Las autoridades estadounidenses informaron hoy que han creado un área especial en las inmediaciones del aeropuerto Internacional de Orlando, FL.,  para establecer un centro de ayuda con el objetivo de procesar las necesidades de los más de 200,000 boricuas de bajos ingresos, incluyendo madres solteras y personas envejecientes, que han llegado a esa ciudad en los últimos 30 días, sin hospedaje ni contactos familiares, al acercarse mañana la hora cero del 4 de julio de 2022; fecha de la celebración del 246 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Ese día se firma el acuerdo de independencia concedida unilateralmente por Estados Unidos al territorio de Puerto Rico. En este espacio compartimos con nuestros lectores este escrito de ficción.

En los últimos seis meses de este año, se estima que 720,000 boricuas han tomado vuelos sin boleto de regreso a varias ciudades de los Estados continentales, en jornadas de vuelos diarios de varias líneas aéreas y la cifra puede superar el millón en los próximos 60 días, si las autoridades de la nueva república y el Departamento de Estado de Estados Unidos no toman medidas para restringir la salida de Puerto Rico hacia los Estados Unidos.

La diáspora boricua en Florida está exhortando a las personas a no tomar estos vuelos sin regreso si no tienen un lugar donde hospedarse y familiares que los acojan y les sirvan de apoyo, particularmente a las familias con niños pequeños o envejecientes. En una entrevista con un periodista de WAPA América, un anciano de 86 años, ahogado en llanto, hizo declaraciones desgarradoras sobre su crónica condición médica de diabetes y alta presión, desesperado por la negativa de los médicos y farmacias en Puerto Rico a honrarle sus beneficios de medicare debido al cese de estos beneficios en Puerto Rico a la fecha del pacto de independencia. Para poder continuar recibiendo los beneficios está obligado a establecer su residencia en un Estado, siendo Florida el lugar más apropiado, según sus declaraciones.

Tras la condena de las Naciones Unidas a los Estados Unidos y la recomendación de la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso en el 2016 para controlar la crisis financiera del gobierno de Puerto Rico, el Presidente de Estados Unidos envió un proyecto de ley al Congreso, para conceder la independencia a Puerto Rico. El proyecto fue aprobado por una mayoría bipartita en ambos cuerpos legislativos, con apoyo de demócratas y republicanos.

La Junta, creada en el 2016, ejerció con mano dura sus poderes para ordenar el gobierno local después que los gobiernos del territorio hicieran uso inadecuado de la delegación de facultades administrativas que el Congreso le hiciera en el 1952. El año pasado, el Presidente de la Junta de Control Fiscal recomendó al Presidente de los Estados Unidos y a los líderes congresionales otorgarle unilateralmente la independencia a Puerto Rico, tras terminar sus funciones en este territorio americano.

A la firma de la declaración de independencia, pautada para este 4 de julio se espera que asistan varios congresistas, entre éstos un congresista por Chicago. Han confirmado su asistencia también los presidentes de Cuba y Venezuela, así como el Rey de España.

Un grupo autodenominado Comandos por la Estadidad, defensor de la unión permanente a los Estados Unidos ha anunciado que se reservan el derecho de tomar la acción que estimen apropiada a su lucha el día de la firma de la ley de independencia este 4 de julio. Han indicado que Puerto Rico emulará el caso de Texas, que se convirtió en Estado después de haber declarado su independencia de México. Anticiparon un plan de represión sin precedentes en Puerto Rico, por parte de las nuevas autoridades de la naciente república, para imponer orden y hacer cumplir sus prioridades para viabilizar el gobierno de la república de corte izquierdista.

El Congreso le ha garantizado a la nueva República de Puerto Rico una asignación en bloque por $20 mil millones, que se extenderá por 10 años a razón de $2 mil millones anuales, a ser financiada por un impuesto federal de 4% a las corporaciones americanas radicadas en Puerto Rico como corporaciones foráneas. Las empresas podrán tomar el impuesto como una deducción de su contribución sobre ingresos al gobierno de los Estados Unidos. Estas corporaciones ya están pagando ese impuesto al gobierno local y lo deducen de su contribución al Tesoro estadounidense.

El líder de la mayoría de la Cámara de Representes en el Congreso, indicó a los medios, que ese dinero no proviene de los contribuyentes americanos radicados en los estados de la Unión. Varios economistas locales en Puerto Rico, el GAO y el CRS, han puesto en duda dicha ayuda al estimar que gran parte de las corporaciones multinacionales de origen estadounidense calificadas como corporaciones foráneas cerrarán paulatinamente sus operaciones en Puerto Rico en un plazo de cinco (5) años como consecuencia de la incertidumbre creada por el advenimiento de la independencia.

Desde el año pasado, tras el inicio de las negociaciones para la concesión de la independencia, la economía local ha comenzado a declinar nuevamente, desatándose una nueva crisis en los valores de las propiedades, principalmente las viviendas y propiedades de alquiler para comercio. También ha ocurrido una fuerte declinación en el valor de las tierras, particularmente las de valor para desarrollo comercial e industrial. Se anticipa una nueva crisis fiscal como consecuencia de la reducción en los recaudos del nuevo Ministerio de Hacienda producido por la reducción en los valores de las propiedades, el éxodo masivo de la población y el cierre de empresas “foráneas”.

