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Política Pública Archives - Página 4 de 5 - Nicolás Muñoz

Categoría: Política Pública

Por qué la Junta de Control Fiscal rechazó el plan fiscal del gobernador García Padilla

El viernes pasado, 18 de noviembre, la Junta de Control Fiscal, reunida en el pueblo de los cariduros, Fajardo, Puerto Rico, rechazó el plan fiscal sometido por el gobernador García Padilla. Lo rechazó porque no cumple con los requerimientos esbozados en la Ley PROMESA. Vamos a analizar por qué no cumple y que iniciativas, en nuestra opinión, deben ser tomadas en consideración por el gobernador electo, Dr. Ricardo Rosselló, en la elaboración y presentación de un nuevo plan. Un plan fiscal que cumpla con las disposiciones de la Ley PROMESA, requiere que el gobierno de Puerto Rico tome acciones en tres áreas importantes, a saber:

  1. Debe incluir reformas estructurales que ayuden a mejorar el potencial de crecimiento económico de Puerto Rico en el largo plazo.
  2. Tiene que incluir importantes ajustes fiscales que permitan lograr un presupuesto en armonía entre los recaudos y los gastos gubernamentales en el corto plazo.
  3. Debe incluir un plan de reestructuración de la deuda pública que permita un alivio en la carga que el servicio o pago de dicha deuda impone sobre el presupuesto gubernamental en el corto plazo.

Todas las acciones anteriores son igualmente importantes, pero si tuviéramos que asignarle un orden de importancia, los ajustes fiscales para igualar los gastos a los recaudos del gobierno deben tener la importancia mayor, es decir, prioridad número 1, seguidos por las reformas en los sistemas de educación, salud y las pensiones, prioridad número 2 y por último las reformas para mejorar el potencial de desarrollo económico, prioridad número 3.

Puntos positivos del plan fiscal del gobernador García Padilla

El plan fiscal sometido tiene puntos positivos, como, por ejemplo: el reconocimiento de que es necesario implantar medidas de austeridad, aunque no incluye medidas específicas de recortes presupuestarios. Reconoce la necesidad de realizar reformas en la estructura del gobierno, aunque no detalla reformas significativas, pero incluye una reducción de 12,800 empleados en el gobierno para el año 2020 mediante la eliminación de plazas que queden vacantes.

Lo que no incluye el plan

El plan no incluye ningún ajuste estructural en la composición y organización de prestación de servicios de los municipios, los cuales reciben aportación financiera del gobierno central. No incluye medidas específicas para una reforma en la “Tarjeta de Salud” del gobierno, tales como reducir el número de participantes, eliminando los de dudosa cualificación, limitar los beneficios, que actualmente son mayores que los de la mayoría de los planes privados y atacar el fraude en su uso, que es generalizado.

El plan asume que se va a mantener el nivel de asignaciones de fondos actual para la reforma de salud por parte del gobierno federal, sin considerar que lo que se propone en la esfera federal es la eliminación sustancial de dichas aportaciones. No incluye medidas específicas para restructurar el sistema de educación pública, incluyendo el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico, agencias que juntas, consumen cerca del 20% de los recaudos del Fondo General.

Los supuestos del plan no son realistas y se limita a una compilación general de medidas para atender la crisis fiscal manteniendo los niveles actuales de gastos, asumiendo los niveles actuales de aportaciones de fondos federales y solicitando ayuda adicional de fondos federales para impulsar un programa de revitalización económica por parte del gobierno federal.

El plan no incluye un modelo de restructuración de la deuda pública, al menos para negociación, ni medidas específicas para reducir gastos en los departamentos de educación, salud y la Universidad de Puerto Rico. Tampoco incluye un plan para reformas en los sistemas de pensiones, incluyendo ajustes en los beneficios; al menos aquellos que se han otorgado por legislación, posterior a su creación, sin criterios actuariales y sin asignación de fondos para cubrirlos, como son las aportaciones a planes médicos y bonos a pensionados. No se incluyen en el plan, medidas para reformar la estructura para fomentar el desarrollo económico, incluyendo la estructura del Departamento de Desarrollo Económico y sus agencias adscritas.

El plan, por tanto, no contiene los mecanismos para estabilizar la situación económica actual, ni para rescatar las finanzas públicas e impulsar el crecimiento económico.

Lo que debe incluir un nuevo plan del gobernador electo Ricardo Rosselló

El plan tiene que volver a la mesa de diseño. Tiene que incluir medidas específicas para atender el problema fiscal de exceso de gastos sobre los recaudos del gobierno. Entre las medidas específicas que puede considerar el nuevo plan que deberá someter el gobernador electo Ricardo Rosselló están las siguientes:

