La soberanía mediante un pacto de libre asociación o la república independiente con independencia total como nación soberana, además de la estadidad, son las alternativas reconocidas en el derecho internacional como opciones para la descolonización de un territorio. La libre asociación y la independencia permitirían mecanismos más eficientes para eliminar la dependencia sociológica de los individuos y ejercer un control mayor del comportamiento colectivo. Pero, el país tendrá un periodo largo de ajuste y de privación económica propio de este cambio que elimina de un plumazo o en un breve plazo la inmensa mayoría de los beneficios que garantiza la estadidad. En el proceso, hay variables que podemos cuantificar y otras cuyo valor resulta difícil estimar. En este espacio abordamos este tema.
El rechazo histórico a la independencia
Los electores de Puerto Rico han votado en contra de la independencia de manera consistente en los ocho (8) eventos plebiscitarios efectuados desde el primer plebiscito de 1967. En el plebiscito de estatus del 1967 la independencia obtuvo el 0.6% de los votos, aunque es necesario reconocer que el Partido Independentista Puertorriqueño, principal agrupación política que promueve la independencia, se abstuvo de participar de aquella consulta. En el plebiscito de 1993 la independencia obtuvo el 4.5% de los votos. En la consulta de 1998, solamente 2.5% votaron por la independencia. En el plebiscito de 2012, la independencia obtuvo el 5.5%. En esa última consulta, la estadidad, sin embargo, obtuvo el 61.11% del voto. En el evento de 2017, la independencia obtuvo 1.5%, aunque hubo una invitación del Partido Independentista a la abstención. En ese evento electoral la estadidad obtuvo el 97% de los votos. Se ha cuestionado que la consulta plebiscitaria tuvo una muy baja participación electoral, de solamente 23% de los electores inscritos. Los defensores de la alternativa de estatus territorial y de la independencia/ libre asociación boicoteó el evento plebiscitario. Al nivel nacional en los Estados Unidos, el promedio de participación electoral en las elecciones presidenciales es de 53.5% a partir de 1980 hasta 2016 y la norma en la democracia es que cuentan los que votan.
| # |
Consulta electoral |
% de votos por la independencia/
libre asociación |
| 1 |
Plebiscito de 1967 |
0.6% |
| 2 |
Elecciones de 1992 |
4.2% |
| 3 |
Plebiscito de 1993 |
4.5% |
| 4 |
Elecciones de 1996 |
3.8% |
| 5 |
Plebiscito de 1998 |
2.5% |
| 6 |
Elecciones de 2000 |
5.2% |
| 7 |
Plebiscito de 2012 |
5.5% |
| 8 |
Plebiscito de 2017 |
1.5% |
Algunos beneficios potenciales de la independencia
La independencia le daría a Puerto Rico el poder para crear sus propias políticas económicas para la industria, el comercio, los servicios y la agricultura. Le daría también control sobre la inmigración y podría negociar tratados de comercio internacionales independientes de los que negocie Estados Unidos. Los defensores de esta opción política argumentan que solamente mediante la independencia Puerto Rico puede obtener los poderes necesarios para incrementar el desarrollo económico y su competitividad.
La independencia significa la terminación del estatus territorial. Como república independiente o una república con un tratado de libre asociación, Puerto Rico rompería los lazos de integración con los Estados Unidos. La figura del gobernador(a) seria sustituida por la de un presidente; ni un delegado al Congreso. Tampoco una delegación congresional con voz y voto en el Congreso como ocurriría con la estadidad. Habría un embajador en las Naciones Unidas con un voto entre 193 naciones miembros. También podría ser miembro de la Organización de Estados Americanos con un voto entre los 34 países miembros. [1]
La independencia terminaría con la incertidumbre del estatus final de Puerto Rico, pero aumentaría la incertidumbre sobre el futuro económico y político, en lo concerniente a estabilidad económica, democracia y gobernanza. Puerto Rico tendría su propia Constitución como una república y la Constitución de los Estados Unidos no se aplicaría en Puerto Rico. Cesaría la jurisdicción del Tribunal Federal de Estados Unidos, las leyes, reglamentos, y los derechos constitucionales bajo el sistema judicial estadounidense. Las normas de Estados Unidos de protección a la inversión extranjera y la ventaja competitiva que ello ofrece a los inversionistas dejarán de existir.