El nuevo Ministro de Seguridad Nacional del gobierno de Puerto Rico ha montado un impresionante operativo de seguridad para los actos del 4 de julio y han detenido como medida preventiva a más de un centenar de personas asociadas a posiciones de liderato en los Comandos por la Estadidad, anticipando las protestas masivas de desobediencia civil que se esperan en San Juan. Las líneas telefónicas y de internet experimentaron el fin de semana un tráfico tan intenso que provocó el colapso temporal de las comunicaciones entre Puerto Rico y la Florida. La Casa Blanca evito hacer comentarios sobre la crisis provocada y ha evitado catalogarla como una crisis humanitaria.

En el Territorio de Puerto Rico la posesión y portación de un arma de fuego es considerada un privilegio por parte del Estado, que decide a quien se le permite poseer y portar un arma de fuego. En los Estados de la Unión de Estados Unidos, a diferencia del caso de Puerto Rico, la portación de un arma de fuego se considera un derecho garantizado por la Constitución, como parte del derecho a la autodefensa y la protección de la vida del ciudadano. Pero, el 20 de junio de 2017, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico le dio un golpe importante a la intervención indebida del Estado en restringir el derecho a la protección de la vida, la familia y la propiedad de los ciudadanos decentes y respetuosos de la ley y el orden. En este espacio abordamos este tema.

En Puerto Rico, para poder poseer y portar un arma de fuego hay que someterse a un proceso irrazonable, arbitrario, caprichoso, extenso y de larga duración en investigación por la Policía, la anuencia de un fiscal del Departamento de Justicia y la intervención de un juez del Tribunal de Primera Instancia. Además, conlleva el pago irrazonable de derechos al gobierno, la contratación de un abogado y la comparecencia de testigos de reputación al tribunal. El proceso puede tardar hasta un año a un costo de alrededor de $1,500.00, sin incluir el costo del arma, que es de alrededor de $600.00 si es una pistola 9 mm o .380 o un revolver, aunque puede ser menor si compra un arma usada en una armería.

En los Estados de la Unión, el proceso y tiempo de cumplir con los requisitos es muy simple y muy corto, con un costo mínimo y muy poca intervención del Estado. En Florida, por ejemplo, para poseer un arma en su casa, basta con acudir a una armería, proveer una identificación, tener 18 años, ser residente legal de Estados Unidos, no tener historial criminal, no tener problemas de abuso de sustancias ni trastornos mentales, y autorizar un cotejo en las bases de datos de la policía y el FBI, que tarda un par de horas. El ciudadano paga el costo del arma y espera un par de días de “cooling period” tras el cual la armería le entrega el arma.

En dicho Estado, para portar el arma se requiere una licencia, que se otorga tras haber aprobado un curso de unas 8 horas, en el manejo y uso de armas, ofrecido por una entidad como la American Rifle Association. Una vez sometida a la agencia estatal concernida la solicitud con la evidencia de aprobación del curso y huellas dactilares, el recibo de la licencia tarda no más de 90 días y el peticionario puede dar seguimiento al status del caso por internet.

Los requisitos irrazonables, arbitrarios y caprichosos de la Ley de Armas de Puerto Rico para permitir poseer y portar un arma de juego

En Puerto Rico, conforme el Artículo 2.05 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 456d,  una persona puede portar un arma de fuego consigo si posee la licencia que lo autoriza, emitida por la Policía Estatal, la cual será expedida solamente si el tribunal lo autoriza. El tribunal autorizará la portación de cualquier pistola o revolver legalmente poseído, de no existir causa justificable para denegarla a quien posea una licencia de poseer armas y demuestre temer por su seguridad. (25 LPRA sec. 456d(a).Se requiere notificar al ministerio público (fiscalía del Departamento de Justicia) y una audiencia ante el Tribunal. El solicitante deberá pagar un comprobante de $250 y presentar una certificación expedida por un oficial autorizado de un club de tiro indicando que el peticionario ha aprobado un curso de manejo correcto y seguro de armas de fuego.

