El nuevo gobierno que iniciara operaciones en enero de 2017 enfrentará grandes retos para lograr un gobierno más eficiente, más pequeño y que cueste menos. En ese esfuerzo deberá contar con tres funcionarios importantes para lograr su objetivo: el Inspector General, el Ejecutivo de Informática y el Oficial de Ajuste y Transformación.

El primero de esos tres funcionarios es el Inspector General. La Ley 42-2010 creó la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico (OIG) y la adscribió a la Oficina del Gobernador. La OIG tenía como propósito establecer un sistema integrado y coordinado de auditorías, estudios y evaluaciones preventivas en los organismos gubernamentales con miras a erradicar la redundancia y burocracia en la gestión pública, así como para optimizar el uso de los recursos y evitar el uso indebido de los mismos. También, tenía el objetivo de prevenir eventos de corrupción, así como para identificar aquellos funcionarios que no sepan manejar los recursos públicos de manera adecuada y que estén en busca de lucro personal.

La nueva administración de gobierno que inició operaciones en el 2013 eliminó, por legislación dicha oficina. Se dispuso, además, que el personal adscrito a la Oficina del Inspector General regresaría a sus agencias de origen, previo a la aprobación de la Ley 42-2010. La OIG debe ser restablecida, con los ajustes que sea propio realizar a su misión y diseño operacional, para desarrollar una cultura de rendición de cuentas sobre la marcha, de manera que los esfuerzos de transformación del gobierno no se desvirtúen.

Otro funcionario de importancia vital es el Principal Ejecutivo de Informática, que había sido establecida por Ley en el cuatrienio anterior. Desafortunadamente, en el presente cuatrienio del 2013 al 2016 se eliminó dicha oficina. La ley derogada debe ser reestablecida nuevamente.

Finalmente, será necesario crear un Ejecutivo de Transformación y Ajuste del Gobierno. Su rol debe ser coordinar un “task force” o grupo de implementación para realizar la tarea de implementación de la transformación hacia un gobierno nuevo. Este grupo puede estar constituido por un comité de 5 miembros en cada agencia, que incluya al jefe de la agencia, el director de tecnología o su equivalente, el director de administración y recursos humanos, un representante de los sindicatos y un empleado de carrera de operaciones. Este equipo de comandos para la implementación compuesto de 5 miembros en cada una de las aproximadamente 118 agencias, 590 funcionarios, con la guía de la oficina central del Ejecutivo de Transformación y Ajuste del Gobierno se encargaría de lograr la rendición de cuentas sobre los esfuerzos de transformación del gobierno. Este grupo sería el punto de apoyo para realizar recomendaciones sobre la transformación, siguiendo guías pre-establecidas sobre las metas que se pretende alcanzar.

Estos tres funcionarios serán elementos de gran importancia para lograr un gobierno nuevo en Puerto Rico.

El arte de gobernar y administrar las finanzas públicas no es tan sencillo como jugar a los dados a ver que números salen. Cuando los líderes de los pueblos hablan, no pueden hacerlo a la ligera. Lo que digan se considera dicho a nombre del estado, territorio o la nación que representan.  El gobernador García Padilla cometió un grave error al inicio de su mandato, al expresar su desprecio a la importancia de la evaluación del crédito del gobierno. Hemos pagado muy caro su desliz.

Lo hizo al hacer la expresión de que le valía poco lo que piensen o digan las casas acreditadoras del crédito del gobierno, pues no gobiernan a Puerto Rico. Puntualizó que, “si esas entidades quieren tomar decisiones sobre el gobierno de la Isla, que se postulen. Lo que ellos piensen de mí, como dice Maná, me vale”, expresó el mandatario en una conferencia de prensa el 2 de abril de 2013. Implicaban sus palabras que, si querían gobernar, que vinieran y se encargaran del gobierno. Esa expresión, no propia de un jefe de estado, creó una enorme desconfianza en los mercados de inversión y en las propias casas acreditadoras que degeneró en degradaciones adicionales del crédito.

Esas expresiones que demostraban que el gobernador le asignaba poca importancia a las degradaciones que hicieran en las semanas anteriores a su comentario, al crédito de la Isla, Moody’s, Standard & Poors y Fitch, recorrieron el mundo. El mensaje fue desastroso y provocó desconfianza que generó no solo nuevas degradaciones del crédito, sino el cierre del acceso a los mercados y finalmente la imposición de una Junta de Control Fiscal por encima de la autoridad del gobernador.