  1. Desarrollar una proyección realista de recaudos y gastos a cinco y diez años, que incorpore un análisis independiente del gobierno, adicional a las proyecciones de crecimiento en el producto bruto de la Junta de Planificación.
  1. Reducir el gasto en la Tarjeta de la Reforma de Salud, al menos en $200 millones, mediante la reducción del número de participantes, eliminando todas aquellas personas que no son verdaderos indigentes; recortando algunos beneficios que se ofrecen, que en ciertos casos son mayores a los que ofrecen los planes privados que pagan los que no cualifican para la reforma; y desarrollando un plan enfático de prevención de fraude y procesamiento criminal a los que se determine que participan del fraude.
  1. Reducir el gasto en el Departamento de Educación, que recibe cerca del 12% del presupuesto consolidado del gobierno, equivalente a alrededor de $2,000 millones en aportaciones del Fondo General. Este departamento debe realizar ajustes en capas de burocracia, gastos no esenciales, compras y servicios ineficientes y grasa administrativa que generen ahorros de $200 millones.
  1. Limitar la asignación a la Universidad de Puerto Rico, que recibe cerca del 10% de los recaudos del Fondo General, equivalente a $800 millones. La UPR puede recibir un recorte de fondos de $100 millones y recuperarlos mediante aumentos en las tarifas por concepto de matrícula y cuotas. El pago de matrícula en la UPR es menos de una tercera parte de lo que se paga en las universidades privadas locales y lo cubre la beca federal Pell, de la cual el estudiante promedio retiene parte en su bolsillo, como sobrante después del pago de matrícula. Además, la UPR debe cerrar algunos recintos y programas duplicados, consolidar servicios, así como generar más ingresos propios, como lo hacen las universidades privadas, que no reciben asignación presupuestaria del gobierno. ¿Se justifica un recinto de la UPR en Bayamón y otro en Carolina, a menos de 20 minutos en auto o tren urbano del recinto de Río Piedras? ¿Se justifica un recinto en Utuado y otro en Arecibo, a menos de 20 minutos de distancia uno del otro? ¿Se justifica un recinto en Aguadilla y otro en Mayagüez a menos de 20 minutos de distancia en auto?
  1. El plan fiscal debe incluir una reforma contributiva que contemple reducir o eliminar algunos de los impuestos actuales implantados bajo la administración del gobernador García Padilla, que afectan al consumidor directamente y por otro lado, aumentar el impuesto actual de 4% a las corporaciones denominadas como “foráneas” (qualified foreign controlled corporations – Ley 154-2010), independientemente de que se consiga o no un crédito contributivo a nivel federal para estas corporaciones. Si se aumenta a 6% dicho impuesto, el Fondo General puede recaudar alrededor de $1,000 millones adicionales. Estas corporaciones van a amenazar con abandonar su operación en Puerto Rico, pero, ¿a dónde van a ir, con mejor trato que en Puerto Rico, si en las jurisdicciones que compiten con nosotros, como Irlanda, por ejemplo, la tasa contributiva alcanza 10%. Por otro lado, es justo que asuman también un poco de la carga adicional que todos los grupos estarán aportando. También van a reclamar violaciones a los decretos de exención contributiva, pero, ¿no está el gobierno territorial violando el pago de la deuda pública y el pago a suplidores del gobierno? Esos también son contratos como lo son los decretos de exención. Esos decretos no están escritos en piedra, sobre todo en el escenario actual de crisis fiscal y económica. Lo que paguen en impuestos adicionales se debe mitigar con reformas gubernamentales a corto plazo en los procesos y costos de hacer negocios en Puerto Rico, que son necesarias y que deben ser parte del plan fiscal.
  1. Es necesario una reforma de las tasas contributivas y la base del impuesto a la propiedad inmueble. Las tasas actuales son extraordinariamente bajas comparadas con las que se pagan en gran parte de las jurisdicciones de Estados Unidos continentales. A modo de ejemplo, una propiedad residencial básica promedio en Florida, paga $2,500 anuales en contribuciones sobre la propiedad. La tasa actual en Puerto Rico es de 4% sobre el valor tasado, en una base de tasación que no refleja la realidad del mercado y permite una exoneración contributiva a la mayoría de las propiedades residenciales. Dicha contribución produce $183 millones anuales. Si se aumenta a 6% y se actualiza la tasa de impuestos sobre una base más justa y razonable, ampliando la base tributaria, puede producir $200 millones adicionales.
  1. Es viable también una reducción de la asignación presupuestaria al resto de las agencias de gobierno, no detalladas anteriormente, excepto el área de policía y seguridad pública, en un 5%. Asumiendo, que consumen $5,000 millones en conjunto, del presupuesto del Fondo General, dicha reducción puede representar ahorros adicionales de $250 millones.

Otras reformas adicionales necesarias

Además, el Plan Fiscal debe incluir un programa de reforma económica que incluya, entre otras las siguientes:

  1. Reevaluar algunos de los incentivos económicos otorgados actualmente, de poco impacto y beneficio.
  1. Reducir el proceso de permisos.
  1. Eliminar obstáculos a los procesos para hacer negocios en Puerto Rico y agilizar la burocracia que afecta a las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes empresas.
  1. Reestructurar los incentivos federales para desarrollo de la fuerza trabajadora de la ley Workforce Innovation opportunity ACT (WIOA) que provee incentivos a las empresas y representa una asignación de $73.6 millones, bajo el Departamento de Desarrollo Económico. Actualmente mantiene sobrantes de alrededor de $12 millones del año anterior, es decir, $85.6 millones en dinero en efectivo para estimulo de empleos en el sector privado.
  1. La utilización de las herramientas modernas de gobierno electrónico para reducir costos.
  1. Promover la innovación y el desarrollo tecnológico e invertir en el desarrollo de parques tecnológicos y el desarrollo del empresarismo.
  1. Reformular toda la filosofía del sistema de educación pública para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes y prepararlos con énfasis en ciencias, matemáticas, tecnología y actitudes empresariales positivas.

En resumen

Estas reformas, recortes en gastos y ajustes en impuestos, aquí enumerados, pueden representar, en conjunto, un ahorro en gastos equivalente a $750 millones y recaudos adicionales en impuestos a corporaciones y propiedad inmueble de $1,200 millones.  En total $1,950 millones.

  • Reducción presupuestaria a la Tarjeta de Salud – $200 millones.
  • Reducción presupuestaria a Departamento de Educación – $200 millones.
  • Reducción presupuestaria a UPR – $100 millones.
  • Reducción presupuestaria al resto de las agencias de gobierno, excepto seguridad pública – $250 millones.
  • Impuesto adicional de 2% a Corporaciones foráneas – $1,000 millones.
  • Aumento de la contribución sobre la propiedad inmueble – $200 millones.