Previo a la licencia de portación la persona interesada deberá tener una licencia de posesión de armas de fuego, que será emitida por el Superintendente de la Policía, que conforme la Ley de Armas, establece los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 21 años de edad. (A pesar que a los 18 años, un ciudadano(a) puede ingresar a las fuerzas armadas de Estados Unidos o la Guardia Nacional de Puerto Rico, practicar con diversos tipos de armas y convertirse en experto en su uso).
2. Tener un certificado negativo de antecedentes penales expedido no más de 30 días previo a la fecha de la solicitud y no estar acusado o pendiente o en proceso de juicio por algún delito en Puerto Rico, Estados Unidos o el extranjero.
3. No ser ebrio habitual o adicto a sustancias controladas.
4. No estar declarado incapaz mental por un Tribunal.
5. No incurrir ni pertenecer a organizaciones que incurran en actos de violencia o dirigidos al derrocamiento del gobierno.
6. No haber sido separado de las fuerzas armadas en forma deshonrosa o destituido de alguna agencia del orden público.
7. No estar bajo una orden del Tribunal que le prohíba amenazar o acercarse a otra persona determinada.
8. Ser ciudadano de los Estados Unidos y residente legal de Puerto Rico.
9. No haber renunciado a la ciudadanía americana alguna vez.
10. Estar en cumplimiento con las leyes fiscales de Puerto Rico.
11. Haber pagado un comprobante de rentas internas a favor de la Policía de Puerto rico por la suma de $100.00
12. Someter junto con la solicitud de licencia tres declaraciones juradas de personas que le conozcan y no sean familia, atestiguando bajo juramento que el peticionario goza de buena reputación en el vecindario, que no es propenso a cometer actos de violencia, y que está emocionalmente apto para poseer armas de fuego, por lo que no existe objeción a que tenga tales armas.
13. Someter su solicitud cumplimentada bajo juramento ante un notario, acompañada de una muestra de sus huellas dactilares, tomada por un técnico de la Policía de Puerto Rico, acompañada con fotos recientes.
14. Someter una certificación negativa de deuda con la Administración de Sustento de Menores.

El superintendente tiene hasta 120 días y una extensión de 60 días adicionales, si es necesario, para aprobar la petición. La licencia se emite por cinco años, tras lo cual puede ser renovada pagando derechos nuevamente y ofreciendo una declaración jurada haciendo constar si hay cambios en las circunstancias del peticionario y una nueva certificación en el uso, manejo y medidas de seguridad de armas de fuego, certificada por un Club de Tiro. Si contra el poseedor de la licencia se ha emitido causa probable para arresto, por ciertos delitos enumerados en la ley, se suspende su licencia provisionalmente hasta la determinación final del proceso.

En Puerto Rico, el Tribunal Supremo, en el caso Pueblo v. Del Río, 113 DPR 684, 689 – 1982, consideró la posesión y portación de armas de fuego un privilegio, a pesar de que la Constitución de Estados Unidos establece que es un derecho .(Subrayado nuestro). Lo curioso de este asunto es que la exposición de motivos de la Ley de Armas del 2000, Ley Num. 404-2000 fue aprobada con el propósito principal de lograr una solución efectiva al problema del control de armas de fuego en manos de delincuentes en Puerto Rico. Entonces, se puede asumir que para el Estado, en Puerto Rico, cada ciudadano decente que quiere proteger su vida y propiedad y la de su familia, es un presunto delincuente.

Los fundamentos constitucionales del derecho a poseer y portar un arma de fuego en Puerto Rico

En la decisión del 20 de junio de 2017 el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico determinó en el caso El Pueblo de Puerto Rico vs. Roberto Rodríguez López y otros, que a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico les cobijan los mismos derechos constitucionales que a los residentes de los Estados de la Unión y que poseer y portar un arma de fuego no es un privilegio, sino un derecho, que requiere de la mínima intervención y regulación por parte de la Policía, los tribunales y los fiscales del Departamento de Justicia.

Amparado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo Federal, incorporó a los Estados, los derechos fundamentales de la Carta de Derechos. Dicho Tribunal ha reconocido a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, los mismos derechos fundamentales que la Decimocuarta Enmienda concedió a los ciudadanos americanos residentes en los Estados de la Unión. (Balzac v. Porto Rico, 258 US 298 (1922). Por su parte, la Segunda Enmienda de la Constitución dispone que … no se coartará el derecho del pueblo a tener y portar armas…

El caso resuelto por el Tribunal Apelativo de Puerto Rico detalla de manera magistral los fundamentos constitucionales para su decisión sobre el derecho a poseer y portar armas de fuego. A continuación, parafraseando las expresiones del Tribunal, se resumen dichos fundamentos:

1. En el caso District of Columbia v. Heller, 554 US 570 (2008) se establece que los derechos reconocidos en la Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, están centrados en el derecho a la legítima defensa, particularmente en el hogar y reconoce el derecho individual a poseer y portar armas.
2. En dicho caso el Supremo Federal concluye que la Segunda Enmienda a la Constitución confiere un derecho individual a tener y a portar armas y que las leyes que prohíben la posesión y portación, particularmente en el hogar, de armas permitidas, necesarias para una legítima defensa, violentan ese derecho individual protegido por dicha enmienda.
3. En el caso McDonald v. City of Chicago, 561 US 742 (2010), el Tribunal Supremo Federal concluyó que la Segunda Enmienda de la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a poseer y portar armas, es aplicable a los Estados por virtud de la enmienda Catorce de ésta. En este caso el Tribunal concluyó que el derecho a poseer y portar armas es un derecho fundamental que está estrechamente vinculado al derecho a preservar la vida.
4. Por su parte, en el citado caso District of Columbia v. Heller, el Tribunal reconoció que la legítima defensa es un derecho fundamental cuyos orígenes pueden ser trazados a los tiempos más antiguos y que el derecho a la defensa personal es el componente central del derecho reconocido en la Segunda Enmienda a la Constitución.
5. Por otro lado, en el citado caso de McDonald v. City of Chicago, el Tribunal Supremo Federal sostuvo que el derecho individual de poseer y portar armas se extiende a los Estados en virtud del debido proceso de ley consagrado en la Decimocuarta Enmienda a la Constitución.(Subrayado nuestro).

