRS). Political Status of Puerto Rico:  Options for Congress, Report Number RL32933, May 29, 2008.
11. Congressional Research Service. Tax Policy and US Territories. Overview and Issues for Congress. October. 2016.
12. Eldredge, Zoeth Skinner. History of California (New York, 1915), 278-374.
13. Fanon, Frantz. Los Condenados de la Tierra. 1961.
14. Ferre, Luis. Testimonio ante el Comité de Medios del Senado de E.U.A. Marzo 19, 1997.
15. Puerto Rico. Information on How Statehood Would Potentially Affect Selected Federal Programs and Revenue Sources. 2014.
16. Joint Committee on Taxation. Overview of the special tax rules related to Puerto Rico and an analysis of the tax and economic policy implications of recent legislative options. 2006.
17. Puerto Rico: Fiscal Relations with the Federal Government and Economic Trends during the Phaseout of Possessions Tax Credit. May 2006.
18. Gonzalez, Jenniffer. Portavoz de la minoría de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Testimonio ante Comité de Recursos Naturales del Senado de E.U.A. 1ro de agosto de 2013
19. Grupo de Investigadores Puertorriqueños. Breakthrough from Colonialism: An Interdisciplinary Study of Statehood. Vol. II. Capitulo II. Editorial de la UPR. 1984.
20. Harvard Law Review. The international place of Puerto Rico. April 2017.
21. Hunter, L.A. Leave not State or Territory Behind. Formulating a pro-growth economic strategy for Puerto Rico. Institute for Policy Innovation. 2003.
22. How much do UD Tech Giants pay in taxes. Mayo 2017.
23. Lehleitne, George. The Tennessee Plan: Admission of the bold. University of Alaska. June 2009
24. Muñoz, Nicolas. La Estructura ocupacional y la distribución del Ingreso familiar en el grupo trabajador en Puerto Rico. Revista Caribbean Studies. 1975.
25. Nineteenth Congress of the Federated States of Micronesia. Third Special Session, 2015 C.R. No. 19-155
26. Oficina de Información Administrativa (MAE). España. Los Estados Federados de Micronesia. Julio de 2003.
27. Pacific Daily News. 4 de diciembre de 2015.
28. Pew Research Center. Key findings about Puerto Rico. March 2017.
29. Pierluisi, Pedro. Delegado de Puerto Rico al Congreso. Testimonio ante el Comité de Recursos Naturales del Senado de E.U.A.. 1ro de agosto de 2013
30. Ramón J. Cao Garcí “Incentivos contributivos e inversión privada en Puerto Rico”. Revista Civilizar de Empresa y Economía, Bogotá, D.C., Colombia: Universidad  Sergio  Arboleda,  Núm.  2, Año 2, julio- diciembre 2010, págs. 54 a 73.
31. Rockefeller Institute of Government. SUNY. 2020 Annual Report. January 2020.
32. Rosselló, Testimonio ante el Comité de Recursos Naturales del Senado de E.U.A., Marzo 19, 1997.
33. Tansill, William R. Election of Congressional Delegations Prior to the According of Statehood. (Library of Congress, 1955).
34. The Diplomat. February 19, 2016
35. Thornburgh, Richard. A time to Decide. Center for Strategic and International Studies. 2007.
36. The Tax Foundation.org. Tax policy helped create Puerto Rico fiscal crisis. June 2015.
37. The Puerto Rico Report. What Does It Mean to Be a Territory of the United States? April 17, 2017.
38. Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sere v. Pitot, 10 U.S. 332, 336-37 (1810).
39. Nat. Bank v. Yankton County, 101 U.S. 129, 133 (1879)
40. De Lima v. Bidwell, 182 U.S. 1, 200 (1901).
41. Huus v. N.Y. & Porto Rico Steamship Co., 182 U.S. 392, 396-97 (1901).
42. New York ex rel. Kopel v. Bingham, 211 U.S. 468, 476 (1909).
43. Balzac v. PortoRico, 258 U.S. 298 (1922)
44. Board of Engineers, Architects, and Surveyors v. Flores de Otero, 426 U.S. 572, 587 n. 16 and 590 (1976).
45. Torres v. Puerto Rico, 442 U.S. 465, 470-473 (1979).
46. Harris v. Rosario, 446 U.S. 651, 651-52 (1980).
47. US Department of Commerce. US Bureau of Census. 2008 estimates of Compact of Free Association Migrants

La investigación y el análisis efectuado en los posts de este blog permiten llegar a varias conclusiones sobre el estatus territorial de Puerto Rico en comparación con la estadidad o la independencia. Las siguientes son las conclusiones principales:

1. El estatus territorial permite la discriminación contra los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Se concluye que un territorio, bajo la Constitución y las leyes de Estados Unidos es simplemente un pedazo de tierra que pertenece a los Estados Unidos y sobre el que el Congreso puede disponer cuando y como quiera. No es un Estado ni es un país. Un territorio no tiene los derechos de un Estado, ni los poderes de una nación, ni tiene soberanía. Es solamente una posesión de Estados Unidos. Es una relación que no encaja en el modelo moderno de gobierno americano. No representa el patrón de democracia y libertad americana. El Departamento de Justicia Federal entiende que esa alternativa de organización política debe aparecer en un plebiscito, en un intento de perpetuar la situación colonial de Puerto Rico. Pero aun cuando los electores americanos residentes de Puerto Rico votaran a su favor como estatus territorial, su permanencia no representa un status válido, ni constitucionalmente, ni desde la perspectiva moral ni desde los principios democráticos bajo los cuales se fundó la nación americana.

2. El costo económico de la estadidad nunca ha sido un criterio utilizado por el Congreso para otorgar la estadidad a un territorio; ni la admisión de un nuevo Estado ha significado la ruina económica de dicho Estado. Tampoco el nivel de desarrollo o subdesarrollo alcanzado como territorio, ni el nivel de pobreza o la cantidad de recursos naturales ha sido argumento para impedir la admisión de un nuevo Estado. Tampoco la distancia en millas del territorio continental de los Estados Unidos continentales ha sido un argumento válido. Para los padres fundadores de la Federación de Estados Unidos de América, la admisión de territorios como parte de la Unión era un asunto de moral, igualdad y postulados básicos de la Revolución Americana. Esos postulados continúan vigentes.

3. El Plan Tennessee es el nombre que se ha dado a la estrategia seguida por ese Estado forzar su admisión a la Unión de los Estados Unidos de América. El Territorio de Tennessee fue el primero en usar dicho método, pero luego lo utilizaron otros, incluyendo a Michigan, Iowa, California, Oregón, Kansas, Alaska y Hawaii. El Plan consiste en varias etapas en un marco legal, lejos de mero proselitismo partidista. El proceso se desarrolla más o menos de la siguiente manera. 1) El territorio solicita la estadidad y el Congreso no actúa. 2) Los residentes del territorio eligen delegados para redactar una constitución bajo los parámetros de los requisitos de admisión, sin previa intervención ni autorización congresional y ratifican dicha nueva constitución. 3) Se realiza una elección u otro proceso alterno para elegir dos senadores y un número de representantes (en el caso de Puerto Rico se ha estimado en cinco). 4) Se envía la delegación a Washington a residir allá, cabildear por los pasillos del Congreso y votar simbólicamente fuera del hemiciclo para ilustrar como hubiese cambiado una votación si su voto fuera válido. 5) Finalmente, el Congreso se ve forzado, por fuerza moral, presión política y cabildeo a aprobar una ley habilitadora para la admisión, con cláusulas para la transición del nuevo Estado.