En conclusión

Esos recursos pueden ser suficientes para, tras un plan de restructuración de la deuda pública, bajo el supuesto de un pago de $900 millones anuales de principal e intereses, impulsar con la suma restante un plan criollo de revitalización económica mediante mejoras a la infraestructura que ayude a Puerto Rico a salir del laberinto económico. Si el gobierno federal recorta los fondos al programa “Obama Care” significativamente, parte de esos recursos sobrantes podrían ser utilizados para fortalecer el plan de salud criollo ajustado en participantes cualificados y beneficios otorgados y mediante la reducción del plan de revitalización económica.

Las consecuencias de no presentar un plan fiscal realista

Si el equipo del gobernador Ricardo Rosselló, con el apoyo de la Asamblea Legislativa, no presenta un plan fiscal realista con el compromiso de implantarlo, la Junta de Control Fiscal lo va a imponer. Pero ya sea por iniciativa del gobierno electo por el pueblo o bajo la imposición del Congreso, soberano del territorio sin poder político, las reformas son necesarias para preparar a Puerto Rico para la independencia, la república de libre asociación o la estadidad. ¡Que nos ayude DIOS!

A la salida del laberinto: Los primeros 90 días del gobernador Ricardo Rosselló

El gobernador Ricardo Rosselló, que tomará posesión del cargo el 2 de enero de 2017 y su gabinete tendrán ante sí un reto enorme para lograr las bases de la recuperación económica en tres años, a tiempo para rendir cuentas de algunos logros iniciales al electorado en las elecciones generales próximas del año 2020. Pero tienen un reto más inmediato de planificación táctica: sus primeros 90 días. A los gobernadores les evalúan sus primeros 100 días. El gabinete tiene entonces tan solo 90 días. En mi libro Crónicas de Esperanza. (2015), presento varias estrategias para los nuevos gerentes designados a posiciones de liderato en sus primeros 90 días en el puesto, basadas en ideas del profesor de Harvard, Michael Watkins.

En primer lugar, deben comenzar promoviendo en sí mismos un cambio de su esquema mental con su rol anterior no importa de donde vengan, pues están en un juego distinto, con reglas nuevas y lo que funcionó en su posición anterior no es esquema para el nuevo juego.

Segundo, tienen que acelerar su curva de aprendizaje de la gestión pública, pues no tienen mucho tiempo para aprender. Tienen que entender rápido el funcionamiento del gobierno, su estructura y la cultura política de la gestión pública. El liderato político de base no perdona errores y hay errores que resultan fatales.

En tercer lugar, tienen que hacer un pareo adecuado de cuales estrategias son las mejores para situaciones específicas. Están ante una transición política y una crisis fiscal y gerencial que requiere transformar el gobierno y no hay reglas universales de éxito en tiempos de transición. Tienen que hacer un diagnóstico claro de su agencia antes de determinar su plan de acción.

Cuarto, tienen que lograr alguna pequeña victoria en esos primeros 90 días. Las pequeñas victorias no cambian el mundo, pero te dan credibilidad. Te permite posicionarte ante los medios de comunicación y los críticos de tu gestión.

En quinto lugar, tienen que aprender a conocer al gobernador, a leer su estilo y establecer una relación de trabajo efectiva con él, así como sus expectativas y sus prioridades.

Sexto, tienen que diseñar la idea básica sobre cómo alinear la estructura de su agencia con las prioridades programáticas de la administración.

Séptimo, tienen que estructurar un equipo de trabajo, evaluar aquellos que puede retener en sus funciones y hacer que el equipo que seleccione logre química gerencial entre ellos.

Octavo, tiene que lograr crear coaliciones de apoyo. Influenciar personas dentro y fuera de la agencia, lograr alianzas y portavoces de sus ideas para sembrar la semilla del éxito.

Noveno, tiene que mantener el balance y no perder el equilibrio de mantener un buen juicio en sus decisiones. Si pierde perspectiva, se convierte en una carga para el gobernador. Sobre todo, tiene que mantener el apoyo de los legisladores y los alcaldes que pueden pedir su cabeza.

Finalmente, tiene que ponerle patines a toda la gerencia de la organización para que corra a su ritmo y pueda impulsar la transformación del gobierno.

La hora cero: entre la razón y el corazón

Mientras lees esta columna te estás preparando para salir a votar este martes. Tu voto debe estar enmarcado entre la razón y el corazón. La razón te llevará a pensar en cuál es la alternativa más viable y sensata para atender los problemas económicos y sociales de Puerto Rico. El corazón te llevará a pensar en tus valores, tu creencia en una fuerza superior al ser humano, tu amor por Puerto Rico y por tus seres queridos. La combinación de la razón y el corazón guiarán tu decisión en la caseta de votación.

En el lado de la razón seguramente te mueve la situación económica de Puerto Rico. Cada elector tiene el poder de ayudar a sacar a Puerto Rico de la crisis económica. Nuestra economía necesita nuevas ideas y nuevo liderato, para que todos podamos volver al progreso. Debes aspirar a que vuelvas a tener dinero en el bolsillo. A que se reduzca el gasto innecesario del gobierno, para que tengas un alivio contributivo. A que tengas prosperidad sin obstáculos del gobierno. A aspirar, si así lo deseas, a ser su propio jefe en un pequeño negocio que produzca para vivir bien, a tener un salario decente o a conseguir una oportunidad de empleo.