Aunque Puerto Rico no es un estado, sino un Territorio, el Tribunal Supremo Federal nos ha reconocido los mismos derechos fundamentales que la Decimocuarta Enmienda concedió a los residentes de los Estados, bajo la doctrina de incorporación territorial. Por tanto, el derecho a poseer y portar armas es un derecho que el Estado no puede restringir irrazonablemente .(Subrayado nuestro). La garantía del debido proceso de ley exige que la ley no sea irrazonable, arbitraria o caprichosa .(Subrayado nuestro). También exige que el medio elegido tenga una relación real y sustancial con el objetivo que se persigue, conforme el caso A. Roig, Sucrs. V. Junta Azucarera, 77 DPR 342, 357 (1954). Se establece también, que los tribunales sostendrán la constitucionalidad de las leyes a menos que no tengan un propósito público legítimo, o que sean claramente arbitrarias, o que no guarden una relación razonable con el propósito público que persiguen. (Subrayado nuestro). (Morales v. Lizarribar, 100 DPR 717, 731 (1972).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico recientemente se ha expresado sobre la extensión al Territorio de Puerto Rico de los derechos fundamentales de la Constitución Federal, concedidos a los Estados a través de la Enmienda Decimocuarta, según las opiniones emitidas por el Tribunal Supremo Federal. En el caso resuelto el 20 de junio de 2017, el Tribunal Apelativo argumenta lo siguiente:

1. En el caso Charbonier Laureano v. Gobernador, 193 DPR 516 (2015), el Tribunal Supremo Estatal declaró NO HA LUGAR a la petición de que no se aplicara a Puerto Rico lo resuelto por el Tribunal Supremo Federal en el caso Obergefell v. Hodges, relacionado a los matrimonios entre personas del mismo sexo, bajo el argumento por parte de la legisladora estatal María Milagros Charbonier, de que Puerto Rico es un territorio y no un Estado de la nación norteamericana, y por tanto, no está sujeto a las limitaciones que supone la Decimocuarta Enmienda de la Constitución Federal.
2. En ese caso el Tribunal Supremo de Puerto Rico, señaló que, “en el esquema constitucional federal, Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos sujeto a los poderes plenarios del Congreso por virtud de la cláusula territorial de la Constitución federal… siendo ello así, el Tribunal Supremo Federal ha decidido que las garantías constitucionales que se denominen como fundamentales aplican a Puerto Rico por su propia fuerza, ya sea por virtud de la Decimocuarta o de la Quinta Enmienda de la Constitución Federal”… En el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo, el Tribunal Supremo reconoció el matrimonio como un derecho fundamental que emana del debido proceso de ley, el cual se garantiza tanto en la Decimocuarta como en la Quinta Enmienda de la Constitución Federal. Por tanto, concluye el Supremo Estatal, que lo resuelto en el caso Obergefell v. Hodges aplica al territorio de Puerto Rico. La Rama Judicial del Territorio de Puerto Rico, al igual que los tribunales de los Estados de la Unión, no tienen el poder para revisar o cuestionar una decisión del Tribunal Supremo Federal.

Esa decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en este caso, implícitamente, sin que esté la controversia ante su consideración, incide en el eventual reconocimiento, como un derecho fundamental, el derecho a portar armas de fuego, garantizado en iguales términos por la Constitución Federal. Por tanto, de ser apelada la decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico al Tribunal Supremo Estatal, difícilmente el Supremo pueda revocar la decisión del foro apelativo sobre el derecho a portar armas.

Conclusión

Ahora, tras la decisión del Tribunal de Apelaciones, el Departamento de Justicia debe decidir si acoge la determinación del Tribunal o apela al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Si apela la determinación del Apelativo, es casi seguro que el Supremo ratificará la determinación del foro inferior debido a lo bien fundamentada que está la decisión del Apelativo. Al final, el Departamento de Policía se verá forzado a revisar y simplificar sus requisitos y la Asamblea Legislativa deberá enmendar la Ley de Armas de Puerto Rico.

Como resultado de la decisión del Tribunal Apelativo será mucho más fácil y menos doloroso para los ciudadanos adquirir un arma de fuego para proteger su casa, su familia, propiedad y su propia vida de los criminales que violentan su morada, que les asaltan en las calles, roban sus pertenencias y les privan de la vida. Los criminales adquieren fácilmente sus armas y no pasan por los rígidos requisitos que el Estado le impone a los ciudadanos cumplidores de la ley.