No se hubiese llegado a la situación de falta de credibilidad en el gobierno por parte de las agencias que clasifican el crédito, a la degradación de la deuda a nivel de impago y la agravación de la crisis y Junta de Control Fiscal si el gobernador hubiese sido prudente en sus expresiones sobre su visión de la deuda y la situación fiscal.

Hay un contraste significativo entre este evento y el que ocurrió en enero de 2009 cuando el gobernador Luis Fortuño tomó posesión del cargo. Cuando tomó posesión como nuevo gobernador no había dinero para pagar la nómina del gobierno de la primera quincena del mes; había una deuda cuantiosa con los suplidores, que no estaban dispuestos a continuar brindando servicios sin recibir el pago de facturas pendientes; había una deuda a corto plazo por la suma de $1,000 millones, conforme los informes ante el Comité de Transición.

Al nuevo gobernador se le planteó, por sus asesores, la posibilidad de cerrar el gobierno nuevamente y suspender a los empleados públicos hasta que se encontrara una solución al pago por los servicios, incluyendo la nómina. La otra opción era refinanciar esa deuda con una emisión de bonos. El gobernador pidió algún tiempo, hasta el día siguiente, para dormir con las alternativas y reflexionar sobre las opciones.

Cerrar el gobierno nuevamente hubiese creado un ambiente de pánico en la ciudadanía y los empleados públicos con un costo emocional colectivo enorme. Pero, sin embargo, hubiese creado un ambiente positivo, de aceptación de las reformas o transformación del gobierno que era necesario realizar, con un beneficio político para el nuevo gobernador.

La otra opción, emitir deuda a mediano plazo que proveyera el efectivo necesario para cumplir las obligaciones a corto plazo y la falta de liquidez del gobierno, planteaba aumentar la deuda, conversar con las casas acreditadoras y pedir tiempo. El nuevo gobernador optó por la segunda opción. Sostuvo reuniones con las casas acreditadoras que estaban decididas a re-clasificar la deuda pública a un nivel por debajo del grado requerido para emisión de nueva deuda, explicó su propuesta de refinanciamiento y solicitó un periodo de seis meses para implantar una solución de corto plazo al problema de liquidez. No fue nueva, la deuda ya existía como déficit operacional y no había liquidez inmediata para cumplir con las obligaciones de corto plazo incurridas por el gobernador anterior. No era una opción un “me vale” o tirar los dados a ver que números salían.

En 30 días se celebran las elecciones generales en Puerto Rico. Hay expectativa por quién será el ganador de la candidatura a la gobernación. He observado mucha confianza en el PNP. Mi poca experiencia política me ha enseñado que gana las elecciones:

1. El que movilice los electores a votar. El PPD tiene un historial más eficiente en sacar sus electores a votar.
2. Quien tenga todos los funcionarios de colegio adiestrados, alertados en simulacros que incluyan ejercicios de madrugar, llegar al colegio y llevar todos los elementos necesarios para operar el colegio de votación; aquel que tenga una reserva en el banco para reponer los funcionarios de colegio que se queden durmiendo el día de las elecciones. El PPD tiene un estratega de grandes ligas llamado Héctor Luis Acevedo, que tiene suficiente experiencia para sacarle los granos de maíz del buche al pájaro más bravo. También tiene de su lado como director de campaña a un guerrero llamado Ferdinand Mercado que se ha leído y practicado todos los libros de guerra política, desde El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, que inspiró a Napoleón y Mao Tse Tung hasta El Príncipe de Maquiavelo, que ha inspirado a políticos modernos.
3. Aquel que logre un ejército de movilizadores para transportar votantes con dificultades de llegar a los colegios de votación. El PPD es famoso por sacar gente en camillas de sus casas y llevarlos a los colegios de votación.
4. El que logre crear sentido de urgencia en los electores sobre la necesidad de acudir a votar. Recuerden aquella frase “sin miedo” de Inés Mendoza de Muñoz Marín y el grito de “a las trincheras” de Rafael Hernández Colón.