En el lado del corazón está tu amor por tu familia y por tus hijos. Tú eres boricua y tu amor es Puerto Rico. Debes aspirar a que haya una primera oportunidad para los universitarios que se gradúan llenos de esperanza, para que no se vayan a otras tierras por no tener oportunidades aquí. A que estas, no sean las elecciones de las maletas y el vuelo sin boleto de regreso. A que la bandera de Puerto Rico brille llena de fulgor, sin la tristeza de la depresión económica y social.

Los puertorriqueños somos un pueblo luchador. Nos hemos destacado en muchas áreas y hemos sido ejemplo de progreso. Pero en los últimos años, hemos perdido la capacidad de soñar y de tener fe en el futuro. Ahora estamos atrás, mientras vecinos como República Dominicana están progresando.

Si te quedas en tu casa dejarás que otros decidan por ti. Probablemente decidirán los que tienen menos que perder.  ¿Por qué no aspirar al progreso? Cada ciudadano tiene derecho a tener éxito en su tierra. Tenemos la capacidad y los recursos, pero están mal administrados. Con tu voto puedes contribuir a un cambio para enderezar el curso de las cosas.

En la hora cero, a mí, la razón y el corazón me dicen que la alternativa más viable para sacar a Puerto Rico del estancamiento económico y volver al progreso; para estimular a que nuestros hijos y los profesionales no sigan abandonando el país y para asegurar los recursos necesarios para la salud de nuestras familias, es la alternativa que luche por garantizar la ciudadanía americana bajo una unión permanente con Estados Unidos, en lugar de la independencia. Y solo hay una alternativa viable.

Tres funcionarios importantes del nuevo gobierno

El nuevo gobierno que iniciara operaciones en enero de 2017 enfrentará grandes retos para lograr un gobierno más eficiente, más pequeño y que cueste menos. En ese esfuerzo deberá contar con tres funcionarios importantes para lograr su objetivo: el Inspector General, el Ejecutivo de Informática y el Oficial de Ajuste y Transformación.

El primero de esos tres funcionarios es el Inspector General. La Ley 42-2010 creó la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico (OIG) y la adscribió a la Oficina del Gobernador. La OIG tenía como propósito establecer un sistema integrado y coordinado de auditorías, estudios y evaluaciones preventivas en los organismos gubernamentales con miras a erradicar la redundancia y burocracia en la gestión pública, así como para optimizar el uso de los recursos y evitar el uso indebido de los mismos. También, tenía el objetivo de prevenir eventos de corrupción, así como para identificar aquellos funcionarios que no sepan manejar los recursos públicos de manera adecuada y que estén en busca de lucro personal.

La nueva administración de gobierno que inició operaciones en el 2013 eliminó, por legislación dicha oficina. Se dispuso, además, que el personal adscrito a la Oficina del Inspector General regresaría a sus agencias de origen, previo a la aprobación de la Ley 42-2010. La OIG debe ser restablecida, con los ajustes que sea propio realizar a su misión y diseño operacional, para desarrollar una cultura de rendición de cuentas sobre la marcha, de manera que los esfuerzos de transformación del gobierno no se desvirtúen.

Otro funcionario de importancia vital es el Principal Ejecutivo de Informática, que había sido establecida por Ley en el cuatrienio anterior. Desafortunadamente, en el presente cuatrienio del 2013 al 2016 se eliminó dicha oficina. La ley derogada debe ser reestablecida nuevamente.

Finalmente, será necesario crear un Ejecutivo de Transformación y Ajuste del Gobierno. Su rol debe ser coordinar un “task force” o grupo de implementación para realizar la tarea de implementación de la transformación hacia un gobierno nuevo. Este grupo puede estar constituido por un comité de 5 miembros en cada agencia, que incluya al jefe de la agencia, el director de tecnología o su equivalente, el director de administración y recursos humanos, un representante de los sindicatos y un empleado de carrera de operaciones. Este equipo de comandos para la implementación compuesto de 5 miembros en cada una de las aproximadamente 118 agencias, 590 funcionarios, con la guía de la oficina central del Ejecutivo de Transformación y Ajuste del Gobierno se encargaría de lograr la rendición de cuentas sobre los esfuerzos de transformación del gobierno. Este grupo sería el punto de apoyo para realizar recomendaciones sobre la transformación, siguiendo guías pre-establecidas sobre las metas que se pretende alcanzar.

Estos tres funcionarios serán elementos de gran importancia para lograr un gobierno nuevo en Puerto Rico.

El “me vale” del gobernador

El arte de gobernar y administrar las finanzas públicas no es tan sencillo como jugar a los dados a ver que números salen. Cuando los líderes de los pueblos hablan, no pueden hacerlo a la ligera. Lo que digan se considera dicho a nombre del estado, territorio o la nación que representan.  El gobernador García Padilla cometió un grave error al inicio de su mandato, al expresar su desprecio a la importancia de la evaluación del crédito del gobierno. Hemos pagado muy caro su desliz.

Lo hizo al hacer la expresión de que le valía poco lo que piensen o digan las casas acreditadoras del crédito del gobierno, pues no gobiernan a Puerto Rico. Puntualizó que, “si esas entidades quieren tomar decisiones sobre el gobierno de la Isla, que se postulen. Lo que ellos piensen de mí, como dice Maná, me vale”, expresó el mandatario en una conferencia de prensa el 2 de abril de 2013. Implicaban sus palabras que, si querían gobernar, que vinieran y se encargaran del gobierno. Esa expresión, no propia de un jefe de estado, creó una enorme desconfianza en los mercados de inversión y en las propias casas acreditadoras que degeneró en degradaciones adicionales del crédito.