La simplificación del proceso de comprar, poseer y portar un arma de fuego brindará mayor acceso a comprar un arma y a tener paz y tranquilidad a los ciudadanos, particularmente, las mujeres, jefas de familia que, solas con sus hijos pequeños, duermen con los ojos abiertos, en espera del criminal que violentará su morada en la noche, o que estará al asecho en el estacionamiento del centro comercial. Le dará tranquilidad al comerciante pequeño, con pocos recursos, que vive temeroso todos los días cuando cierra su establecimiento; al agricultor que sufre las pérdidas de su finca ante los ladrones que roban la cosecha; al padre que regresa con su familia de noche y enfrenta un problema mecánico de su auto en la carretera. Para un ciudadano decente que quiere proteger a su familia, es preferible morir ejerciendo su derecho a la defensa propia, utilizando un arma de fuego, que morir de rodillas, impotente ante la violación de la dignidad y la persona suya, de su esposa y sus hijos.

Los criminales, que están armados, sin licencia y sin miedo a la intervención de la Policía, que nunca está presente cuando ocurre el crimen violento, serán conscientes que su posible víctima también está armada y que ejercerá su derecho constitucional a la defensa propia, con la posibilidad real de que lo detenga con varios balazos que le ocasionen la muerte y liberen a la comunidad de la amenaza que un criminal representa.

El domingo 11 de junio, los que fueron a votar apoyaron la estadidad con 97% de los votos como la mejor alternativa descolonizadora para Puerto Rico. El resultado de ayer, unido a otras dos herramientas, el proyecto HR 260 presentado a la 1ra sesión del Congreso número 111, por la Comisionada Residente, Jennifer González y la Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos de Puerto Rico (Ley para implantar el Plan Tennessee) constituirán las bases para impulsar en el Congreso la descolonización. Antes de que termine el año 2017, la Asamblea Legislativa debería completar un proceso adicional para ratificar la actual Constitución de Puerto Rico como la Constitución del Estado de Puerto Rico. La actual Constitución de 1952, ya aprobada por el Congreso cualifica ad verbatim para ser ratificada como la Constitución del Estado de Puerto Rico.

La historia de los territorios que adoptaron el Plan Tennessee demuestra que esta estrategia es la más lógica para Puerto Rico conseguir la estadidad. El Plan Tennessee ha sido exitoso en todos los casos en lo que ha sido utilizado como estrategia. Puerto Rico, al  adoptar e implantar esta estrategia, creará una gran publicidad en Washington, DC y a nivel nacional y le creará un problema de imagen pública al Congreso y a la Casa Blanca.

La utilización de esta estrategia por parte de Puerto Rico estará en los titulares de primera página de los principales periódicos de los Estados Unidos, llevando el mensaje de la petición de igualdad al ciudadano promedio americano, incluyendo la amplia comunidad hispana y particularmente las comunidades boricuas en todos los Estados Unidos. Además, permitirá a los representantes y senadores que Puerto Rico designe como cabilderos en Washington, cabildear en favor de la estadidad, tener mayor visibilidad y participación en la televisión, los programas de radio y artículos en periódicos y revistas a nivel nacional. Esta presencia les brindará la oportunidad de contar la historia sobre el déficit de democracia en Puerto Rico a toda la Nación y buscar apoyo público de militancia de grupos a nivel nacional.

La historia del déficit de democracia en Puerto Rico, contada por sus protagonistas, la delegación enviada a Washington, le quita la máscara a los Estados Unidos a nivel del ciudadano común americano, dejando claro como el Tío Sam, que predica e interviene en todo el mundo como defensor de los valores democráticos y los derechos humanos, mantiene una política de colonialismo y falta de democracia en su propia casa.

La vergüenza pública forzará la acción del Congreso que, eventualmente, no dejará que la delegación de senadores y representantes de Puerto Rico vuelva con las manos vacías al territorio de Puerto Rico. El diálogo cara a cara de la delegación de Puerto Rico con los 435 representantes y 100 senadores cambiará la manera de pensar de una mayoría suficiente como para aprobar una ley de admisión. Aunque se trate de una mayoría conservadora, son políticos prácticos y astutos que modificarían su manera de pensar, asumiendo que actualmente, una mayoría no conozca a cabalidad el caso de Puerto Rico, como un territorio en déficit de democracia.

La utilización de la estrategia del Plan Tennessee no ha fallado en el pasado, pero es necesario contemplar la posibilidad de que pueda fallar para Puerto Rico. Aun si falla, durante el cuatrienio del 2017 al 2020, ya sea porque falte el entusiasmo y la dedicación necesaria al cabildeo en el Congreso, o por la falta de voluntad congresional para aprobar una ley habilitadora, el proceso será sumamente útil. Permitirá una herramienta para educar al Congreso, a los medios de comunicación nacionales y al ciudadano promedio en los Estados Unidos sobre el derecho de Puerto Rico a la igualdad política bajo la estadidad. Al final del camino, la estadidad estará más cerca.

Los defensores de la estadidad y Puerto Rico tienen mucho que ganar y poco que perder. En el 2017, la utilidad de los medios de comunicación, incluyendo la internet y las redes sociales son mucho más impactantes para moldear la opinión pública que cuando en el 1959 Alaska y Hawaii lograron la igualdad política.