En el 2004 el PNP se sentía seguro del triunfo de Pedro Rosselló sobre Aníbal Acevedo Vilá. Pedro Rosselló se acostó a dormir ganando y se levantó al otro día perdiendo. Y perdió las elecciones, por 3,566 votos. Esa suma representó 0.18 del 1% de 1,923,040 electores que votaron por uno de los dos candidatos. Menos de una cuarta parte del 1%. Pero se gana por un voto. Había 8,109 colegios de votación. Esas estadísticas implican que, en una tercera parte de los colegios, un elector del PNP no llegó a votar… se quedó en su casa. ¡Increible!, verdad? Cada voto cuenta.

Qué tal si asumimos que una mayoría de los puertorriqueños, mayores de 18 años, que durante los pasados cuatro años, a partir del 2013, han cambiado su domicilio a jurisdicciones como Florida o Texas, es un elector estadista y potencial elector PNP. Si la población emigrante en los pasados cuatro años, fuera de 300,000 y un 60% fuera mayor de 18 años, serían 180 mil votantes. Si el 70% de esos electores fueran del PNP, representaría una pérdida de 126,000 votos potenciales, bajo estos supuestos. ¡Madre mía! Claro, que sea de mi conocimiento, nadie ha realizado un censo o una estimación científica sobre estos datos. Pero una encuesta reciente realizada entre puertorriqueños en el estado de Florida y publicada en el periódico El Nuevo Día el pasado mes de abril, reflejó que un 70% de los encuestados votaría por la estadidad en un plebiscito. Podemos asumir que esos electores eran potenciales votantes por el PNP en Puerto Rico. Esos estimados favorecen al PPD.

Las encuestas son enemigas de los candidatos y de los partidos políticos, por su impacto en los potenciales votantes. Si los electores de uno de los candidatos perciben que tener una ventaja de 5% a 7% en las encuestas es un triunfo seguro, se pueden quedar en sus casas porque pueden entender que su voto no es decisivo. El elector no necesariamente entiende el margen de error en las encuestas ni el factor de peso de los indecisos, que terminan tomando la decisión dentro de la caseta de votación.

Me preocupa que el exceso de confianza y la posible falta de trabajo electoral duro de asegurar cada voto, pueda matar al PNP en estas elecciones. Y, como dijo la exgobernadora Sila María Calderón en un infame discurso, eso sería una vergüenza para Puerto Rico. Porque Puerto Rico necesita que el PNP gane, pues, de los dos partidos que pueden ganar las elecciones es el que, por su enfoque de política pública, puede sacar a Puerto Rico del laberinto económico. Pero en el PNP parece haber exceso de confianza, como en el 2004. Por eso, el Partido Popular podría ganar las elecciones generales de Puerto Rico el próximo martes 8 de noviembre de 2016.

Carlos Romero Barceló siempre decía que prefería correr “asustao”. Correr “asustao” implica no tener descanso hasta que se cierren los colegios de votación; asegurarse que los resultados lleguen a la Comisión Estatal de Elecciones ese día; si hay recuento, defender cada voto con uñas y dientes; seguir los principios enumerados al principio de este escrito y poner en práctica las lecciones de El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, y El Príncipe, de Maquiavelo. El PNP debe correr asustao.

Este viernes 7 de octubre, a las seis de la tarde, se presenta en la librería Biblio Services en San Juan, mi nuevo libro Cómo Transformar el Gobierno. La presentación estará a cargo de Kenneth McClintock Hernández, expresidente de la comisión de Modernización del Gobierno del 2009, exsecretario de Estado, expresidente del Concilio de Gobiernos Estatales, expresidente del Senado, expresidente de la Comisión de Gobierno y la Comisión de Asuntos Federales y Económicos y la Comisión de Desreglamentación Gubernamental de dicho cuerpo legislativo.

Este proyecto presenta argumentos sobre las razones que obligan a un cambio en la estructura del gobierno grande que todo lo toca en Puerto Rico. Explica que es la transformación del gobierno. Abunda en las características de los gobiernos exitosos en el siglo 21 y la experiencia de otras jurisdicciones que han pasado por situaciones de crisis fiscal similares a Puerto Rico. Hace un examen de las mejores prácticas de achicamiento del gobierno federal y discute las iniciativas en Puerto Rico a partir de la Ley Foraker de 1900.

Se incluye un análisis de los obstáculos a la transformación del gobierno en Puerto Rico. Como parte de dicho análisis contiene las opiniones, vertidas en entrevistas separadas, con los exgobernadores, Pedro Rosselló González, Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño Burset. Los tres exgobernadores hacen un recuento de los obstáculos, que conforme su experiencia en la gobernación de Puerto Rico, dificultan la transformación del gobierno. Finalmente, el libro presenta un resumen de 30 conclusiones y recomendaciones para una agenda de transformación. Incluye una bibliografía de más de 100 fuentes de referencia para el lector.