Se eliminará la aplicación de la Ley Jones de transporte marítimo que exige que el comercio entre los puertos de Estados Unidos y Puerto Rico se realice en barcos de matrícula estadounidense. Algunos defensores de la eliminación de la aplicación de dicha ley argumentan que eso sería positivo para Puerto Rico, que entonces podría seleccionar líneas de transportación marítima extranjeras de menor costo. Otros alegan, que se eliminaría la frecuencia y regularidad de transportación entre otros puertos y Puerto Rico, que actualmente aseguran las reglas de transportación bajo la Ley Jones. Ese nuevo escenario ocasionaría, por tanto, retrasos en transportación que representarían costos mayores en los bienes importados por la vía marítima que es la forma más económica de transportar carga pesada en una economía isleña.
Puerto Rico es una economía insular que exhibe vulnerabilidades típicas de este tipo de economías, lo que limita la viabilidad exitosa de la independencia
La Organización de las Naciones Unidas clasifica actualmente a 52 países y territorios como economías insulares. Puerto Rico está incluido en la lista. Los economistas locales en Puerto Rico, los forjadores de política pública y los investigadores generalmente pasan por alto una realidad inherente de la economía de Puerto Rico: una economía de tipo insular, que requiere planificación y estrategias apropiadas de ese tipo de economía, que enumeramos a continuación [2] :
- Una gama limitada de recursos, que obliga a una especialización indebida.
- Dependencia excesiva del comercio internacional y, por lo tanto, vulnerabilidad a los desarrollos mundiales.
- Alta densidad de población, lo que aumenta la presión sobre los recursos ya limitados
- Uso excesivo de recursos y agotamiento prematuro
- Cuencas hidrográficas relativamente pequeñas y suministros amenazados de agua dulce
- Administración pública e infraestructura costosas, incluyendo transporte y comunicación.
- Mercados internos demasiado pequeños para proporcionar economías de escala significativas, mientras que sus volúmenes de exportación limitados conducen a altos costos de flete y competitividad reducida
- La tendencia a tener altos niveles de biodiversidad, en número relativamente pequeño de las diversas especies que impone altos riesgos de extinción y crea una necesidad de protección
- Fuerte dependencia de los recursos costeros y marinos para su subsistencia, incluida la seguridad alimentaria
- Fuerte dependencia del turismo que puede verse fácilmente afectada por el cambio climático y los desastres naturales
- Tierras limitadas que resultan en la degradación de la tierra, que afecta la disposición de desperdicios sólidos y de otros residuos
- Infraestructura frecuentemente poco desarrollada, excepto para los principales sectores que generan divisas como el turismo.
Bajo la república de Puerto Rico esas vulnerabilidades típicas de las economías insulares y que representan un agravante mayor en Puerto Rico. En Puerto Rico la planificación económica no toma en consideración, generalmente, esas características, que exhiben una alta vulnerabilidad, que se agrava con la opción de la independencia y afectaría la viabilidad exitosa de la economía de la república, al romper los lazos de integración a la economía continental de los Estados Unidos. Es cierto que otras economías vecinas, en el Caribe, también son economías insulares, como Cuba y República Dominicana, pero éstas tienen mayor extensión territorial y recursos naturales en mayor variedad y cuantía. El valle del Cibao solamente, en República Dominicana tiene una mayor extensión territorial que Puerto Rico. Aun así, Cuba y República Dominicana tienen también las características de vulnerabilidad.
La alternativa de una república socialista
Algunos grupos defensores de la independencia postulan el establecimiento de una república socialista para terminar con el colonialismo y los males del capitalismo. Estos grupos defienden la socialización (nacionalización) de las empresas, los monopolios y oligopolios, la banca y el sector financiero, con el propósito de canalizar más adecuadamente la inversión y la producción. Esta opción permitiría implantar la visión de una economía socialista o de capitalismo de estado como es el caso de la República Socialista de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, exponente del denominado socialismo del siglo 21.