4. Con la libre asociación o la independencia no hay ciudadanía americana. Con el estatus territorial dicha ciudadanía es estatutaria por ley del Congreso y puede ser revocada si el Congreso decidiera revocar dicha ley. En conclusión, solo bajo la estadidad estaría garantizada la ciudadanía.

5. Puerto Rico es una economía de tipo insular, que requiere planificación y estrategias apropiadas de ese tipo de economía. Bajo la república de Puerto Rico esas vulnerabilidades típicas de las economías insulares representan un agravante mayor. La planificación económica local no toma en consideración, generalmente, esas características, que exhiben una alta vulnerabilidad, que se agrava con la opción de la independencia y afectaría la viabilidad exitosa de la economía de la república, al romper los lazos de integración a la economía continental de los Estados Unidos.

6. El análisis del impacto económico de la estadidad debe partir de la premisa de que serán necesarias ciertas medidas de ajuste económico y que el Congreso tradicionalmente ha concedido dichas medidas de ajuste y que estará en disposición de concederlas como parte del proceso de admisión de Puerto Rico como Estado. El Congreso no está obligado constitucionalmente, ni ha sido un patrón, que deba tratar a todos los territorios que solicitan la admisión, de la misma manera, sino que en cada caso ha tomado en consideración las particularidades de cada territorio en cuanto a sus necesidades de ajuste, considerando su situación geográfica, grado de desarrollo económico, sus problemas fiscales particulares y otras condiciones.

7. Si Puerto Rico se hubiese convertido en un Estado en el pasado cuatrienio, comparado con otros de igual población, los fondos para el desarrollo económico hubiesen sido considerablemente mayores a lo recibido actualmente. Esos recursos, bien administrados, representarían un nivel de desarrollo económico sostenido, estabilidad, mejor distribución del ingreso y calidad de vida. El balance neto de nuevos ingresos representaría una significativa redistribución del ingreso en favor de las familias de menos ingresos con un gran impacto de justicia social para los más pobres. Como consecuencia de la admisión de Puerto Rico como Estado habrá un incremento de flujo de transferencias federales hacia las familias de ingresos más bajos. Mientras las familias de ingresos más altos, particularmente el 5% de contribuyentes en las escalas más altas o los denominados más ricos, y las corporaciones multinacionales operando en Puerto Rico tendrán un impacto en sus ingresos como resultado de la restructuración del sistema contributivo, incluyendo medidas de fiscalización de los recaudos más eficientes. Como resultado final se reflejará una redistribución del ingreso hacia las de ingresos más bajos.

8. La estadidad representa un abanico de oportunidades para reducir la pobreza y mejorar el nivel de ingreso familiar. Un estudio del PEW Research Center del 2015 compara el nivel de ingresos de los puertorriqueños en Puerto Rico y puertorriqueños que viven en alguno de los Estados, pero que nacieron en Puerto Rico y luego emigraron. Las conclusiones del estudio reflejan que mientras la mediana de ingreso familiar para los puertorriqueños que residen en la isla es de $18,626, para los puertorriqueños que nacieron en la isla, pero viven en uno de los Estados, dicha mediana es de $47,000. Mientras el porciento de niños bajo el nivel de pobreza en la isla es de 58%, para los niños hijos de los que se mudaron a un estado es de 45%.

9. Los residentes de Puerto Rico actualmente pagan impuestos federales por varios conceptos, incluyendo el impuesto al seguro social, medicare e impuestos por la nómina para seguro por desempleo. Los empleados federales en Puerto Rico también pagan contribuciones federales y aquellas personas que reciben ingresos pasivos por inversiones de fuentes de origen en Estados Unidos también. Si usted posee activos en fondos de inversión de Estados Unidos, que paguen dividendos y ganancias de capital, aunque sean reinvertidos en dicho fondo, usted tendrá que radicar una planilla de contribución sobre ingresos al gobierno federal y pagar impuestos por dichos ingresos. El señalamiento de que el estatus del ELA hace a los residentes de Puerto Rico inmunes al pago de impuestos federales es un mito.

10. La carga impositiva del pago de impuestos en Puerto Rico no lo es los impuestos federales, sino los impuestos estatales. El gobierno estatal impone tasas contributivas altas y variedad de impuestos. Las tasas contributivas del impuesto sobre ingresos estatal son de las más altas de Estados Unidos. El impuesto a las ventas (“sales tax”) es el más alto de todos los estados. La mediana del impuesto a las ventas en los estados es de 4% a 6.9% que incluye a 42 estados. Hay 5 estados que no imponen un “sales tax”. En Puerto Rico la tasa de dicho impuesto al nivel estatal es de 11.5% incluyendo 1.5% para los municipios.
11. Bajo el sistema de impuestos federales la mayoría de los puertorriqueños no pagará impuestos sobre ingresos personales. Una familia de 3 miembros, con ingresos de $30,000 anuales pagaría $530 de impuestos federales sobre ingresos. Las familias de ingresos más bajos (los denominados más vulnerables) en lugar de pagar impuestos federales recibirán un cheque en crédito por su nivel de ingresos bajos, conocido como el “income tax credit”, cuyo monto dependerá de varios criterios en su situación particular, definidos en el Código de Rentas Internas federal.

12. Con el advenimiento de la estadidad, habrá nuevas aportaciones del gobierno federal para transferencias a las personas y para programas de infraestructura y desarrollo económico, así como el mejoramiento en la eficiencia en la prestación de servicios gubernamentales. Como resultado, las tasas contributivas de la contribución sobre ingresos de las personas al nivel estatal pueden ser reducidas, al contar el gobierno estatal con más recursos, así como la ampliación de servicios a la ciudadanía que absorberá el gobierno federal. La mejoría en la actividad económica que surgirá con la admisión de Puerto Rico como Estado, representará, a su vez, más recaudos al gobierno estatal, lo que brindará una oportunidad adicional para reducir las tasas de contribución sobre ingresos. Puerto Rico podrá restructurar todo su sistema de impuestos para armonizarlo con el de los demás estados.

13. Conforme estudios realizados por la organización Tax Foundation de Estados Unidos, la mayoría de los Estados reciben más ingresos del gobierno federal que lo que aportan en contribución sobre ingresos. Un estudio relativamente reciente demostró que 34 estados recibían más en aportaciones federales que lo que contribuían en contribución sobre ingresos. Considerando que el ingreso familiar promedio en Puerto Rico es el menor de todos los estados, Puerto Rico resultaría, en términos porcentuales, probablemente el Estado más beneficiado de la repartición del fondo presupuestario federal. Parte de las aportaciones federales son como resultado de los contratos otorgados para proyectos de infraestructura y desarrollo económico, las cuales se ha demostrado, que son mayores en Estados que tienen una delegación congresional fuerte e influyente. Por razones demográficas de tamaño de la población, Puerto Rico tendría una delegación de cinco congresistas y dos senadores, con influencia para negociar en el Congreso. El empuje de esa delegación será otro factor de importancia para influenciar la participación de Puerto Rico en la repartición de asignaciones para los estados.