Esas expresiones que demostraban que el gobernador le asignaba poca importancia a las degradaciones que hicieran en las semanas anteriores a su comentario, al crédito de la Isla, Moody’s, Standard & Poors y Fitch, recorrieron el mundo. El mensaje fue desastroso y provocó desconfianza que generó no solo nuevas degradaciones del crédito, sino el cierre del acceso a los mercados y finalmente la imposición de una Junta de Control Fiscal por encima de la autoridad del gobernador.

No se hubiese llegado a la situación de falta de credibilidad en el gobierno por parte de las agencias que clasifican el crédito, a la degradación de la deuda a nivel de impago y la agravación de la crisis y Junta de Control Fiscal si el gobernador hubiese sido prudente en sus expresiones sobre su visión de la deuda y la situación fiscal.

Hay un contraste significativo entre este evento y el que ocurrió en enero de 2009 cuando el gobernador Luis Fortuño tomó posesión del cargo. Cuando tomó posesión como nuevo gobernador no había dinero para pagar la nómina del gobierno de la primera quincena del mes; había una deuda cuantiosa con los suplidores, que no estaban dispuestos a continuar brindando servicios sin recibir el pago de facturas pendientes; había una deuda a corto plazo por la suma de $1,000 millones, conforme los informes ante el Comité de Transición.

Al nuevo gobernador se le planteó, por sus asesores, la posibilidad de cerrar el gobierno nuevamente y suspender a los empleados públicos hasta que se encontrara una solución al pago por los servicios, incluyendo la nómina. La otra opción era refinanciar esa deuda con una emisión de bonos. El gobernador pidió algún tiempo, hasta el día siguiente, para dormir con las alternativas y reflexionar sobre las opciones.

Cerrar el gobierno nuevamente hubiese creado un ambiente de pánico en la ciudadanía y los empleados públicos con un costo emocional colectivo enorme. Pero, sin embargo, hubiese creado un ambiente positivo, de aceptación de las reformas o transformación del gobierno que era necesario realizar, con un beneficio político para el nuevo gobernador.

La otra opción, emitir deuda a mediano plazo que proveyera el efectivo necesario para cumplir las obligaciones a corto plazo y la falta de liquidez del gobierno, planteaba aumentar la deuda, conversar con las casas acreditadoras y pedir tiempo. El nuevo gobernador optó por la segunda opción. Sostuvo reuniones con las casas acreditadoras que estaban decididas a re-clasificar la deuda pública a un nivel por debajo del grado requerido para emisión de nueva deuda, explicó su propuesta de refinanciamiento y solicitó un periodo de seis meses para implantar una solución de corto plazo al problema de liquidez. No fue nueva, la deuda ya existía como déficit operacional y no había liquidez inmediata para cumplir con las obligaciones de corto plazo incurridas por el gobernador anterior. No era una opción un “me vale” o tirar los dados a ver que números salían.

El PNP debe correr asustao

En 30 días se celebran las elecciones generales en Puerto Rico. Hay expectativa por quién será el ganador de la candidatura a la gobernación. He observado mucha confianza en el PNP. Mi poca experiencia política me ha enseñado que gana las elecciones:

  1. El que movilice los electores a votar. El PPD tiene un historial más eficiente en sacar sus electores a votar.
  2. Quien tenga todos los funcionarios de colegio adiestrados, alertados en simulacros que incluyan ejercicios de madrugar, llegar al colegio y llevar todos los elementos necesarios para operar el colegio de votación; aquel que tenga una reserva en el banco para reponer los funcionarios de colegio que se queden durmiendo el día de las elecciones. El PPD tiene un estratega de grandes ligas llamado Héctor Luis Acevedo, que tiene suficiente experiencia para sacarle los granos de maíz del buche al pájaro más bravo. También tiene de su lado como director de campaña a un guerrero llamado Ferdinand Mercado que se ha leído y practicado todos los libros de guerra política, desde El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, que inspiró a Napoleón y Mao Tse Tung hasta El Príncipe de Maquiavelo, que ha inspirado a políticos modernos.
  3. Aquel que logre un ejército de movilizadores para transportar votantes con dificultades de llegar a los colegios de votación. El PPD es famoso por sacar gente en camillas de sus casas y llevarlos a los colegios de votación.
  4. El que logre crear sentido de urgencia en los electores sobre la necesidad de acudir a votar. Recuerden aquella frase “sin miedo” de Inés Mendoza de Muñoz Marín y el grito de “a las trincheras” de Rafael Hernández Colón.

En el 2004 el PNP se sentía seguro del triunfo de Pedro Rosselló sobre Aníbal Acevedo Vilá. Pedro Rosselló se acostó a dormir ganando y se levantó al otro día perdiendo. Y perdió las elecciones, por 3,566 votos. Esa suma representó 0.18 del 1% de 1,923,040 electores que votaron por uno de los dos candidatos. Menos de una cuarta parte del 1%. Pero se gana por un voto. Había 8,109 colegios de votación. Esas estadísticas implican que, en una tercera parte de los colegios, un elector del PNP no llegó a votar… se quedó en su casa. ¡Increible!, verdad? Cada voto cuenta.