Otros defensores de la independencia proponen el control social de los recursos de producción por los trabajadores de las empresas y grupos comunitarios incluyendo una política de corte social demócrata, donde las cooperativas y las entidades comunitarias tengan el control. También proponen que los trabajadores adquieran control mayoritario de las empresas requiriendo que se les otorgue acciones de capital en éstas.
El control del comercio y los medios de producción
La independencia le permitiría a Puerto Rico imponer tarifas de entrada a los productos de Estados Unidos y países extranjeros, aunque esa política económica choca con las políticas de los acuerdos de libre comercio a los que Puerto Rico tendría que acogerse en los nuevos escenarios de comercio internacional y globalización, para poder competir en igualdad de condiciones por los recursos de capital en una economía globalizada. Algunos defensores de la independencia han propuesto imponer una moratoria en el desarrollo de centros comerciales para proteger a los pequeños comerciantes. Otros han propuesto que la nueva inversión externa sea aceptada mediante acuerdos de inversión con mayoría de inversión de participación local estatal, similar al modelo de capitalismo de estado de la República Socialista de Cuba.
También algunos defensores de esta opción han propuesto un programa de sustitución de importaciones para producir localmente los renglones que en la actualidad Puerto Rico importa, entre estas, importaciones agrícolas. Este esfuerzo, loable en teoría, tendría que enfrentar las limitaciones de las escalas de producción que imponen la poca disponibilidad de tierras agrícolas en Puerto Rico y la naturaleza escarpada de muchos terrenos disponibles. La independencia podría ofrecer unos incentivos mayores, por vía de imposición del gobierno de la república, para organizar cooperativas de producción para la sustitución de importaciones.
Otros defensores de la independencia han propuesto que las transferencias federales cuyo flujo continúe por vía de derechos adquiridos por los ciudadanos, sean otorgadas en una asignación en bloque al gobierno de la república, para otorgar beneficios a los que las necesiten realmente y eliminar el abuso y la dependencia en esos fondos. Pero la asignación en bloque podría ser utilizada también para otros propósitos a discreción del gobierno de la república.
La ciudadanía americana en la república
La ciudadanía americana para los nacidos y vivos al momento de otorgarse la independencia podría dejar de existir conforme decisiones de los tribuales de Estados Unidos y análisis realizados para comités congresionales, según el principio de derecho internacional que establece que la ciudadanía sigue a la nacionalidad. Entonces, aplicaría en la nueva nacionalidad la ciudadanía de la nueva nación.
Los ciudadanos americanos que quieran conservar esa ciudadanía tendrían que abandonar el país y reubicarse en uno de los Estados de Estados Unidos. Tendrían que mantener pasaporte americano y es muy probable que también un pasaporte de Puerto Rico para poder viajar a la república a atender asuntos familiares y de negocios sujeto a las reglas de migración de la nueva república. Sería muy difícil que el Congreso de Estados Unidos permita mediante alguna disposición legal que los residentes de Puerto Rico, que mantengan su domicilio principal en Puerto Rico pudieran retener el pasaporte americano. Si el Congreso no lo permite, ese evento provocaría una mayor emigración masiva de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. La incertidumbre creada por la transición hacia la independencia podría crear una fuga masiva de capital local hacia Estados Unidos u otras jurisdicciones.
Puerto Rico podría suscribir un tratado de cooperación y amistad con los Estados Unidos, pero los términos de dicho tratado serian inciertos al momento de tomar la decisión en favor de la independencia. Los tratados de cooperación con los territorios que han escogido la libre asociación, Micronesia, Palau y las Islas Marshall podrían dar un marco de referencia a Puerto Rico.