14. El impacto mayor de las contribuciones sobre ingresos bajo la estadidad recaerá sobre las corporaciones multinacionales, radicadas en Puerto Rico que ahora pagan solamente 4% al nivel estatal y lo reclaman como un crédito en sus obligaciones contributivas al nivel federal. En Puerto Rico el estatus territorial denominado ELA, bajo el cual el gobierno estatal les ha otorgado privilegios contributivos a las grandes corporaciones, ha resultado en detrimento de los residentes de Puerto Rico y ha sido responsable de que Puerto Rico no se integre a la economía nacional estadounidense. Bajo la estadidad, sin embargo, la carga contributiva será redistribuida de una manera más racional.

15. Tradicionalmente se ha utilizado el argumento de que la exención contributiva a las corporaciones multinacionales ha sido el factor predominante en el desarrollo económico de Puerto Rico. Sin embargo, estudios recientes demuestran que dicha exención contributiva no ha sido el criterio fundamental para la inversión de impacto en el crecimiento económico como se ha señalado. La política de exención de impuestos a las corporaciones le ha hecho un grave daño a Puerto Rico en su capacidad fiscal y ha sido un impedimento a la integración económica y política de Puerto Rico a la economía nacional de Estados Unidos. El impacto sobre la tributación de las corporaciones estaría concentrado en un grupo pequeño de grandes corporaciones multinacionales, para las cuales se necesitaría un plan de transición paulatino que facilite su integración al sistema contributivo federal, sin mayores ajustes inmediatos que pongan en riesgo su viabilidad.

16. El argumento de que la separación geográfica de Puerto Rico, del continente (mainland) de los Estados Unidos, al no ser un territorio contiguo, es una dificultad para la estadidad es incorrecto. La admisión de Alaska y Hawaii como estados en el 1959 destruyó ese mito. Además, la revolución tecnológica de internet y las demás comunicaciones ocurrida en las últimas dos décadas han demostrado que el argumento de la separación geográfica es errado. El desarrollo de las redes sociales reduce significativamente la separación geográfica desde la perspectiva de la comunicación personal, familiar, de negocios y entre gobiernos regionales, estatales y el propio gobierno federal, tanto en la economía doméstica como internacional.

17. Si Puerto Rico elige ser una república independiente, la ciudadanía americana para los nacidos y vivos al momento de otorgarse la independencia dejará de existir conforme decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos y análisis realizados para comités congresionales, según el principio de derecho internacional que establece que la ciudadanía sigue a la nacionalidad. Entonces, aplicaría la ciudadanía de la nueva nación. Los ciudadanos americanos que quieran conservar esa ciudadanía tendrían que abandonar el país y reubicarse en uno de los Estados de Estados Unidos. Tendrían que mantener pasaporte americano y pasaporte de Puerto Rico para poder viajar a la república a atender asuntos familiares y de negocios sujeto a las reglas de migración de la nueva república. Sería discreción del Congreso de Estados Unidos permitir que los residentes de Puerto Rico pudieran retener el pasaporte americano. Si el Congreso no lo permite, ese evento provocaría una mayor emigración masiva de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. Además, la incertidumbre creada por la transición hacia la independencia generaría una fuga masiva de capital local hacia Estados Unidos u otras jurisdicciones.

18. La independencia conllevará la eliminación de las agencias federales en Puerto Rico, la eliminación de su aportación en la prestación de servicios importantes que deberán ser absorbidos por el gobierno de la república y la eliminación de los empleados públicos que trabajan para dichas agencias. Dichos empleados tendrán que decidir si desean ser relocalizados en otros estados, de serles ofrecida esa alternativa por el gobierno federal. El gobierno de la república tendría que absorber esos servicios, sin tener los recursos para ello. Bajo la república independiente el sistema estadounidense de protección de derechos civiles, procesamiento criminal y protección ambiental dejará de funcionar. Se elimina el concepto de la Corte Federal, que la mayoría del pueblo favorece, por confiar más en la justicia de dicho instrumento federal que en la justicia local. Los fondos para programas de salud, educación, bienestar social e infraestructura, particularmente carreteras y transportación colectiva, entre otros, dejarán de ingresar a las arcas del gobierno.

19. En la opción de la república asociada o independiente la falta de recursos del gobierno y la incertidumbre, provocarán una severa limitación adicional al crédito. La república podría acudir al Fondo Monetario Internacional, pero difícilmente obtendría financiamiento bajo términos más liberales que lo concedido bajo la estadidad. La incapacidad de emitir nueva deuda será por un periodo incierto, mayor a la situación actual bajo el gobierno territorial y pondrá mayores restricciones al gobierno de la república. El capital extranjero no estará protegido por las leyes federales de Estados Unidos, generando incertidumbre adicional. Por tanto, habrá mayor fuga de capital.

20. La situación en Puerto Rico está madura para una decisión. La decisión de los electores debe basarse en datos económicos e información sólida, principios políticos y morales de igualdad y no en los mitos sobre el costo económico de la estadidad, que han sobrevivido más un siglo de coloniaje americano. La otra opción es que el pueblo quiera continuar la relación actual del status territorial, de inferioridad política, con las consecuencias devastadoras que actualmente tiene para el desarrollo económico y social de Puerto Rico y que el Congreso lo acepte así, en violación de las normas del derecho internacional.

Parafraseando a Martin Luther King, los defensores de la estadidad deben amarrarse a una verdad: Que todos los hombres y mujeres son creados iguales; que los vientos de tormenta de la revuelta estadista deben continuar hasta sacudir los cimientos de nuestra nación, hasta que emerja el día brillante de la justicia. Los estadistas deben marchar y hacer un juramento de luchar hacia adelante, sin virar atrás, porque, como Martin Luther King, “rehusamos creer que el banco de la justicia esté en quiebra…”

Los jóvenes son excelentes en las estrategias de desobediencia civil. Pienso que las técnicas de lucha pacífica, que han sido utilizadas históricamente para luchar por los derechos civiles y la independencia, también pueden ser buenas para luchar por la estadidad. Imagino jóvenes defensores de la estadidad (y ciudadanos de la tercera edad también), que les interesará acudir a participar en las marchas pro-estadidad en el National Mall, que discurre desde el Capitolio Federal hasta el Lincoln Memorial y quien sabe, si como jóvenes impetuosos y comprometidos, como un acto de desobediencia civil, quieran amarrarse a las columnas del monumento a Lincoln en algún día memorable, como el día feriado de Martin Luther King. Quién sabe si querrán sentarse con la bandera de las 51 estrellas, o 52 estrellas, si Washington, DC logra la estadidad antes, en los pasillos de los edificios del Capitolio Federal Cannon, Longworth o Rayburn de oficinas de congresistas, o Russell, Dirksen y Hart de oficinas de los senadores.