Qué tal si asumimos que una mayoría de los puertorriqueños, mayores de 18 años, que durante los pasados cuatro años, a partir del 2013, han cambiado su domicilio a jurisdicciones como Florida o Texas, es un elector estadista y potencial elector PNP. Si la población emigrante en los pasados cuatro años, fuera de 300,000 y un 60% fuera mayor de 18 años, serían 180 mil votantes. Si el 70% de esos electores fueran del PNP, representaría una pérdida de 126,000 votos potenciales, bajo estos supuestos. ¡Madre mía! Claro, que sea de mi conocimiento, nadie ha realizado un censo o una estimación científica sobre estos datos. Pero una encuesta reciente realizada entre puertorriqueños en el estado de Florida y publicada en el periódico El Nuevo Día el pasado mes de abril, reflejó que un 70% de los encuestados votaría por la estadidad en un plebiscito. Podemos asumir que esos electores eran potenciales votantes por el PNP en Puerto Rico. Esos estimados favorecen al PPD.

Las encuestas son enemigas de los candidatos y de los partidos políticos, por su impacto en los potenciales votantes. Si los electores de uno de los candidatos perciben que tener una ventaja de 5% a 7% en las encuestas es un triunfo seguro, se pueden quedar en sus casas porque pueden entender que su voto no es decisivo. El elector no necesariamente entiende el margen de error en las encuestas ni el factor de peso de los indecisos, que terminan tomando la decisión dentro de la caseta de votación.

Me preocupa que el exceso de confianza y la posible falta de trabajo electoral duro de asegurar cada voto, pueda matar al PNP en estas elecciones. Y, como dijo la exgobernadora Sila María Calderón en un infame discurso, eso sería una vergüenza para Puerto Rico. Porque Puerto Rico necesita que el PNP gane, pues, de los dos partidos que pueden ganar las elecciones es el que, por su enfoque de política pública, puede sacar a Puerto Rico del laberinto económico. Pero en el PNP parece haber exceso de confianza, como en el 2004. Por eso, el Partido Popular podría ganar las elecciones generales de Puerto Rico el próximo martes 8 de noviembre de 2016.

Carlos Romero Barceló siempre decía que prefería correr “asustao”. Correr “asustao” implica no tener descanso hasta que se cierren los colegios de votación; asegurarse que los resultados lleguen a la Comisión Estatal de Elecciones ese día; si hay recuento, defender cada voto con uñas y dientes; seguir los principios enumerados al principio de este escrito y poner en práctica las lecciones de El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, y El Príncipe, de Maquiavelo. El PNP debe correr asustao.

Por qué escribí un libro sobre Cómo transformar el gobierno

Este viernes 7 de octubre, a las seis de la tarde, se presenta en la librería Biblio Services en San Juan, mi nuevo libro Cómo Transformar el Gobierno. La presentación estará a cargo de Kenneth McClintock Hernández, expresidente de la comisión de Modernización del Gobierno del 2009, exsecretario de Estado, expresidente del Concilio de Gobiernos Estatales, expresidente del Senado, expresidente de la Comisión de Gobierno y la Comisión de Asuntos Federales y Económicos y la Comisión de Desreglamentación Gubernamental de dicho cuerpo legislativo.

Este proyecto presenta argumentos sobre las razones que obligan a un cambio en la estructura del gobierno grande que todo lo toca en Puerto Rico. Explica que es la transformación del gobierno. Abunda en las características de los gobiernos exitosos en el siglo 21 y la experiencia de otras jurisdicciones que han pasado por situaciones de crisis fiscal similares a Puerto Rico. Hace un examen de las mejores prácticas de achicamiento del gobierno federal y discute las iniciativas en Puerto Rico a partir de la Ley Foraker de 1900.

Se incluye un análisis de los obstáculos a la transformación del gobierno en Puerto Rico. Como parte de dicho análisis contiene las opiniones, vertidas en entrevistas separadas, con los exgobernadores, Pedro Rosselló González, Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño Burset. Los tres exgobernadores hacen un recuento de los obstáculos, que conforme su experiencia en la gobernación de Puerto Rico, dificultan la transformación del gobierno. Finalmente, el libro presenta un resumen de 30 conclusiones y recomendaciones para una agenda de transformación. Incluye una bibliografía de más de 100 fuentes de referencia para el lector.

El libro también recoge el sumo de experiencias de 40 años de sueños, pensamientos, y también algunas frustraciones de este autor en incursiones temporeras como economista, en los escenarios de política pública y las operaciones gubernamentales. Esas incursiones se iniciaron en el 1975, como parte de un pequeño grupo de economistas jóvenes que participábamos en la preparación de varios “papers” en la Administración de Fomento Económico para justificar las necesidades de protección de las exportaciones de Puerto Rico. Tenía 25 años, acababa de terminar mis estudios graduados en economía y aquella experiencia, trabajando en Fomento Económico por seis meses, me parecía un sueño.

Dos años antes había llegado a San Juan, en carro público, a completar estudios graduados en economía, procedente de una comunidad aislada, en Aguada, el mayor de ocho hermanos, hijo de un cortador de caña que, en el tiempo muerto del corte de la caña de azúcar, para generar algún ingreso, producía ron caña artesanal. En nuestro barrio no había caminos por los que pudiera transitar un auto, ni agua potable, ni electricidad. Nos bañábamos en el río. Caminábamos más de 20 kilómetros diarios para llegar a la escuela. Si llovía y el rio crecía, había que esperar horas para poder cruzar cuando bajaba el nivel de la creciente. Utilizábamos un par de zapatos negros al año, que costaba 50 centavos en la escuela, gracias a un programa del gobierno federal, aunque nos decían que los enviaba Muñoz Marín, el que le puso vergüenza a este pueblo, según mi abuelo.

Describo este trasfondo porque lo considero importante para entender por qué llegué a San Juan en el 1973 lleno de ilusiones académicas y profesionales que me llevaron, como economista, por los pasillos de la política pública y del poder prestado. Tras 40 años, no mucho ha cambiado en la estructura, la cultura gubernamental y la aversión al cambio, lo cual, en parte es responsable de la crisis gubernamental actual.