El libro también recoge el sumo de experiencias de 40 años de sueños, pensamientos, y también algunas frustraciones de este autor en incursiones temporeras como economista, en los escenarios de política pública y las operaciones gubernamentales. Esas incursiones se iniciaron en el 1975, como parte de un pequeño grupo de economistas jóvenes que participábamos en la preparación de varios “papers” en la Administración de Fomento Económico para justificar las necesidades de protección de las exportaciones de Puerto Rico. Tenía 25 años, acababa de terminar mis estudios graduados en economía y aquella experiencia, trabajando en Fomento Económico por seis meses, me parecía un sueño.

Dos años antes había llegado a San Juan, en carro público, a completar estudios graduados en economía, procedente de una comunidad aislada, en Aguada, el mayor de ocho hermanos, hijo de un cortador de caña que, en el tiempo muerto del corte de la caña de azúcar, para generar algún ingreso, producía ron caña artesanal. En nuestro barrio no había caminos por los que pudiera transitar un auto, ni agua potable, ni electricidad. Nos bañábamos en el río. Caminábamos más de 20 kilómetros diarios para llegar a la escuela. Si llovía y el rio crecía, había que esperar horas para poder cruzar cuando bajaba el nivel de la creciente. Utilizábamos un par de zapatos negros al año, que costaba 50 centavos en la escuela, gracias a un programa del gobierno federal, aunque nos decían que los enviaba Muñoz Marín, el que le puso vergüenza a este pueblo, según mi abuelo.

Describo este trasfondo porque lo considero importante para entender por qué llegué a San Juan en el 1973 lleno de ilusiones académicas y profesionales que me llevaron, como economista, por los pasillos de la política pública y del poder prestado. Tras 40 años, no mucho ha cambiado en la estructura, la cultura gubernamental y la aversión al cambio, lo cual, en parte es responsable de la crisis gubernamental actual.

Corresponde al nuevo gobierno que se iniciará en enero de 2017 provocar un cambio, en coordinación con la Junta Federal de Supervisión Fiscal creada por el Congreso para enderezar el curso que saque a Puerto Rico de la crisis fiscal del gobierno. Por eso escribí este libro sobre Cómo transformar el gobierno. Pretende arrojar alguna luz para alumbrar el camino a ese cambio. Te invito a acompañarnos en la presentación este viernes 7 de octubre a las 6:00 pm en la Librería Biblio Services en Hato Rey.

El apagón general ocurrido en Puerto Rico la semana pasada a un costo diario millonario para las empresas y los consumidores, es una vergüenza para el país y un golpe adicional a la confianza internacional en la viabilidad de Puerto Rico como lugar para invertir, como destino turístico, como territorio o país viable y como socio en proyectos de envergadura. Las reseñas del NY Times, USA Today, Washington Post, CNN, Bloomberg, el periódico El País y El Diario de España, proyectan a Puerto Rico como una economía en colapso total. El sistema eléctrico es la columna vertebral de una economía, en particular en una isla aislada de fuentes de interconexión eléctrica. Por años se ha discutido la necesidad de mejorar el servicio eléctrico, aumentar el mantenimiento de las plantas generatrices, estabilizar los costos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y diversificar las fuentes de energía hacia energía eólica y solar.

La solución al apagón de la semana pasada es la creación de una alianza publico privada para operar la Autoridad de Energía Eléctrica, mejorar el mantenimiento a las plantas generatrices, diversificar las fuentes de energía y estimular la competencia y la reducción del precio por kilovatio de energía para las empresas y los consumidores. Pero en Puerto Rico hay mucha desconfianza a los esfuerzos de privatización de servicios que pueden ser ofrecidos con mayor agilidad por proveedores privados bajo contratación con el gobierno, por desconfianza generada debido a la influencia de grupos de presión política. El ser humano, por naturaleza resiste el cambio, pero en Puerto Rico, una sociedad más conservadora que otras, hay una aversión exagerada a los cambios.  Hay varios ejemplos que ilustran como la privatización de la operación de ciertos servicios ayuda a mejorar los servicios públicos.