La estadidad les pertenece a ellos. No le pertenece al Partido Nuevo Progresista ni a líderes de dicho partido que utilizan el estandarte de la estadidad cada cuatro (4) años cuando se acerca el periodo electoral, para aglutinar las fuerzas estadistas y llevarlas a votar a su favor. La estadidad, por ser una lucha de derechos civiles e igualdad política hay que pelearla como se pelea la independencia. Hay que lucharla allá, frente al americano de allá, porque es allá que se decide por el Congreso. Acá, en Puerto Rico, el pueblo ya ha votado en más de una ocasión a favor de la estadidad. Hay que continuar votando, pero hay que presionar al Congreso. Ni siquiera es el presidente quien otorga la estadidad. Un presidente puede vetar una ley de admisión, pero el Congreso puede pasar por encima del veto del Presidente de Estados Unidos. La Ley de Derechos Civiles para la igualdad de los afroamericanos no se logró votando en cada Estado. Se logró por la presión al Congreso bajo el liderato de Martin Luther King, que entregó su vida luchando por esa causa. Los defensores de la igualdad política para Puerto Rico reusamos pensar, como dijo King en su memorable discurso frente al Capitolio federal en Washington DC, que “los torbellinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el brillante día de la justicia. No podemos caminar solos. Y mientras caminamos, debemos hacer la promesa de que marcharemos hacia adelante. No podemos dar marcha atrás. Nos negamos a creer que el banco de la justicia esté en bancarrota”.

El esfuerzo de educación y presión al Congreso de Estados Unidos puede ser implantado mediante una serie de acciones y eventos, parte de los cuales se describen a continuación, desde nuestra perspectiva, a manera de un itinerario esquemático modelo.

Si a la fecha de las elecciones generales del 2024 el Congreso no ha aprobado una ley de admisión de Puerto Rico como el estado 51 o 52, de la Unión, será necesario iniciar el periodo del 2025 al 2028 con mayor ímpetu en una escalada de la educación al Congreso, los medios de comunicación y grupos de influencia a nivel nacional mediante todos los medios legales y pacíficos disponibles y actos de desobediencia civil para alcanzar la descolonización en el periodo de 2025 o el 2028.

En este espacio nos proponemos abordar los diferentes mecanismos de incentivos económicos que el Congreso ha utilizado en el pasado para ayudar a la economía de un nuevo Estado en su transición hacia la estadidad.

En reconocimiento a la situación de retraso o crisis económica de los territorios al ser admitidos como Estados, el Congreso ha otorgado incentivos como ayuda para su ajuste económico, tales como:

1. La concesión de tierras bajo control del Gobierno Federal: En los casos de Texas y California, el Congreso les otorgó la mayoría de las tierras del territorio para ser administradas por el nuevo Estado. Los territorios de Utah, Oklahoma, New México y Arizona recibieron más de un millón de acres de tierras del Gobierno Federal. Alaska recibió más de 100 millones de acres de tierras que estaban bajo control del Gobierno Federal.

2. Transferencia de recursos naturales bajo control federal: Alaska y Texas son dos ejemplos de transferencia de recursos naturales al nuevo Estado, en tierras que estaban bajo control del Gobierno Federal.

3. Extensión de jurisdicción marítima: En los casos de Texas y Florida, a modo de ejemplo, el Congreso reconoció una jurisdicción marítima extendida, más allá de las tres millas usualmente reconocidas a los Estados. En el caso de Puerto Rico el Congreso puede reconocer las 200 millas que Puerto Rico ha reclamado en el pasado.

4. Exención parcial e implantación gradual de impuestos federales: Esta concesión de ajuste y transición económica fue utilizada en los casos de Alaska y Hawaii y se implantó mediante una enmienda al Código de Rentas Internas Federal que permitió una exención parcial de ciertos impuestos federales sobre transportación aérea, en consideración a la distancia de ambos territorios del territorio continental.

5. Ayuda monetaria especial y asignaciones en bloque para determinados programas de ajuste económico: Es un mecanismo de transición utilizado por el Congreso consistente de asignaciones especiales dirigidas a usos específicos (earmarked), para propósitos de atender ciertas necesidades particulares del nuevo Estado. A Alaska se le concedió el 90% de las ganancias de la operación de minas existentes en tierras controladas por el Gobierno Federal. A Oklahoma, en 1907, como parte del proceso de admisión como estado, el Congreso le otorgó $5, 000,000.00 para mejorar su sistema de escuelas públicas. Esa suma, en el 2017, representaría $375 millones considerando una tasa de inflación histórica de 4%. En el caso de Alaska, en el 1960 el Congreso autorizó una asignación en bloque de $28.6 millones para prioridades del nuevo Estado, sin condicionar dicha asignación a algún propósito específico. Esa suma de dinero de 1960, a precios de 2017 representaría aproximadamente $257 millones. En el caso de Hawaii le asignó $6 millones para desarrollar un colegio de agricultura y artes mecánicas. Esa suma a precios de 2017 representaría aproximadamente $54 millones.

6. Trato especial en disposiciones estatutarias: El Congreso tiene la potestad de eximir al nuevo Estado de las disposiciones de ciertas leyes que aplican a todos los Estados. En el caso de Alaska, el Congreso le eximió de las disposiciones de la Sección 883 de la Ley de Marina Mercante de 1920, conocida como la Ley Jones, que dispone que toda la transportación de bienes entre puertos de la Nación debe ser en barcos de matrícula estadounidense. Mediante este trato preferencial la transportación de mercaderías entre los puertos de Alaska y el resto de la Nación puede ser realizada en barcos de matrícula extranjera, si así le conviene al Estado en condiciones de costo y rapidez de entrega y eficiencia del servicio, según lo considere apropiado el usuario. Puerto Rico no ha conseguido ese trato especial bajo el estatus territorial, pero lo podría conseguir como parte del Acta de Admisión como Estado.

7. Relevar al territorio de parte de su deuda pública: Aunque no existe un precedente documentado de la utilización de este mecanismo como medida de transición, el Congreso tiene la potestad de conceder una suma de dinero para asumir parte de la deuda pública del territorio, como mecanismo para aliviar la carga de los compromisos fiscales del nuevo Estado.

Un periodo de transición

El análisis del impacto económico de la estadidad debe partir de la premisa de que serán necesarias ciertas medidas de ajuste económico y que el Congreso tradicionalmente ha concedido dichas medidas de ajuste y que estará en disposición de concederlas como parte del proceso de admisión de Puerto Rico como Estado. El Congreso no está obligado constitucionalmente, ni ha sido un patrón, que deba tratar a todos los territorios que solicitan la admisión, de la misma manera, sino que en cada caso ha tomado en consideración las particularidades de cada territorio en cuanto a sus necesidades de ajuste, considerando su situación geográfica, grado de desarrollo económico, sus problemas fiscales particulares y otras condiciones.

El reclamo de los estadistas sobre la necesidad de conceder un periodo de transición económica de 10 años para la admisión como Estado, es un proceso que se ha concedido a los territorios que han sido admitidos en el pasado. Esa transición también ha sido reclamada por los defensores de la independencia de Puerto Rico, como transición a dicho estatus político. También lo han reclamado los defensores del ELA para un tratado de libre asociación o república asociada.

Se ha argumentado tradicionalmente por los opositores a la estadidad que, de Puerto Rico convertirse en un Estado de los Estados Unidos, ocurrirá un cataclismo económico en nuestro país. El argumento que más ha sido utilizado en Puerto Rico en contra de la estadidad es el supuesto de que el territorio no tiene la capacidad económica de asumir las responsabilidades de dicho estatus político. Se alega la falta de desarrollo económico, ausencia de recursos naturales y efectos negativos a la estructura económica local. En este espacio abordamos el tema de los mitos en contra de la estadidad.