La presencia de las agencias federales en Puerto Rico tras la independencia
La independencia conllevará la eliminación de las agencias federales en Puerto Rico, la eliminación de su aportación en la prestación de servicios importantes que deberán ser absorbidos por el gobierno de la república y la eliminación de los empleados públicos federales que trabajan para dichas agencias. Dichos empleados tendrán que decidir si desean ser relocalizados en otros Estados, de serles ofrecida esa alternativa por el gobierno federal. Entre estas agencias y servicios están las siguientes principales:
- Servicio Postal
- Cuerpo de Ingenieros del Ejército
- Administración Federal de Aviación
- Administración de Drogas y Alimentos
- Servicio Forestal
- Negociado del Censo
- Centro de Prevención y Control de Enfermedades
- Servicio de Inmigración y Aduanas
- Administración de Salud y Seguridad Ocupacional
- Agencia de Protección Ambiental
- Guardia Costanera
- Negociado Federal de Investigaciones
- Servicio de Alguaciles
- Negociado de Alcohol, Armas, Explosivos y Tabaco
- Tribunal Federal
El gobierno de la república tendría que absorber esos servicios, sin tener los recursos para ello. Sin la participación de las agencias de seguridad federales la república estaría en riesgo de ser objetivo de control por las bandas de criminales del narcotráfico y organizaciones terroristas que operan en otras jurisdicciones.
La oportunidad de desarrollar política monetaria
Con el advenimiento de la independencia, Puerto Rico puede desarrollar su propia moneda nacional y establecer el valor de paridad frente al dólar. También, utilizar el dólar estadounidense, o puede utilizar ambas monedas. Si emite su propia moneda podrá establecer su propia política monetaria, controlar la cantidad de moneda en circulación, establecer y modificar el valor de su moneda con relación a otras (apreciar o devaluar su moneda) y reglamentar la tasa de interés. En teoría económica ese mecanismo puede servir para estimular la economía y controlar la inflación. Si decide dolarizar la economía tendría un problema de cómo lograr mantener suficientes reservas de divisas en dólares, lo cual sería afectado por la existencia de una balanza comercial negativa con Estados Unidos, que es la principal fuente de importaciones. Mantener el dólar, le ayudaría a mantener cierto control de la inflación. No obstante, esa no es la realidad en muchos países, donde imperan altas tasas de interés, alta inflación y fluctuaciones en la tasa de cambio de su moneda.
Las crisis financieras y económicas de Argentina hace algunos años y Venezuela al presente proveen un buen marco de referencia. Las altas tasas de interés dificultan el tomar dinero prestado para las operaciones de los negocios, la adquisición de viviendas y el consumo. La inflación hace desaparecer como espuma los ingresos al perder valor adquisitivo la moneda, como ocurre en Venezuela al presente en (2020). Las fluctuaciones en la tasa de cambio de la moneda, principalmente cuando es devaluada, hacen más caras las importaciones de bienes para el consumo y la inversión. Argumentar que tener su propia moneda va a ayudar al desarrollo económico de Puerto Rico resulta, por tanto, incierto.
El acceso al crédito y ayuda financiera externa
La república tendría problemas de acceso al crédito financiero para tomar dinero a préstamo para el desarrollo de infraestructura y mantenimiento de obras públicas al igual que ocurre con el territorio al presente, pero con el agravante de que no tendría el cojín que provee el acceso a fondos federales asignados por el Congreso. Los costos de mantener los sistemas de electricidad, agua potable, disposición de basura, los puertos, carreteras y otra infraestructura vital para el desarrollo económico y social serian un enorme reto.
Los fondos federales no estarían disponibles bajo la república luego de un periodo de transición, si el Congreso permite dicho periodo en un acuerdo. En todo caso, ese periodo de transición sería de un máximo de cinco a diez años, a juzgar por la experiencia de otros territorios americanos que han optado por la independencia o la libre asociación. Es decir, que, en el mejor de los escenarios, Puerto Rico perdería un promedio de 10% anual de los fondos federales que actualmente recibe durante ese periodo máximo de diez años, sin tener como sustituir ese influjo de dinero. El caso de los territorios de Estados Unidos que lograron acuerdos de libre asociación, Palau, Micronesia y las Islas Marshal, ilustran claramente este escenario.