Corresponde al nuevo gobierno que se iniciará en enero de 2017 provocar un cambio, en coordinación con la Junta Federal de Supervisión Fiscal creada por el Congreso para enderezar el curso que saque a Puerto Rico de la crisis fiscal del gobierno. Por eso escribí este libro sobre Cómo transformar el gobierno. Pretende arrojar alguna luz para alumbrar el camino a ese cambio. Te invito a acompañarnos en la presentación este viernes 7 de octubre a las 6:00 pm en la Librería Biblio Services en Hato Rey.

La mejor solución al apagón de la AEE

El apagón general ocurrido en Puerto Rico la semana pasada a un costo diario millonario para las empresas y los consumidores, es una vergüenza para el país y un golpe adicional a la confianza internacional en la viabilidad de Puerto Rico como lugar para invertir, como destino turístico, como territorio o país viable y como socio en proyectos de envergadura. Las reseñas del NY Times, USA Today, Washington Post, CNN, Bloomberg, el periódico El País y El Diario de España, proyectan a Puerto Rico como una economía en colapso total. El sistema eléctrico es la columna vertebral de una economía, en particular en una isla aislada de fuentes de interconexión eléctrica. Por años se ha discutido la necesidad de mejorar el servicio eléctrico, aumentar el mantenimiento de las plantas generatrices, estabilizar los costos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y diversificar las fuentes de energía hacia energía eólica y solar.

La solución al apagón de la semana pasada es la creación de una alianza publico privada para operar la Autoridad de Energía Eléctrica, mejorar el mantenimiento a las plantas generatrices, diversificar las fuentes de energía y estimular la competencia y la reducción del precio por kilovatio de energía para las empresas y los consumidores. Pero en Puerto Rico hay mucha desconfianza a los esfuerzos de privatización de servicios que pueden ser ofrecidos con mayor agilidad por proveedores privados bajo contratación con el gobierno, por desconfianza generada debido a la influencia de grupos de presión política. El ser humano, por naturaleza resiste el cambio, pero en Puerto Rico, una sociedad más conservadora que otras, hay una aversión exagerada a los cambios.  Hay varios ejemplos que ilustran como la privatización de la operación de ciertos servicios ayuda a mejorar los servicios públicos.

El caso de la autopista PR-22 es uno de estos ejemplos. Previo a la privatización, el 90% de las luminarias estaban fundidas, había hoyos en el pavimento y no había ornamentación de la ruta, entre otras deficiencias. Después de la privatización, se arreglaron las luminarias, se mejoró la ornamentación, se pavimento las áreas con hoyos o desniveles y se incorporó un servicio de asistencia en la carretera, que asegura que en un tiempo máximo de 20 minutos una patrulla de asistencia llega al lugar donde el conductor ha sufrido un percance para ayudarle, todas actividades del privatizador.

Otro ejemplo es el caso del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Cuando se privatizó la operación hubo piquetes, hasta cercano el día de las elecciones generales. Sin embargo, actualmente la mayoría de los ciudadanos están satisfechos con el progreso positivo de los servicios en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, incluyendo los esfuerzos para atraer nuevas líneas aéreas y nuevas rutas de vuelos.

Un ejemplo adicional es el servicio de ferry desde Fajardo a Vieques y Culebra. Se ofreció un servicio alterno al del gobierno, mediante un operador privado. Era más costoso, pero los usuarios preferían pagarlo y estaban satisfechos con la calidad del servicio, puntualidad y atención al cliente. Ese servicio fue eliminado por la nueva administración del gobierno. El proyecto de las escuelas de siglo 21 es otro ejemplo. Para mejorar las escuelas se contrató consorcios privados para diseño, construcción, tecnología, equipos y mantenimiento, que facilitaron y mejoraron el ambiente de las escuelas. Ese concepto también fue eliminado por la presente administración.

El nuevo gobierno que tomará posesión en enero de 2017 debe iniciar su mandato con una solicitud de propuestas a entidades cualificadas a nivel nacional e internacional para crear una alianza público privada para operar la Autoridad de Energía Eléctrica, con una meta clara de completar el proceso en no más de un año.

Por qué necesitamos achicar el gobierno

Actualmente, el gobierno de Puerto Rico opera con 118 agencias en el gobierno central y brinda más de 300 servicios a la ciudadanía; $72 mil millones de deuda en bonos; $50,000 millones de déficit acumulado en las operaciones del gobierno al 2014, según el informe de los auditores externos del gobierno, la firma KPMG. Cinco agencias consumen el 56% del presupuesto del Fondo General: los departamentos de Educación, Salud, (incluyendo el plan de la tarjeta médica de salud), Policía, Corrección y Rehabilitación, y la Universidad de Puerto Rico (UPR). Estas agencias, en conjunto consumen $5,000 millones de un presupuesto total del Fondo General para el 2016-17 de $8,987 millones.

Solo el 40% de la población está integrada a la fuerza trabajadora, ya sea empleada o desempleada, mientras el 60% permanece fuera de dicha fuerza trabajadora. Un total de 997,000 puertorriqueños trabajan para mantenerse ellos y sus familias y al resto de la población. Es decir, 28% de la población carga con el peso de mantener al 72% restante. ¿De qué viven los que no trabajan en Puerto Rico? De los que trabajan y pagan impuestos y de las transferencias federales.