Ninguna lucha por los derechos civiles ha logrado ser exitosa sin un ataque agresivo, determinación, perseverancia y desobediencia civil. El Plan Tennessee como estrategia de lucha conlleva estos cuatro componentes. Conlleva un ataque agresivo en pelear la lucha en el corazón de la Nación americana, el Congreso, mediante un cabildeo intenso. Conlleva determinación en fijar la meta de conseguir la estadidad, establecerlo como prioridad, fijar un calendario de acción y ejecutarlo. Conlleva perseverancia para ser insistente, no cejar ni perder la fuerza de voluntad ni amilanarse ante las derrotas temporales que el proceso pueda sufrir. Conlleva desobediencia civil en retar al Congreso enviando una delegación congresional sin que haya sido aprobada una ley habilitadora y tratar de sentarlos en el hemiciclo o votar por los proyectos de ley de manera simbólica desde las escalinatas del capitolio federal, para demostrar  el compromiso con la aspiración de ser iguales.

La delegación de senadores y representantes designados junto a la actual Comisionada Residente en el Congreso, la Hon. Jennifer González deben iniciar un proceso intenso de cabildeo y educación en Washington DC para forzar la aprobación de un proyecto de admisión. Una vez aprobado dicho proyecto de admisión en el Congreso y previo a su firma por el Presidente de los Estados Unidos, la delegación deberá entonces ser ratificada por el voto popular de la mayoría de los electores para cumplir el requisito constitucional federal de ser los representantes electos tras la admisión.

El esfuerzo de educación y presión al Congreso de Estados Unidos puede ser implantado mediante una serie de acciones y eventos, parte de los cuales se describen a continuación a manera de sugerencias de un itinerario esquemático  modelo para la Asamblea Legislativa, el Gobernador, la Comisionada Residente y la delegación que sea designada.

Si a la fecha de las elecciones generales del 2020 el Congreso no ha aprobado una ley de admisión de Puerto Rico como el estado 51 de la Unión, será necesario iniciar el periodo del 2021 al 2024 con mayor ímpetu en una escalada de la educación al Congreso, los medios de comunicación y grupos de influencia a nivel nacional mediante todos los medios legales y pacíficos disponibles para alcanzar la descolonización en el 2024 o el 2025.

La delegación puertorriqueña podrá ser acusada de anarquista, como ha ocurrido con casos anteriores; podrá ser acusada de querer conseguir su objetivo de manera irregular; podrá ser acusada de rufianes y aventureros como en el caso de California, pero al final del camino la igualdad política triunfará y la nueva bandera de 51 estrellas será izada en todos los edificios públicos de la Nación un 4 de julio, de un año futuro que no debería estar muy lejos.

Este domingo, en menos de 48 horas, es el plebiscito para la descolonización de Puerto Rico. Es tu día. Tal vez cuando leas este espacio de opinión ya falten solo un par de horas para abrir los colegios, o ya los funcionarios estén abriendo los portones, o abriendo los paquetes e iniciando las papeletas, o tal vez ya pasó el mediodía del domingo y faltan solo un par de horas para el cierre de los colegios de votación.

En nuestra democracia tú decides tu futuro y el de tus hijos y nietos mediante el voto. Si no votas, dejaste pasar una oportunidad de cambiar el curso de tu historia. Este plebiscito pone en juego muchas cosas para ti. Pero, tal vez, la más urgente es el derecho a la igualdad política, sea mediante la estadidad o la independencia. También una mejor calidad de vida para la clase media y los más pobres; la oportunidad de un desarrollo económico sostenido y la oportunidad de cambiar el curso de la economía.

Los datos son contundentes. El dramático aumento en la carga contributiva; la pérdida de valor de tu casa y tus pocos ahorros para el retiro y la pérdida de empleos. La quiebra del gobierno y la imposición de un gobierno por encima del gobierno electo por los puertorriqueños, mediante la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso, que decide nuestras vidas sin nuestra participación. El éxodo de tus familiares que han emigrado a otros estados. Se ha generado desaliento a la iniciativa individual de echar pa’lante. Hemos perdido la capacidad de soñar. Somos la única jurisdicción en nuestro hemisferio que lleva diez años echando pa’atrás por culpa del coloniaje.

Tienes la oportunidad de expresarte sobre tu derecho a una ciudadanía americana garantizada; a tener voz y voto en el Congreso con una delegación poderosa; a atraer mayor inversión privada que genere más empleos; a disfrutar de mejores salarios, a tener igualdad en la distribución de fondos federales para el desarrollo económico, el desarrollo del turismo y para las necesidades más básicas de los más vulnerables; a tener igualdad en la repartición de recursos para proteger la salud de nuestros ciudadanos de la tercera edad. Tienes la oportunidad de asegurar mejores oportunidades en los programas para la educación. También, la oportunidad de reclamar más recursos para garantizar la seguridad de nuestra tierra y nuestras costas mediante los programas de aduanas, la DEA, la Guardia Costera, el FBI y el Tribunal Federal.