La ayuda externa de entidades internacionales, Estados Unidos y países extranjeros podría ser un paliativo a la falta de recursos financieros, pero esa ayuda nunca se podría comparar con el influjo de ayuda que al presente Puerto Rico recibe del gobierno federal de Estados Unidos. Los países extranjeros que ofrecen ayuda financiera a otros países no pasan de 20, que distribuyen esa ayuda a alrededor de 180 países. En el 2016 la ayuda total fue de $142.6 billones, de los que Estados Unidos aportó $33.6 billones, es decir, 24%. Para tener una idea de cómo comparar la posible ayuda internacional a la posible República de Puerto Rico, la ayuda anual de Estados Unidos a Puerto Rico en transferencias federales en el año fiscal 2010 alcanzó $23.5 billones. Esta suma es equivalente a dos terceras partes de la ayuda destinada por Estados Unidos al fondo de ayuda para los 180 países en desarrollo usualmente beneficiados. Cada país recibe una pequeña proporción de esa ayuda internacional y Puerto Rico tendría que competir para esa pequeña proporción. De hecho, los Estados Unidos es el principal sostén de esa ayuda internacional del total de ayuda que fluye a los países en desarrollo.
Los casos de Micronesia, Palau e Islas Marshall
Si el pueblo opta por la libre asociación, en lugar de la plena soberanía bajo la independencia, si acepta esa opción el Congreso, el pacto no tendrá carácter permanente, como concluye el Informe de Casa Blanca de 2011 [3]. El Congreso podrá cancelarlo unilateralmente, como dispone el pacto de 2003 con los Estados Federados de Micronesia, la República de Palau y la República de las Islas Marshall.
Los pactos con estas nuevas naciones son por 20 años a partir del 2003, hasta el 2023. Estados Unidos aporta $3.5 billones combinados para los Estados Federados de Micronesia y la República de las Islas Marshall y $18 millones para Palau. A partir del 2023 la ayuda directa cesará y entrará en vigor un fideicomiso creado por Estados Unidos y los Estados Asociados de cuyo rendimiento dependerá los ingresos de cada uno de los tres estados.
Conforme los pactos de libre asociación de los Estados Federados de Micronesia, la República de Palau y la República de las Islas Marshall, los residentes de estas islas, a modo de ejemplo de acceso directo a programas federales, no participan del programa de Medicaid. La ayuda principal de Estados Unidos, además de la subvención económica antes mencionada, se limita a ayuda de respuesta para mitigación de desastres y asistencia del Servicio Meteorológico. Estados Unidos provee asistencia del Servicio Postal, la Administración Federal de Aviación y la Comisión Federal de Comunicaciones.
Fuera de estas agencias, las demás agencias federales de justicia y seguridad, salud y bienestar social, desarrollo económico, seguridad e infraestructura no tienen presencia en estas repúblicas bajo los pactos de libre asociación. Estados Unidos asume exclusividad en la defensa militar de estas naciones asociadas. Los residentes no son ciudadanos americanos ni participan de los programas de asistencia federales, como el seguro social, bienestar social, programas de nutrición y alimentos como el Plan de Asistencia Nutricional ni ninguno de los otros programas de asistencia para el desarrollo económico, social y de infraestructura. La mayoría de los ciudadanos de los Estados asociados pueden vivir y trabajar en los Estados Unidos, pero no son ciudadanos americanos ni tienen los derechos que otorga la ciudadanía.
En el caso de los Estados Federados de Micronesia han ocurrido algunos eventos de restricción de los derechos civiles, que no han podido ser atendidos por las agencias estadounidenses de protección de dichos derechos. Hace varios años se produjeron una serie de acusaciones contra el Gobierno por limitar la libertad de expresión, cuando al editor de uno de los principales diarios del país, “FSM News”, le fue retirado el visado para regresar a la Federación. El Gobierno había decidido deportar al editor (que era de nacionalidad canadiense) tras la publicación de un reportaje sobre el supuesto derroche presupuestario del Ejecutivo. El diario dejó de publicarse. [4]
En la cuerda floja el Pacto de Libre Asociación de Micronesia con Estados Unidos
En diciembre de 2015, el Congreso de los Estados Federados de Micronesia aprobó una resolución expresando su interés en terminar el Pacto de Libre Asociación con los Estados Unidos en el 2018, 5 años antes de su vencimiento.[5] Actualmente ambas partes discuten la renovación o terminación del acuerdo que vence en el 2023. La razón mencionada por Micronesia para terminar el pacto surge de la intensión del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Department) de Estados Unidos en el 2015, de establecer ciertos procedimientos de cotejo a los inmigrantes de Micronesia ante preocupaciones de seguridad nacional de que se esté utilizando la libertad de entrada a Estados Unidos por personas no autorizadas. Al presente existe mucha tensión en las relaciones entre ambos países, pero es mayormente por discrepancias en la administración de la ayuda financiera que aporta Estados Unidos.