El 38% de la población se alimenta gratis. En mayo de 2015 el número de participantes del Programa de Asistencia Nutricional era de 1,330,000 personas, de una población de 3,500,000 habitantes. Muchos de esos ciudadanos también reciben otros subsidios, que incluyen el programa de alimentos para niños WIC, renta gratis del Programa Sección 8 y vivienda pública, subsidio de internet y celular, energía eléctrica, servicio subsidiado de agua potable y alcantarillados y otros programas afines. Una familia de tres miembros que no trabaje puede recibir el equivalente de hasta $1,743 mensuales en ayudas económicas comparado con los $1,159 que recibiría al salario mínimo si trabajara a tiempo completo.

En junio del 2015 el empleo total era de 997,000 y el empleo en el gobierno central era de 213,420. Esta cifra representa el 21.4% del empleo total. A modo de comparación, en Japón el empleo público representa el 7.9% del empleo total, según datos de la OECD. La economía ha reflejado un crecimiento negativo por 10 años consecutivos y se espera que esa tendencia continúe, al menos por un par de años adicionales. Ese crecimiento negativo afecta los recaudos del gobierno. El crédito del gobierno está en su nivel más bajo en la historia y sin acceso a los mercados financieros para volver a tomar prestado.

Los planes de pensiones de los empleados públicos, que tienen garantías del gobierno, mantienen un déficit actuarial y su capacidad de realizar el pago a las pensiones se agotará en un par de años. Los trabajadores del sector privado trabajan y crean mayor producción, pero se retiran más tarde y con una pensión menor o sin ninguna pensión fuera del seguro social federal. Los empleados públicos trabajan menos horas al año, crean poca riqueza, se retiran más temprano, con pensiones más altas, que garantiza el gobierno, con dinero de los contribuyentes, si el sistema de pensiones no puede asumir el costo. Es un sistema de pensiones insostenible, populista e injusto para una parte importante de los trabajadores que producen riqueza.

Mientras, el gobierno opera muchos programas viejos y obsoletos que deben ser reevaluados. Una estructura gubernamental, diseñada en sus fundamentos en las décadas de 1940 y 1950, de estilo jerárquico – vertical, que ya no responde a los nuevos desarrollos en la administración pública. Durante los últimos 10 años, a partir del 2006, Puerto Rico ha perdido alrededor de 400 mil habitantes, alrededor del 10% de su población, pero la estructura gubernamental ha permanecido intacta, a pesar de la pérdida en recaudos por concepto de impuestos de todo tipo que representa esa pérdida poblacional, acompañada de una merma en demanda por servicios del gobierno como consecuencia de esa pérdida de población. La camisa del gobierno, como está actualmente, le queda grande a Puerto Rico. Por esas razones Puerto Rico necesita achicar el gobierno.

El gobierno subterráneo

La dificultad principal que enfrentan los esfuerzos de lograr que el gobierno sea más eficiente, más pequeño y de menor costo es la existencia de un gobierno subterráneo, no institucional, invisible para el ciudadano e inclusive para ciertos niveles de gerencia gubernamental y paralelo al gobierno formal, que tiende a desviar los esfuerzos por transformar el gobierno. Ese gobierno subterráneo, ejerce una influencia continua en contra de cada iniciativa que amenace el estado actual de las cosas en la burocracia gubernamental. Incluye entre otros componentes, los siguientes.

Las asociaciones de empleados públicos en apoyo a los partidos políticos. Estas asociaciones facturan a los candidatos el precio de su apoyo político asegurándose que sus agencias particulares se afecten el mínimo posible en los procesos de reorganización gubernamental, para no ser tocados en la eliminación de agencias o programas. Por tanto, frustran iniciativas que beneficiarían los servicios que ofrece el gobierno, ya sea eliminando o consolidando programas o agencias. También incluye a los sindicatos de empleados públicos. En Puerto Rico, los sindicatos son altamente ideológicos y tribales en sus posiciones y repudian las iniciativas de reducir el tamaño del gobierno. ¡Que paguen los ricos!, es el estribillo más común que se escucha en las consignas en contra de cualquier iniciativa de transformación.

Forman parte de ese gobierno subterráneo, organizaciones privadas asociadas a ciertas operaciones gubernamentales, tales como los taxistas y los camioneros, entre otros. La controversia entre taxistas y la plataforma tecnológica conocida como Uber desatada recientemente, con toques de violencia de parte de las agrupaciones de taxistas es un ejemplo de intimidación a iniciativas de cambio e innovación. Las amenazas de los camioneros de parar la transportación de mercaderías y bloquear las vías de transportación cuando una iniciativa de cambio o reforma puede afectar sus intereses es otro ejemplo.

Hay otro grupo poderoso compuesto por los padrinos del financiamiento de las campañas políticas, ya sean donantes importantes o coordinadores de eventos de recaudación de fondos de cuantía significativa. Estos padrinos impulsan el nombramiento o remoción de funcionarios públicos y promueven la remoción de cualquier funcionario cuyas iniciativas trastoque sus intereses de contratación gubernamental. El fantasma de la corrupción entorpece, atrasa o elimina iniciativas de cambio ofreciendo dinero a funcionarios a cambio de favores que incluyen el quebrantamiento de procesos y procedimientos asociados a las iniciativas de reforma gubernamental. El caso reciente en proceso en los tribunales del señor Anaudi Hernández, acusado de varios casos de corrupción es un ejemplo. El caso del exsecretario de educación Víctor Fajardo es otro ejemplo.

Finalmente, incluye a ciertos medios de comunicación masiva que tienen preferencias ideológicas o políticas para uno o varios candidatos a puestos electivos que fomentan el descrédito a las iniciativas de reformas del candidato contra el que tienen una intención de bloqueo, para que pierda apoyo y quede fuera del juego político. ¿Cómo podemos combatir el gobierno subterráneo?


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