Los opositores a la estadidad argumentan, además, que Puerto Rico no llena los criterios o guías para su admisión como Estado en términos de su potencial de desarrollo; que la aportación al Tesoro Federal es un criterio tradicional para la admisión de un nuevo Estado; que la Unión es un club al que solo entran los territorios ricos; que Puerto Rico estará condenado a ser un territorio eternamente y se le negará la admisión como Estado, porque no tiene el nivel de riqueza que tienen los estados; que no habrá medidas de transición hacia la estadidad y que de ser admitido sería con plenas responsabilidades fiscales inmediatas; que la estadidad representaría la dependencia masiva de programas de bienestar social; que la estadidad encerraría a Puerto Rico en una camisa de fuerza a la que le sería imposible ajustarse; y que el Pueblo de Puerto Rico no podría mejorar su estándar de vida bajo la estadidad.

También han argumentado que la estadidad le quitaría a Puerto Rico la supuesta autonomía fiscal y exención de impuestos federales, provocando una fuga masiva de capital y recursos humanos; que provocaría aumentos en impuestos federales e impuestos a la propiedad provocando la eliminación de servicios esenciales por falta de recursos en el gobierno estatal;  que destruiría la capacidad de auto desarrollo de la economía y de la población creando un estado de desmoralización colectiva y que destruiría la clase media empresarial.

Esos argumentos son errados y reflejan desconocimiento o intención maliciosa sobre del proceso de admisión de nuevos Estados a la Unión de Estados Unidos de América. Dichos argumentos sobre el supuesto efecto económico negativo de la estadidad para Puerto Rico han sido esgrimidos principalmente por un grupo poderoso de dueños de empresas de la elite empresarial afluente (rica) local, que son descendientes de los grandes intereses económicos que florecieron bajo el auspicio de la Operación Manos a la Obra de la década del 1950, impulsada por el gobernador Luis Muñoz Marín. Estos grupos se benefician de la prevalencia del estatus territorial del llamado Estado Libre Asociado (ELA). Son estos grupos, con el apoyo de otra elite intelectual universitaria criolla los que han levantado el argumento del “Estado Gueto” haciendo alusión a que Puerto Rico sería un Estado totalmente dependiente de los fondos federales para subsistir. A estos argumentos se adhieren corporaciones multinacionales operando en Puerto Rico con privilegios contributivos locales y federales que perderán parte de dichos privilegios.

Esos argumentos reflejan la calamidad del estatus territorial

Resulta una ironía que, bajo el estatus territorial, al presente, Puerto Rico está sufriendo todas esas calamidades que han sido utilizadas como argumento contra la estadidad. No es el propósito de este escrito repasar esas calamidades actuales, pero en los últimos diez (10) años, el país ha experimentado aumentos en impuestos sin precedentes. Se contempla actualmente imponer aumentos en las contribuciones a la propiedad y se impuso el impuesto a las ventas (sales tax) más alto en Estados Unidos. Ha quedado al descubierto que el territorio no tiene autonomía fiscal, tanto por decisiones recientes del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Departamento de Justicia Federal y el Congreso. Es evidencia de esto la imposición de la Junta de Control Fiscal para Puerto Rico por el Congreso.

Ha ocurrido una fuga de talento nunca sufrida en la historia del territorio de Puerto Rico. El gobierno estatal se ha quedado sin recursos para operar; se ha creado un estado general de desmoralización colectiva y se está destruyendo la clase empresarial local.

La respuesta a estos argumentos erróneos de los opositores a la estadidad [1]

La primera respuesta a los argumentos errados contra la estadidad es que hay dos hechos indisputables: Primero: ningún Estado ha caído en caos económico como consecuencia de su admisión a la Unión. Segundo: los habitantes de los 50 Estados han alcanzado uno de los niveles de vida más altos en el mundo.

Los siguientes datos históricos demuestran que los argumentos contra la estadidad son malintencionados con el propósito de crear temor a la estadidad en el pueblo puertorriqueño, particularmente, los votantes.

1. Las Guías de Jefferson para la admisión de un territorio como Estado establecen solo dos criterios de índole económica: que el territorio tenga no menos de 60 mil habitantes y que tenga recursos suficientes para mantener un gobierno estatal, incluyendo recursos humanos, naturales, marítimos, educacionales y financieros. Estas guías sobre población y recursos nunca fueron dirigidas a establecer ningún nivel de riqueza o aportación monetaria al gobierno federal como condición para conceder la estadidad. El criterio de riqueza como condición para la admisión fue rechazado por los padres de la Constitución, por ser considerado por éstos como antidemocrático, elitista y contrarios a los postulados de la Revolución Americana. La estadidad estaría abierta a territorios ricos, pobres, de clase media y a comunidades en privación económica sin importar su capacidad para aportar al Tesoro Federal. Los padres fundadores de la República veían la estadidad como un asunto de igualdad política y autodeterminación de los territorios que no podía ser medido únicamente en dólares y centavos.

2. La experiencia de la admisión de Territorios como Estados ha demostrado que nunca ha habido un nivel igual de riqueza, desarrollo económico, población, recursos y contribución económica al Tesoro Federal. Ha habido gran diversidad. Pero como regla general sus economías eran subdesarrolladas con relación a los Estados ya admitidos y de mayor antigüedad y cuyas economías ahora eran más dinámicas y de mayor progreso. Ese subdesarrollo y economía frágil, siempre generó oposición de los Estados ya admitidos bajo la alegación de que por su fragilidad representarían un costo para dichos Estados. Pero ese argumento siempre fue superado al amparo de los fundamentos de la Constitución relativos a los criterios para admitir nuevos Estados y estos fueron admitidos a la Unión.

3. En la discusión de la solicitud de admisión de un territorio que reclamaba la estadidad, los argumentos en contra de la admisión del nuevo Estado eran siempre los mismos, igual que ocurre en Puerto Rico actualmente, pero el Congreso finalmente voto a favor de la admisión de estos Estados. Se levantaban los siguientes argumentos:

• El nuevo estado colapsaría por falta de recursos para mantener una operación de gobierno estatal. Este argumento fue levantado en el caso de Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, Iowa, Oregón, Nevada, Nebraska, Montana, Washington, North Dakota y South Dakota, New México, Alaska y Hawaii. Todos, sin embargo, fueron admitidos a la Unión. [2]

• El territorio no cualificaba por su escasez de recursos naturales. Este argumento se esgrimió en el caso Maine, Florida, New México y Arizona. Los cuatro, sin embargo, fueron admitidos a la Unión .[3]

• El territorio no cualificaba para ser admitido por el nivel de subdesarrollo en su economía. Este argumento fue utilizado en los casos de Arkansas, Michigan, Florida, New México, Arizona, Alabama y Alaska. Todos, sin embargo, fueron admitidos a la Unión. [4]

• El territorio no cualificaba por el nivel de pobreza prevaleciente. Este argumento se utilizó en el caso de Florida y Michigan. Ambos fueron admitidos a la Unión [5]

• La estadidad sería muy costosa para los contribuyentes americanos debido a que los costos prevalecientes de mantener el territorio eran sufragados mayormente por fondos federales. Este argumento fue utilizado en el caso de Alaska. Alaska logró la estadidad, pese a esa argumentación. [6]

En el caso de Florida particularmente, se levantaron tres de los cinco argumentos principales contrarios a la estadidad, incluyendo el argumento de que el territorio no cualificaba por su escasez de recursos naturales; el nivel de subdesarrollo en su economía y el nivel de pobreza prevaleciente. Sin embargo, Florida fue admitida a la Unión el lunes 3 de marzo de 1845 como el Estado número 47. Hoy es uno de los Estados más florecientes; de mayor extensión territorial, de mayor población de origen puertorriqueño y nuevo hogar para los boricuas de escapan de las calamidades del territorio colonial de Puerto Rico.