Un Comité Conjunto de Administración Económica (Joint Economic Management Committee – JEMCO) compuesto por representantes de ambas naciones establece las guías para que el gobierno de Micronesia utilice los fondos, pero Estados Unidos se queja de los pobres resultados de los programas de educación, salud, ambiente y otros sectores para los que ofrece ayuda. La oficina regional de Hawaii de la Oficina de Asuntos Insulares del Departamento del Interior hizo varias recomendaciones al Congreso sobre sus preocupaciones con la ayuda ofrecida y otras áreas del pacto.
La República de China, ha ido incrementando su influencia en el área del pacífico extendiendo su interés hasta las aguas territoriales de Micronesia, lo que implica que puede buscar algún tipo de acuerdo con Micronesia. En el 2015 China otorgó $10 millones en ayuda económica a Micronesia. Se estima que desde el 2003 China ha aportado $28 millones en ayuda a Micronesia. [6] Sin embargo, el periodo de 2007 al 2015, Estados Unidos otorgó a Micronesia ayuda promedio anual de $32 millones, equivalente a $284 millones. Esa suma no incluye la aportada desde 2003 al 2006.
La terminación del pacto afecta más a Micronesia que a los Estados Unidos. Los micronesios que actualmente residen en Estados Unidos perderían su estatus migratorio actual y podrían perder los beneficios de programas federales de los que disfrutan en Estados Unidos. Si Micronesia escoge a China como su padrino, difícilmente recibiría el nivel de ayuda actual que provee Estados Unidos y estaría en manos de una potencia económica menos amistosa y respetuosa de acuerdos que Estados Unidos.
Como resultado de la resolución de 2015 se ha iniciado un aumento en la emigración de los residentes de Micronesia hacia jurisdicciones de Estados Unidos, particularmente, Guam y Hawaii. [7] El 94% de los que emigran lo hacen a Guam y Hawaii. La población de Micronesia es de alrededor de 100 mil habitantes. En el 2008 se estimó por el Departamento de Comercio federal de Estados Unidos, que había 12,215 migrantes de Micronesia en Hawaii y 18,305 en Guam (Territorio de Estados Unidos actualmente). El número de migrantes total en las dos jurisdicciones sumaban 30,520. [8] Esa suma representa el 31% de la población de Micronesia. El gobierno de Guam se queja de que los inmigrantes ocasionan tensión en las operaciones gubernamentales y recursos fiscales porque llegan sin recursos, sin destrezas ocupacionales para el empleo y con problemas de salud. El gobierno de Hawaii tiene quejas similares. La incertidumbre con el futuro del Pacto de Libre Asociación entre Micronesia y los Estados Unidos está provocando una emigración considerable de la población, que eventualmente, si se termina el pacto se verían forzados a retornar a su país si pierden su estatus migratorio.
La experiencia actual de incertidumbre del Pacto de Libre Asociación de Micronesia con los Estados Unidos y las consecuencias que está conllevando para los micronesios en su país y los que emigran a Estados Unidos es prueba fehaciente de que un pacto de libre asociación está sujeto a terminación unilateral por una de las dos partes y que su vida útil puede ser efímera. Las implicaciones para la población de cualquier decisión de sus gobernantes pueden cambiar sus vidas para siempre. El Pueblo de Puerto Rico debe conocer esa realidad y ponderar su análisis al tomar la decisión de emitir un voto por la alternativa de la libre asociación.