El caso de la autopista PR-22 es uno de estos ejemplos. Previo a la privatización, el 90% de las luminarias estaban fundidas, había hoyos en el pavimento y no había ornamentación de la ruta, entre otras deficiencias. Después de la privatización, se arreglaron las luminarias, se mejoró la ornamentación, se pavimento las áreas con hoyos o desniveles y se incorporó un servicio de asistencia en la carretera, que asegura que en un tiempo máximo de 20 minutos una patrulla de asistencia llega al lugar donde el conductor ha sufrido un percance para ayudarle, todas actividades del privatizador.

Otro ejemplo es el caso del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Cuando se privatizó la operación hubo piquetes, hasta cercano el día de las elecciones generales. Sin embargo, actualmente la mayoría de los ciudadanos están satisfechos con el progreso positivo de los servicios en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, incluyendo los esfuerzos para atraer nuevas líneas aéreas y nuevas rutas de vuelos.

Un ejemplo adicional es el servicio de ferry desde Fajardo a Vieques y Culebra. Se ofreció un servicio alterno al del gobierno, mediante un operador privado. Era más costoso, pero los usuarios preferían pagarlo y estaban satisfechos con la calidad del servicio, puntualidad y atención al cliente. Ese servicio fue eliminado por la nueva administración del gobierno. El proyecto de las escuelas de siglo 21 es otro ejemplo. Para mejorar las escuelas se contrató consorcios privados para diseño, construcción, tecnología, equipos y mantenimiento, que facilitaron y mejoraron el ambiente de las escuelas. Ese concepto también fue eliminado por la presente administración.

El nuevo gobierno que tomará posesión en enero de 2017 debe iniciar su mandato con una solicitud de propuestas a entidades cualificadas a nivel nacional e internacional para crear una alianza público privada para operar la Autoridad de Energía Eléctrica, con una meta clara de completar el proceso en no más de un año.

Actualmente, el gobierno de Puerto Rico opera con 118 agencias en el gobierno central y brinda más de 300 servicios a la ciudadanía; $72 mil millones de deuda en bonos; $50,000 millones de déficit acumulado en las operaciones del gobierno al 2014, según el informe de los auditores externos del gobierno, la firma KPMG. Cinco agencias consumen el 56% del presupuesto del Fondo General: los departamentos de Educación, Salud, (incluyendo el plan de la tarjeta médica de salud), Policía, Corrección y Rehabilitación, y la Universidad de Puerto Rico (UPR). Estas agencias, en conjunto consumen $5,000 millones de un presupuesto total del Fondo General para el 2016-17 de $8,987 millones.

Solo el 40% de la población está integrada a la fuerza trabajadora, ya sea empleada o desempleada, mientras el 60% permanece fuera de dicha fuerza trabajadora. Un total de 997,000 puertorriqueños trabajan para mantenerse ellos y sus familias y al resto de la población. Es decir, 28% de la población carga con el peso de mantener al 72% restante. ¿De qué viven los que no trabajan en Puerto Rico? De los que trabajan y pagan impuestos y de las transferencias federales.

El 38% de la población se alimenta gratis. En mayo de 2015 el número de participantes del Programa de Asistencia Nutricional era de 1,330,000 personas, de una población de 3,500,000 habitantes. Muchos de esos ciudadanos también reciben otros subsidios, que incluyen el programa de alimentos para niños WIC, renta gratis del Programa Sección 8 y vivienda pública, subsidio de internet y celular, energía eléctrica, servicio subsidiado de agua potable y alcantarillados y otros programas afines. Una familia de tres miembros que no trabaje puede recibir el equivalente de hasta $1,743 mensuales en ayudas económicas comparado con los $1,159 que recibiría al salario mínimo si trabajara a tiempo completo.

En junio del 2015 el empleo total era de 997,000 y el empleo en el gobierno central era de 213,420. Esta cifra representa el 21.4% del empleo total. A modo de comparación, en Japón el empleo público representa el 7.9% del empleo total, según datos de la OECD. La economía ha reflejado un crecimiento negativo por 10 años consecutivos y se espera que esa tendencia continúe, al menos por un par de años adicionales. Ese crecimiento negativo afecta los recaudos del gobierno. El crédito del gobierno está en su nivel más bajo en la historia y sin acceso a los mercados financieros para volver a tomar prestado.