[1] Parte de los argumentos discutidos en este escrito son analizados también en el estudio interdisciplinario del Grupo de Investigadores Puertorriqueños. Breakthrough from Colonialism: An Interdisciplinary Study of Statehood. Vol. II. Capitulo II. Editorial de la UPR. 1984. Este estudio comprensivo contiene el análisis más abarcador que se haya realizado sobre el tema.

[2] Grupo de Investigadores Puertorriqueños. IBID.

[3] IBID

[4] IBID.

[5] IBID.

[6] IBID.

Algunos opositores a la estadidad han argumentado que la separación geográfica de Puerto Rico, del continente (mainland) de los Estados Unidos, al no ser un territorio contiguo, es una dificultad para la estadidad. En este espacio abordamos someramente el tema.

Distancia Washington-Hawaii: 4,772 millas

Distancia Washington – Puerto Rico: 1,560 mi

La admisión de Alaska y Hawaii como estados en el 1959 destruyó ese mito. El estado de Alaska está ubicado al norte del continente americano, en cercanía a Rusia por el Estrecho de Bering. Alaska está localizada a 55 millas de Rusia y 2,381.6 millas al norte del Estado de Washington, el más cercano a Alaska de los Estados Unidos contiguos. Esa distancia de los Estados Unidos continentales es 43 veces mayor que la distancia de Rusia. Hawaii por su parte, está ubicado en el Océano Pacífico a una distancia más del doble en millas de la costa de California (2,467 millas) que la distancia existente entre Florida y Puerto Rico (1,031 millas). La distancia en millas desde Washington DC a Puerto Rico es de 1,560 millas mientras la distancia equivalente en el caso de Hawaii es 4,772 millas. La distancia desde Washington, DC a Hawaii es tres veces la distancia de Washington DC a PR.

La revolución de internet y la separación geográfica

La revolución tecnológica de internet y las demás comunicaciones ocurrida en las últimas dos décadas han demostrado que el argumento de la separación geográfica es errado. El desarrollo de las redes sociales reduce significativamente la separación geográfica desde la perspectiva de la comunicación personal, familiar, de negocios y entre gobiernos regionales, estatales y el propio gobierno federal, tanto en la economía doméstica como internacional.

Las redes sociales surgieron de la idea de construir comunidades en línea que facilitaran la creación de relaciones y la comunicación más allá de la comunicación cara a cara entre las personas y organizaciones. Estas comunidades en línea, sin barreras físicas, constituyen destinos o direcciones virtuales en las que las personas interactúan socialmente, mediante el uso de la internet y de aparatos computadorizados, ya sean computadoras de escritorio o dispositivos móviles como las computadoras tipo notebook, los dispositivos tipo tabletas como IPADs o teléfonos celulares como el IPHONE, eliminando las barreras de la localización física.

A medida que el uso de las redes sociales se expande en el ambiente global, las distancias han dejado de ser una barrera para la comunicación, el comercio, el intercambio y la unidad nacional. El término de comunidades en línea o redes sociales puede incluir varios medios, incluyendo websites, y Blogs y redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp y otras. Facebook, la más destacada, ofrece más oportunidades al gobierno y a las empresas para expandir su presencia global. El uso de las redes sociales es global y generalizado entre la población, los grupos, las organizaciones, gobiernos y empresas. Las redes sociales pueden ser utilizadas para proveer información en ambas direcciones, gobierno y empresas y los usuarios y viceversa, de manera que las unidades de gobiernos estatales y el federal pueden utilizar la retroalimentación recibida en tiempo real.

En conclusión, el argumento de la separación geográfica como impedimento a la estadidad es incorrecto, pues fue demostrado lo contrario al convertirse Alaska y Hawaii en Estados. Además, en la evolución de los mercados hacia la globalización y con el desarrollo de la internet y las redes sociales, que no existían en el 1959, cuando ambos territorios, Alaska y Hawaii se convirtieron en Estados, se ha demostrado que no existen distancias para la unidad nacional entre los estados continentales y los de ultramar.

Se ha argumentado con relativa frecuencia que la admisión de Puerto Rico como un Estado de la Unión de Estados Unidos de América representa un golpe mortal al bolsillo del contribuyente promedio en Puerto Rico como consecuencia de la implantación del sistema de contribución sobre ingresos federal. Actualmente, una persona nacida y residente en Puerto Rico es considerada un ciudadano americano para propósitos del pago de impuestos y está sujeto al Código de Rentas Internas Federal aprobado por el Congreso. Al presente, algunos residentes de Puerto Rico pagan impuestos sobre ingresos al gobierno federal.  Bajo la estadidad la mayoría de los residentes no pagaría impuestos sobre ingresos a dicho nivel federal. En este espacio abordamos este tema.

Hay reglas de impuestos diferentes para los residentes de los estados y los de Puerto Rico, pero no por virtud del estatus territorial sino por virtud de una sección del Código de Rentas Internas Federal. La regla más importante es la Sección 933, que dispone que los residentes de Puerto Rico no paguen impuestos federales por ingresos generados de fuentes de Puerto Rico.  Esa exención puede ser eliminada en cualquier momento por disposición del Congreso como se eliminó la sección 936 de dicho código que disponía exenciones similares del pago de impuestos federales para impuestos corporativos. Por lo tanto, la no tributación de ingresos al nivel federal no tiene nada que ver con el estatus del ELA.

Los residentes de Puerto Rico actualmente pagan algunos impuestos federales

De hecho, los residentes de Puerto Rico pagan impuestos federales por varios conceptos, incluyendo el impuesto al seguro social, medicare e impuestos por la nómina para seguro por desempleo. Los empleados federales en Puerto Rico también pagan contribuciones federales y aquellas personas que reciben ingresos pasivos por inversiones de fuentes de origen en Estados Unidos también. Si usted posee activos en fondos de inversión de Estados Unidos, que paguen dividendos y ganancias de capital, aunque sean reinvertidos en dicho fondo, usted tendrá que radicar una planilla de contribución sobre ingresos al gobierno federal y pagar impuestos por dichos ingresos. El señalamiento de que el estatus del ELA hace a los residentes de Puerto Rico inmunes al pago de impuestos federales es un mito, un engaño.

Es importante señalar que la estructura contributiva de contribución sobre ingresos de Puerto Rico, tanto para individuos como para corporaciones es muy similar a la de Estados Unidos, con tasas más altas en la contribución sobre ingresos de los individuos y las corporaciones de origen local, pero tasas considerablemente más bajas en las contribuciones corporativas de las corporaciones multinacionales catalogadas como foráneas. La similitud de la estructura del sistema de impuestos facilitaría la integración de ambos sistemas bajo la estadidad, aunque en el caso del impuesto a las corporaciones hay algunas diferencias. La implantación paulatina de un plan de integración del sistema local de impuestos a las corporaciones al sistema de impuestos federal permitiría una transición ordenada del nuevo sistema de tributación.