No tienes excusa para dejar de ir a ejercer tu derecho al voto este domingo. Ni siquiera un catarro, ni falta de transportación, ni falta de asistencia para movilizarte porque hay servicios para atender tu necesidad. Si te quedas sin votar renuncias en la práctica al privilegio de quejarte luego. Haz que tu voto cuente y utilízalo para buscar una oportunidad de llevarle un mensaje fuerte y contundente al Congreso sobre nuestro deseo de terminar con el coloniaje.

Don Luis Muñoz Marín y Don Luis Ferré nos demostraron el poder del voto. Muñoz cambió el curso del país en el 1948 y Ferre lo hizo en el 1968. Se puede hacer de nuevo en el 2017. Muñoz lanzó el grito de “manos a la obra”. Ferre gritó “esto tiene que cambiar”. ¿Cuál será tu grito? No dejes que nadie te confunda. Es la hora de salir a votar. Esta es la hora cero.

Nota a nuestros lectores: 9no de una serie de artículos, con motivo de la consulta plebiscitaria de junio de 2017.

Los defensores de la libre asociación en Puerto Rico han postulado que el llamado ELA mejorado o libre asociación  sería un pacto permanente entre Estados Unidos y Puerto Rico con garantías  de ciudadanía americana y fondos federales. El pacto de libre asociación entre Estados y Micronesia es un buen marco de referencia para entender el futuro de un pacto de libre asociación. En este espacio abordamos el tema.

En diciembre de 2015, el Congreso de los Estados Federados de Micronesia aprobó una resolución expresando su interés en terminar el Pacto de Libre Asociación con los Estados Unidos en el 2018, 5 años antes de su vencimiento.[1] Actualmente ambas partes discuten la renovación o terminación del acuerdo que vence en el 2023. La razón mencionada por Micronesia para terminar el pacto surge de la intensión del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security  Department) de Estados Unidos en el 2015, de establecer ciertos procedimientos de cotejo a los inmigrantes de Micronesia ante preocupaciones de seguridad nacional de que se esté utilizando la libertad de entrada a Estados Unidos por personas no autorizadas. Al presente existe mucha tensión en las relaciones entre ambos países, pero es mayormente por discrepancias en la administración de la ayuda financiera que aporta Estados Unidos.

Un Comité Conjunto de Administración Económica (Joint Economic Management Committee – JEMCO) compuesto por representantes de ambas naciones establece las guías para que el gobierno de Micronesia utilice los fondos, pero Estados Unidos se queja de los pobres resultados de los programas de educación, salud, ambiente y otros sectores para los que ofrece ayuda. La oficina regional de Hawaii de la Oficina de Asuntos Insulares del Departamento del Interior hizo varias recomendaciones al Congreso de Estados Unidos sobre sus preocupaciones con la ayuda ofrecida y otras áreas del pacto.

Es un elemento de consideración importante el hecho de que la República de China, ha ido incrementando su influencia en el área del pacífico extendiendo su interés hasta las aguas territoriales de Micronesia, lo que implica que puede buscar algún tipo de acuerdo con Micronesia. En el 2015 China otorgó $10 millones en ayuda económica a Micronesia. Se estima que desde el 2003 China ha aportado $28 millones en ayuda a Micronesia. [2] Sin embargo, el periodo de 2007 al 2015, Estados Unidos otorgó a Micronesia ayuda promedio anual de $32 millones, equivalente a $284 millones. Esa suma no incluye la aportada desde 2003 al 2006.

La terminación del pacto en el 2018, como propone el Congreso de Micronesia, afecta más a Micronesia que a los Estados Unidos. Los micronesios que actualmente residen en Estados Unidos perderían su status migratorio actual y podrían perder los beneficios de programas federales de los que disfrutan en Estados Unidos. Si Micronesia escoge a China como su padrino, difícilmente recibiría el nivel de ayuda actual que provee Estados Unidos y estaría en manos de una potencia económica menos amistosa.

Como resultado de la resolución de 2015 se ha iniciado un aumento en la emigración de los residentes de Micronesia hacia jurisdicciones de Estados Unidos, particularmente, Guam y Hawaii. [3] El 94% de los que emigran lo hacen a Guam y Hawaii. La población de Micronesia es de alrededor de 100 mil habitantes. En el 2008 se estimó por el Departamento de Comercio federal de Estados Unidos que había 12,215 migrantes de Micronesia en Hawaii y 18,305 en Guam (Territorio de Estados Unidos actualmente). El número de migrantes total en las dos jurisdicciones sumaban 30,520. [4] Esa suma representa el 31% de la población de Micronesia.

El gobierno de Guam se queja de que los inmigrantes ocasionan tensión en las operaciones gubernamentales y recursos fiscales porque llegan sin recursos, sin destrezas ocupacionales para el empleo y con problemas de salud. El gobierno de Hawaii tiene quejas similares.