Conclusiones
- De Puerto Rico optar por la descolonización mediante la soberanía, sea una república independiente o mediante un tratado de libre asociación con Estados Unidos, la población tendría que aceptar unos ajustes dramáticos que no comparan con los ajustes de una transición hacia la estadidad como alternativa de descolonización. Las asignaciones del gobierno federal para el desarrollo económico y social serán eliminadas por etapas en un periodo que puede ser inmediato o hasta de 10 años según la experiencia de otras jurisdicciones. El seguro social federal también se eliminará. Los recipientes actuales lo seguirían recibiendo, pero el resto pasará a formar parte del nuevo sistema de la república, cuyo método y administración resulta incierto. No se puede ser una república y seguir aportando al seguro social de los Estados Unidos. Las agencias federales dejarán de operar en Puerto Rico, llevando al desempleo a otros miles de puertorriqueños, como ocurrió en el caso del cierre de Roosevelt Roads en Ceiba – Vieques y anteriormente, Culebra y Ramey Fields en Aguadilla.
- Puerto Rico es una economía de tipo insular, que requiere planificación y estrategias apropiadas de ese tipo de economía. Bajo la república de Puerto Rico esas vulnerabilidades típicas de las economías insulares representan un agravante mayor en Puerto Rico. En Puerto Rico la planificación económica no toma en consideración, generalmente, esas características, que exhiben una alta vulnerabilidad, que se agrava con la opción de la independencia y afectaría la viabilidad exitosa de la economía de la república, al romper los lazos de integración a la economía continental de los Estados Unidos
- El sistema estadounidense de protección de derechos civiles, procesamiento criminal y protección ambiental dejará de funcionar. Se elimina el concepto de la Corte Federal, que la mayoría del pueblo favorece, por confiar más en la justicia de dicho instrumento federal que en la justicia local. Los fondos para programas de salud, educación, bienestar social e infraestructura, particularmente carreteras y transportación colectiva, entre otros, dejarán de ingresar a las arcas del gobierno. No habría fondos federales de la FTA para operar las lanchas de Vieques y Culebra ni las de Cataño. Tampoco para operar la AMA ni el Tren Urbano.
- El aumento en la falta de recursos del gobierno y la incertidumbre, provocarán una severa limitación adicional al crédito. La república podría acudir al Fondo Monetario Internacional, pero difícilmente obtendría financiamiento bajo términos más liberales que lo concedido bajo la estadidad. El Fondo Monetario Internacional es resentido por los países que les han tomado dinero prestado, por las condiciones onerosas que les ha impuesto para tomar prestado. La incapacidad de emitir nueva deuda por el gobierno de la república de Puerto Rico será por un periodo incierto, mayor a la situación actual bajo la quiebra del gobierno territorial y pondrá mayores restricciones al gobierno de la república. El capital extranjero no estará protegido por las leyes federales de Estados Unidos, generando incertidumbre adicional. Por tanto, habrá mayor fuga de capital.
- En Puerto Rico, bajo la independencia, las fuerzas de orden público tendrán que asumir un control fuerte sobre la población por el proceso de ajuste económico. Las protestas del cierre del gobierno de mayo del 2006, las protestas del 1ro de mayo de 2017 por el recorte de fondos a la Universidad de Puerto Rico, como parte de los ajustes requeridos por la Junta de Control Fiscal, y del verano del 2019, por la frustración con el gobernador Ricardo Rosselló serán una gota de agua comparada con el diluvio que este nuevo ajuste provocaría. Es muy probable que el nuevo gobierno de la república asociada o independiente tendrá que adoptar poderes y medidas dictatoriales para imponer el orden. ¿Estamos dispuestos como pueblo a aguantar esa tempestad?
[1] A la fecha de publicación de este blog, tras la renuncia de Venezuela, son 34 países miembros.
[2] Boto Isolina and Biasca Ronalee. Small Island Economies: Vulnerabilities and Opportunities. African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP). European Union. April 2012.
[3] Casa Blanca. Oficina del Presidente. Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Status de Puerto Rico. 2011.
[4] Oficina de Información Administrativa (MAE). España. Los Estados Federados de Micronesia. Julio de 2003.
[5] Nineteenth Congress of the Federated States of Micronesia. Third Special Session, 2015 C.R. No. 19-155
[6] The Diplomat. February 19, 2016
[7] Pacific Daily News. 4 de diciembre de 2015.
[8] US Department of Commerce. US Bureau of Census. 2008 estimates of Compact of Free Association Migrants.