Los planes de pensiones de los empleados públicos, que tienen garantías del gobierno, mantienen un déficit actuarial y su capacidad de realizar el pago a las pensiones se agotará en un par de años. Los trabajadores del sector privado trabajan y crean mayor producción, pero se retiran más tarde y con una pensión menor o sin ninguna pensión fuera del seguro social federal. Los empleados públicos trabajan menos horas al año, crean poca riqueza, se retiran más temprano, con pensiones más altas, que garantiza el gobierno, con dinero de los contribuyentes, si el sistema de pensiones no puede asumir el costo. Es un sistema de pensiones insostenible, populista e injusto para una parte importante de los trabajadores que producen riqueza.

Mientras, el gobierno opera muchos programas viejos y obsoletos que deben ser reevaluados. Una estructura gubernamental, diseñada en sus fundamentos en las décadas de 1940 y 1950, de estilo jerárquico – vertical, que ya no responde a los nuevos desarrollos en la administración pública. Durante los últimos 10 años, a partir del 2006, Puerto Rico ha perdido alrededor de 400 mil habitantes, alrededor del 10% de su población, pero la estructura gubernamental ha permanecido intacta, a pesar de la pérdida en recaudos por concepto de impuestos de todo tipo que representa esa pérdida poblacional, acompañada de una merma en demanda por servicios del gobierno como consecuencia de esa pérdida de población. La camisa del gobierno, como está actualmente, le queda grande a Puerto Rico. Por esas razones Puerto Rico necesita achicar el gobierno.

La dificultad principal que enfrentan los esfuerzos de lograr que el gobierno sea más eficiente, más pequeño y de menor costo es la existencia de un gobierno subterráneo, no institucional, invisible para el ciudadano e inclusive para ciertos niveles de gerencia gubernamental y paralelo al gobierno formal, que tiende a desviar los esfuerzos por transformar el gobierno. Ese gobierno subterráneo, ejerce una influencia continua en contra de cada iniciativa que amenace el estado actual de las cosas en la burocracia gubernamental. Incluye entre otros componentes, los siguientes.

Las asociaciones de empleados públicos en apoyo a los partidos políticos. Estas asociaciones facturan a los candidatos el precio de su apoyo político asegurándose que sus agencias particulares se afecten el mínimo posible en los procesos de reorganización gubernamental, para no ser tocados en la eliminación de agencias o programas. Por tanto, frustran iniciativas que beneficiarían los servicios que ofrece el gobierno, ya sea eliminando o consolidando programas o agencias. También incluye a los sindicatos de empleados públicos. En Puerto Rico, los sindicatos son altamente ideológicos y tribales en sus posiciones y repudian las iniciativas de reducir el tamaño del gobierno. ¡Que paguen los ricos!, es el estribillo más común que se escucha en las consignas en contra de cualquier iniciativa de transformación.

Forman parte de ese gobierno subterráneo, organizaciones privadas asociadas a ciertas operaciones gubernamentales, tales como los taxistas y los camioneros, entre otros. La controversia entre taxistas y la plataforma tecnológica conocida como Uber desatada recientemente, con toques de violencia de parte de las agrupaciones de taxistas es un ejemplo de intimidación a iniciativas de cambio e innovación. Las amenazas de los camioneros de parar la transportación de mercaderías y bloquear las vías de transportación cuando una iniciativa de cambio o reforma puede afectar sus intereses es otro ejemplo.

Hay otro grupo poderoso compuesto por los padrinos del financiamiento de las campañas políticas, ya sean donantes importantes o coordinadores de eventos de recaudación de fondos de cuantía significativa. Estos padrinos impulsan el nombramiento o remoción de funcionarios públicos y promueven la remoción de cualquier funcionario cuyas iniciativas trastoque sus intereses de contratación gubernamental. El fantasma de la corrupción entorpece, atrasa o elimina iniciativas de cambio ofreciendo dinero a funcionarios a cambio de favores que incluyen el quebrantamiento de procesos y procedimientos asociados a las iniciativas de reforma gubernamental. El caso reciente en proceso en los tribunales del señor Anaudi Hernández, acusado de varios casos de corrupción es un ejemplo. El caso del exsecretario de educación Víctor Fajardo es otro ejemplo.

Finalmente, incluye a ciertos medios de comunicación masiva que tienen preferencias ideológicas o políticas para uno o varios candidatos a puestos electivos que fomentan el descrédito a las iniciativas de reformas del candidato contra el que tienen una intención de bloqueo, para que pierda apoyo y quede fuera del juego político. ¿Cómo podemos combatir el gobierno subterráneo?