La incertidumbre con el futuro del Pacto de Libre Asociación entre Micronesia y los Estados Unidos está provocando una emigración considerable de la población, que eventualmente, si se termina el pacto se verían forzados a retornar a su país si pierden su status migratorio. Esta incertidumbre del Pacto de Libre Asociación de Micronesia con los Estados Unidos y las consecuencias que está conllevando para los micronesios en su país y los que emigran a Estados Unidos es prueba fehaciente de que un pacto de libre asociación está sujeto a terminación unilateral por una de las dos partes y que su vida útil puede ser efímera. Las implicaciones para la población de cualquier decisión de sus gobernantes pueden cambiar sus vidas para siempre.

[1] Nineteenth Congress of the Federated States of Micronesia. Third Special Session, 2015 C.R. No. 19-155

[2]  The Diplomat. February 19, 2016

[3] Pacific Daily News. 4 de diciembre de 2015.

[4] US Department of Commerce. US Bureau of Census. 2008 estimates of Compact of Free Association Migrants.

Este fin de semana del 27 de mayo estará disponible en las librerías del área metro de San Juan, y ya está disponible “online” desde ayer, mi nuevo libro, Consecuencias Económicas: La estadidad para Puerto Rico.  El libro estará disponible a partir del fin de semana en AC Books de Santurce; Biblio Services de Hato Rey, La Tertulia y Librería Norberto González de Rio Piedras, Norberto González de Plaza Las Américas y Bookmark de San Patricio. La presentación será el martes 6 de junio a las 6:00pm en la Librería Norberto González de Plaza Las Américas.

Ya está disponible desde el pasado lunes 22 de mayo  “online” en:

https://www.librosondemand.com/products/consecuencias-economicas-la-estadidad-para-puerto-rico

Este libro surge a dos semanas de la consulta plebiscitaria del 11 de junio, ante la necesidad de estimular la discusión sobre las consecuencias económicas de la estadidad, como una aportación a la orientación a la ciudadanía durante el proceso del plebiscito para la descolonización de Puerto Rico. Para hablar del futuro económico de Puerto Rico tenemos que considerar el status, aunque algunos no quieren hablar del tema. Hay asuntos económicos que se pueden resolver bajo el status territorial actual, pero hay otros que van amarrados a la decisión que haga el pueblo de Puerto Rico y que negocie con el Congreso. Los electores en Puerto Rico serán los que decidan. Esa decisión debe basarse en datos económicos e información sólida, principios políticos y morales de igualdad y no en mitos que han sobrevivido más un siglo de coloniaje americano.

Si no aceleramos la descolonización, Puerto Rico podría convertirse en los nuevos “Condenados de la Tierra”, que describió Frantz Fanon, en su tesis sobre el coloniaje, basado en el caso de Argelia ante Francia. Para el Congreso debería ser una vergüenza mantener la relación colonial de Puerto Rico. Es su responsabilidad encaminar a Puerto Rico hacia la descolonización, sea mediante la estadidad, la libre asociación o la independencia.

No se trata de un tratado sobre descolonización. Es un texto sencillo para el ciudadano que no está muy familiarizado con economía y política. Para utilizar dos frases que no me agradan, pero que son muy utilizadas, el libro explica los conceptos en “arroz y habichuelas para el ciudadano de a pie”. No es un libro imparcial. Esta escrito desde la perspectiva de un economista que cree que la estadidad es la mejor opción, pero que considera la estadidad o la independencia, incluyendo la libre asociación, como las dos alternativas viables para descolonizar a Puerto Rico y poder implantar un desarrollo económico sólido a largo plazo.

En un tributo a la generación de jóvenes de las próximas dos décadas, dedico el libro a mi hija Nicole Marie, que acaba de cumplir 4 años de edad. En el 2025, año más lejano en que se debería firmar la proclama de admisión como estado o la proclamación como república, 8 años a partir de 2017 y 13 años a partir de la votación mayoritaria de 2012 a favor de la estadidad, si la solución al dilema colonial toma ese tiempo, Nicole Marie habrá cumplido 13 años. No tengo duda que será defensora de la igualdad política, aunque aún no podrá ejercer el derecho al voto. Como en la Canción de Ricky Martin, “La Copa de la Vida”, querrá “pelear por una estrella, para sobrevivir y luchar por ella”. Imagino que le interesará acudir a la ceremonia de izar la nueva bandera americana, con 51 estrellas, en el Capitolio federal en Washington DC.

Pero antes de eso, es posible que quiera participar en las marchas pro estadidad en el Mall, frente al Capitolio Federal, y quien sabe, si como joven impetuosa en su adolescencia, como un acto de desobediencia civil, quiera amarrarse a las columnas del monumento a Jefferson en algún día memorable, como el feriado de Martin Luther King o en los pasillos de los edificios del Capitolio Federal Cannon, Longworth o Rayburn de oficinas de congresistas, o Russell, Dirksen y Hart de oficinas de los senadores y sea arrestada por su desafiante actuación.

Pienso que las técnicas de lucha pacífica, que han sido utilizadas históricamente para luchar por los derechos civiles y la independencia de los pueblos, pueden ser buenas para luchar por la estadidad.

Les invito a leer el libro.