La carga impositiva del pago de impuestos no lo es los impuestos federales, sino los impuestos estatales. El gobierno estatal impone unas tasas contributivas y variedad de impuestos como si se tratara de un gobierno nacional de una república. La tasa contributiva del impuesto sobre ingresos estatal es de las más altas de Estados Unidos. El impuesto a las ventas (“sales tax”) es el más alto de todos los estados. La mediana del impuesto a las ventas en los estados es de 4% a 6.9% que incluye a 42 estados. Hay 5 estados que no imponen un “sales tax”. En Puerto Rico la tasa de dicho impuesto al nivel estatal es de 11.5% incluyendo 1.5% para los municipios.

La mayoría de los residentes de Puerto Rico no pagará impuestos sobre ingresos al gobierno federal.

Bajo el sistema de impuestos federales la mayoría de los puertorriqueños no pagará impuestos al gobierno federal sobre ingresos personales.  A modo de ejemplo, en la planilla de contribución sobre ingresos federal en el 2019, una familia promedio de tres miembros (la pareja y un hijo) con ingresos combinados producto del trabajo por la suma de $30 mil dólares, habría pagado contribución sobre ingresos de $525.00 al gobierno federal. Un número importante de familias genera ingresos de $30,000 o menos al año en Puerto Rico. Este estimado de $525 en impuestos no incluye la deducción a la que hubiese tenido derecho por las contribuciones al gobierno estatal, lo que habría reducido su responsabilidad contributiva federal. Por otro lado, las familias de ingresos más bajos (los denominados más vulnerables) en lugar de pagar impuestos federales recibirán un cheque en crédito por su nivel de ingresos bajos, conocido como el “income tax credit”.

Con el advenimiento de la estadidad, habrá nuevas aportaciones del gobierno federal para transferencias a las personas y para programas de infraestructura y desarrollo económico, así como el mejoramiento en la eficiencia en la prestación de servicios gubernamentales. Como resultado, las tasas contributivas de la contribución sobre ingresos de las personas al nivel estatal pueden ser reducidas, al contar el gobierno estatal con más recursos, así como la ampliación de servicios a la ciudadanía que absorberá el gobierno federal. La mejoría en la actividad económica que surgirá con la admisión de Puerto Rico como Estado, representará, a su vez, más recaudos al gobierno estatal, lo que brindará una oportunidad adicional para reducir las tasas de contribución sobre ingresos al nivel estatal. Puerto Rico podrá restructurar todo su sistema de impuestos para armonizarlo con el de los demás estados.

Pagar impuestos federales significa igualdad de participación en aportaciones del gobierno federal.

Conforme estudios realizados, la mayoría de los Estados reciben más ingresos del gobierno federal que lo que aportan en contribución sobre ingresos. Un estudio relativamente reciente demostró que

un informe de enero del SUNY Rockefeller Institute of Government [1] encontró que, en el 2018, solo ocho (8) estados dieron más al gobierno federal en 2018 en impuestos de lo que recibieron en aportaciones federales. gastos federales: Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Colorado, Minnesota, Utah y Nebraska. 42 estados recibían más en aportaciones federales que lo que contribuían en contribución sobre ingresos.

Considerando que el ingreso familiar promedio en Puerto Rico es considerablemente el menor de todos los estados, Puerto Rico resultaría probablemente el Estado más beneficiado de la repartición del fondo presupuestario federal.

Parte de las aportaciones federales son como resultado de los contratos otorgados para proyectos de infraestructura y desarrollo económico, las cuales, se ha demostrado que son mayores en Estados que tienen una delegación congresional fuerte e influyente. Por razones demográficas de tamaño de la población, Puerto Rico tendría una delegación de 5 congresistas y dos senadores, con influencia para negociar en el Congreso. El empuje de esa delegación será otro factor de importancia para influenciar la participación de Puerto Rico en la repartición de asignaciones para los estados.

El impacto mayor de los impuestos federales recae en las corporaciones multinacionales radicadas en Puerto Rico

El impacto mayor de las contribuciones sobre ingresos bajo la estadidad recaerá sobre las corporaciones multinacionales, radicadas en Puerto Rico que ahora pagan solamente 4% al nivel estatal y lo reclaman como un crédito en sus obligaciones contributivas al nivel federal al repatriar sus ganancias corporativas. A modo de ejemplo, al nivel federal, en el 2016, se puede mencionar algunos casos de gigantes corporativos que se destacan en el monto del pago de impuestos. Entre éstas, Apple debía pagar $15.7 billones; Alphabet $4.7 billones; Microsoft $3.0 billones; Intel, $2.6 billones; Oracle, $2.5 billones y Facebook, $2.3 billones. [2]

En Puerto Rico el status territorial denominado ELA, bajo el cual el gobierno estatal les ha otorgado privilegios contributivos a las grandes corporaciones ha resultado en detrimento de los residentes de Puerto Rico y ha sido responsable de que Puerto Rico no se integre a la economía nacional estadounidense. Bajo la estadidad, sin embargo, la carga contributiva será redistribuida de una manera más racional.

La estadidad y la mentalidad de exención contributiva

Tradicionalmente se ha utilizado el argumento de que la exención contributiva a las corporaciones multinacionales ha sido el factor predominante en el desarrollo económico de Puerto Rico. Sin embargo, estudios recientes demuestran que dicha exención contributiva no ha sido el criterio fundamental para la inversión de impacto en el crecimiento económico como se ha señalado. [3]

En Puerto Rico se piensa que si no se ofrece exención contributiva las inversiones de nuevas empresas no llegarán. Se firman decretos de exención contributiva por periodos que pueden alcanzar hasta 15 años. Se otorgan créditos contributivos, que son más onerosos que los decretos de exención contributiva, porque permiten acreditar cada dólar de crédito a futuras obligaciones contributivas. Se culpa la falta de desarrollo económico a la eliminación de políticas de exención contributiva, como es el caso de la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal que canceló el reconocimiento de exención contributiva al nivel federal a ciertas empresas multinacionales y domésticas estadounidenses radicadas en Puerto Rico.

Sin embargo, cuando se compara a Puerto Rico contra jurisdicciones en los Estados Unidos, entre otras, los estados de Florida, y Hawaii, Puerto Rico ofrece mayores incentivos contributivos a las empresas y aun así muchas empresas se ubican en esas otras jurisdicciones y pagan las contribuciones que se fijan a tasas regulares de impuestos, considerablemente más altas que la tasa de 4% que les aplica en Puerto Rico. Esto demuestra que las empresas no necesariamente seleccionan un lugar para establecerse basado en el criterio de si pagarán o no impuestos, si no por otras consideraciones. Entre éstas se destacan fundamentalmente el clima favorable a la inversión, las regulaciones a los negocios, la burocracia, la seguridad, la estabilidad política, el acceso a sus mercados y otras consideraciones. Parece ser que sería mejor imponer impuestos y a cambio mejorar el ambiente de negocios y la cultura gubernamental hacia la nueva inversión.