La semana pasada el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció el nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico. De inmediato, unos sectores manifestaron su tranquilidad, ante la designación de cuatro puertorriqueños a la Junta, y otros manifestaron su incomodidad por el perfil de algunos de los designados. La creación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act “PROMESA”) se aprobó por el Congreso de los Estados Unidos al amparo de la sección 3 del artículo 4 de la Constitución de Estados Unidos que otorga al Congreso la facultad de regular los territorios.

Lo que pocos parecen comprender es la necesidad de que el nuevo gobierno que tomará posesión en enero de 2017 tenga la disposición de alinear sus prioridades de gobierno con las prioridades de la Junta. De esta manera se cultivará una alianza capaz de lograr que Puerto Rico supere la crisis de impago de la deuda pública y pueda regresar a los mercados de capital a tomar dinero prestado. Así, de manera responsable, podrá estimular la creación de infraestructura que estimule el desarrollo económico. Para poner en perspectiva los elementos en los que el nuevo gobierno debe buscar la alineación de prioridades resumimos a continuación los principales poderes y funciones de la Junta y su razón de ser.

La Junta, podrá recomendar al gobernador, y éste toma la decisión final, sobre la reducción del salario mínimo federal para empleados de nueva contratación, con menos de 25 años de edad, que sean contratados luego de la entrada en vigor de la ley, por un periodo de cuatro años máximo. Estos empleados podrían recibir en vez de los actuales $7.25 la hora, un salario de $4.25 la hora. Un patrono violaría leyes federales si despide empleados para luego recontratar gente para pagarles ese salario menor. Esa medida, que parece antipática, puede ser muy beneficiosa para los jóvenes desempleados que necesitan una primera oportunidad para tener un empleo remunerado. Es una medida para combatir el desempleo en los jóvenes.

La Junta tomará decisiones sobre gastos de nómina del gobierno; someter recomendaciones sobre las estructuras de las agencias, establecer controles en gastos en personal y congelar futuras contrataciones de nuevos empleados. En junio del 2015 el empleo total en Puerto Rico era de 997,000 y el empleo en el gobierno era de 213,420. Esta cifra representa el 21.4% del empleo total. A modo de comparación, en Japón el empleo público representa el 7.9% del empleo total, según datos de la OECD. Esta función de la Junta puede ser una herramienta para lograr reducir el tamaño del gobierno.

También deberá otorgar prioridad en sus acciones a los sistemas de pensiones de los empleados públicos y preparar un estudio actuarial con proyecciones para 30 años, incluyendo identificar las fuentes de pago. Los planes de pensiones de los empleados públicos, que tienen garantías del gobierno, mantienen un déficit actuarial y su capacidad de realizar el pago a las pensiones se agotará en un par de años. Los trabajadores del sector privado trabajan y crean mayor producción, pero se retiran más tarde y con una pensión menor o sin ninguna pensión fuera del seguro social federal. Los empleados públicos trabajan menos horas al año, crean poca riqueza, se retiran más temprano, con pensiones más altas, que garantiza el gobierno, con dinero de los contribuyentes, si el sistema de pensiones no puede asumir el costo. Es un sistema de pensiones insostenible, populista e injusto para una parte importante de los trabajadores que producen riqueza. Este poder de la Junta puede ser una herramienta muy útil para salvar los sistemas de retiro de los empleados públicos.

La Junta tendrá que establecer un proceso para atender los reclamos de acreedores a través del sistema judicial federal y usando reglas federales de procedimientos de quiebra. Será el organismo responsable de establecer un plan de ajuste de deudas con los acreedores. El crédito del gobierno está en su nivel más bajo en la historia, con $70 billones de deuda pública, el impago de dicha deuda y sin acceso a los mercados financieros para volver a tomar prestado. La Junta puede ser el tren que nos lleve a la reparación de nuestro crédito dañado.

Además, la Junta controlará los asuntos relacionados al presupuesto del gobierno territorial, sobre las prioridades del gobernador; y si el gobernador falla en presentar un plan fiscal aceptable, la Junta diseñará un plan fiscal y requerirá al gobernador que lo cumpla. Si el presupuesto del territorio no cumple con los criterios de la Junta, esta debe notificar a la Legislatura sobre la violación y describir la acción correctiva que corresponda. Puede requerir al gobernador la presentación de informes presupuestarios trimestrales. El gobierno de Puerto Rico ha mantenido un patrón de no completar sus auditorías al presupuesto a tiempo, lo cual limita la rendición de cuentas y la capacidad para tomar prestado a tasas de interés razonables.

Por otro lado, en Puerto Rico no existe respeto ni disciplina para controlar el presupuesto del gobierno, ni para establecer prioridades pragmáticas y razonables. A modo de ejemplo, cinco agencias consumen el 56% del presupuesto del Fondo General: los departamentos de Educación, Salud, (incluyendo el plan de la tarjeta médica de salud), Policía, Corrección y Rehabilitación, y la Universidad de Puerto Rico (UPR). Estas agencias, en conjunto consumen $5,000 millones de un presupuesto total del Fondo General para el 2016-17 de $8,987 millones.

Entre otros poderes, la Junta puede vetar leyes de la legislatura por mayoría, y sus decisiones no pueden ser limitadas por acciones del gobierno estatal, ya sea la Legislatura o el gobernador. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha mantenido un patrón de aprobar leyes que conllevan costos, sin identificar las fuentes de recaudos para la implantación de dichas leyes. Los gobernadores, por su parte, implantan medidas populistas de altos costos a los que pagan impuestos, para asegurar el respaldo necesario para seguir en el poder. La Junta será el instrumento para cerrar la llave de paso al despilfarro.

Las reuniones de la Junta serán a puerta cerrada y las decisiones serán por mayoría. En Puerto Rico hay una tendencia de ciertos grupos, marcados por la intolerancia, a entorpecer con violencia las actividades de búsqueda de soluciones a los problemas. La experiencia más ilustrativa de este patrón ocurrió la semana pasada, transmitida en vivo por televisión, de cómo se impidió a más de 700 personas participar de un foro de la Cámara de Comercio sobre las funciones de la Junta de Supervisión fiscal, ante una fuerza policiaca débil, con las manos amarradas por el miedo a la prensa e incapaz de proteger los derechos de una mayoría silente. Una policía que no puede garantizar el orden público.

La Junta, podrá convocar a vistas públicas y puede citar a funcionarios federales y estatales a comparecer ante ellos, so pena de desacato. Mentir, someter información falsa de forma deliberada, o no informar inmediatamente de una información que sepa que es falsa, puede conllevar cárcel o sanción administrativa. El gobernador deberá informar inmediatamente a la Junta hechos pertinentes al respecto e informar las medidas a tomar. Podrá solicitar información a acreedores, y supervisará acuerdos entre las agencias públicas y estos acreedores. Los funcionarios, algunos acostumbrados a esconder información y mentir a la Legislatura en las audiencias de presupuesto, estarán en una posición difícil si lo hacen ante la Junta.

Los miembros de la Junta no podrán ser demandados. ¿Alguien tiene dudas sobre la adicción a las demandas frívolas existente en Puerto Rico?

Mediante la ley que crea la Junta, se crea también un coordinador de revitalización para evaluar proyectos de infraestructura. Está es una función importante para adelantar los proyectos de este tipo en un territorio que tarda años en lograr la implementación de proyectos. ¿Recuerdan el Super Puerto de Las Américas? La República Dominicana construyó dos puertos de este tipo y los puso en operación después de Puerto Rico anunciar su interés en el proyecto. Ya estamos tarde.

Una de las disposiciones de la ley que crea la Junta, ordena una paralización de las gestiones de deuda. Esta función permite un respiro al gobierno del territorio para poder establecer prioridades y reorganizarse.

Finalmente, la Junta podría dejar de operar después de cuatro años de haber logrado el gobierno de Puerto Rico cumplir con criterios de contabilidad aceptables según las normas y tras haber mantenido el gobierno un presupuesto balanceado en que los gastos no superen los ingresos. Este es el reto que tiene el nuevo que se inicia en enero de 2017, si quiere zafarse pronto de la Junta: lograr un presupuesto balanceado anualmente por los próximos cuatro años.

La Junta, viene a imponer disciplina. Se acabó el relajo! En el sistema constitucional estadounidense, la Junta es lo más cerca de la “dictadura con apoyo popular”, la tesis que predicó el insigne político y poeta, Juan Boch, en la República Dominicana en la década de 1960, pero dentro del sistema de democracia representativa americana. GOD Bless America!