Los costos de la exención contributiva

En Puerto Rico no se evalúa adecuadamente los costos de las políticas de exención y créditos contributivos y los beneficios que la economía obtiene de dichas políticas, de manera que se pueda justificar si los incentivos contributivos rinden beneficios en sectores industriales específicos y si vale la pena concederlos o si, al contrario, es mejor recaudar impuestos de dichas operaciones y dedicar más recursos a mejorar el clima de inversión.

Un estudio, realizado bajo la coordinación del colega economista Ramón Cao, ex catedrático de economía de la Universidad de Puerto Rico, reflejó que la mayoría de los incentivos contributivos a las empresas no rinden los frutos que se reclaman en la mentalidad existente de exención contributiva. [4] En ese estudio se presenta una síntesis de los resultados obtenidos, así como los estudios de Costo/Beneficio efectuados para los créditos contributivos e incentivos fiscales que se conceden a varios sectores industriales, entre estos: manufactura, proyectos fílmicos, vivienda, hospitales, hoteles, agricultura y construcción comercial e industrial, entre otros.

El estudio evaluó la efectividad socioeconómica de un conjunto de los principales incentivos y créditos contributivos que se conceden a empresas en Puerto Rico. El estudio indica que “esos incentivos representan un serio costo fiscal para el estado…, que es en realidad mayor si se incluyen las exenciones y otras preferencias tributarias concedidas a empresas. Además, la experiencia tiende a indicar que esos incentivos no tienen, en su conjunto, un efecto positivo que tenga significación estadística, sobre la inversión privada en la Isla. [5] Los hallazgos de este estudio, aun con las limitaciones que puedan tener, a base de los datos disponibles y las consideraciones a las técnicas de análisis de costo-beneficio, justifican que se conteste el interrogante de si cumplen su objetivo los incentivos actuales contemplados en las políticas de exención contributiva a las empresas en Puerto Rico.

La política de exención de impuestos a las corporaciones le ha hecho un grave daño a Puerto Rico en su capacidad fiscal y ha sido un impedimento a la integración económica y política de Puerto Rico a la economía nacional de Estados Unidos. La promulgación de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal creó una burbuja económica de un paraíso contributivo que no contribuyó al tesoro federal ni al tesoro de Puerto Rico. [6] Se creó un sistema de impuestos corporativos basado en un número limitado de empresas y cuando se eliminó la Sección 936, por la insatisfacción del Congreso con sus frutos, la economía local colapsó.

Paralelo a esta política de exención contributiva, particularmente al sector de la manufactura, se creó un sistema de exención triple de impuestos a las emisiones de deuda pública, mediante la emisión de bonos, que llevó al gobierno estatal a tomar demasiado dinero prestado, por lo fácil que resultaba emitir y colocar la emisión de bonos en el mercado. Cuando la economía colapsó, no había recaudos para pagar la deuda y el mercado de bonos locales colapsó también. Se generó la tormenta perfecta que provocó que el Congreso haya ejercido sus poderes plenarios sobre el territorio nombrando una Junta de Control Fiscal por encima de los funcionarios electos, Junta que, a su vez, ha decretado la quiebra del territorio.

Bajo la estadidad, mediante un sistema contributivo con una base más amplia, redistribuyendo la carga tributaria y estimulando la redistribución del ingreso en favor de los grupos más vulnerables, integrados al sistema contributivo federal, la historia de la quiebra del gobierno del gobierno del territorio sería diferente.

Conclusiones

El análisis de los argumentos de que la estadidad representa un golpe mortal al bolsillo del contribuyente promedio en Puerto Rico, como consecuencia de la implantación del sistema de contribución sobre ingresos federal, permite llegar a las siguientes conclusiones:

1. Los residentes de Puerto Rico actualmente pagan impuestos federales por varios conceptos, incluyendo el impuesto al seguro social, medicare e impuestos por la nómina para seguro por desempleo. Los empleados federales en Puerto Rico también pagan contribuciones federales y aquellas personas que reciben ingresos pasivos por inversiones de fuentes de origen en Estados Unidos también. El señalamiento de que el estatus del ELA hace a los residentes de Puerto Rico inmunes al pago de impuestos federales es un mito y un engaño.
2. La carga impositiva del pago de impuestos no lo es los impuestos federales, sino los impuestos estatales. El gobierno estatal impone altas tasas contributivas y variedad de impuestos. La tasa contributiva del impuesto sobre ingresos estatal es de las más altas de Estados Unidos. El impuesto a las ventas (“sales tax”) es el más alto de todos los estados. La mediana del impuesto a las ventas en los estados es de 4% a 6.9% que incluye a 42 estados. Hay 5 estados que no imponen un “sales tax”. En Puerto Rico la tasa de dicho impuesto al nivel estatal es de 11.5% incluyendo 1.5% para los municipios.
3. Con la admisión de Puerto Rico como un estado, tras el pago de impuestos federales sobre ingresos, las tasas contributivas de la contribución sobre ingresos de las personas al nivel estatal pueden ser reducidas, al contar el gobierno estatal con más recursos de aportaciones federales, así como la ampliación de servicios a la ciudadanía que absorberá el gobierno federal. La mejoría en la actividad económica que surgirá con la admisión de Puerto Rico como Estado, representará, a su vez, más recaudos al gobierno estatal, lo que brindará una oportunidad adicional para reducir las tasas de contribución sobre ingresos al nivel estatal.
4. El impacto mayor de las contribuciones sobre ingresos bajo la estadidad recaerá sobre las corporaciones multinacionales, radicadas en Puerto Rico que ahora pagan solamente 4% al nivel estatal y lo reclaman como un crédito en sus obligaciones contributivas al nivel federal.
5. La política de exención de impuestos a las corporaciones le ha hecho un grave daño a Puerto Rico en su capacidad fiscal y ha sido un impedimento a la integración económica y política de Puerto Rico a la economía nacional de Estados Unidos.
6. El argumento de que la estadidad tendrá un impacto desastroso en las contribuciones que pagan los puertorriqueños está basado en un mito de los opositores a la estadidad. La integración de Puerto Rico al sistema de contribuciones federales no representaría la catástrofe que algunos opositores a la estadidad señalan sobre los individuos, principalmente los de medianos y bajos ingresos. Por otro lado, el impacto sobre la tributación de las corporaciones estaría concentrado en un grupo pequeño de grandes corporaciones multinacionales, para las cuales se necesitaría un plan de transición paulatino que facilite su integración al sistema contributivo federal, sin mayores ajustes inmediatos que pongan en riesgo su viabilidad.

[1] Rockefeller Institute of Government. SUNY. 2020 Annual Report. January 2020.

[2] Infographics.  How much do UD Tach Giants pay in taxes. Mayo 2017.

[3] Ramón J. Cao García. Evaluación de beneficios y costos de créditos contributivos. Informe a la Cámara de Representantes. 2014.

[4] Ramón J. Cao García. Evaluación de beneficios y costos de créditos contributivos. Informe a la Cámara de Representantes. 2014.

[5] Ramón J. Cao García, “Incentivos contributivos e inversión privada en Puerto Rico”, Revista Civilizar de Empresa y Economía,  Bogotá,  D.C.,  Colombia:  Universidad  Sergio  Arboleda,  Núm.  2, Año  2,  julio- diciembre 2010, págs. 54 a 73.

[6] The Tax Foundation.org. Tax policy helped create Puerto Rico fiscal  crisis.  Junio 2015.